El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el jueves pasado una acción ejecutiva que ampara la deportación de entre 4.5 y 5 millones de inmigrantes indocumentados de los 11 millones que residen en el país.

Por su parte, líderes republicanos en el Congreso norteamericano están evaluando cómo responder a esta medida. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, indicó que está trabajando con sus miembros y que «la cámara va a actuar», pues el presidente estaría socavando el Estado de Derecho, poniendo vidas en riesgo y a la par, “dañando la presidencia misma”.

Al respecto, en el presente editorial procederemos a explicar los aspectos más importantes de esta medida y analizar la postura de los republicanos al considerar la medida como una amnistía inconstitucional.

En primer lugar, consideramos preciso esclarecer que esta medida no otorga derecho a la ciudadanía o una residencia permanente para los indocumentados elegibles, solo evita la deportación y una presencia legal. El derecho a la ciudadanía es un beneficio que solo puede ser conferido a los inmigrantes sin papeles por el Congreso a través de una reforma migratoria.

En este sentido, esta medida beneficia a dos clases de indocumentados: por un lado, a inmigrantes indocumentados que han estado al menos cinco años en Estados Unidos de manera ininterrumpida y tienen hijos ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes. Y, por el otro, a indocumentados que entraron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad (también conocidos como “dreamers”) que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 de forma ininterrumpida no importando la edad.

Asimismo, estos deben cumplir una serie de requisitos para evitar la deportación, tales como demostrar que cumplen con la fecha de permanencia, así como que son padres de hijos ciudadanos o residentes legales permanentes y llevan al menos cinco años en el país de manera ininterrumpida, y que carecen de antecedentes criminales, entre otros.

Los beneficios que esta medida conlleva se limitan a, como ya se mencionó, frenar temporalmente la deportación, y obtener un permiso de trabajo.

Estos beneficios se extenderían por un periodo de tres años, renovables. Es decir, un nuevo presidente la podría derogar antes con otra acción ejecutiva.

Con respecto a la oposición republicana, se puede apreciar que esta rechaza el uso de la autoridad ejecutiva de Obama como una manera de aplicar su poder. Algunos gobernadores y representantes republicanos han señalado que demandarán al presidente por la naturaleza «inconstitucional» de la medida, mientras otros más extremistas desean paralizar el gobierno a través de una confrontación presupuestaria, algo que el liderazgo republicano en el Senado ha descartado.

Una mayoría republicana considera que el presidente de los Estados Unidos excedió los límites de su autoridad y desconoció la voz del congreso, pues esta acción es considerada como un exceso en sus atribuciones.

Por su parte, los asesores del presidente aseguran que este optó por esta medida tras la negativa de los republicanos en el Congreso en votar a favor de una reforma para reparar el sistema migratorio descompuesto, reforma que llegó al Senado desde hace más de 500 días. Al respecto, Barack Obama manifiesta que “si los republicanos hubieran permitido un voto de ese texto legislativo, ahora sus medidas no hubieran sido necesarias”

Es por este motivo que en su discurso del pasado jueves, Obama dejó en claro que la acción ejecutiva representa un alivio migratorio temporal, y que una solución permanente está en manos del Congreso con la aprobación de una reforma migratoria comprensiva e integral. Asimismo, admitió que la acción ejecutiva no es suficiente, pero sí un primer paso para mejorar la situación migratoria. En otras palabras, podemos decir que esta medida representa un paliativo, mas no una reforma integral.