Escrito por Gustavo Zambrano Chávez (*)
Los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial en Perú enfrentan -una vez más- una posible amenaza a sus condiciones de vida. Desde finales del 2022 se viene discutiendo el Proyecto de Ley 3518-2022 “Ley que modifica la Ley 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (Ley PIACI) y el artículo 47 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” presentado por el Congresista Alberto Morante Figari del Partido Político Fuerza Popular. Dicho proyecto tiene como objetivo principal que la decisión de protección de los PIACI, en este caso, la creación de reservas indígenas, recaiga en los gobiernos regionales y no en el Ministerio de Cultura como actualmente sucede; de manera adicional abre la posibilidad de que a nivel regional se decida sobre la continuidad de las reservas ya creadas, lo que permite también su reducción, revisión y hasta anulación.
El mencionado proyecto ha sido ampliamente cuestionado tanto por organizaciones indígenas como de sociedad, civil (SPDA, DAR, IDL y ORPIO, AIDESEP, son solo algunas de estas organizaciones que han presentado pronunciamientos e informes al respecto). Tales dan cuenta de los riesgos negativos potenciales que su contenido supone de aprobarse. De manera adicional, acusan que detrás de esta propuesta normativa hay intereses que negando la existencia de estos pueblos, cuestionan la creación y manejo de las reservas, para con ello intervenir en dichos territorios para una posible extracción forestal.
Somos de la opinión de que en efecto el contenido del proyecto de aprobarse haría retroceder todo lo avanzado en la protección de estos pueblos y sus territorios. Sin embargo, nuestra intención no es repetir lo que ya otros han dicho, sino preguntarnos a qué se debe que exista un proyecto de este tipo. Si existe la intención de cambiar el modelo de gestión de los territorios PIACI, ¿es porque el modelo actual no ha resultado?
En otra oportunidad ya he señalado que el modelo de gestión de las reservas indígenas es en extremo limitado para cumplir a cabalidad su rol actual. Lo que se le exige actualmente necesita de una institucionalidad mejorada. Primero, porque que el modelo institucional que tenemos actualmente ya resulta insuficiente y caduco para abordar la problemática real de los PIACI. Ya no se puede seguir sosteniendo el manejo de más de 3 millones de hectáreas de la Amazonía donde viven los PIACI, en un modelo organizativo pequeño centralizado que no resulta adecuado para esta realidad geográfica. Se debe ya discutir si el mejor modelo es un programa presupuestal o un proyecto especial con capacidad administrativa que reemplace a la dirección de línea actual, y con ello buscar el aumento del presupuesto destinado para mejorar la gestión de las reservas. Lo segundo, que no se puede seguir abordando el tema PIACI solo desde el discurso normativo (y a veces del activismo) que además es reactivo. Necesitamos reenfocarnos para saber cómo atender a esta población mirando su situación actual (como es el caso de las personas en contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti) y no solo siguiendo los ideales de agendas distantes de la administración pública. Se requiere pensar desde la gestión. Por ello, debemos pensar desde un enfoque socioterritorial, una mirada del espacio amazónico, que no se quede solo en defender derechos, sino que pueda dar el salto a cómo manejar el territorio en su integralidad e interacción social, cultural, política, geográfica, ambiental y no solo crear domos sin comunicación con los actores circundantes. Lo que viene sucediendo con un proyecto como el cuestionado es respuesta de las fallas del modelo actual, pero habría que agregar algunas ideas adicionales a lo que ya he planteado.
Lo primero que hay que decir es que el proyecto de ley propone un modelo de gestión de las reservas que resulta cuestionable por generar la posibilidad de que estas zonas desaparezcan y con ello se afecte la vida de los PIACI. Aprobarlo generaría un terrible problema. Pero ello no significa mantener el modelo actual porque está cumpliendo bien su labor, tal como estamos enfatizando. Un modelo reducido sin capacidad de acción real, sin presupuesto suficiente, atado a decisiones políticas, sin capacidad técnica territorial con un enfoque más holístico, no funciona. Si existe un proyecto en el Congreso de este tipo es porque el modelo de gestión actual no resulta efectivo para gestionar extensiones territoriales que se encuentran dentro de los gobiernos regionales amazónicos. La demanda regional siempre ha sido por qué se decide sobre sus terrenos sin considerar sus opiniones. Y en este punto hay que agregar que la percepción que tienen los gobiernos regionales es que sus ideas ha sido vistas con indiferencia frente a las del resto de miembros de la Comisión Multisectorial encargada de aprobar los estudios de reconocimiento y categorización. Su palabra resulta como un satélite cuando han querido señalar ese centralismo que toma decisiones que les van a afectar en la gestión de su ámbito político territorial sin considerarles desde su realidad. Pero cuidado, podría alguien decir que el modelo funciona. No hay que confundir un gobierno regional aliado porque sus gobernantes de turno son sensibles al tema, con un modelo institucional que en efecto considere a todos los actores políticos en la misma dimensión y esté tan consolidado que no importa quién este al mando en ese momento. Lo señalo porque hay experiencias muy interesantes de trabajo conjunto; pero estas se caen cuando hay cambios en el mandato de la gobernación. Se gestiona y articula a nivel regional porque ya se aprobó y no queda de otra.
Pero además de esta distancia con el pensamiento regional, estamos frente un modelo que concentra demasiado el poder sobre una estructura poco funcional. La capacidad de mejorar el modelo actual siempre ha estado ahí, pero se percibe que hay quienes en los últimos años han querido que no se generen cambios, ya que eso les quita el poder no al Ministerio, sino a malos funcionarios/as que temen ampliar la paleta de diálogo, tanto a organizaciones indígenas como a gobiernos regionales. En sencillo: no se han querido hacer los ajustes necesarios cuando fue el momento.
Un tema adicional va en la línea de lo recientemente señalado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay, en su informe “Áreas protegidas y derechos de los pueblos indígenas: las obligaciones de los Estado y las organizaciones internacionales” al considerar que es necesario un nuevo modelo de conservación que si garantice los derechos de los pueblos indígenas. La conservación, ¿ha podido considerar la realidad indígena como en efecto es, o se ha visto a los pueblos indígenas como “un recurso más” que “proteger”? Una mirada ambiental tradicional no siempre ha podido reconocer la realidad indígena como un interlocutor válido con el cual trabajar de manera cooperativa. Es momento de generar cambios en la forma cómo han planteado la conservación y la instalación de áreas protegidas, para afianzar un papel más activo y efectivo en la gestión por parte de los pueblos indígenas. Siguiendo esta posición, para garantizar los territorios de los PIACI, es necesario superar las miradas ambientalistas y empezar a gestionar desde la realidad indígena, y claro, desde una gestión política que converse con el resto de actores presentes en el territorio. Las reservas indígenas no son áreas naturales protegidas y no deben pensarse (ni defenderse) desde el ambientalismo clásico. Se requiere ténica intercultural, y ese es otro enfoque que no siempre está presente en el trabajo de los y las conservacionistas.
Para concluir, solo señalar que si estamos nuevamente frente a un proyecto de ley de este tipo, no basta con quejarse por la existencia de este tipo de propuestas, sino empezar a pensar donde está la falla que permite que este tipo de situaciones ocurran. Y ello significa revisar las limitaciones del modelo, de su enfoque y establecer si existen condiciones políticas que en efecto quieran generar cambios para mejorar y no solo maquillar. Y crear un nuevo modelo, no sostenido en falacias y fake news, sino en criterios técnicos y de gestión que respondan a la realidad y no a agendas e intereses únicamente. Son temas que ya están sobre la mesa desde hace años, pero que no se han querido abordar con seriedad. Es momento de discutirlo, salvo que se quiera o que se apruebe este proyecto lesivo, o que en poco tiempo más adelante vuelva a aparecer una nueva propuesta con características similares.
Sobre el autor (*): Profesor TPA Auxiliar Ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP y especialista en derechos humanos y derecho ambiental, en particular en temas de pueblos indígenas vinculados a la gestión territorial, el manejo forestal, el cambio climático, la gestión de reservas para pueblos indígenas en situación de aislamiento, y consulta previa.
