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¿Tráfico de influencias o charlanatería?A propósito del caso Aurelio Pastor Valdiviezo

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1. No  No hace menos de un mes, el programa de televisión Cuarto Poder difundió un reportaje en donde se habría puesto de manifiesto un presunto acto de corrupción por parte del ex-ministro de Justicia del último gobierno aprista, Aurelio Pastor Valdiviezo, el cual se habría dado a través de una conversación telefónica sostenida con la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz Yupanqui, en donde aquél le ofrecía patrocinar sus intereses legales en el proceso de vacancia iniciado en su contra, interviniendo en los fueros correspondientes, asegurándole un resultado positivo, dado que tenía «llegada» en los ambientes del Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, JNE) y la Corte Suprema de la República (en adelante CSR).

2. A propósito de esto, el Ministerio Público abrió una investigación penal contra aquél por el delito de tráfico de influencias, tipo penal ubicado en el artículo 400° del Código Penal. Frente a esto, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿Qué diferencia existiría entre el delito materia de investigación frente aquél comportamiento que por lograr obtener el patrocinio o defensa del caso, señala tener amistades, buena relación, cercanía, etc., ante alguna autoridad competente? ¿Configura el delito de tráfico de influencias el sólo hecho de afirmar tener relaciones cercanas -reales o simuladas- con alguna autoridad que desarrolla la función pública en los escenarios donde se ventila la causa materia de litigio?

3. El tipo penal de tráfico de influencias está redactado así:

 «El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hacer dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o prometa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conocimiento o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayo de seis años (…)».

En primer lugar, debemos contraer la discusión en identificar el bien jurídico propio del delito materia de comentario. Es de conocimiento que, el injusto de tráfico de influencias pertenece al grupo de los delitos contra la administración pública, ergo, el bien jurídico general sería «el correcto funcionamiento precisamente de ésta«; no obstante, la tarea pasa por determinar cuál es el aspecto de ese funcionamiento que se ve puesto en peligro o menguado con la incorporación de este comportamiento como delito. La doctrina autorizada y jurisprudencia reiterada ha considerado que el bien jurídico específico es «la imparcialidad u objetividad en el ejercicio de las funciones públicas competentes«. Siendo ello así entonces, la conducta del sujeto activo tendrá carácter delictuoso siempre y cuando la función pública ha dejado de tener un componente imparcial y objetivo, tornándose débil ante el capricho y ligera voluntad de uno u otros.

4. Conforme a lo señalado entonces, el sujeto activo mediante el actuar descrito en el tipo penal, más allá de la copulación de manera naturalística de los requisitos exigidos en el artículo 400° del Código Penal, debe presentar un componente socialmente lesivo o penalmente relevante, el cual quedará traducido sólo mediante la puesta en peligro o lesión del bien jurídico indicado, caso contrario, no estaremos frente a un delito, y de persistir su punición, vulneraríamos lo prescrito en el artículo IV del Título Preliminar del Código Penal: el principio de lesividad. En otras palabras, bien se puede invocar o tener influencias -reales o simuladas- y hacer dar o prometer para sí u otro alguna ventaja, pero si de la reunión de estos comportamientos no se desprende un acto lesivo frente a tal aspecto del funcionamiento de la administración pública, o mejor dicho, un carácter penalmente relevante, estaremos frente a un hecho atípico o no punible.

5. Sobre el particular, y en aplicación estricta a lo señalado anteriormente, debemos manifestar que la conducta atribuida al ex ministro, Aurelio Pastor Valdiviezo, no reúne un carácter penalmente relevante, y más bien, se reduce -y como la de algunos profesionales en la materia- en un acto de charlatanería. Digo esto porque si bien es cierto de la mantenida conversación telefónica se advierte de que aquél indica tener relaciones en los escenarios donde se ventila la causa materia de litigio, no es suficiente para señalar de que estamos frente al delito de tráfico de influencias, máxime si no se ha puesto en peligro, y mucho menos lesionado el bien jurídico citado: «la imparcialidad y objetividad de la función pública competente para resolver la causa«. Señalado esto, no estamos afirmando que el presente delito exija la presencia de un resultado para su configuración (no esperamos que se expida la resolución con el resultado a favor del sujeto activo), sino de que se colija que la función pública está perdiendo tales características por precisamente la intervención del sujeto activo ante la autoridad competente (sea por su influencia real o simulada invocada ante el solicitante) mediante actos tendentes a favorecerlo en virtud de la cercanía-poseída antes o producida después de la invocación- de uno frente al otro (tráfico de influencias) y no de exclusivamente por alguna ventaja económica (cohecho). Sólo de esta manera estaremos frente a un hecho lesivo para el Derecho Penal.

6. Finalmente, debemos agregar que, hoy en día es importante hacer tal distinción puesto que existen profesionales que invocan tener relaciones reales o simuladas (por amistad, por haber tenido otros procesos ese fuero, por vínculo familiar, etc.) para poder asumir la defensa de la causa; no obstante, ello no es suficiente para reprimir tales conductas al menos en virtud a una lesión al correcto funcionamiento de la administración pública. Esto sucederá solamente, y como bien hemos marcado arriba, si queda afectado un sector del funcionamiento de ésta, a saber, la función pública se vuelve a favor de uno en razón no de argumentos jurídicos sino por la cercanía tenida (influencia real) o generada después de haber obtenido la confianza para la defensa (influencia simulada).


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