Brasil. El pasado miércoles 24 de enero se vivió un ambiente de tensión y expectativa en la ciudad de Porto Alegre, al sur de Brasil. El motivo de esto fue la importante decisión que yacía en las manos de tres jueces de la corte de apelaciones: la ratificación de la sentencia de la Corte Superior respecto al caso del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por los delitos de lavado de dinero y corrupción.
Antecedentes
Como se recuerda, el 14 de setiembre de 2016 la fiscalía brasileña acusó al expresidente y a su esposa de cargos de corrupción relacionados al escándalo Lava Jato. Durante todo el proceso de investigación y acusación, Lula da Silva negó rotundamente los cargos imputados, sosteniendo su inocencia. Sin embargo, tan solo cuatro días después de la acusación, el juez considera que existe evidencia suficiente para iniciar un proceso judicial en contra del expresidente, su esposa (Marisa Leticia Lula da Silva) y seis otros supuestos implicados.
El 12 de julio del año pasado, por decisión del Juez Federal Sergio Moro, Luiz Inácio Lula da Silva es sentenciado a nueve años y medio de cárcel por cargos de lavado de dinero y corrupción. Estos cargos se sustentaban en supuestos beneficios y coimas recibidos por el expresidente de parte de empresas constructoras, todo esto en el marco del escándalo de corrupción por la empresa estatal Petrobras. La referida sentencia, acontecida a pocos días del fallecimiento de su esposa, no es la única en la cual está implicado Lula da Silva. Lo anterior puesto que a este punto existían otros cuatro casos judiciales en contra del expresidente por los cargos de obstrucción de la justicia, corrupción y lavado de activos.
Por otro lado, un dato adicional relevante sobre la sentencia es que, por dictamen del Juez Sergio Moro y a diferencia de otros sentenciados por el caso Lava Jato, a Inácio Lula da Silva se le permitió presentar en libertad su pedido de apelación[1]. Lo anterior, tomando en cuenta que esta fue la primera vez que un exmandatario brasileño fue acusado y sentenciado por corrupción. En este sentido, Moro consideró que “la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia recomienda que se espera a la decisión de la corte de apelación antes de imponer las consecuencias propias de la condena”[2].
Cabe tomar en cuenta, sin embargo, que esta sentencia emitida en julio del año pasado fue bastante criticada tanto por la defensa de Lula da Silva como por sus simpatizantes. Esto, en el sentido de que el juez Moro no le habría prestado la debida atención a los alegatos de inocencia y las pruebas presentadas por los abogados del exmandatario. De esta manera, como resaltó Cristiano Zanin Martins, defensa del exmandatario, en julio “la sentencia, de 692 párrafos, dedicó solo cinco para la prueba que la defensa hizo sobre la inocencia”[3].
Cargos
Los dos tribunales que examinaron el caso coincidieron en brindarle especial atención y relevancia a las pruebas incriminatorias en contra del exmandatario. En este sentido, se alegaba que los delitos cometidos por el expresidente da Silva y su envolvimiento en el caso Petrobras se fundamentaban en el supuesto beneficio ilícito que obtuvo en relación a un triplex. De esta forma, se declaró culpable de corrupción y lavado de dinero a Lula da Silva por “haber aceptado y reformado una vivienda de tres plantas en una zona costera de Sao Paulo por valor de 3,7 millones de reales (1,1 millones de euros), todo ello pagado por la constructora OAS a cambio de contratos públicos”[4].
La lujosa vivienda, localizada en el popular balneario Guarujá era parte del “conjunto residencial construido por una cooperativa de personas vinculadas al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula”[5]. En este respecto, en primer lugar, los esposos da Silva habrían pagado por adelantado por un inmueble de 80 m2 en la zona. Sin embargo, debido al quiebre de la cooperativa, los promotores del conjunto residencial habrían gestionado que la empresa constructora OAS se encargue de finalizar la construcción. De esta forma, surgieron dos opciones para las personas que habían pagado por adelantado: pagar la diferencia restante para obtener la propiedad o solicitar la devolución de su dinero. Presuntamente, mientras la empresa ponía a la venta todos los departamentos “excepto un triplex de 240 metros cuadrados en la última planta”, la familia da Silva fue la única en no decidir por alguna de las dos opciones anteriormente señaladas[6]. Sin embargo, se sabe que después del arresto del expresidente de la empresa constructora la esposa de Lula da Silva habría reclamado la devolución del pago inicial.
Según declaraciones del expresidente de OAS, Leo Pinheiro, el triplex estaría reservado para ser entregado a Lula da Silva como regalo. En este punto cabe resaltar que una buena porción del material probatorio recogido en contra de Luiz Inácio Lula da Silva procede de las declaraciones de Pinheiro, quien habría confesado en prisión como parte de un pacto para recibir beneficios penitenciarios – en consecuencia, su condena se redujo tres años. De esta manera, diversos mensajes y comunicaciones entre colaboradores del exmandatario y funcionarios de OAS fueron usados para sustentar la confesión del empresario.
No obstante, respecto a los medios impugnatorios, cabe señalar que resulta extraño que tanto el juez Moro como los tres magistrados de la sala de apelaciones hayan considerado como pruebas un “borrador de contrato sobre el apartamento… [que] no tenía ninguna firma” y “las declaraciones de otros vecino de la finca, que aseguraron que todo el mundo comentaba allí que la vivienda era de Lula”[7]. Asimismo, es un hecho que “ni Lula ni ninguno de sus parientes llegó a entrar nunca” al triplex, ya que “ningún documento prueba que él sea dueño de ese apartamento”, “nunca vivió en él y… ni siquiera tuvo las llaves”[8].
Apelación y procesos posteriores
El miércoles 24 de enero, tras casi medio año de evaluación del caso, el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre confirmó y elevó la sentencia emitida por el juez Sergio Moro en julio de 2017. De esta manera, los tres magistrados de la corte decidieron unánimemente incrementar la pena de Luiz Inácio Lula da Silva por dos años y medio; convirtiéndose así de una sentencia de nueve años y medio a una de doce años de prisión. Así, el septuagenario, quien sigue siendo una de las figuras políticas más prominentes de Brasil, podría ser encarcelado en las próximas semanas.
A pesar de su libertad actual, a finales del mes de enero, la situación del expresidente y fundador del Partido de los Trabajadores se percibía grave. En este sentido, si bien aún no se había ejecutado la condena de prisión, Inácio Lula da Silva había sido impedido de salir de Brasil. El jueves 25 de enero, tan solo un día después de la emisión del dictamen desfavorable del tribunal de apelaciones, el juez Ricardo Leite “dispuso retener el pasaporte de Lula da Silva, quien tenía previsto viajar a Etiopía el viernes para participar en una cumbre sobre el hambre, organizada por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés”[9]. Lo anterior, en el marco de una investigación abierta contra da Silva por el supuesto delito de “tráfico de influencias” respecto al caso de la empresa sueca Saab, que habría vendido “36 aviones militares a Brasil, durante el gobierno de Dilma Rousseff, en 2013”[10].
Sin embargo, a pocos días de iniciado febrero, la decisión de retención del pasaporte del exmandatario para evitar su salida del país fue revertida por el “juez federal Bruno Apolinário, del Tribunal Regional Federal de la 1° Región”[11]. Así, a partir de este viernes 9, Lula da Silva podría viajar fuera de Brasil. En este respecto, el magistrado Bruno Apolinário señaló que su fallo tomó en cuenta el poco riesgo de fuga, en cuanto Luiz Inácio Lula da Silva tuve especial “cuidado” “en demostrar ante la justicia que su salida del país estaba justificada por un compromiso profesional previsto desde hacía tiempo, que sería de corta duración y que tenía previsto volver en una fecha determinada”[12]. Asimismo, el juez federal resaltó que al no existir acción procesal prevista que requiera la presencia del exmandatario, esta decisión no afectaría el proceso penal comenzado en su contra.
Por otro lado, en un intento de evitar su envío a prisión, la defensa legal del exmandatario presentó al Tribunal Supremo Federal un recurso de habeas corpus preventivo. De esta forma, la defensa de Lula da Silva solicitó que la demanda sea examinada por la Segunda Sala de este tribunal, ya que es la encargada del caso Lava Jato. Asimismo, cabe resaltar que este recurso ya había sido denegado antes por el juez Humberto Martins del Tribunal Superior de Justicia debido a que no consideraba que existiera “riesgo de prisión inminente”[13].
Relevancia del fallo en la arena política
A pesar de los cargos en su contra, Luiz Inácio Lula da Silva se encuentra en la cabeza de diversas encuestas de intención de voto presidencial brasileñas. Según datos recientes da Silva cuenta con el 36% de intención de voto, llegando incluso a doblar en porcentaje a Jair Bolsonaro (18%) quien es el segundo candidato más popular. De hecho, parece ser que la reciente coyuntura habría incluso influido positivamente en la imagen pública del político y fundador del Partido Obrero, quien sería percibido por la población como una víctima de las rencillas políticas.
No obstante, la unanimidad de la decisión de los tres magistrados que ratificaron y aumentaron la condena del expresidente “supone un serio obstáculo para las opciones de Lula de volver a ser presidente”[14]. Este obstáculo a la carrera política de Lula da Silva se debe a que la inexistencia de un voto en contra de la sentencia conlleva que “los plazos para la revisión de un posible recurso de apelación de Lula se acortan, reduciendo las posibilidades de que el expresidente pueda registrar su candidatura antes de haber sido definitivamente inhabilitado”[15]. Como se sabe, existe una norma en Brasil sobre la prohibición de candidaturas por parte de individuos “cuyas condenas hayan sido confirmadas por un tribunal de apelación”[16]. Empero, la ley “Ficha Limpia” contempla que una corte electoral sea la que finalmente decida en relación a la viabilidad de cada candidatura particular, decisión que se daría una vez culminado el registro del candidato político.
Mediante el habeas corpus antes mencionado y otros mecanismos tales como la apelación ante instancias superiores, la defensa de Lula da Silva buscaría diferir una decisión final sobre el tema. De esta manera, de lograrse este objetivo, el exmandatario brasileño podría lograr evitar su pena por el momento y posiblemente conseguir el tiempo suficiente para registrar su candidatura presidencial antes del plazo límite (15 de agosto del 2018).
Escrito por Estephany Ximena León Rodríguez
[1] CNN: https://edition.cnn.com/2013/08/05/world/americas/luiz-inacio-lula-da-silva-fast-facts/index.html
[2] BBC: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40589237
[3] Ídem.
[4] El País: https://elpais.com/internacional/2017/07/13/actualidad/1499940321_151609.html
[5] El País: https://elpais.com/internacional/2018/01/25/actualidad/1516917913_227011.html
[6] Ídem.
[7] Ídem.
[8] Ídem.
[9] BBC: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42827729
[10] Ídem.
[11] El País: https://elpais.com/internacional/2018/02/03/actualidad/1517629176_136570.html
[12] Ídem.
[13] Ídem.
[14] BBC: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42809535
[15] Ídem.
[16] Ídem.
Imagen obtenida de: https://goo.gl/Hjjdky
