Resolución anticipada ¿Existe realmente en México?

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La Organización Mundial del Comercio tiene como uno de sus objetivos primordiales la facilitación del comercio internacional entre sus miembros y uno de los mecanismos para lograrlo es a través de la modificación de su normatividad interna, a fin de que esta última tenga congruencia con las disposiciones de la organización.

El Acuerdo de Facilitación del Comercio es un instrumento dirigido a la eliminación de barreras no arancelarias entre los miembros de la Organización Mundial del Comercio que busca favorecer el comercio internacional con mecanismos menos enervantes y sobre todo con la homologación de ciertas bases jurídicas mínimas que otorguen certeza entre los comerciantes.

No obstante, México no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones como miembro de la OMC y ha sido omiso en reformar su legislación doméstica para adaptarla a lo establecido en el Acuerdo, es decir, en la actualidad existen normas mexicanas contradictorias con el Acuerdo,  cuya colisión conduce a la falta de certeza jurídica para los comerciantes y consecuentemente la carencia de facilidades para lograr el tráfico de las mercancías a través de las fronteras.

Así es, el tema relativo a las “resoluciones anticipadas” es un tópico aún no resuelto por las autoridades legislativas del gobierno mexicano, esto debido a que no se ha cumplido con el compromiso de realizar una adecuada incorporación del Acuerdo de Facilitación en lo que respecta al trámite para obtener este tipo de resoluciones de la autoridad aduanera.

El artículo 3° del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio establece que cada miembro emitirá, en un plazo razonable una resolución anticipada para el solicitante que hay presentado una solicitud escrita que contenga toda la información necesaria y que, si un miembro se niega a emitir una resolución anticipada, lo notificará al solicitante por escrito y sin demora, indicando los hechos pertinentes y el fundamento de su decisión.

El objeto de esta disposición es permitir a los solicitantes obtener certeza jurídica respecto del tratamiento que la autoridad aduanera otorga a cierta mercancía en particular y así lograr un comercio internacional mucho más expedito y con fluidez, pero sobre todo esa seguridad de que la mercancía que el solicitante pretende importar no se encuentre en riesgo de ser bloqueada o retrasada en la aduana al momento de su internación al país de destino.

Este artículo es de enorme beneficio para lograr la anticipación necesaria que permita la celebración de operaciones internacionales de suma relevancia entre comerciantes de México y miembros de la Organización Mundial del Comercio y así no se trafiquen mercancías serán bloqueadas o retenidas por la aduana mexicana, evitando la generación de daños y perjuicios para ambos comerciantes.

A pesar de lo anterior, México se ha resistido en adaptar un mecanismo que resulte lo suficientemente veloz y que otorgue la suficiente certeza jurídica para que los comerciantes logren encontrar el contexto jurídico facilite el comercio de mercaderías que en muchas ocasiones son de difícil clasificación.

En efecto, el procedimiento mexicano para obtener una resolución anticipada carece de los requisitos necesarios y por ende se encuentra distante de cumplir con el objetivo del Acuerdo. Este procedimiento se encuentra contenido en el artículo 78-B de la Ley Aduanera:

“Los importadores podrán formular consulta ante las autoridades aduaneras sobre el método de valoración o los elementos para determinar el valor en aduana de las mercancías.

La consulta deberá presentarse antes de la importación de las mercancías, cumplir con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y contener toda la información y documentación que permita a la autoridad aduanera emitir la resolución.

Cuando no se cumpla con los requisitos mencionados o se requiera la presentación de información o documentación adicional, la autoridad podrá requerir al promovente para que en un plazo de 30 días cumpla con el requisito omitido o presente la información o documentación adicional. En caso de no cumplirse con el requerimiento en el plazo señalado, la promoción se tendrá por no presentada.

Las resoluciones deberán dictarse en un plazo no mayor a cuatro meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o esperar a que esta se dicte. En caso de que se requiera al promovente para que cumpla con los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido.

La resolución que se emita será aplicable a las importaciones que se efectúen con posterioridad a su notificación, durante el ejercicio fiscal de que se trate, en tanto no cambien los fundamentos de hecho y de derecho en que se haya basado, no sea revocada o modificada y siempre que la persona a la que se haya expedido no haya manifestado falsamente u omitido hechos o circunstancias en los que se haya basado la resolución.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el método o los elementos determinados en la resolución podrán aplicarse a las importaciones efectuadas ante su notificación, durante el ejercicio fiscal en que se haya emitido la resolución, en los términos y condiciones que se señalen en la misma, siempre que no hayan iniciado facultades de comprobación con relación a dichas operaciones.”

Lamentablemente este artículo no incorpora de manera adecuada el contenido del diverso artículo 3° del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y por lo tanto tampoco otorga la certeza jurídica que se busca lograr. Esto porque amen de no establecer específicamente a qué autoridad deberá de dirigirse, su principal falla se encuentra al establecer que operara la figura de la “negativa ficta” si después de transcurridos los cuatro meses la autoridad aduanera no da respuesta a la solicitud formulada por el comerciante.

Así es, existe una importante contradicción entre la legislación mexicana y el Acuerdo sobre Facilitación en el punto relativo la utilización de la figura de la “negativa ficta”, toda vez que el artículo 3° anteriormente citado contiene la obligación de que la autoridad aduanera emita una resolución para el solicitante y, en el caso de que se negare a dar respuesta, lo deberá notificar por escrito y sin demora, indicando los hechos pertinentes y el fundamento de su decisión y dicho artículo es sumamente específico al señalar que, la autoridad aduanera, sólo podrá negarse a emitir una resolución para el solicitante si la cuestión que se plantea en la solicitud: (i) ya está pendiente de decisión en un organismo gubernamental, tribunal de apelación u otro tribunal al que el solicitante haya presentado el caso; o (ii) ya ha sido objeto de decisión en un tribunal de apelación u otro tribunal.

Como puede verse, las estipulaciones que contiene el artículo 3° del Acuerdo sobre Facilitación van dirigidas de manera concreta y específica a obligar a la autoridad aduanera a brindar la mayor certeza posible a los solicitantes y esto se logra única y exclusivamente con una resolución que dé respuesta a su solicitud o en caso de que la autoridad aduanera decida negarse a dar respuesta –sólo podrá realizarlo cuando se encuentre en las hipótesis ahí establecidas– verdaderamente lo comunique al solicitante por escrito debidamente fundado y motivado, no sólo pretender negar la petición a través de la omisión de dar respuesta.

En efecto, la figura de la “negativa ficta” que se encuentra contenida en el artículo 78-B de la Ley Aduanera colisiona por completo con la obligación del Acuerdo sobre Facilitación de dar certeza al solicitante, porque precisamente lo que se busca evitar es la ausencia de respuesta. El Acuerdo es claro en establecer el deber de la autoridad aduanera de dar respuesta a través de una resolución y de manera muy concreta contempla los únicos dos casos en los que se puede negar a dar respuesta dicha autoridad, lo cual también deberá de ser comunicado al solicitante, es decir, el objetivo primordial de pedir una resolución anticipada es obtener una respuesta por parte de la autoridad, lo que evidentemente no se cumple en lo absoluto con la figura de la “negativa ficta”.

Evidentemente lo anterior es un tema que deberá ser atendido por las autoridades legislativas mexicanas para lograr que exista una verdadera adecuación de la legislación local al artículo 3° del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio; sin embargo, mientras tanto eso sucede, es de suma relevancia mencionar que existen herramientas jurídicas que deberán ser utilizadas por los solicitantes a fin de lograr una verdadera incorporación del Acuerdo a la legislación de México.

Con la reforma constitucional mexicana del 10 de junio del 2011 el paradigma constitucional cambió y se formó el llamado “bloque de constitucionalidad”, lo que significa que además de las normas contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también los tratados y acuerdos internacionales singados y ratificados por México conforman el bloque de normas con grado constitucional que deben de ser atendidas y cumplidas por todas las autoridades en ese país.

Por consiguiente, toda autoridad jurisdiccional mexicana se encuentra obligada a tutelar y mantener la vigencia de las normas contenidas en los tratados y acuerdos internacionales por encima de las leyes locales, cuando estas se encuentren en discordancia, a fin de garantizar la eficacia del sistema jurídico. A esta aplicación de las normas internacionales sobre las locales se le denominó “control difuso convencional”.

El control difuso de constitucionalidad y convencionalidad se extiende a toda clase de autoridad, sin que pueda segregarse o limitarse el ejercicio de dicho control a una mera interpretación conforme, toda vez que eso podría traer consigo grados de ineficacia por parte de las autoridades en momentos de posibles violaciones a derechos humanos.

Con lo establecido por el primer artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos queda evidenciado que todas las autoridades jurisdiccionales tienen el deber de ajustar sus procedimientos, normas y actos, a los preceptos constitucionales (bloque de constitucionalidad), aún cuando las leyes secundarias establezcan otra cosa.

En ese contexto, resulta de gran relevancia el que todos y cada uno de los solicitantes, cuando obtengan una resolución por vía de la “negativa ficta”, combatan ante la autoridad jurisdiccional las resoluciones de la autoridad aduanera que hayan obtenido mediante esa figura y con ello se logre obtener el precedente jurisdiccional que contenga el pronunciamiento que determine inaplicar el contenido del artículo 78-B de la Ley Aduanera y en su lugar se lleve a cabo la aplicación del contenido en el artículo 3° del Acuerdo Sobre Facilitación del Comercio o su caso se logre la declaratoria inconvencionalidad respecto de los párrafos del 78-B de la Ley Aduanera por resultar contradictorio con el Acuerdo. Ya que sólo así existirá la posibilidad de que, ante la implementación de las herramientas de la reforma constitucional de 2011, las autoridades legislativas se pongan a trabajar y con ello se logré un verdadero procedimiento para la obtención de resoluciones anticipadas.


Imagen obtenida de: https://bit.ly/2oOMO3P

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