¿Por qué se producen y reproducen los conflictos sociales o socio-culturales que confrontan poblaciones locales con empresas extractivas en el Perú? Entre las múltiples causas o motivos podemos identificar un grupo de causas estructurales y sistémicas. A continuación intentamos aproximar una explicación sobre lo que son esta causas describiendo algunas de ellas.
Las causas estructurales son situaciones históricas que se han establecido a manera de columnas o estructuras en la sociedad, siendo difíciles de mover o cambiar. Entre las causas estructurales más conocidas o principales relacionadas a los conflictos sociales podemos citar:
1. La ausencia del Estado en las zonas donde se produce el conflicto. En los Andes y la Amazonía existen poblaciones locales organizadas comunitariamente, pero sin autoridades o servicios del Estado. En dichas zonas no solo es necesario elius imperium del Estado, sino la reciprocidad en servicios públicos acordes a las necesidades de la población local. Ejemplos clarísimos de estas zonas lo constituyen las cuencas o valles vinculadas al narcotráfico, pero también muchas zonas donde es la empresa extractiva la que asume la autoridad y control, y comparte parte de sus servicios privados.
2. La deficiencia o ausencia de los servicios básicos en educación, salud y justicia para la población local que es parte del conflicto. Los sistemas de educación, salud y justicia profesional se encuentran alejados geográfica y/o culturalmente de las necesidades de las comunidades andinas y amazónicas que identifica a la población local involucrada en los conflictos sociales. A pesar de tratarse de servicios en parte descentralizados o regionalizados, como los de educación y salud, no existe una política efectiva que prepare técnica o profesionalmente a los miembros de la población local o controle las enfermedades crónicas que les afectan. Por ejemplo, la actual situación de los Kandozis y Shapras, en el Datem del Marañón, Loreto, infectados de hepatitis B sin un efectivo servicio de prevención y atención en salud, constituye uno de los casos más urgentes.
3. El modelo de desarrollo aplicado y defendido por el gobierno central es excluyente. Ese modelo está basado en políticas neoliberales y en una economía de mercado que promueven el crecimiento a través del consumo de bienes y servicios que, por su naturaleza, excluye a la población local como las comunidades andinas y amazónicas que comparten otra racionalidad económica. A través de ese modelo, se someten o excluyen económicamente, por ejemplo, sus relaciones comunitarias y de autosostenimiento. La presencia de las empresas extractivas en el área geográfica de estas comunidades produce cambios económicos extremos que puede conducir a la migración forzada del grupo local.
Las causas sistémicas, de otro lado, se refieren a aquellas creencias o actitudes que consideramos “buenas” o “malas” por nuestro aprendizaje previo (causas estructurales) y se desarrollan circularmente con posiciones de defensa de las mismas sin cuestionarlas o transformarlas. Entre estas causas sistémicas relacionadas a los conflictos sociales podemos citar:
1. La cultura de consumo. En la sociedad limeña o capitalina de región aceptamos el consumo de bienes y servicios como guía de nuestras conductas económicas. Valorizamos ganar más dinero para acceder al mejor y numeroso consumo sin reparar que provocamos la misma actitud creciente en las generaciones venideras, pero particularmente en otros grupos sociales que históricamente no tienen la misma cultura de consumo. Si integramos a todos los grupos sociales bajo el mismo patrón y cultura de consumo, no solo sería imposible la convivencia humana en nuestro medio sino que estaríamos orientándonos a destruir nuestro planeta.
2. La presencia de “beneficiarios” excluidos. Creemos y defendemos a la inversión privada (normalmente extranjera) como eje de desarrollo porque permite la multiplicación de actividades económicas que se orientan a la exportación y producen divisas que, a su vez, llevan en crecimiento a nuestra economía. Pero, no reparamos que esta inversión extranjera es para beneficio principal del mismo inversor extranjero que mantiene o recrea la relación desigual de grupos económicos mundiales. El mismo fenómeno se reproduce con las empresas privadas sub-contratadas por las empresas extranjeras y el mismo fenómeno se vuelve a repetir con las economías locales sub-contratadas o afectadas por las empresas contratistas o sus organismos no gubernamentales (ONGs) constituidos para ello. Al final, el aparente beneficiario local, de la actividad extractiva, siempre es marginado o excluido en la cadena económica.
3. Las limitaciones de las autoridades del Estado para aplicar los tributos recolectados. A nivel de las autoridades nacionales, regionales y locales también se reproducen un conjunto de creencias y actitudes que también excluyen a las comunidades andinas y amazónicas principales integrantes de la población local involucrada con los conflictos sociales. El gobierno central elabora y aplica presupuestos pensados desde Lima, el gobierno regional hace lo mismo desde su capital regional y el gobierno local lo hace desde su capital provincial. Al final, la población directamente involucrada con el conflicto carece de participación en la elaboración y ejecución de los presupuestos generados por los tributos de la actividad extractiva, a pesar de recolectarse desde su ámbito territorial.
¿Cómo cambiar o mejorar la situación descrita tras estas causas estructurales o sistémicas de los conflictos sociales o socio-culturales en el Perú? Una primera respuesta es que comprendamos, todos, conscientemente la existencia de estas causas. Esto significa no ser indiferentes. Una segunda respuesta es que busquemos, a través del diálogo y el debate, más de una alternativa de solución considerando prioritariamente la situación de la población local involucrada en el conflicto. Aquí es necesario unir la razón con la sensibilidad, pero sobretodo asumir un rol activo en ese diálogo o debate.
