No cabe ninguna duda que la internet es el espacio más democrático que existe. Un espacio en donde todos podemos expresar, opinar y en suma manifestarnos con absoluta libertad. El punto central de este escrito reside precisamente en eso, cuando la libertad trasciende el término de lo que significa un derecho (relativo por cierto) y tiende a convertirse en libertinaje o abuso del derecho.
Leí a Vargas Llosa hace no muy pocos días en un artículo titulado “la identidad perdida” publicado en La República el pasado 21 de octubre. En ese artículo, Vargas Llosa expresaba su desconcierto y malestar ante una serie de suplantaciones de las cuales había sido víctima en este mundo virtual, producto de lo cual se le irrogaba –falsamente– pronunciamientos en temas muy diversos que él sentía la necesidad de desmentir. Sin embargo, se encontró ante la imposibilidad de hacerlo por cuanto el combatir este tipo de actos le costaría mucho tiempo y dinero.
No es interés de este pequeño escrito el entrar en conjeturas respecto al ejercicio correcto o no del derecho a la libertad de expresarse, opinar o manifestarse, podría ese intento implicar un mayor espacio de tiempo. La idea que pretendo resaltar está en la impotencia que le supone a una persona el enfrentarse legalmente a casos como estos utilizando a la internet como “medio criminal”.
El artículo de Vargas Llosa me lleva primero a un dilema inicial ¿dónde denunciar un hecho como este?, mejor dicho, ¿cómo se determinaría la competencia de situaciones como la descrita? Tengamos presente que el lugar donde se comete el delito determina –primigeniamente– la competencia de la Fiscalía y el Juzgado como lo tienen previsto el Código de Procedimientos Penales (artículo 19) y el Código Procesal Penal (artículo 21). Aunque finalmente este tipo de controversias iniciales se puedan resolver con la determinación del lugar en donde domicilia el imputado, el tema no es pacífico y da para toda clase de opiniones.
Otro tema más de fondo que el anterior, reside en el tipo penal a atribuirse. En esto también hay para todos los gustos. Podría ir desde una querella por delito contra el honor (en este caso difamación contemplada en el numeral 132 último párrafo del Código Penal) hasta una imputación por delito de falsedad genérica (artículo 438 del Código Penal), pasando incluso por un chantaje (artículo 201 del Código Penal) si es que el imputado decide consumar su conducta empleando la internet.
Pero el problema parece no tener solución si es que partimos desde dos perspectivas. La primera es que, detectar al autor de estas conductas, demanda mucho tiempo y dinero, tomando en consideración que hay que identificar la máquina (computadora u ordenador) desde la cual se ejecutó el acto criminal. En el Perú, tenemos una unidad policial muy competente (División de Delitos de Alta Tecnología) para apoyar en esa labor, pero dudo que pueda ocupar mucho de su escaso tiempo en líos privados cuando existen otros problemas de mayor raigambre; por ejemplo el combate a la pornografía infantil que es un flagelo de criminalidad organizada internacional. Este primer plano del problema nos lleva a la sensación de impunidad ante la cual un ciudadano x termina por rendirse dado que no tiene los recursos económicos y el tiempo para ocuparse, máxime si los delitos incriminados son de escasa relevancia en cuanto a penas conminadas se refiere. La otra arista del problema reside en que ninguna imputación que pueda hacerse frenará el daño irrogado en un espacio tan amplio como la internet. Tal vez el Derecho Civil pueda colaborar con esto vía medida cautelar pero también se necesitará inevitablemente conocer la identidad del autor, con lo que volvemos al problema inicial (tiempo y dinero).
El problema va mucho más allá del Derecho Penal e incluso me arriesgo a decir que mucho más allá del Derecho pues la libertad es uno de los fundamentos democráticos que con mayor ardor se defienden. Desde esa perspectiva, no hay opción a poner controles para la información que se propala o un gran ojo que administre todo con ánimo tamizador, eso implicaría, a mi juicio, desnaturalizar la razón de ser de la internet. Menos aún esfuerzos inútiles a los que muchas veces recurre nuestro país de crear delitos y subir penas indiscriminadamente. La situación nos lleva a la pregunta del millón ¿qué hacer para frenar este tipo de conductas? No tengo respuesta, no puedo encontrar una solución absoluta, porque cada alternativa que se proponga tendrá un inconveniente de distinta índole, he ahí un auténtico dilema.
