La Comisión de Constitución del Congreso aprobó esta semana la modificación del artículo 17 (“Movimientos y Organizaciones Políticas de alcance local“) de la Ley 28094, con lo cual se dejaría afuera de las próximas elecciones a decenas de organizaciones políticas distritales y provinciales. El apoyo de las principales bancadas (Frente Popular, PPK y APRA, entre ellos) a esta iniciativa hace suponer que dicho cambio se concretará inevitablemente.
Los promotores de la modificación alegan que su motivación es fortalecer la gobernabilidad al eliminar “vientres de alquiler“ de corta vida que solo promueven la fragmentación política, a la vez que fortalecer a los movimientos regionales. Sin embargo, esta es solo una de las posibles maneras de abordar un problema de fondo en un país descentralizado políticamente: la desconexión entre los actores políticos en distintos niveles de gobierno. Sin duda, es también la solución más simplista y la más fácil para nuestros escasos (y débiles) partidos de nivel nacional. Además es conveniente electoralmente para los partidos nacionales, ya que en el corto plazo elimina competencia en las próximas elecciones subnacionales, mientras en el largo plazo debilita a una de las principales semillas de los futuros partidos políticos nacionales: los grupos políticos locales.
La principal causa de este problema de fondo, sin embargo, no es la existencia de movimientos locales, sino la falta de articulación de los partidos nacionales que están en el poder con estos movimientos, así como con los procesos políticos locales y, sobre todo, con los problemas y aspiraciones de los ciudadanos a nivel local en todo el país. Recordemos que los dos partidos que disputaron la segunda vuelta presidencial en 2016 tuvieron mínima o nula trascendencia en las elecciones regionales y locales de 2014. En el caso de PPK, este partido no cuenta hoy con ningún gobernador regional (de los 25 en el país) ni con alcaldía provincial ni distrital alguna (de alrededor de 2000 unidades de gobierno municipal en estos niveles). Por su parte, Fuerza Popular sólo tiene a tres gobernadores regionales y 81 alcaldes.
La falta de presencia de los principales partidos nacionales en los escenarios locales es justamente una de las razones de la falta de articulación de políticas entre niveles de gobierno, la cual explica muchos defectos y debilidades de nuestras políticas públicas. Esta característica del sistema político peruano es uno de los desafíos persistentes en un contexto donde las regiones y municipios han asumido desde 2003 numerosas competencias en temas clave que incluyen a la educación, salud e infraestructura, entre otros.
Más difícil, pero mucho más saludable, sería que los partidos nacionales y los movimientos regionales fortalezcan, sin necesidad de cambios normativos, sus relaciones con los liderazgos y movimientos locales existentes, y que encuentren agendas comunes para luego orientar sus acciones y alinear sus políticas si triunfan en las elecciones.
Anular el papel de los movimientos locales no dará automáticamente mayor relevancia a las organizaciones nacionales y regionales en nuestras comunidades sino, por el contrario, puede aumentar el descontento y conflictividad entre poblaciones que se sientan aún menos satisfechas con las opciones existentes y sus propuestas en 2018. Es injusto y demasiado caricaturesco retratar a todos los movimientos locales como vientres de alquiler o vehículos temporales para caciques. Muchos, sin duda, representan intereses legítimos de las poblaciones locales y deberían ser mejor entendidos y atendidos, no tachados.
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