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¡Pero si su mamá también trabaja!

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Hace tres décadas, se engendró el Código Civil de 1984. Esto sucedió porque se preguntaron los grandes juristas de aquella época si existía la necesidad de introducir cambios en el conjunto de reglas que regulaban nuestras relaciones y convivencia civil -hasta ese momento contenida en la versión 1936 del mismo cuerpo normativo. Como consecuencia, el nuevo código introdujo, ante la mirada complacida de la comunidad jurídica mundial, importantes cambios derivados de una concepción igualitaria ante la Ley entre hombres y mujeres, ya mucho más avanzada en nuestra sociedad, entrado los años ochenta. Entre estos, llegaron nuevas redacciones con importante trasfondo filosófico, que, a la luz de la Constitución de 1979,  nivelaron fuerzas en lo que respecta a la patria potestad y otros aspectos del denominado Derecho de Familia.

Dicho esto, cabe preguntarnos – treinta años después- si existen nuevas diferencias estructurales en nuestra sociedad derivadas de aquellos años posteriores al cambio y que merezcan hoy la revisión de algunos de los lineamientos legales que rigen el Derecho de Familia local, en tanto su formato actual podría resultar anacrónico a la luz de un análisis comparativo entre la familia peruana de 1984 y la de hoy. La respuesta creemos que es afirmativa. Se han dado cambios tan trascendentes en el Perú en estas tres décadas, que han derivado en que algunas de nuestras normas marchiten el importante y necesario asidero que tuvieron al momento de ser diseñadas. Lo señalado no pretende ser una crítica al Código Civil de 1984, sino la enunciación de la necesidad de una revisión técnica, en algunos recodos procesales en materia de familia, que deberían dar fe de las normas sustantivas que los transitan.

En el presente artículo, exponemos un matiz contenido en la faceta práctico-judicial del Derecho de Familia y que, a pesar de ser una realidad para miles de personas, no suele ser objeto de mayor debate. Este es el hecho de que -en ese ánimo ochentero y moderno de brindar un rol paritario a la mujer en la conducción de la familia- se desarrolló un marco normativo que lejos de brindarle la deseada igualdad, la empoderó a priori como a un “mejor sujeto” dentro del conflicto. Esto en comparación con el hombre, quien recibiendo el saldo, quedó convertido  en una figura de menor protección y a la que nuestro derecho ofrece un trato muchas veces discriminatorio, principalmente de cara a la culminación de su relación sentimental con la madre de sus hijos.

Es una realidad que en la época en que fue concebido el Derecho de Familia que nos rige a la fecha, existía una brecha muy grande entre el rol que desempeñaban hombre y mujer como agentes económicamente activos. Naturalmente, esa brecha no ha desaparecido, en tanto sigue existiendo aún un porcentaje mayor de varones en la población económicamente activa; no obstante, resulta poco serio retratar a la mujer como la parte [automáticamente] débil en todo conflicto de familia. No es algo que corresponda al Derecho, en primer lugar porque sostener tal hipótesis responde a una concepción romántica del Derecho Civil cuya finalidad sería la de “proteger a los débiles”, en lugar de regular nuestras relaciones civiles, justamente para que no exista una parte [automáticamente] débil; y por cuanto resulta doblemente discriminatorio [contra la Mujer y contra el Hombre a la vez]. Nuestra normativa no debe estar diseñada como el guión de una historieta, bajo la concepción de un espíritu noble y frágil, y otro fuerte y malvado.  Veamos dos ejemplos:

1. El Artículo 565 del Código Procesal Civil.

Me siento a conversar con Miguel y me cuenta que se ha separado de su esposa y que se van a divorciar, que tienen dos hijos hombres de 7 y 10 años, y que se encuentra en constantes conversaciones con ella en relación a la pensión que él le va a tener que entregar y a los espacios de tiempo que ella le va a conceder -si se porta bien- para que pueda ver a sus hijos. Ella le ha dicho que, si le paga puntual, le dejará algunos fines de semana incluso pasear con sus hijos, pero que estos no van a dormir donde él. Dice que a ella todas sus amigas del trabajo le han dicho que él le tiene que dar el 60% de su sueldo, de sus gratificaciones y de las utilidades que le pagan en la empresa. Miguel también agrega que su esposa le pidió que se vaya de la casa, a lo que él accedió sin dar pelea, pero que extrañamente al día siguiente ella le interpuso una denuncia en la comisaría en la que alega que él había abandonado el hogar sin justificación alguna. Me dice Miguel -como corolario- que sabe que el inminente divorcio es culpa suya y que entiende que por esa razón va a tener que renunciar a convivir con sus hijos. Asimismo, aunque a él le da un poco de vergüenza aceptarlo, también le fastidia que se le cercene un sueldo que -después de 10 años en la compañía en la que trabaja- ha logrado obtener para ahora entregarlo a su mujer, a pesar de que ella también trabaja y de que no gana un mal salario.

Análisis.- Si en este punto el lector ha pensado que Miguel le fue infiel a su esposa ya vamos probando la hipótesis planteada; en mayor medida si ha pensado que por ser culpable Miguel de la separación (ruptura de índole sentimental entre el padre y la madre) esto debe tener repercusión en la pensión de alimentos y relación con sus hijos.

Como sociedad, presupondremos siempre que el hombre es el victimario-fuerte y la mujer la víctima-débil (como ejemplo, pondremos que la Mujer tiene un Ministerio que comparte con las Poblaciones Vulnerables; el Hombre no tiene Ministerio propio). En un juicio de familia, se refleja lo mismo. Por ejemplo, la mujer puede demandar al hombre una pensión de alimentos, para lo que bastará –básicamente- que señale el nombre y domicilio del sujeto, pues cualquier otro requisito puede ser dispensado. Emplazado el hombre con la demanda, en cambio, no sólo sucederá que el Juez solicitará a su centro de trabajo el informe por escrito sobre su remuneración, gratificaciones, vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que provenga de la relación laboral de éste [Artículo 564 del Código Procesal Civil] -lo que no hará respecto del centro de trabajo de la mujer-, sino que deberá adjuntar como requisito para la procedencia de su contestación (o sea, para ejercer su defensa) [Artículo 565 del Código Procesal Civil] la declaración jurada presentada para la aplicación de su impuesto a la renta o del documento que legalmente la sustituye.

Ello suena y es totalmente lógico, en tanto que la pensión de alimentos debe ser regulada tomando como base para su cálculo dos aspectos fundamentales: la necesidad del alimentista y las posibilidades de quien paga los alimentos. Sin embargo, surge una pregunta también bastante lógica: si tanto el padre como la madre son obligados al sostenimiento de sus hijos, ¿por qué entonces no se exige, bajo la lógica de la paridad entre las partes, un informe al centro de trabajo de la madre y que la mujer también presente como requisito de procedencia de su demanda una constancia que acredite sus ingresos económicos? Si la respuesta es que la mujer es la demandante, caemos en la falacia de sostener que entonces en un juicio de alimentos el demandante es víctima y el demandado victimario. Estaríamos confirmando que la pensión de alimentos se regula sobre la base de una visión moral y no bajo un criterio objetivo; más aún si tomamos en consideración que justamente el ingreso de la madre y su aporte proporcional deberían disminuir, al momento del cálculo, la afectación de las pensiones del demandado. Además, quien piense que la demanda obedece necesariamente a un incumplimiento del padre, se equivoca. En gran cantidad de casos, la demanda se interpone sencillamente porque los padres no están de acuerdo en el monto y forma en que deberá pagarse la pensión de alimentos [téngase en cuenta que se trata de parejas que en base a sus diferencias se están separando, que ya están separadas, o que nunca estuvieron juntas en una relación formalmente entendida].

Sin poder extendernos demasiado, sostenemos desde el presente artículo que lo anterior merece una revisión normativa sencilla, pero trascendental, en tanto sería consecuente con la paridad que buscó obtener el Código Civil de 1984. Así, el Artículo 565 del Código Procesal Civil debería contener, de forma adicional en su redacción, la obligación para la mujer de probar sus ingresos como requisito de procedencia de su demanda y, en ausencia de estos, que presente una declaración jurada de no contar con ingresos bajo ninguna modalidad, lo mismo debería suceder con el Artículo 564 que lo precede, en relación al centro de trabajo de la demandante. De ese modo, el  juzgador tendrá –recién- los elementos necesarios para poder establecer la pensión de alimentos en forma fácil y clara, quitando de los hombros del demandado el peso de probar, además de sus propios ingresos, los de la demandante, en un escenario contrario a todo principio que busque igualdad entre las partes que conforman el juicio.

 2. La Pensión de Alimentos-Sanción.

Miguel ha renunciado a vivir en la casa que compró junto con su mujer, ambos pagaron la inicial y las cuotas mensuales de la hipoteca. En los hechos, Miguel deberá, además de pagar la pensión de alimentos, buscar un nuevo lugar donde vivir. En este caso, incorporándose una nueva carga económica en su vida que probablemente no sea tomada en cuenta. Lo que sí sucederá es que, si la demandante lo solicita, se afectará un porcentaje de su sueldo básico mensual, de sus gratificaciones de julio y diciembre de sus utilidades y de todo otro concepto remunerativo que perciba. Como efecto, surgen otras preguntas: ¿por qué el  demandado debe otorgar un porcentaje de sus utilidades aún cuando al momento que las percibe no existe un incremento en las necesidades del menor?, en el caso que se demostrara que la demandante percibe utilidades, ¿no supondría ello un incremento de su participación en el sustento de sus hijos, y consecuentemente, debería devenir en la disminución del aporte del padre en ese espacio de tiempo?,  ¿por qué [sólo] el demandado debe aportar un porcentaje de sus utilidades y no la demandante?

Análisis.- Se suele defender la afectación de las gratificaciones señalándose que en el mes de diciembre puede haber mayores gastos relacionados a las fiestas religiosas y de fin de año, la renovación de la ropa de los menores, otros gastos extraordinarios de corte anual, etc., etc.; pero, ¿y en julio? Lo cierto es que en los meses de enero y febrero suele haber una menor necesidad de gasto en tanto que en la mayoría de colegios no debe pagarse una pensión; no obstante, en diciembre y marzo [antes y después de dicho periodo de menor gasto] la demandante puede recibir importantes sumas de dinero por gratificaciones y utilidades respectivamente. En el caso de Miguel, con siete sueldos de utilidades al año, debería entregarle a la madre de sus hijos el 60% de esos siete sueldos; no obstante, los menores no gastarán siete veces lo que gastan el resto del año. Ese saldo es internalizado en beneficio para su esposa, en tanto que no debe rendir cuentas de la administración del dinero.

Algún padre de familia podría refutar lo señalado, claro, sosteniendo que existen innumerables gastos que no pueden calcularse de forma previa en una pensión de alimentos y por ello la necesidad de gravar todo concepto, pero acaso ¿no existe tal cosa como una pensión suficiente? ¿Siempre es preferible que se afecte al demandado, todo lo posible, en la mayor cantidad de ocasiones posibles? Ello no es otra cosa que una fórmula normativa que no se limita a salvaguardar el interés superior del niño, sino que, visto de forma objetiva y realista, ofrece refuerzo y ventaja a la parte demandante, así como sanciona al padre por la separación de la madre, independientemente del motivo de la separación. Tal espíritu pro mujer se repite de forma sistemática en otras esferas del derecho de familia, como en los juicios de régimen de visitas y tenencia.

Al igual que en el ejemplo anterior, sostenemos que la afectación de las gratificaciones y utilidades debería encontrarse proscrita como una regla a priori y afectarse en la medida que las pensiones mensuales no cubran el aporte que al padre que las perciba le corresponda. Asimismo, demostrado que la madre percibe gratificaciones y utilidades, las mismas deberían ser consideradas en la ecuación a efectos de en los casos que corresponda, disminuyan la pensión del padre a favor de los menores.

Habría que internalizar que donde la Constitución señala que nadie debe ser discriminado por motivo de sexo, también se refiere al hombre.

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