La pobreza ha regresado con fuerza al centro del debate público. El reciente anuncio del aumento de la pobreza monetaria en 2017—el único en este siglo, de 20.7 a 21.7% de la población—ha resaltado este tema y nos ha revelado una nueva cara del fenómeno en el Perú. Entre otros aspectos, los pobres urbanos son más que los rurales por primera vez en la historia reciente.
Esta es la primera interrupción de una notable tendencia a la reducción, en un país donde la pobreza monetaria afectaba a más de la mitad de la población (54.3%) en 2001. Gran parte de las propuestas para enfrentar este preocupante revés se ha centrado en estimular la economía, y en las distintas formas de lograrlo. Sin duda, el crecimiento económico sostenido ha sido clave para reducir la pobreza. No obstante ello, no es la única herramienta efectiva que tenemos para enfrentarla, y en ciertos contextos la política social es tanto o incluso más importante que el crecimiento.
Bien diseñados e implementados, los programas de protección social contribuyen significativamente a combatir la pobreza, como señalan diversos estudios de instituciones internacionales como la OCDE, Naciones Unidas y el Banco Mundial. En el Perú tenemos evidencia reciente del papel crítico que pueden jugar los programas sociales. Normalmente, la mitad o más de la reducción se explica por el crecimiento económico. Pero en 2014, año en que empezó la desaceleración de la economía peruana tras el boom y sólo se creció 2.3%, se siguió reduciendo la pobreza (-1.2 puntos porcentuales) y en su momento el Ministerio de Economía y Finanzas estimó que la mayor parte de este avance (83%) se debió a la acción de los programas sociales.
Por lo tanto, si en 2017 la economía peruana creció 2.5% (ligeramente más que en 2014), pero la pobreza aumentó, lo primero que deberíamos preguntarnos es: ¿qué está pasando con los programas sociales, y con la política social en general? ¿Por qué esta vez no fueron efectivos en compensar la falta de crecimiento? No cabe duda que las gestiones recientes del MIDIS, ente rector de la política social en el Perú, fueron conscientes de los nuevos desafíos. Se señaló públicamente que la pobreza estaba adquiriendo un rostro crecientemente urbano (incluso antes de las últimas cifras), que hay persistentes bolsones de pobreza crónica en las ciudades y, además, se reconoció a un enorme sector de la población no pobre que se encuentra en situación de vulnerabilidad y podría caer en la pobreza ante algún shock económico.
El problema principal no es desconocimiento, sino falta de acción decidida frente a estas tendencias. Casi al inicio del gobierno de PPK se anunció una nueva estrategia para enfrentar la pobreza urbana (Prospera) y luego se ofrecieron algunos detalles al respecto. Pero, lamentablemente, esta nunca se implementó. Probablemente esto se debió a una falta de voluntad política para iniciar los cambios requeridos: una significativa inyección de nuevos recursos financieros, el rediseño de programas existentes para que puedan asumir estrategias diferenciadas para lo urbano y lo rural, y el fortalecimiento de la articulación entre sectores y niveles de gobierno. El reto es grande, ya que el MIDIS pasaría de enfocarse en algo más de 3 millones de pobres rurales a cerca de 7 millones de personas pobres en el campo y la ciudad.
Por otra parte, el aumento de la pobreza urbana no es la única tendencia emergente que debe enfrentar con urgencia el MIDIS como ente rector. También debe plantear una estrategia multisectorial para proteger a ese tercio de peruanas y peruanos que (según el BID) es vulnerable a caer nuevamente en la pobreza, o sea, más de 10 millones de personas. Para ello, también se requerirá de nuevos recursos, programas reformulados, y sobre todo de una fuerte coordinación con otros sectores sociales como salud y educación, e incluir temas productivos, financieros, de transporte y de empleo que son especialmente claves en la ciudad.
En el nuevo diálogo sobre la pobreza, se debe empezar por asumir el papel central que juegan los programas sociales, y la política social en general, especialmente en períodos de crecimiento económico modesto como el actual. La insatisfacción general ante estas nuevas cifras y el inicio de una nueva gestión presidencial y ministerial abren una ventana de oportunidad para adoptar un nuevo enfoque y buscar los recursos necesarios para reformular las políticas sociales y aumentar su eficacia.
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