No ha pasado mucho desde que se dio a conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), el cual dio por finalizados seis años de proceso en los que Chile y Perú se enfrentaron por la delimitación de su frontera marítima. Sin embargo, a Chile le espera aún un largo camino por recorrer en cuanto a resolución de conflictos entre Estados se refiere. Esta vez ya no se trata de Perú, sino de nuestro país vecino, Bolivia, el cual demandó a Chile el 24 de abril del año pasado, en un intento de que La Corte de la Haya les facilite negociar un acuerdo que, en posición de ellos, les permita recuperar el mar que perdieron en la Guerra del Pacífico.

En ese conflicto, Chile venció a una alianza peruano-boliviana y, bajo su soberanía, quedaron miles de kilómetros cuadrados de territorio, ricos en minerales y recursos pesqueros. Bolivia perdió 400 kilómetros de mar territorial y 120.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre en aquella contienda (1879-1883) [1].

Habiendo expuesto el contexto, procederemos ahora a exponer los motivos que tuvo Bolivia para presentar dicha demanda, expondremos la demanda en cuestión, presentaremos la postura que hasta ahora maneja Chile y, por último, presentaremos las posibles implicancias de una renuncia por parte de Chile al Pacto de Bogotá.

Bolivia considera estar enclaustrado geográficamente desde hace más de cien años, alegando que carecen de la cualidad marítima con la que nacieron y que luego les fue arrebatada. Para el país altiplánico, se le ha cercenado su litoral, el cual constituía en un recurso de suma importancia. Consideran que el lento desarrollo que ha venido teniendo su país es, precisamente, a causa de esta ausencia de mar. Así, Bolivia acude al Tribunal Internacional de La Haya luego de haber agotado todos los medios de diálogo y a raíz de, lo que ellos llaman, las constantes dilaciones del Gobierno Chileno. Bolivia insiste en aseverar que la mencionada demanda “no es un acto inamistoso contra Chile ni su pueblo, por el contrario, busca encontrar una solución definitiva en varios problemas de interés hemisférico” [2].

La demanda boliviana fue presentada por una comisión encabezada por el canciller boliviano, David Choquehuanca[3], el cual señaló que en la solicitud presentada ante la CIJ no se impetra la nulidad del Tratado de 1904, el cual delimitó los límites posteriores a la guerra entre ambas naciones y que, según Bolivia, fue firmado bajo presión de Chile. Este reclamo se basaría en la ‘teoría de los actos propios o unilaterales’– o su equivalente ‘Estoppel[4]’–,reconocida por la CIJ, la cual establece que “un Estado puede asumir obligaciones jurídicas por medio de una declaración unilateral cuando su intención ha sido obligarse de acuerdo con sus términos” y, por tanto, Chile tendría que cumplir lo que antes aceptó[5].

Los puntos principales de la demanda boliviana son los siguientes:

a)    La obligación de Chile de negociar con buena fe y eficiencia con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso plenamente soberano al océano Pacífico.

b)    El objeto de la controversia se basa en: i) la existencia de dicha obligación, ii) el incumplimiento de aquella obligación por parte de Chile y iii) el deber de Chile para cumplir con dicha obligación[6].

En la actualidad, la posición de Chile es la de rechazar y negar la existencia de una obligación entre las partes, pues hasta ahora se niega a ceder territorio y modificar su frontera. Es por esto que Bolivia afirma que esta negativa de entablar negociaciones relativas a su acceso plenamente soberano al océano Pacífico pone en evidencia una diferencia fundamental de puntos de vista entre ambos países y amerita acudir a la CIJ.

Debemos llamar la atención sobre lo mucho que se ha oído hablar de las intenciones que tiene Chile de renunciar al Pacto de Bogotá -o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas[7]-. Este dispone a las naciones que han suscrito el tratado a someterse al plano jurídico internacional de la Corte de La Haya, a la que se le confiere jurisdicción. Solo el presidente de la República de cada nación puede tomar la decisión de salirse del tratado y, por lo que se conoce, el mandatario Chileno, Sebastián Piñera, estaría evaluando esta posibilidad, decisión que también estaría presente en la presidenta electa Michelle Bachelet.

Hay muchas discrepancias en lo que a esto respecta. Por ejemplo, Jorge Contesse, Profesor de Derecho Internacional en Rutgers School of Law-Newark, afirma que esta renuncia por parte de Chile al tratado sería un error, pues estaría demostrando tener una visión cortoplacista que se desentiende de la importancia de las relaciones diplomáticas y de las relaciones internacionales[8].

Cabe mencionar que esta supuesta salida no tendría ningún efecto ante la demanda presentada por Bolivia[9], ni lo hubiera tenido en el caso nuestro, de haberse adoptado antes del fallo por el conflicto Perú-Chile. Según el tratado, un año tendrían los Estados suscritos al Pacto de Bogotá para demandar a Chile luego de una eventual renuncia al mismo. Por ejemplo, Colombia fue el último país en manifestar su renuncia al Pacto de Bogotá y volvió a ser demandado por Nicaragua incluso tras la misma[10].

Esperamos que este conflicto no implique desunión entre los países hermanos, pues se espera la buena fe de ambas partes y que, eventualmente, se pueda llegar a un acuerdo que colme las expectativas tanto de Chile como de Bolivia y, sobre todo, respete lo que señala el Derecho Internacional.

AUTOR: IUS 360° DIRECTOR: RENZO ROSSI CONSEJO EDITORIAL: MELISSA CERVANTES, ALEXIS LUJÁN, CRISTINA VALEGA, CLAUDIO GENTILLE, DANIA MANRIQUE Y LUIS MENA.

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