Ley N°30364: ¿Es suficiente la sola sindicación de la víctima que se cometió un acto de violencia para poder dictar las medidas de protección? | Jesús Magallanes

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1.-Introducción

El problema de la violencia en los últimos años ha tomado mayor relevancia convirtiéndose en un gran problema que vivimos día a día  en la  sociedad, y frente a esta situación se busca distintas soluciones como, por ejemplo, legislar normas que velen por el interés de la mujer y el  grupo familiar. En la actualidad, en el Perú la población cansado de tanto maltrato  a nivel psicológico y físico a la mujer comenzaron a gestionar distintos manifestación  como “Ni una menos”.

Por su parte, el Estado con la finalidad de poder buscar una solución y protección  a la mujer y al grupo familiar promulgó la Ley N°30364; Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la misma que fue publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de noviembre del 2015. Esta ley tiene como objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar, en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. No obstante, esta ley, además de velar por la integridad de miles de mujeres, sin duda también significa la mayor demanda de casos a resolver, dando paso a una inmensa carga procesal.

Sin embargo no toda ley es perfecta, debería ser una regla  engendrar una ley basada en la realidad, y no promulgar leyes para  que nuestra  sociedad se adapte a  ella como sucede en la antes mencionada Ley N°30364, encontrando un vacío legal en la norma  en cuanto a la aplicación que realizan los juzgados de familias  al otorgar las medidas  de protección.

Es por ello que, con el presente articulo trataremos de aclarar algunos puntos y a su vez buscar una solución al problema  social.

2. Definición de Violencia

El escritor y doctrinario Rabines Briceño, en palabras generales señala que:

«cuando nos referimos a violencia hacemos relación entre vigor físico y la potencia que de él emana para ejercer una acción frente a otro que carece de ella y cuyo efectos son medibles en función a la intensidad que ocasiona ese vigor físico”; también hace mención que “cuando hablamos de violencia consideramos que es toda acción planificada o no, que hace que un individuo o grupo que detenta el poder utilice la fuerza física, (o la amenaza de su uso y/o moral para imponer o mantener cierto estado de cosas que mellan la situación de derecho natural de otro individuo (o grupo) que es más débil, pudiendo este estar de acuerdo o no con el fuerte)»1

3. Causas de violencia en la familia  

Se encuentra en la construcción de género que se hace socialmente. Desde muy temprano, se configura al hombre como privilegiado, como poderoso. A la mujer se le configura socialmente como delicada, débil, que necesita protección. Esta forma diferente de educar a los hijos e hijas, a la larga configura la personalidad tanto el hombre como de la mujer, formando dos polos opuestos, diferentes, pero cuya diferencia se encuentra en una construcción social y no en aspectos biológicos o naturales. De ahí nace la falsa creencia de parte del hombre de su superioridad respecto de la mujer, y, de la obediencia de ésta hacia él. Al no existir esa obediencia, entonces se desencadena la violencia. La socialización de los hombres y las mujeres, así como los patrones dominantes de feminidad y masculinidad, propician que los niños aprendan desde pequeños que los varones dominen y que la violencia es un medio aceptable para afirmar.

4. La violencia familiar como problema social

La violencia contra la mujer es un fenómeno social que vulnera los derechos y libertades fundamentales del ser humano y no permite a la mujer su desenvolvimiento dentro de la sociedad, quebranta su dignidad humana, viola la igualdad y perturba el desarrollo y la paz, es decir, es una transgresión total de los derechos. La víctima de violencia no está ejerciendo sus derechos fundamentales, los que están reconocidos por la Declaración universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política del Perú, derechos como el respeto a su vida, su integridad física y moral, derecho a la igualdad, protección ante la ley, al respeto a su dignidad, a no ser víctima de tortura, entre otros.

Sobre las causas de la violencia contra la mujer, podemos decir que estas son múltiples y, del mismo modo lo son sus efectos, ya que perjudican no solo a la mujer, sino también a la familia y la sociedad. La violencia se presenta en diferentes ámbitos como el laboral, familiar, social, político, etc., y promueve desigualdades entre hombres y mujeres. En este punto, es preciso hacer hincapié en que hombres y mujeres somos diferentes y no sólo porque tengamos cuerpos diferentes sino también porque a esos cuerpos se le añaden modos subjetivos y culturales en cada sociedad y en cada época.

La probabilidad de incidencia de la violencia contra la mujer está también asociada a factores de riesgo como son el consumo excesivo de alcohol, drogas y el trabajo remunerado fuera del hogar por parte de la mujer, lo que genera inseguridad en la pareja que termina por originar mayores niveles de violencia.

Si bien los cambios de la ley son positivos, es importante recalcar que éstos deben ser efectivos en la práctica, pues al momento de ejecución aún existen falencias, dándose únicamente cumplimiento parcial a lo establecido en la ley. Por tal motivo, la tutela judicial debe ser orientada a la tutela de prevención a través la emisión de medidas de protección eficaces y bajo seguimiento.

Por lo mencionado, podemos afirmar que no basta dar una ley, se debe garantizar que los operadores de las diferentes instituciones que van a impartir justicia, tengan claras sus funciones y las cumplan de acuerdo a la ley y su reglamento.

5. Vinculación del Estado Peruano con los Tratados o Convenios Internacionales para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y Marco Jurídico Nacional

La violencia contra la mujer se encuentra dentro de un contexto internacional, por los tratados y convenios, en los que nuestro país es considerado Estado parte, teniendo en cuenta lo señalado por nuestra Constitución peruana de 1993 , en su artículo 55  los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Del mismo modo, la Cuarta Disposición Final y Transitoria que indica que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias, ratificados por el Perú. En tales casos, lo que se pretende es velar por los derechos de la mujer y condenar cualquier violación de los mismos.

6. Casuística

En el expediente N°01514-2016-0-1601-JR-FC-022 sobre  violencia  familiar, tramitado  ante el Segundo juzgado de  Familia de Trujillo de la Corte de Justicia de la Libertad, se logra apreciar  que el plazo señalado por ley para que pueda efectuar los  recaudos correspondientes  relacionados a la denuncia, y el que  se le faculta  a  los juzgado de  familia, para  en audiencia dictar las medidas de protección de ser el caso en un plazo de 72 horas, dichos plazos no son aplicados en la actualidad, ya que de los actuados revisados del expediente se puede observar que la policía no cumplió con remitir el atestado correspondiente dentro de las 24 horas, como lo estable el artículo 15 de la Ley N°30364, mucho menos el Segundo juzgado de Familia señaló audiencia oral para dictar las medidas de protección una vez recepcionando el presente caso de violencia familiar.

Conforme es de verse del referido expediente judicial, tenemos que la denuncia se interpuso el 24 de febrero del año 2016, ante la Comisaría Policía Nacional del Perú (PNP) de la Familia de Trujillo. Luego, de transcurrido cinco días, esto es, en la fecha 01 de marzo del año dos mil dieciséis, la indicada, con Oficio Nº320-16-REG.POL.L.LIB-DIVPOS- T/CPNP-DLF-SI, remite el Informe Policial Nº182-16 REG.POL.L.LIB-DIVPOS-T/CPNP-DLF-SI, al Juzgado de  Familia de  la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Recibido el informe policial, por el Juzgado de Familia, éste expide la resolución número uno  de fecha primero de marzo del año dos mil dieciséis, por el cual señala el día siete de marzo del año dos mil dieciséis, a las tres de la tarde, la Audiencia de emisión de medidas de protección. Finalmente, conforme consta del Acta de Audiencia de Emisión de Medidas de Protección, es en la fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, en la cual el Juzgado de Familia resuelve emitir medidas de protección a favor de la víctima de violencia.

No obstante a que la Policía y el Juzgado de Familia, incumplen los plazos establecidos por la Ley Nº30364 , dicho juzgado en Audiencia de Emisión de Medidas de Protección, expide la resolución número DOS, por la cual resuelve:

Dictar como medida de protección a favor de la víctima consistente en: Prohibir al denunciado acercarse a la agraviada en el lugar donde ésta se encuentre, es decir queda prohibido acercarse al domicilio donde vive, así como en la vía pública, centro laboral, centro de estudios o en cualquier institución pública o privada que se encuentre la víctima, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones paternas para con su hija procreada con la agraviada. Prohibir al denunciado acercarse a la agraviada directa o indirectamente a través de cualquier medio de comunicación para insultar, humillar, amenazar, efectuar gestos ofensivos, celar y fomentar escándalos públicos, tomar represalias por el presente proceso; prohibir al denunciado… ejercer actos de violencia física y/o psicológica a la agraviada. Prohibir al denunciado… involucrar a su hija en problemas que sostiene con la madre de esta, sin perjuicio que las partes acudan ante la autoridad competente para que regulen los atributos de la patria potestad. En caso de incumplimiento a cada de las medidas de protección por parte del agresor de ser denunciado por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.”

Sin embargo, en dicha resolución no se fundamenta, más que con la sola versión de la denunciante, la emisión de la medida de protección, pues así se advierte de la lectura de los considerandos “desprendiéndose del referido Informe específicamente en el punto tres que personal policial solicito al Instituto de Medicina Legal practique la pericia psicológica de la agraviada como es de verse del oficio de folios ocho empero a la fecha no se ha recepcionando el respectivo informe”

“Sin embargo, atendiendo que los hechos denunciados configurarían actos de violencia psicológica entre los miembros del grupo familiar hermanos, según el artículo 8 de la Ley 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”; por cuanto la denunciante refiere que no es la primera vez, siempre la ha menospreciado y maltratado psicológicamente, sin embargo atendiendo a la finalidad de los procesos de violencia entre los integrantes y no quería que trabaje del grupo familiar es que los actos de violencia cesen atendiendo a la naturaleza de las medidas de protección, debe dictarse las pertinentes para el caso concreto”;

Generando una alarmante preocupación en los justiciables (denunciante y denunciado), pues aquellos plazos que se le otorga a las autoridades (Policía – Juzgado de Familia), resulta ser irreales pues no se ha tomado en consideración las diferentes realidades en los que funcionan los diferentes órganos jurisdiccionales y tampoco se ha tomado en cuenta las cargas procesales. Estas deficiencias están contribuyendo a que el órgano jurisdiccional emita medidas de protección con motivaciones aparentes y basadas en subjetividades; de allí la necesidad de nuestra investigación a efectos de poder establecer la necesidad de modificar los plazos establecidos en la ley por otros razonables y acorde a la realidad judicial peruana.

7. Conclusiones

Después de interpretar y realizar un análisis, no cabe duda que la Ley N°30364 representa un gran avance en la legislación peruana y, específicamente, en el tratamiento de la violencia contra la mujer; sin embargo, aún presenta algunas deficiencias.

Resaltando los cambios de la Ley y teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, podemos decir que si bien los cambios de la ley son positivos, es importante recalcar que éstos deben ser efectivos en la práctica, pues al momento de ejecución aún existen falencias, dándose únicamente cumplimiento parcial a lo establecido en la ley, y esto a consecuencia de informes policiales deficientes que generan medidas de protección que no se ajustan a la realidad, es decir, a la verdadera necesidad de la víctima y no cumplen con sus características básicas.

Es necesario capacitar a los operadores de justicia, para evitar que las resoluciones que emitan violen los derechos humanos de las mujeres víctima de violencia que realizan su denuncian y, se implemente también los mecanismos necesarios para que el agresor pueda ser resocializado, pero a su vez debería tenerse en cuenta  que  no  todo  acto  es  considerado  violencia  en  sí, como se puede  evidenciar  que en la actualidad  los problemas son comunes en un matrimonio o  una  convivencia, y por el  simple hecho que se efectué  una  discusión esta no amerita una violencia familiar, considerando que estos son muchas veces solucionados en el interior  del hogar. Y; por ello, no se debería dictar una medida de protección con la simple sindicación de la supuesta víctima quedando demostrado muchas veces la existencia de falta de motivación en las resoluciones consistentes en autos de emisión de medidas de protección, teniendo los magistrados que sustentar la gradualidad en la aplicación de medidas de protección.

*Sobre el autor: Abogado por la Universidad Privada San Juan Bautista. Especialización en Derecho Penal y Procesal Penal por el Colegio de Abogados de Lima Norte – Especialización en Derecho Penal y Procesal Penal por el Colegio de Abogados de Arequipa. Socio Principal del Estudio Jurídico Magallanes & Asociados de Chincha a cargo del área penal, ha sido Abogado del Estudio Jurídico Martínez de Chincha, ponente en temas penales.

Imagen obtenida de https://bit.ly/3pt6S8V


Referencias

NÚÑEZ MOLINA, W. F., & CASTILLO SOLTERO, M. D. (2014). Violencia Familiar Comentarios a la Ley Nº29282 (Segunda ed.). Lima, Perú: Ediciones Legales.

ANGULO ALTARAMIRANO, F. (2000). La denuncia por actos de violencia familiar. Sección de Actualidad Jurídica , 81-B, 159.

1.- “Las Mujeres agredidas” Harper and Row Publisher. Inc. New York. 197. Pág. 55.

2.- Expediente  N 01514 -2016-0-1601-JR-FC-02 (Segundo Juzgado  de Familia de Trujillo)

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