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Sistema obligatorio de pensiones: una lesión a la autonomía privada

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Por: Gino Rivas.

Alumno de la Facultad de Derecho de la PUCP



Alberto, de 30 años, es un prestigioso ingeniero hidráulico que ejerce su profesión de manera independiente. Él sabe que, si bien no goza de conceptos como gratificaciones o reparto de utilidades, su ingreso mensual es casi el mismo al de un trabajador asalariado de su misma categoría y por lo tanto prefiere seguir trabajando por su cuenta. Una de las principales razones por las que Alberto trabaja como independiente está en el hecho de que, a diferencia de los empleados dependientes, él no está obligado a aportar monto alguno a un plan de pensiones. Alberto tiene nulo interés en el futuro lejano (su vejez) y le gusta disponer de la totalidad de su sueldo tan pronto lo recibe, cosa que no podría hacer si fuese asalariado.

El problema que pronto enfrentará Alberto es que, fruto de la modificación del marco legal del sistema de pensiones[1], el Estado le impondrá la obligación de aportar una fracción de sus ingresos a la ONP o a una AFP. De esta manera, Alberto no podrá disponer de la totalidad de las ganancias que genera, en tanto parte de ellas pasarán a las manos de un ente ajeno a él. Alberto no encuentra motivo que amerite la futura mutilación de parte de su derecho de propiedad.

Al igual que Alberto, nosotros tampoco podemos comprender la obligatoriedad del sistema de pensiones. Creemos que las personas tienen el derecho a disponer de sus ingresos de la manera en que más les guste, y si alguien contempla como opción preferida derrochar todo el dinero hoy y no guardar nada para una etapa difícil como la vejez, ¿quién es el Estado para impedirlo? ¿Qué poder lo legitima a intervenir en una decisión que para nada le incumbe?

Para el Estado, sin embargo, sí existen motivos para una decisión de esta magnitud. Bajo un prisma paternalista[2], la afectación a la autonomía de los privados se justifica cuando estos últimos no pueden elegir por si mismos lo que más les conviene. En este caso específico, se alega que las personas por sí mismas no son capaces de ahorrar lo suficiente para la vejez, es decir, que sucumben  frente a la opción de gastar todo hoy y no guardar para el futuro[3] (fuerza de voluntad limitada o bounded will power[4]). Los estatistas se  defienden, entonces, valiéndose de conceptos de derecho y economía conductual, los cuales, si bien puede ser correctos, no pueden ser sustento suficiente para tomar una medida tan extrema como la obligatoriedad de aportar.

La presunción que tiene el Estado de que los privados no ahorrarán por sí mismos puede ser criticada con más de un argumento: primero, no todos encuadran en ese perfil (sino no sería una presunción, sería una verdad) pero todos se ven afectados; y, en segundo lugar, para aquellos que encuadran en el referido planteamiento una medida obligatoria resulta un camino facilista, en nuestra opinión, no se trata de obligar, se trata de educar y asesorar

Esto último es lo que propone el paternalismo libertario[5], como contrapropuesta al paternalismo tradicional, se acepta que en ciertos casos el agente no escoge las mejores opciones pero a la vez se protege su libertad de elección. La intervención del estado, bajo esta teoría, se aboca a proporcionar a las personas elementos indicadores para sopesar la mejor decisión, no a forzar la misma. El paternalismo libertario, entonces, es una propuesta que, sin afectar la autonomía de los privados, representa un medio para que el Estado cumpla su objetivo de proteger a sus ciudadanos.

Medidas paternalistas libertarias para el caso pueden ser, a manera de ejemplos, las siguientes: la inscripción por default a una AFP, lo cual exime al ciudadano de tener que realizar un trámite y, por lo tanto, reduce a cero el coste y dificultad de afiliarse a un sistema de pensiones; así también, otra propuesta consiste en establecer un tiempo de espera entre la solicitud de la desafiliación y la continuación del referido trámite, a efectos de lograr que el ciudadano pueda reflexionar de manera detenida sobre la decisión que está tomando.

En suma, si el Estado considera que los ciudadanos no saben qué es lo mejor para ellos creemos que su tarea puede dividirse en: i)informar a los mismos de las consecuencias a largo plazo de su decisión (Estado educador) y ii) recomendar, de manera explícita o implícita,  cuál la mejor opción para ellos (Estado asesor), dejándoles la decisión en su propia esfera. Ambas funciones pueden hacerse con medidas pequeñas y discretas (de bajo coste), medidas como las mencionadas en el párrafo anterior.

El Estado, entonces, puede asumir un rol activo en cuanto a la protección de los ciudadanos. Creemos que es importante que los individuos comprendan y cuenten con toda la información necesaria para enfrentar una decisión relevante y, a la vez, que puedan ser asesorados en cuanto al mejor camino a seguir. Sin embargo, lo primordial es mantener incólume el libre albedrío de los agentes; es sobre este concepto intangible sobre el cual se pueden trabajar medidas estatales, no transgrediéndolo.


[1]   El día  06 de julio de 2012 el congreso aprueba la reforma del sistema de pensiones. A la ya existente obligatoriedad del aporte para los trabajadores dependientes, se impone el aporte para todos los trabajadores menores de 40 años. Esta medida, entonces, deriva en la obligación de aportar incluso para los independientes (siempre que su edad sea inferior a 40)

[2]   El Paternalismo estatal plantea que existe un deber de cuidado que tiene el Estado para con sus ciudadanos. Así, la maquinaria estatal debe tomar medidas y precauciones para lograr que los ciudadanos, en temas relevantes, no afecten sus propios intereses, aún si esto implica suprimir la facultad de decisión de los referidos.

[3]   WEISS, Deborah. “Paternalistic Pension Policy: Psychological Evidence and Economic Theory” enUniversity of Chicago Law Review N°58  (1991) p. 1276.

[4]   JOLLS, Christine, SUNSTEIN, Cass R., y THALER, Richard, “A behavioral approach to law and economics” en Stanford Law Review, vol. L, 1998, p. 1479

[5]   Concepto acuñado por Richard Thaler y Cass Sunstein; para mayor abundamiento, véase: SUNSTEIN, Cass R y THALER, Richard H., “Libertarian Paternalism is not an oxymoron”enUniversity of Chicago Law Review, vol. LXX, núm 4, 2003, pp. 1159-1202.

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