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De tal palo tal astilla: Un vistazo al aporte por regulación del OEFA, sus orígenes y sus desaciertos . PARTE 2

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V. EL FUNDAMENTO Y FUNCIONALIDAD DEL APORTE POR REGUALCIÓN DEL OEFA

El denominado Aporte por Regulación del OEFA tiene como fundamento de su existencia la transferencia de competencia en fiscalización ambiental efectuada por el OSINERGMIN –establecida mediante el Decreto Supremo Nº 001-2010-MINAM y la Resolución Ministerial Nº 042-2013-MINAM-, así como lo establecido tanto en la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2013, aprobado por Ley Nº 29951, como en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30011, Ley que modifica la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dichas normas, en concreto, dispusieron que las funciones de fiscalización y supervisión en materia ambiental realizadas por el OEFA debieran ser financiadas con cargo al Aporte por Regulación del OSINERGMIN a que se refiere el artículo 10º de la Ley Nº 27332.

En base a lo anteriormente señalado, se emitió el Decreto Supremo Nº 129-2013-PCM materia de comentario, como instrumento normativo que finalmente dio vida a una contribución para el sostenimiento de las funciones que ejerce el OEFA, fijando los porcentajes del Aporte por Regulación del OEFA para el Sector Energía por los años 2014, 2015 y 2016[1].  Dichos porcentajes, al igual que el Aporte por Regulación del OSINERGMIN, conforme al mencionado Decreto Supremo, se aplican sobre la facturación mensual, deducido el IGV e IPM, sin excepción alguna.

Si bien el Aporte por Regulación del OEFA contiene en su denominación el término “Regulación”, la razón por la cual se obliga a su pago respectivo a las empresas bajo el ámbito del OEFA, no es porque tal entidad realiza la función reguladora a las empresas del subsector eléctrico y de hidrocarburos, sino porque realiza actividad estatal consistente en el cumplimiento de sus funciones bajo el ámbito de su competencia en materia ambiental, lo que genera beneficios tanto para la sociedad y el mercado como para los contribuyentes del tributo. De acuerdo al artículo 11º de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, las funciones del OEFA son: (i) la función evaluadora, (ii) función supervisora directa, (iii) función fiscalizadora y sancionadora, (iv) función normativa, y (v) función supervisora de Entidades de Fiscalización Ambiental. Además, es preciso señalar que, en cuanto a los beneficios, mediante el Informe Nº 016-2013-OEFA/SG –informe que es citado en los considerandos del Decreto Supremo Nº 129-2013-PCM que aprueba los porcentajes del Aporte por Regulación del OEFA- se ha expuesto que las funciones que realiza el OEFA generan para la sociedad beneficios como (i) frenar la tendencia de deterioro al medio ambiente, (ii) disminuir riesgos de daño a la salud humana, y (iii) disminuir conflictos socio-ambientales, mientras que para las empresas contribuyentes genera el beneficio de tener una oportunidad de generar mayor valor económico (mejoras operacionales, prevenir riesgos) –beneficio diferencial en los términos de la RTF Nº 00416-1-2009-. Es preciso indicar que es necesario que exista una función de supervisión y/o fiscalización al contribuyente, pues sería cuestionable que se cobre el Aporte por Regulación del OEFA a contribuyentes que no son supervisados y/o fiscalizados por el OEFA.

VI. EL APORTE POR REGULACIÓN DEL OEFA Y LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS LEYES DE PRESUPUESTO PÚBLICO QUE CONTENGAN NORMAS SOBRE MATERIA TRIBUTARIA

Debemos indicar que el fundamento legal esencial del Aporte por Regulación del OEFA, el cual se encuentra tanto en los considerandos del Decreto Supremo Nº 129-2013-PCM, así como en los Informes Nº 016-2013-OEFA/SG y Nº 011-2013-OEFA/SG, es la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2013, aprobado por Ley Nº 29951. Dicha norma literalmente señala lo siguiente:

 “A partir de la vigencia de la presente ley, las funciones de supervisión y fiscalización en materia ambiental, relacionadas a las actividades de energía y minería que desarrolla el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se financian con cargo al aporte por regulación a que se refiere el artículo 10 de la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, que financia las actividades de supervisión y fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Para tal efecto, mediante decreto supremorefrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Ambiente y el Ministro de Energía y Minas, se determina el porcentaje que corresponde al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del aporte por regulación al que se refiere el párrafo precedente, constituyendo dichos recursos ingresos propios de esta entidad, los cuales serán incorporados al presupuesto institucional del OEFA conforme al artículo 42 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.”(El subrayado es agregado).

De la norma contenida en la Ley de Presupuesto anteriormente citada, se desprende que (i) las funciones del OEFA se financiarán con cargo al Aporte por Regulación del OSINERGMIN, creado mediante la Ley Nº 27332, y que (ii) mediante Decreto Supremo se determinará (o fijará) el porcentaje del Aporte por Regulación del OEFA. Entonces, ¿se trata de una norma tributaria contenida en una Ley de Presupuesto Público?

Al respecto, el tercer párrafo del artículo 74º de la Constitución Política del Perú, establece que las leyes de presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria, y el último párrafo señala que no surten efectos las normas tributarias que contravengan los principios y disposiciones contenidas en tal artículo. Asimismo, la Norma V del Título Preliminar del Código Tributario dispone que “La Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y las leyes que aprueban créditos suplementarios no podrán contener normas sobre materia tributaria”, recogiendo el mandato constitucional. Sin embargo, ¿qué debe entenderse por “norma sobre materia tributaria”?

Robles Moreno y Dávila Chávez[2], sostienen que existen dos posiciones sobre la comprensión de “norma sobre materia tributaria”, la primera es asumir que la prohibición abarca  en general toda la materia tributaria, y no sólo a aspectos referidos al ejercicio de la potestad tributaria, como crear, modificar, o suprimir tributos, mientras que la segunda posición sería considerar que la limitación sólo está referida a todos aquellos actos que constituyen ejercicio de la potestad tributaria. Las citadas autoras, suscriben la primera posición, postura que nosotros también compartimos, debido a que la norma constitucional no distingue ni delimita la prohibición.

Respecto a la inclusión de normas tributarias en la Ley de Presupuesto, Rubio Correa ha señalado que“(…) si se autoriza incluir tributos allí, podría desorganizarse el sistema tributario nacional, con medidas de coyuntura para “cerrar la brecha fiscal”, olvidándose de todo esto debe ser materia de una planificación cuidadosa y no de reacciones de momento”[3], por lo que se desprende que una de las razones por las cuales se justificaría la prohibición, es por la existencia del Principio de Reserva de Ley, el cual garantiza que los tributos sean creados, modificados o suprimidos, así como establecer sus elementos, mediante una Ley o norma con rango de Ley, la cual para su expedición sigue un procedimiento parlamentario distinto al de aprobación de la Ley de Presupuesto Público.

Es preciso indicar que el artículo 79º de la Constitución Política del Perú establece que el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo respecto de su propio presupuesto. Ello, debido al artículo 78º de la misma Constitución que establece que el Presidente de la República, es decir, el Poder Ejecutivo envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto, el cual es sustentado por el Ministro de Economía y Finanzas, conforme lo indica el artículo 80º de la Constitución Política del Perú.

Ochoa Cardich señala “(…) en cuanto a la exclusión en la Ley de Presupuesto de normas sobre materia tributaria no hay uniformidad de criterios en la doctrina. Así, se sostiene que los tributos tienen relación directa con los contenidos económicos del Presupuesto. De otro lado, el principio de exclusividad presupuestaria fue aprobado por el artículo 199 de la Constitución de 1979 que estableció que la leyes de carácter tributario que sean necesaria para procurar ingresos al Estado deben votarse independientemente y antes de la Ley de Presupuesto.[4] (el subrayado es agregado). En tal sentido, se tiene que otra de las justificaciones por las cuales se ha establecido la prohibición constitucional, es por el Principio de Exclusividad Presupuestaria. Sobre este último, es preciso mencionar que el artículo XIII del Decreto Supremo Nº 304-2012-EF –Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que la Ley de Presupuesto del Sector Público contiene exclusivamente disposiciones de orden presupuestal.

En cuanto a los alcances de la prohibición, Moreno de la Cruz ha planteado dos cuestionamientos en el siguiente sentido: “(…) a) si la prohibición alcanza a las “leyes de acompañamiento”, que en nuestro país las constituyen las leyes de endeudamiento y equilibrio financiero, o únicamente está referida a la ley de presupuesto, y; b) si la prohibición sólo está referida a las normas tributarias sustanciales que crean, modifican o suprimen tributos, o se incluyen a las normas adjetivas reguladas por ley y referidas a la aplicación del tributo”[5]. Sin embargo, Moreno de la Cruz, al igual que la posición de las autoras Robles Moreno y Dávila Chávez, sostiene que por una cuestión de prudencia y afán práctico, se deban excluir todo tipo de normas tributarias sustantivas y adjetivas de la ley de presupuesto y normas complementarias (equilibrio financiero y endeudamiento), con la finalidad de evitar cualquier cuestionamiento respecto de su constitucionalidad.

Si bien no existe jurisprudencia constitucional sobre los alcances de la prohibición constitucional, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de las leyes de presupuesto -en el proceso de inconstitucionalidad seguido contra la Ley de Devolución del FONAVI-, así el Tribunal en el Fundamento Jurídico Nº 27 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2012-AI/TC señaló que “(…) La Ley de Presupuesto no es, pues, una fuente de la que emanan obligaciones pecuniarias para el Gobierno, sino la norma que las sistematiza, programa, equilibra con los proyectados ingresos fiscales, y habilita ejecutar, racionalizando, disciplinando y optimizando la política económica del Gobierno, bajo el control ex ante del Parlamento (artículo 80º de la Constitución) y ex post tanto del propio Congreso como de la Contraloría General de la República, la cual, conforme al artículo 82º de la Constitución, “[s]upervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado” (…)” (el subrayado es agregado). Así pues, se tiene que la Ley de Presupuesto no es una fuente de la que pueda emanar una obligación pecuniaria, entendiéndose por tal al Aporte Por Regulación del OEFA como obligación pecuniaria ex lege que no configura sanción por acto ilícito y en la cual el sujeto obligado es una persona puesta en tal situación por la Ley y el sujeto activo es una entidad del Estado.

Entonces, ¿es posible considerar que la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2013, aprobada por Ley Nº 29951 sea una norma tributaria? Algunas personas podrían decir que se trata de una norma de contenido presupuestal pues estaría “precisando” que el OEFA al ejercer su función de fiscalización y supervisión se financiará con el Aporte por Regulación a que se refiere el artículo 10º de la Ley Nº 27332. Sin embargo, si se aprecia el segundo párrafo de la citada Disposición Complementaria Final, claramente dicha norma “presupuestal” está delegando a la Presidencia de Consejo de Ministros para que, mediante Decreto Supremo, determinen (o fijen) los porcentajes del Aporte en cuestión.

Es preciso reflexionar lo siguiente: ¿por qué el legislador mediante una Disposición Complementaria Final de una Ley de Presupuesto Público ha incluido una redacción de tal naturaleza? Si la finalidad y funcionalidad del Aporte por Regulación del OEFA, tal como se ha expuesto en párrafos anteriores, es el sostenimiento de tal Organismo para el ejercicio de sus funciones en materia ambiental, ¿por qué el legislador no estableció el Aporte por Regulación del OEFA dentro de una disposición en la Ley Nº 29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental?[6]

Para que una norma reglamentaria, en este caso, un Decreto Supremo fije la alícuota de un tributo, debe existir una Ley de creación o modificación del tributo, que delegue la fijación de tal aspecto. En el caso concreto, ¿cuál es la Ley de creación del Aporte por Regulación del OEFA?[7] ¿Será el artículo 10º de Ley Nº 27332? Definitivamente no, porque la misma Ley Nº 27332 indica específicamente cuáles son los Organismos Reguladores, y entre ellos no se encuentra el OEFA. Indefectiblemente, cualquier persona que verifique cuál es la Ley que crea el Aporte por Regulación del OEFA, llegará a la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2013. Y en el caso que se llegue a la conclusión de que dicha Disposición Complementaria Final es una norma presupuestal que no contiene una norma tributaria, ¿cuál es la Ley o norma con rango de Ley constitucionalmente válida que crea el Aporte por Regulación del OEFA? ¿Será la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30011 que modifica la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental? Pues tampoco, porque dicha norma reproduce y se ampara en lo establecido en la Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto Público para el año 2013. Además, la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 no hace referencia alguna a Ley que señale al OEFA como recaudador del Aporte por Regulación.

Al no existir una Ley de creación del Aporte por Regulación del OEFA identificable, el único instrumento normativo que lo regula es el Decreto Supremo Nº 129-2013-PCM, y ante ello, cabe cuestionarse: ¿el Decreto Supremo Nº 129-2013-PCM creó el Aporte por Regulación del OEFA? Evidentemente no lo ha creado, solamente ha determinado los porcentajes y establecido disposiciones para su recaudación, amparándose en lo indicado en la cuestionada Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2013.

Consideramos que si la Disposición Complementaria Final es una norma presupuestal solamente debería indicar que el OEFA se financiará con los Aportes recaudados a la fecha por el OSINERGMIN. Sin embargo, al señalar que en adelante se financiará con el Aporte por Regulación a que se refiere el artículo 10º de la Ley Nº 27332, ¿acaso no estaría ampliando el ámbito de aplicación del tributo? Queda claro que es jurídicamente válido que pueda disponerse la forma de financiamiento de las actividades en materia ambiental del OEFA a través del Aporte por Regulación del OSINERGMIN. Sin embargo, el señalar que mediante Decreto Supremo se determinará el porcentaje del Aporte por Regulación del OEFA, ¿no es una remisión de un aspecto cuantitativo de la hipótesis de incidencia tributaria al Decreto Supremo?

Si bien la justificación del cobro del Aporte por Regulación del OEFA es porque ésta ya cuenta con las competencias que antes tenía el OSINERGMIN en materia ambiental, ¿es suficiente que la transferencia de competencia del OSINERGMIN al OEFA se haya ejecutado en su integridad para cobrar el Aporte por Regulación? ¿Es suficiente la existencia de la necesidad de financiamiento del gasto a través de una parte proporcional del Aporte por Regulación del OSINERGMIN? Si se hace el ejercicio de revisar los considerandos primero, segundo y tercero del Decreto Supremo Nº 129-2013-PCM, se puede verificar que los sustentos jurídicos son: (i) el artículo 10º de la Ley Nº 27332 (pero ¿tal artículo o la Ley Nº 27332 en su integridad mencionan al OEFA?), (ii) el Decreto Supremo Nº 136-2002-PCM que fijó los Aportes para el Sector Energía, y (iii) la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2013.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que el Aporte por Regulación del OEFA, padece de desaciertos que deberían ser discutidos a nivel legislativo, pues sería totalmente cuestionable que se haya “creado” el Aporte por Regulación del OEFA mediante una Ley distinta a la cuestionada Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2013, ya que ni la Ley Nº 27332 ha sido modificada para incluir al OEFA como Organismo Regulador ni existe alguna otra Ley identificable que sea citada como fundamento del Decreto Supremo Nº 129-2013-PCM. Además, la consecuencia inminente de la inobservancia de la prohibición de orden constitucional de que las leyes de presupuesto contengan normas sobre materia tributaria es que no surtan efectos.

VII. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DEL APORTE POR REGILACIÓN DEL OEFA

En adición a los cuestionamientos realizados anteriormente, consideramos importante señalar que mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2014-OEFA/CD, publicada el 31 de enero de 2014, se aprobó el Procedimiento de Recaudación y Control del Aporte por Regulación del OEFA (en adelante, Resolución Aporte por Regulación OEFA). En contenido, la Resolución Aporte por Regulación OEFA sigue la estructura, para el caso de empresas del subsector de electricidad y de hidrocarburos, de la Resolución de Consejo Directivo del OSINERGMIN Nº 275-2004-OS/CD, que regula la recaudación y control de los Aportes por Regulación al OSINERGMIN.

No obstante, debemos resaltar lo establecido en el literal a.2) del artículo 5º de la Resolución Aporte por Regulación OEFA, mediante el cual se establece que la base imponible del Aporte por Regulación del OEFA, para las empresas del subsector de hidrocarburos, comprende la totalidad de la facturación deducido el IGV e IPM. Sin embargo, se establece como excepción que la base imponible, para las empresas que realicen actividad de importación de combustibles, pero no de producción, será  la sumatoria del valor CIF, ISC, Impuesto al rodaje, y los derechos arancelarios respectivos consignados en las Declaraciones Únicas de Aduanas y/o Liquidaciones de Cobranza efectuadas a la SUNAT por el volumen importado y numeradas en el mes correspondiente.

Tal disposición es idéntica a la establecida en el numeral 2.1 del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 127-2013-PCM, vigente hoy en día, que fija los porcentajes del Aporte por Regulación del OSINERGMIN para el sector energético (Electricidad e Hidrocarburos). Empero, la disposición normativa contenida en el literal a.2) del artículo 5º de la Resolución Aporte por Regulación OEFA padece de una gran deficiencia, ya que se trata de una Resolución de Consejo Directivo del OEFA y no un Decreto Supremo. Ante ello cabe preguntarse, ¿Es constitucionalmente válido que mediante una Resolución de Consejo Directivo del OEFA se pueda establecer una excepción a la determinación de la base imponible del mencionado Aporte? El establecimiento de la excepción para la determinación de la base imponible del Aporte por Regulación del OEFA para el caso de importadores de combustibles, vulnera claramente el Principio de Reserva de Ley, debido a que se trata de una norma infralegal de menor rango al Decreto Supremo, tal como se ha expuesto en párrafos anteriores[8].

No debe omitirse que la regulación del aspecto material y las disposiciones para la determinación de la base imponible del Aporte por Regulación del OEFA para importadores de hidrocarburos debe encontrarse regulado mediante Decreto Supremo, y no mediante una Resolución de Consejo Directivo del OEFA. La inobservancia del Principio de Reserva de Ley por parte del Consejo Directivo del OEFA podría llevar a que se repita la misma historia contenida en la RTF Nº 00416-1-2009 citada en párrafos anteriores, en la cual se inaplicó la Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de Energía y Minas que fijó porcentajes del Aporte por Regulación, pues constitucionalmente corresponde que sea fijado mediante un Decreto Supremo.

VIII. CONSIDERACIONES FINALES

El Aporte por Regulación del OSINERGMIN en los períodos de emisión de los Decretos de Urgencia Nº 006-2011 y Nº 044-2010, ha vulnerado indiscutiblemente el derecho de propiedad de los contribuyentes, al destinar las contribuciones a un fin distinto, por lo que quedaría en opción de cada contribuyente ejercer los mecanismos constitucionales admitidos, sea una acción de amparo o una acción popular, para defender su derecho de propiedad frente al Decreto Supremo Nº 136-2002-PCM que fijó una alícuota invariable y confiscatoria. De igual manera, sería el proceder contra el Decreto Supremo Nº 127-2013-PCM si al finalizar cada ejercicio, se emiten posteriormente Decretos de Urgencia que destinen el excedente de los Aportes por Regulación OSINERGMIN para fines distintos a los del sostenimiento de tal Organismo.

Por otro lado, debido a que el Aporte por Regulación del OEFA ha sido establecido mediante una Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto para el Sector Público del año 2013, y al contravenir un mandato de orden constitucional en materia tributaria, es recomendable que el legislador considere pertinente derogar la Disposición Complementaria Final en cuestión, y modifique la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – Ley Nº 29325, con la finalidad de incorporar en tal Ley la creación del Aporte Por Regulación del OEFA.

Sin perjuicio de ello, también procedería una acción de inconstitucionalidad contra la Cuadragésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2013 por contravenir el Principio de Reserva de Ley y el mandato prohibitivo de que las Leyes de Presupuesto no contengan normas tributarias. Asimismo, procedería una acción popular o una acción de amparo contra el Decreto Supremo Nº 129-2013-PCM en caso se exija el pago de los Aportes por Regulación del OEFA, ya que vulnera claramente el Principio de Reserva de Ley y el derecho de propiedad de los contribuyentes al perjudicar su facturación mediante la imposición de un tributo inconstitucional.

Consideramos importante que el OEFA pueda financiar su actividad estatal -al igual que el OSINERGMIN-, ya que las funciones en materia ambiental que realiza son importantes para la sociedad, el mercado en general, y los contribuyentes. Sin embargo, debemos enfatizar que el sostenimiento del OEFA para la ejecución de sus actividades estatales no debe efectuarse a costa de los principios tributarios contenidos en la Constitución.


[1] Las actividades que se encuentran gravadas con el Aporte por Regulación del OEFA son las realizadas por concesionarios de generación, transmisión y distribución de electricidad, así como los que desarrollan generación por autorización, empresas y entidades del subsector hidrocarburos que realizan importación y/o producción de combustibles, incluyendo el GLP, y las entidades y empresas del subsector hidrocarburos concesionarias de actividades de transporte por ductos y distribución de gas natural por red de ductos

[2] ROBLES MORENO, Carmen del Pilar y DÁVILA CHÁVEZ, Sonia Elaine. La Ley de Presupuesto y la Norma V del Título Preliminar del Código Tributario. En:http://www.aempresarial.com/web/revitem/1_1543_07833.pdf(Consulta realizada el 17 de enero de 2014).

[3] RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política del Perú. Tomo III. Editorial PUCP: Lima. Año 1999. P. 426.

[4] OCHOA CARDICH, César. Constitución Financiera. Bases del Derecho Constitucional Tributario. En: La Constitución de 1993: análisis y comentarios. Lecturas sobre  Temas Constitucionales Nº 10. Editorial Comisión Andina de Juristas: Lima. Año 1994. P. 138.

[5] MORENO DE LA CRUZ, Lorgio. Complementación e integración del principio de reserva de ley. En: La Constitución Comentada. Tomo II. Editorial Gaceta Jurídica: Lima. Año 2005. P. 991.

[6] Nótese que habría sido menos cuestionable que mediante una Ley NO presupuestal se haya precisado la competencia del OEFA para recaudar el Aporte por Regulación, o se haya modificado la Ley Nº 27332, tal como sucedió con el OSINERGMIN al ampliarse el ámbito de aplicación del Aporte por Regulación a los titulares mineros, mediante la Ley Nº 29901.

[7] Tal como se ha expuesto, el Principio de Reserva de Ley establece que los tributos se crean, modifican o suprimen con Ley o norma con rango de Ley. Se trata de un principio constitucional tributario de observancia obligatoria al momento que el legislador pretenda crear, modificar o suprimir un tributo.

[8] La Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00416-1-2009, así como las Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nº 2762-2002-AA/TC y Nº 3303-2003-AA/TC, han establecido qué aspectos del hecho imponible pueden remitirse a un texto reglamentario cumpliendo con ciertos parámetros establecidos en la Ley.


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