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El tratamiento de un desastre político ¿Cómo resolver el conflicto de Espinar?

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Tras los lamentables sucesos que terminaron en muertes, decenas de heridos e inmensos daños materiales  en la Provincia de Espinar, Región de Cusco, producto del enfrentamiento entre agentes policiales y la población local que se encontraba en protesta hacía fines de Mayo,  cabe reflexionar propuestas o alternativas para evitar que los efectos del desastre político producido continúe. ¿Cuáles son estas propuestas o alternativas para resolver el conflicto aún existente en Espinar y evitar mayores desastres?

En primer lugar, es imprescindible comprender que el conflicto no es policial ni militar, sino político, social, cultural y económico. Solo parcialmente es ambiental o sanitario. En esta perspectiva comprendamos que la población local de Espinar se integra por comunidades andinas de origen Aymara y Quechua dedicadas principalmente a la actividad pecuaria, cuyos territorios se localizan a 4000 metros sobre el nivel del mar, y comparten otra cultura, otra economía, con otra organización social y política. Bajo este contexto, líderes como el padre Marco Arana, el dirigente Herbert Huamán o el mismo alcalde Oscar Mollohuanca pueden influir en la decisión de la población, pero ésta no les creerá y no se movilizará si es que no SIENTE daños concretos. Es la muerte de sus animales o ganado la que puede producir una férrea movilización. Con esas muertes es que su orden económico, social y cultural se altera, y con ello puede entenderse justificado, en su percepción, la realización de una movilización política violenta.

En segundo lugar, es urgente controlar las causas y efectos del conflicto sentido por los comuneros y la población local. Si está en duda que la empresa minera cercana sea la causante de los daños, por PRECAUCIÓN (principio constitucional precautorio) hay que investigarla y al indicio razonable de su responsabilidad, disponer la suspensión de sus actividades. Si los funcionarios del Estado no actúan con esta urgencia y precaución están agudizando la acumulación del conflicto que puede estallar con efectos más gravosos. Si los funcionarios actúan con esa urgencia y precaución, generarán confianza en la población.

En tercer lugar, hay que poner en práctica un efectivo DIÁLOGO INTERCULTURAL. Para ello es necesario dar facilidades en medios y recursos a los representantes de las comunidades o pueblos afectados para que cuenten con asesores y traductores de su confianza y participen en una mesa de diálogo donde expongan LO QUE SIENTEN. Las autoridades del Estado tienen que escuchar, pero también tienen que convocar a los representantes de las empresas mineras involucradas para que igualmente escuchen y expongan su defensa. No se trata de un diálogo técnico, sino cultural, de intercambio de palabras y conocimientos en quechua y castellano que acerque a las partes en conflicto. Cabe aclarar que el Estado no es parte del conflicto: es receptor, mediador y/o previsor del conflicto, pero no es parte. Si las autoridades del Estado actúan como parte del conflicto, no estarían buscando la solución. Habría que buscar a otro mediador.

En cuarto lugar, el diálogo intercultural tiene que extenderse a otros pueblos y otras autoridades involucradas con el conflicto. Inmediatamente después del diálogo con las comunidades o pueblos directamente afectados, hay que proseguir el diálogo con las comunidades adyacentes, las autoridades municipales locales, los gremios o instituciones directamente interesados, y con las autoridades regionales.

En quinto lugar, las autoridades del Estado tienen que promover acciones legales inmediatas para investigar y sancionar a los autores de los lamentables sucesos. Las muertes, los heridos, como los daños materiales tienen autores originarios, mediatos y directos. En este caso, los autores originarios y mediatos pueden ser más “peligrosos” que los autores directos. Si es que hubo un derrame contaminante de una empresa minera, deben ser los representantes de la empresa y los funcionarios públicos que no fiscalizaron a la empresa los principales investigados. Si los sucesos fueron promovidos a partir de una información ambiental manipulada, las autoridades o personas que utilizaron esta información deben ser los principales investigados. En cualquier caso, si no hay investigación y sanción a los responsables, el conflicto continuará.

Por último, se debe respetar y cumplir con los acuerdos a los que se arribe en el diálogo intercultural. Uno de los acuerdos puede ser indemnizar a las familias que sufrieron los daños producto de la contaminación o de los hechos de violencia. Esta indemnización no es difícil si es que se coordina con las autoridades comunales y su organización colectiva. Otro acuerdo puede ser la participación de los comuneros o pobladores locales en el monitoreo de la fiscalización ambiental y control de daños. Igualmente, es una acción no compleja si es que se coordina con las autoridades comunales y su organización colectiva.

Sin embargo, el conjunto de estas sugerencias requiere de dos aspectos previos que faciliten su ejecución. De un lado, es importante que las autoridades del Estado que inicien las acciones cuenten con legitimidad ante la población damnificada o aún enardecida. No pueden ser personas que directa o indirectamente promovieron el desastre político. De otro lado, es importante que se dé muestra de la superación de toda posible duda sobre una supuesta actuación arbitraria de los agentes del gobierno central. En tal caso, la liberación condicional del Alcalde Oscar Mollohuanca, procesado bajo la duda de un debido proceso constitucional, es imprescindible.

Si las autoridades del Estado y los representantes de las empresas mineras que resultan involucradas se colocaran en la situación de los comuneros o pobladores damnificados del conflicto de Espinar, es seguro que la solución no tardará. Las alternativas de solución propuestas dependen en gran medida de esta simple sensibilización. Caso contrario, estaríamos optando por continuar lamentando posibles desastres políticos.

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