La última semana el caso de Julian Assange concitó la atención mundial. Este periodista por accidente y hacker profesional por vocación se hizo famoso, como se recuerda, por haber revelado información confidencial de los Estados Unidos, la misma que, como ha escrito Mario Vargas Llosa, consistía básicamente en morbo y chismografía barata.
Sin embargo, la osadía parece haberle costado cara a Julian Assange, pues desde que se produjo el destape de los wikileaks su fundación ha sido, en los hechos, desactivada –al bloqueársele toda posibilidad de recibir ayuda económica – y ser procesado por, supuestamente, haber agredido sexualmente a dos mujeres suecas; cargos por los cuales la justicia de ese país reclama actualmente su extradición del Reino Unido.
Algunos especialistas han señalado que la extradición de Julian Assange sería en realidad una vendetta orquestada por el gobierno de los Estados Unidos con la colaboración de los gobiernos de Suecia y el Reino Unido por haber puesto en peligro su seguridad interna y su relación con los demás países del mundo. Esta hipótesis se basa en el hecho, como sugiere el abogado de Assange, Baltazar Garzón, de que a la fecha ni el Reino Unido ni Suecia se han pronunciado sobre su solicitud para que su caso se tramite en Londres, y no en Estocolmo, donde, existe, además, el riesgo de que sea, ulteriormente, extraditado al país del tio Sam.
Ciertamente, Assange no es un paladín de la libertad de expresión ni mucho menos. El que haya optado por difundir los wikileaks a través de cinco de los más poderosos diarios del mundo –El Pais, Der Spiegel, The Guardian, New York Times, y Le Monde-, y no a través de su página web, como hubiera hecho cualquier libertario del siglo XXI, echa sombras sobre sus reales intenciones. Pero ello no debería ser razón suficiente para, como hace el Reino Unido, impedir el asilo que legítimamente el gobierno de Rafael Correa le ha concedido y que en los hechos supone garantizar que pueda abandonar ese país mediante un salvo conducto y arribar al Ecuador, tal como lo establecen los tratados internacionales aplicables a su caso.
Que Assange haya tocado la puerta del vecino país del norte debería ser también motivo de sorpresa. El presidente Correa no se ha caracterizado por su respeto irrestricto a la libertad de expresión y, como señala la periodista Ana Palacio, en los últimos meses ha ordenado el cierre de hasta 17 medios de comunicación, atentando de forma sistemática contra la prensa de ese país que actúa, además, en los hechos como el único contrapeso de su gestión en un momento donde su clase política ha abdicado, de facto, a organizarse para competir contra él con alguna posibilidad de éxito. Gracias al reclamo de Assange, Correa podrá levantar la bandera de la libertad de expresión y el respeto por los derechos humanos que niega a sus conciudadanos, aumentando sus posibilidades de éxito de cara a las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en poco más de 6 meses y que lo ubican en una posición más que expectante. Al final como reza el dicho nadie sabe para quien trabaja.
