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«Viejo, ¿puedes pagarme la carrera?»: A propósito del artículo 424 del Código Civil

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Escrito por Jano Jhair Nuñez Martínez (*)

  1. La funcionalidad de la familia

La familia es una institución de la sociedad cuya historia se remonta al origen de la propia humanidad. Aparece como un concepto natural cuyo origen no viene dado por la intervención premeditada del ser humano, sino que surge por el hábito humano de encontrar ayuda, compañía, aliento e integración que le permiten lograr determinados fines gracias a esta conjunción de fuerzas (Varsi 2011,12). A lo largo de la historia, la familia ha experimentado cambios como el abandono de la poligamia hacia la monogamia o la reciente acepción de la paridad entre hombres y mujeres en el matrimonio heterosexual[1]. Estos cambios no son per se de orden jurídico -y, por tanto, impuestos desde arriba por los legisladores-, sino que surgen a raíz de cambios en las diversas esferas de la vida social a los que el concepto de familia debe responder, mediante la adaptación para ser útil y satisfacer las necesidades de sus miembros y del medio social en el que se desenvuelven (Rodríguez 1990, 59-60).

De lo anteriormente mencionado, podemos mencionar dos aspectos importantes: (1) que la familia es una institución de importancia tal que es reconocida y protegida en nuestro ordenamiento jurídico y (2) que tiene un fin práctico que es el satisfacer las necesidades de sus miembros.

El reconocimiento jurídico de la familia implica que el Estado, como ente productor del derecho, va a reglamentar en un primer momento los aspectos patrimoniales y extrapatrimoniales de la familia (Trazegnies 1990, 37). En el marco de un Estado Constitucional de Derecho, la protección de la familia tiene que estar consagrada en la constitución debido a que la familia no es un asunto privado, sino que, por su importancia en el desarrollo de la sociedad, merece una protección del más alto grado por parte de nuestra Carta Magna (Bermúdez 2019, 02). Así, la protección de la familia se vincula con la defensa y promoción de los derechos fundamentales de todo ser humano (Valpuesta 2006), con lo que la familia se convierte en un garante y prestador de derechos fundamentales que rigen el desarrollo de los individuos -en especial los hijos- y de la sociedad en su conjunto. Para propósito del presente artículo, nos referiremos fundamentalmente a los derechos contemplados en el artículo 5 de la Constitución vigente que sanciona que “es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos”.

Estos deberes y derechos consagrados en la Constitución responden a garantizar el fin práctico que tiene la familia desde los derechos fundamentales de la persona que tiene desde su origen: satisfacer las necesidades de sus miembros, teniendo especial relevancia la satisfacción de las necesidades de los niños o hijos de la familia. La familia, en cuanto tenga hijos o niños entre sus integrantes, tiene que atender a las necesidades de estos debido a su condición especial, que es la de estar en un proceso de formación[2].

El proceso de formación de los hijos implica que estos no se encuentran en condiciones para poder valerse por su cuenta ante la sociedad. Es por esta razón que los padres o apoderados son los encargados de proveer de esta formación necesaria para que los hijos puedan llegar a valerse por su cuenta. Así lo estipula nuestro artículo 418 del Código Civil que se refiere a la patria potestad y las obligaciones que se desprenden de esta. Nótese que el artículo 418 trata de una patria potestad debilitada en comparación a sus versiones anteriores en nuestra codificación nacional o en la concepción clásica del Civil Law, en cambio, se trata de una patria potestad orientada a acompañar al menor de edad en su desarrollo tomando en cuenta al interés superior del niño en las decisiones que ejerza el padre respecto a la formación de su hijo (Varsi 2011, 54) en atención al proyecto de vida que el niño pueda desarrollar en el futuro (IUS 360 2014)[3].

  1. La familia como soporte para el proyecto de vida de los hijos

Un proyecto de vida implica una proyección a futuro, es decir, que los padres tienen la obligación de garantizar los medios adecuados para que los hijos puedan encaminarse a materializar dicho proyecto. Creo que el proyecto de vida debe permitirnos poder subsistir por nuestra cuenta, y esa también parece ser la concepción del Código Civil que habla de una mayoría de edad en la que la obligación de provisión de los padres o tutores cesa, para dejarnos espacio a desplegar nuestra voluntad para decidir con mayor grado de autonomía nuestro destino.

Es inevitable ya que “vivir es realizar un proyecto de existencia, fabricar su propio ser, ser haciéndose” (Fernández 2010). Este “ser haciéndose” del que habla el maestro Carlos Fernández Sessarego debe tomar en consideración las circunstancias en las que surge la vida: el ser humano no nace siendo capaz de pensar racionalmente o de realizar las acciones necesarias para poder subsistir o poder planear un proyecto de vida. El recién nacido dependerá de sus padres o tutores para que les formen en estos aspectos, hasta el hijo sea capaz de realizar su proyecto de vida y subsistir por sus propios medios.

  1. La mayoría de edad y la “autosuficiencia”: trabajo para la subsistencia

Nuestra Constitución[4] y el Código Civil[5] establecen de manera estándar a los 18 años como fecha en la que se presupone que el hijo ha alcanzado dicho grado de madurez y autonomía que le permitan subsistir y empezar a realizar su proyecto de vida de manera independiente. La mayoría de edad, en la realidad, no necesariamente implica que podamos desplegar nuestro proyecto de vida por nuestros propios medios. La subsistencia por cuenta propia implica, por ejemplo, que podamos conseguir un trabajo, sea asalariado o independiente que nos brinde una remuneración suficiente para nuestros fines.

En el Perú es común que las personas den el “salto de la escuela al trabajo”, es decir, que, finalizada la Educación Básica Regular obligatoria, los estudiantes recién graduados busquen trabajos en los que emplearse (Lavado & Martinez 2014)[6]. No obstante, los trabajos conseguidos no ofrecen las condiciones que garanticen la subsistencia de los recién graduados del colegio, ya que los trabajos conseguidos tienden a pertenecer al sector informal, por lo que los salarios suelen rondar los S/.850, sin gozar de vacaciones o Compensación por Tiempos de Servicio (Ríos 2018).

La situación se complica cuando se presta atención a que los estudiantes graduados que se insertan en el mercado laboral solo ofrecen a los empleadores lo que aprendieron en la escuela, o en algunos casos, con entrenamiento en tareas específicas realizado de manera informal que no puede ser debidamente acreditado. En esas circunstancias, estos nuevos trabajadores “difícilmente cumplen las expectativas laborales de sus contratantes y por ende tienden a ser subrequeridos por las empresas” (Lavado & Martinez 2014).

  1. ¿Cómo ayudar a lograr la subsistencia?: La respuesta del Código Civil de 1984

Como se puede ver, difícilmente se logra la subsistencia por cuenta propia a la mayoría de edad. Los autores detrás del Código Civil vigente, en especial el doctor Héctor Cornejo, autor del Libro III, del Derecho de Familia, estuvieron conscientes  que el trabajo ya no era suficiente per se para la subsistencia por cuenta propia a mediados y finales del siglo pasado. En palabras del maestro Carlos Fernández Sessarego, el Código Civil buscó actualizarse para responder a estos nuevos paradigmas a los que difícilmente respondía el Código Civil de 1936 que respondía a conceptos desactualizados del siglo XIX (IUS 360 2014).

Para responder al problema de la subsistencia del hijo mayor de edad que no se encuentra incapacitado, se confía en la familia como una institución que apoya a sus miembros en situaciones de necesidad, basándose en la idea de la reciprocidad (Aguilar 2016, 498) y en las garantías-principios que la constitución contempla. Es así como la obligación de garantizar la subsistencia de los hijos mayores de edad solteros es prolongada por el Código Civil, según el artículo 424, hasta los veintiocho años en tanto “sigan con éxito estudios de una profesión u oficio”. Dejando de lado el segundo supuesto del fragmento del artículo 424 presentado, nos interesa la inclusión de la subsistencia de la continuación de los deberes de subsistencia de los padres cuando se siga una profesión.

  1. ¿Cómo se llegó a esa respuesta?

La razón por la que debería llamarnos la atención radica en una mirada comparativa a los Códigos Civiles anteriores que tuvo el Perú, y cómo regulaba esta obligación de proveer alimentos (entendida como los elementos necesarios para garantizar la subsistencia de la persona):

Código Civil de 1852:

No hay regulación específica que permita una comparación (Varsi 2011, 439), pero respecto al hijo ilegítimo se menciona lo siguiente:

Art. 263. Los descendientes ilegítimos no pueden tampoco exigir alimentos:

[…]

  1. Cuando se les ha enseñado alguna profesión, arte ú [sic] oficio con que puedan subsistir.

Código Civil de 1936:

Artículo 440.- El mayor de dieciocho años sólo tiene derecho a alimentos cuando no puede adquirirlos con su trabajo. […]

Estas disposiciones de los Códigos Civiles anteriores nos dan cuenta de un aspecto importante de la época en la que fueron desarrollados: se trata de una época en la que el trabajo era concebido como un medio de subsistencia relativamente autosuficiente para satisfacer las necesidades del hijo mayor de edad. Si bien esta concepción erraba en la mayoría de sectores en las que no se lograba cubrir por completo la Canasta Básica de Consumo de Alimentos (en adelante CBCA)[7], la mayoría de sectores laborales no relacionados con el trabajo en el sector público durante la vigencia del Código Civil de 1852 tenía salarios que se aproximaban a la CBCA o, mediante la cooperación con sus cónyuges mujeres que sí trabajaban y la presencia de ingresos no salariales que provenían, por ejemplo, de la crianza de animales, hacían posible la cobertura de la CBCA (Zegarra 2011). Respecto a la posibilidad de acceder al mercado laboral durante la vigencia del Código Civil de 1852, encontramos      una ligera decaída en el sector de artesanías y un aumento de la empleabilidad en el sector industrial, sector que tendía a percibir ingresos mensuales más aproximados a la CBCA (Hunt 1980). Otro aspecto por considerar respecto a la decaída de personas dedicadas a las artesanías en este periodo es el del cambio de rubro, es decir, que los artesanos decidieran emplearse en el sector industrial, transición que era relativamente fácil debido a la poca especialización que requería un puesto de trabajo en el sector industrial para la época (Hunt 1980). Como se puede ver, el trabajo por sí solo era capaz de lograr la subsistencia de las personas, lo que demuestra una correspondencia entre la lógica del Código y la realidad.

Situación similar ocurre con la vigencia del Código Civil de 1936. Desde inicios del siglo XX, la tasa de empleo en el sector privado incrementaba  un promedio de un 1,15% anual hasta 1950, siendo el sector de producción de bienes el que más crecimiento experimentaba (Hunt 2011, 175-176). Respecto a los salarios, estos mantuvieron su estabilidad durante los primeros 25 años de vigencia del Código, mientras que para el gobierno de Belaúnde empezamos a ver una tendencia el poder adquisitivo de los salarios va reduciéndose debido a las crisis económicas que se van suscitando (Yamada & Bazán 1994 y Castillo 2015, 141-142). No solo hablamos de una reducción en el poder adquisitivo de los salarios a partir de ese periodo, sino que tenemos una conjunción de factores que alteran el paradigma presupuesto por los Códigos Civiles de 1856 y 1936.

Para la llegada del primer gobierno de Belaúnde, el país estaba experimentando una fuerte migración del campo a la ciudad (Ministerio del Trabajo 2002, 26), lo que implicó el abandono del trabajo en el sector agrícola, para dedicarse al trabajo industrial (Castillo 2015, 58-59). A esto se le suma el aumento de la tasa de natalidad, así como el deceso de la tasa de mortalidad infantil que experimentará el Perú desde inicios del siglo XX que junto con la alta tasa de fertilidad femenina[8] llevarán a un continuo incremento de la población peruana (Banco Mundial 2010, 4-5). Es decir, el mercado laboral de mediados de la década de 1960 empezaba a enfrentar una mayor cantidad de postulantes para un sector, a la vez que la población en general incrementaba, lo que en un futuro añadiría una mayor cantidad de gente que buscaría trabajos. Este naciente problema llevaría a que el aparato productivo peruano, debido a las crisis económicas y otros factores institucionales, no se encontrara en la capacidad de absorber a esta creciente cantidad de postulantes a un puesto de trabajo, lo que devendría en una situación de desempleo o subempleo -especialmente en el sector informal- con salarios que no alcanzarán para la subsistencia (Ministerio de Trabajo 2002, 26).

Es en este contexto que vale la pena recordar lo mencionado por el maestro Carlos Fernández Sessarego: el Código Civil de 1936, por operar bajo doctrinas pensadas para responder al contexto del siglo XIX, ya no podía responder al contexto del siglo XX (IUS 360 2014), en especial de su segunda mitad. En lo que nos concierne, la idea      que el trabajo permite la subsistencia del mayor de edad que recién sale del colegio o que no tuvo acceso a la educación básica regular debido a sus condiciones socioeconómicas, empezaba a perder validez y era urgente encontrar una forma de garantizar la subsistencia de los mayores de edad.

Si el trabajo ya no es suficiente para alcanzar la subsistencia por cuenta propia, entonces se debe preguntar qué nos permitiría alcanzarla. Como ya se mencionó, la respuesta que encontró el doctor Héctor Cornejo en la presentación del Anteproyecto del Libro III, sobre el Derecho de Familia, fue el prolongar la obligación de brindar alimentos a los hijos mayores de edad en tanto sean solteros y continúen exitosamente una profesión.

Las razones para prolongar la obligación de brindar alimentos a condición de que se cursen estudios superiores responden al contexto histórico, que en parte he presentado. De lo presentado, se puede apreciar que buena parte de la población consideraba que era más productivo conseguir un trabajo no especializado antes que decidir cursar estudios superiores, estudios que conllevan a determinados gastos que posiblemente los salarios percibidos por el grueso de la población no podían soportar considerando que apenas se lograba cubrir la CBCA con dichos salarios. La educación implica gastos a realizar y recién a inicios del siglo XX se empieza educación primaria gratuita y obligatoria, mientras que la educación secundaria adquiriría este carácter en la década de 1920 (Trahtemberg 2002), pero que no sería efectiva hasta casi medio siglo después (Montero 2019, 04), lo que nos indica que los gastos a asumir por los padres durante la minoría de edad de los hijos eran grandes y podían desbordar el presupuesto familiar, y por eso era preferible que el deber de educar de los padres se centrara en la enseñanza informal de un oficio al que puedan dedicarse sus hijos una vez llegada la mayoría de edad.

Pero, en el transcurso del siglo XX, la educación básica regular (EBR) -que comprende a la primaria y secundaria- se va masificando y llegando a sectores que antes no tenían acceso a la educación (Trahtemberg 2002), lo que llevó a extender el deber de educar a los hijos que el Código Civil de 1936 incluía a asegurar que estos puedan cursar esta EBR[9]. Con el nivel educativo de la población incrementando, también se presentaba una oferta tentadora a los jóvenes que cursaban estudios: el continuar su formación en la universidad que ofrecía mejor salario y mejores beneficios laborales. Además, en el marco del fomento a la educación superior, los costos derivados de los estudios universitarios se volvieron accesibles a los hijos de los sectores populares (obreros, trabajadoras del hogar, por ejemplo). Es así como vemos un incremento en el número de postulantes y estudiantes en las universidades nacionales (Garfias 2015, 112 y Montero 2019, 84-85), así como la creación de quince nuevas universidades en el territorio nacional para inicios de 1960 (Trahtemberg 2002).

Los jóvenes empezaron a cambiar su proyecto de vida de trabajar desde el fin del colegio o cumplida la mayoría de edad, a recibir educación superior. Obviamente, el acceder a la educación superior y dedicarse a estudiar en vez de trabajar a tiempo completo implica que, cuando llegue la mayoría de edad o bien no se percibirían ingresos o estos serían insuficientes para cubrir los gastos educativos y los de subsistencia. Como se mencionó también, incluso el trabajo no especializado -el que no requería de estudios superiores- empezaba a decaer en cuanto a la posibilidad de permitir la subsistencia de las personas, por lo que la presunción de subsistencia a partir de la mayoría de edad gracias al trabajo flaqueaba. Es decir que el mayor de edad que curse estudios superiores -técnicos o universitarios-, presuntamente se encuentra en un estado de necesidad en el que no puede valerse por sí mismo, y necesita el apoyo de sus padres o tutores para lograr culminar los estudios, atendiendo obviamente a las posibilidades de estos para brindar dicha educación superior (Aguilar 2016, 517). Esta provisión en la mayoría de edad de los hijos responde a uno de los principios básicos de la familia que se configura desde su origen: el apoyo mutuo, del que también se desprenderá que en un futuro los hijos tengan el deber de proveer a sus padres. El apoyo de la familia no se extingue definitivamente con la mayoría de edad, sino que se mantiene en tanto se mantenga la filiación entre los miembros de la familia, e incluso se puede proveer de manera voluntaria por el simple deseo de apoyar (Aguilar 2016, 490).

  1. Nuevos paradigmas: ¿es la educación superior ineficiente para la susbistencia?

La educación superior, como se ha mostrado, adquirió relevancia en tanto se convirtió en parte del proyecto de vida de la mayoría de los jóvenes peruanos desde 1960, en tanto se veía que los trabajos que se podían conseguir con título  universitario o técnico ofrecían mayores ventajas que los trabajos no especializados que empezaban a tener una crisis de subempleabilidad. La situación actual de la relevancia de la provisión de alimentos en tanto se curse una carrera universitaria se mantiene con nuevos matices a tomar en consideración.

Me refiero a la crisis de acceso al mercado laboral por parte de la población económicamente activa. El creciente aumento de la población en los años pasados ha agudizado la situación en cuanto a la posibilidad de conseguir trabajo, y ya no solo el no especializado, sea formal o informal. También ha afectado la oferta de trabajo profesional formal: hay pocas vacantes para tantos egresados. Hace siete años, el portal Empleabilidad PUCP reportaba que, de los 300 000 universitarios egresados por año a nivel nacional, solo se encuentran disponibles 30 000 plazas de trabajo (2017), es decir, solo el 10% de los recién graduados puede encontrar trabajo profesional formal. La cifra se reduce si se piensa que la competitividad ya no solo es contra la gente graduada el mismo año, sino también se compite contra profesionales graduados años anteriores que tuvieron tiempo, por ejemplo, de adquirir mayor capacitación para ser más competentes en las entrevistas laborales.

No solo nos encontramos con los problemas laborales de la insuficiencia para subsistir del trabajo no especializado que acarreamos desde el siglo XX, sino que también afrontamos este nuevo problema que se ha ido gestando a lo largo de los últimos 70 años. La necesidad de especializarse para ser competitivo en el mercado laboral y poder subsistir por cuenta propia se hace nuevamente notoria y en este contexto, también lo es el apoyo voluntario o exigible de nuestros padres o tutores para lograr cursar estudios que permitan el acceso a un trabajo digno.

  1. ¿Cómo “cursar estudios superiores con éxito?

Obviamente, en algunos casos encontraremos oposición a la idea de mantener al hijo mayor de edad mientras cursa estudios superiores. La realidad de las situaciones familiares desborda la concepción idílica de familia como institución de apoyo entre sus miembros. Tenemos casos de padres que no quieren cumplir con pagar pensiones de alimentos a sus hijos menores una vez se separan de sus cónyuges, y no sería de extrañar que la situación se agrave en cuanto el hijo cumpla la mayoría de edad. La concepción que la patria potestad y las obligaciones desprendidas de esta -como la provisión de alimentos- finaliza con la mayoría de edad, podría llevar a escenarios de negativa del padre a solventar a su hijo durante el curso de sus estudios superiores, y si se le exige judicialmente el pago de una pensión de alimentos para esto, no sería extraño que busque librarse de esta obligación.

Para ello, la aparente vaguedad de la condición del artículo 424 sobre el curso de estudios superiores es importante: se pagará una pensión de alimentos en tanto se cursen estos estudios con éxito. La referencia a la palabra éxito puede resultarnos ambigua, y tal vez nos lleve a pensar en la obligación del hijo mayor a tener notas sobresalientes y ocupar los primeros puestos a lo largo de sus estudios superiores a fin de mantener la pensión de alimentos que le corresponde.

Atendiendo a que el fin de la pensión de alimentos por concepto de cursar estudios superiores responde a que el hijo mayor de edad pueda adquirir los conocimientos especializados necesarios y que actúe con diligencia en sus estudios -situación que le impediría poder trabajar para subsistir-, no creo que la exigencia de una nota elevada o de ocupar los primeros puestos sea la interpretación adecuada de esta condición para recibir los alimentos. Más bien, esta interpretación deja desprotegidos a los hijos con respecto a la obligación de los padres en la provisión de la educación superior -que, como se ha aclarado, es fundamental en la consecución de un trabajo que dé los medios para subsistir por cuenta propia-. Además, impone una carga superior a los hijos a fin de cumplir con este requisito que puede tener un efecto contraproducente en estos al llevarlos a preferir la nota por encima de los conocimientos necesarios para desempeñar de manera competitiva un trabajo.

En la actualidad, la presión y el estrés derivados de los estudios universitarios se han vuelto un tema relevante que no puede ser ignorado.

La vida universitaria supone “situaciones diversas y retadoras para los estudiantes” que “implica un proceso de adaptación a un nuevo entorno que conlleva la aceptación de responsabilidades distintas a las de la etapa escolar”, lo que “genera múltiples impactos en el bienestar del estudiante, dado que muchos de ellos no poseen un conocimiento suficiente sobre la exigencia ni los hábitos de estudios requeridos para enfrentar satisfactoriamente esta etapa. Por esta razón, diversos estudios señalan que los universitarios se encuentran en una posición altamente vulnerable ante diversos problemas o conductas que repercuten negativamente en su salud” (Cassaretto; Vilela & Gamarra 2021).

Nos referimos al alza de trastornos depresivos, de la ansiedad, y también de un incremento en el consumo de alcohol, que pasa de ser consumido como una bebida social a ser empleado como placebo. Para 2018, el director de Salud Mental del Ministerio de Salud señalaba que la cifra de trastornos que afectan la salud mental -entonces un 30%[10]– de la población universitaria podía tener una relación proporcional con la exigencia académica de las universidades (RPP 2018).

En este contexto, interpretar la condición para el recibo de la pensión de alimentos del estudiante universitario y de instituto como una exigencia que pide más de lo que ya de por sí la universidad le exige al estudiante universitario puede resultar contraproducente para el propósito del artículo 424 del Código Civil que es garantizar tanto el proyecto de vida del hijo mayor de edad como su futura subsistencia por cuenta propia gracias al conocimiento especializado. Si se le exigiera un promedio elevado o posicionarse en el cuadro de méritos a riesgo de perder la pensión, el estudiante podría ver menoscabado su proyecto de vida en tanto la presión, depresión o la evitación experiencial, por poner algunos ejemplos, llegarían a afectar su desempeño en las materias que cursa. La preocupación por fallar o no cumplir con la meta alta establecida contradice el propósito de la educación superior con relación a la inserción laboral: el poder adquirir experiencia especializada que ofrecer al empleador a fin de poder conseguir mejores condiciones laborales. Si bien la nota en los cursos es importante, la priorización de esta por sobre el aprendizaje puede tener repercusiones en el futuro laboral de la persona.

Entonces, si no podemos hablar de un desempeño educativo “sobresaliente”, conviene preguntarnos a qué se refiere el artículo 424 cuando nos pide que cursemos los estudios superiores con éxito. Si atendemos a lo anteriormente mencionado, la condición no debería ejercer tanta presión en el estudiante porque podría tener un efecto contraproducente, por lo que la interpretación de esta condición tiene que atender primero a garantizar los derechos del hijo mayor de edad que cursa estudios superiores.

Siendo así, el profesor Benjamín Aguilar propone que los estudios exitosos deben interpretarse como las condiciones que puedan asegurar un aprendizaje efectivo de la carrera -profesional o técnica-, entre ellos, la asistencia continua a clases y dedicación efectiva al estudio (2016, 517). Pero si necesitamos definir un parámetro más objetivo que nos permita determinar si podemos ser acreedores de una pensión de alimentos en función a lo establecido por el artículo 424, podemos recurrir a un caso judicial, el Expediente 00299-2001-02005-JP-FC-01[11] en el que el Juez de Paz de Paita resolvió respecto a una demanda de un padre que buscaba eximirse de pagar la pensión de alimentos, atendiendo -entre otras razones- a que su hija “no tenía buenas calificaciones”.

Este caso nos ofrece un parámetro para determinar si los estudios son exitosos o no, de manera que lo dispuesto por este artículo del Código Civil no afecte al derecho a los alimentos o al proyecto de vida de la hija mayor de edad: un estándar numérico cuyo mínimo para el cumplimiento sea el promedio ponderado mínimo aprobatorio de la institución de educación superior en la que se curse estudios. Atendiendo a esto, lo relevante para la pensión de estudios pasa a ser el promedio ponderado obtenido a final del semestre académico, y no las notas que se pueden obtener en evaluaciones individuales. No puede ser razón para privar de alimentos al hijo mayor de edad universitario, por ejemplo, que este haya jalado un examen parcial o un control de lectura, ya que estos no permiten calcular el promedio final per se, sino que dependen de las notas que se obtengan en los demás exámenes para determinar si se logró aprobar y, por ende, cursar los estudios del respectivo periodo de estudios con éxito.

  1. Conclusión

Como se puede ver, el artículo 424 del Código Civil busca garantizar el cumplimiento del proyecto de vida de la persona mayor de edad -hasta los 28 años-, confiándole la provisión de alimentos a su familia, en especial a los padres, debido a su naturaleza como      institución de soporte para sus miembros. Obviamente, se debe tener en consideración las capacidades económicas de los padres al momento de brindar pensión de alimentos para los estudios universitarios, lo que puede determinar el tipo de centro de estudios superiores al que el hijo mayor de edad asista (sea público o privado), ya que si se hace un cálculo realista de dichas posibilidades, se podrá garantizar una cobertura más estable de dicho derecho a la educación.

El cambio de paradigma del Código Civil de 1984 respecto a que se debe brindar alimentos mientras se curse estudios superiores responde a un nuevo cambio en la dinámica laboral en el que el acceso a la universidad garantiza mejores puestos de trabajo para la subsistencia de las personas, y por tanto la posibilidad de seguir su proyecto de vida.

No obstante, en la actualidad enfrentamos nuevos problemas en el mundo laboral respecto a la inserción en el mercado laboral de los profesionales universitarios o técnicos. Debido al aumento de profesionales ofreciendo sus servicios, los empleadores no pueden absorber a toda esa masa de trabajadores, por lo que deciden exigir mayores calificaciones y capacitación para desempeñar los puestos de trabajo. La nueva tecnología que ha aparecido también demanda este tipo de especialización (CEPAL 2003, 10) que supera a la brindada por la educación de pregrado. Nos enfrentamos ante un escenario en el que el título universitario de pregrado ya no es suficiente, sino que se necesita capacitación continua a fin de ser competitivo. Esto podría llegar a repercutir en los supuestos en los que se puede brindar alimentos a los hijos mayores de edad o no, dependiendo de cómo lo consideren los legisladores en el futuro.

Finalmente, la condición “cursar los estudios superiores con éxito” debe ser entendida de una manera que no pueda afectar al proyecto de vida de los hijos mayores de edad que deciden cursar estudios superiores, teniéndose por “estudios cursados con éxito” el tener al menos un promedio ponderado aprobatorio mínimo del centro de estudios, así como tener la suficiente diligencia en el curso de los estudios. Esto es, la asistencia a clase y dedicar tiempo a estudiar.

(*) Sobre el autor: Estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Equipo Editorial de IUS360°.


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[1] El correlato jurídico de tal acepción lo encontramos en el Código Civil de 1984

Artículo 234.- El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común.

El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales.

La diferencia se hace más notoria si revisamos qué indicaba el Código Civil de 1936 en los siguientes artículos:

Artículo 161.- El marido dirige la sociedad conyugal.

La mujer debe al marido ayuda y consejo para la prosperidad común y tiene el derecho y el deber de atender personalmente el hogar.

Artículo 162.- Al marido compete fijar y mudar el domicilio de la familia, así como decidir sobre lo referente a su economía.

Los cuarenta y ocho años de diferencia que separan a estos dos Códigos vieron un cambio en las perspectivas del mundo y de la sociedad que, en efecto, influyeron en la familia como fenómeno social en un primer momento, y luego en la familia como un fenómeno jurídico.

[2] Sentencia del Tribunal Constitucional N° 3330-2004-AA/TC. 11 de junio de 2005.

[3] El doctor Carlos Fernández Sessarego (QEPD), coautor del Código Civil de 1984, contaba ante los primeros miembros del Consejo Editorial de IUS 360 que el Código Civil incorpora al concepto del proyecto de vida de las personas. Creo que este principio es importante a tomar en cuenta en el Libro III dedicado a la familia que versa sobre una institución de relevancia en la formación del individuo, ya que nos permite comprender que la finalidad de las leyes relativas a alimentos o la patria potestad deben ser atendidas en función a la posibilidad de asegurar dicho proyecto personal.

[4] Artículo 30.- Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años

[5] Artículo 42.- Toda persona mayor de dieciocho años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad.

[6] Para 2014, el 53,2% de los jóvenes urbanos deciden lanzarse al mercado laboral después de culminar sus estudios secundarios.

[7] La Canasta Básica de Consumo de Alimentos (CBCA) representa las necesidades nutricionales básicas que tendría una familia de cinco miembros. Para ello, se toma como referencia a las calorías mínimas requeridas para que una persona pueda llevar una vida saludable (Zegarra 2011). Tomo a la CBCA como medida de referencia para la subsistencia por las razones expuestas por Zegarra, y porque permiten verificar si la subsistencia obtenida por el trabajo a la mayoría de edad permitía el desarrollo del proyecto de vida de la persona, que, debido a las condiciones sociales de la época, estaba encaminado a la formación de una familia propia.

[8] La información recopilada por el Banco Mundial da cuenta de una paulatina disminución de la tasa de fertilidad femenina, pero a su vez nos muestra que el descenso drástico de esta tasa se da con la vigencia del Código Civil de 1984. Lo que importa para la explicación de la evolución del contexto en el que se desenvuelve el Código Civil de 1936 es que la media de hijos de una mujer peruana entre el periodo 1960-1985 era de 6 hijos aproximadamente, mientras que la tasa de mortandad infantil era de 110 por cada 1000 nacimientos.

[9] Así, se confirma que las necesidades de los miembros de las familias, y los deberes que sus miembros tienen para satisfacerlos pueden ir cambiando, dependiendo de la época y el contexto histórico. Vemos el salto de la educación informal como deber de los padres durante el Código de 1852 al deber de garantizar la educación básica regular obligatoria (primaria y secundaria) de los hijos desde el Código de 1936 gracias a la reducción de los costos de solventar la educación a raíz de la gratuidad de la enseñanza en colegios públicos. La educación inicial aún no es obligatoria, pero el Ministerio de Educación-en la Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU- ha reiterado la importancia que tiene para la formación de los niños, así como la propia normativa internacional que vela por el desarrollo temprano del niño, por lo que asegurarse que los hijos la cursen sí se puede considerar como parte del deber de los padres de educar a sus hijos que contempla nuestra Constitución y Código Civil en tanto sea posible que pueda ser cursada. Si bien la educación inicial es gratuita, su acceso puede verse dificultado en algunas zonas de los Andes, donde la movilidad hacia las escuelas implica, por ejemplo, caminatas de horas que un niño de entre tres y cinco años no podría realizar por su cuenta. Los padres de dichas zonas, por su lado, difícilmente podrían acompañar a sus hijos en tanto esto implica abandonar sus trabajos, y poner en peligro el sustento para sus familias. En ese sentido, el alcance de la educación inicial y el deber de los padres de brindarla no se mantiene del todo uniforme en el Perú.

[10] La cifra incrementó un 10% respecto a la situación de la salud mental universitaria del año 2007.

[11] Puede encontrarse la sentencia en el siguiente enlace: https://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/00299-2001-02005-JP-FC-01.pdf

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