El diario El Comercio publicó el pasado domingo 17 de junio de 2012 una encuesta nacional urbana de la empresa Ipsos Apoyo, elaborada para el mismo diario, sobre “aprobación presidencial” y la “desaprobación en la actuación del gobierno, dirigentes y mineros” a propósito de los últimos acontecimientos del conflicto social minero en la provincia de Espinar, región de Cusco. Llama la atención la posible manipulación del contenido y la tergiversación en la interpretación de la citada encuesta sobre el tema del uso de la violencia para controlar la protesta social.
Frente a la pregunta: “Con respecto a las acciones tomadas por el gobierno contra los que protestan en los conflictos mineros ¿Considera que se está actuando en forma muy severa, de forma correcta o de forma muy blanda?” La respuesta fue la siguiente:
“[Actuación del gobierno] correcta: 23%
[Actuación del gobierno] severa: 26%
[Actuación del gobierno] muy blanda: 41%
[Actuación del gobierno] sin precisión: 10%”
(El Comercio, 17 de junio de 2012, página A-4)
Interpretando este resultado, el Sr. Alfredo Torres, representante de la empresa encuestadora, opina en el mismo diario:
“El pueblo pide más firmeza al gobierno.
“Como era de preverse, la aprobación del presidente Ollanta Humala bajó este mes (….) los conflictos sociales y la sensación de desgobierno que tiene la población parecen ser la principal causa de esta caída (….) el gobierno no es percibido como autoritario, sino, más bien, como muy blando frente al desorden (….) La ciudadanía prefiere el diálogo para la solución de conflictos, pero cuando la protesta se excede, demanda el restablecimiento del orden público (….)” (Ibid)
Conforme a los resultados mostrados en la encuesta, el 41% de la población entrevistada dio como aparente respuesta la “muy blanda” actuación del gobierno central frente a las protestas por conflictos sociales y mineros. La interpretación del Sr. Torres resulta aparentemente legítima cuando dice que “el pueblo pide más firmeza del gobierno”. Sin embargo, esta opinión, puede, a su vez, interpretarse de la siguiente forma:
– Frente a los actos de protesta de los conflictos sociales mineros no bastan 2 muertos y decenas de heridos, como ocurrió tras el control de las protestas de la provincia de Espinar, a fines de Mayo último, sino el equivalente a 33 muertos, un desaparecido y cientos de heridos, entre policías y civiles, como ocurrió en Bagua en Junio de 2009.
– Lo que estaría deseando el Sr. Torres es más violencia institucional, del Estado, para proteger a las empresas mineras que proveen de recursos tributarios a nuestro gobierno, no importando las muertes ni los heridos al imponerse el “orden público”.
¿Es correcta esta segunda interpretación?
Aparentemente también es legítima, pero manipulada, sesgada o tergiversada. Pero es que manipulada también es la encuesta citada y sesgada la interpretación pública del Sr. Torres. Si analizamos la fuente de entrevistados aplicada en la encuesta notaremos que está basada en una muestra de 1,207 personas, con un aparente nivel de representatividad de 75.2%, bajo un universo de población URBANA del país (ver datos con letras minúsculas en pág. A-4). Esto significa que los entrevistados en las encuestas son un grupo muy reducido de ciudadanos, además solo URBANOS, que pone en duda la aparente representatividad nacional de 75.2% de nuestra población nacional. El 41% del 75.2 %, además, sería menos de un aparente 30% de la población nacional al 100%.
Si tenemos en cuenta que los conflictos sociales mineros tienen como universo la zona rural del país, notaremos que los encuestados urbanos no son los representativos para evaluar el tema de la violencia en los conflictos objeto de la encuesta. ¿Por qué no se encuestó con la misma pregunta a la población rural, que incluyendo a la población rural-urbana puede ascender a 40% de la población nacional? ¿Son estas personas también excluidas para las encuestas?
Lo más lamentable es que un representante de una empresa importante, utilizando un medio de comunicación masivo, difunda una interpretación sesgada o tergiversada sobre un tema muy sensible como es el uso de la violencia institucional frente a las protestas. ¿Conocía el Sr. Torres de los límites de su encuesta nacional? ¿Al opinar sobre la necesidad de una mayor firmeza de parte del gobierno central contra las protestas no estaría afectando la defensa de otro derecho fundamental más reconocido constitucionalmente como es la vida humana? ¿No es esta forma de opinión pública una apología de la violencia institucional que puede entenderse como un tipo de terrorismo contra la población rural? Para quienes creemos en la defensa de la vida de las personas, sea urbana o rural, estas preguntas pueden orientar la más legítima y no manipulada interpretación.
