La prevención o gestión de los conflictos sociales en el Perú

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Antes o después de iniciado un conflicto, la prevención es la clave para evitarlo o gestionar su control o resolución. Cuando el conflicto ya se inició, la prevención buscará evitar su desarrollo negativo. En el caso de los conflictos sociales o socio-culturales, este trabajo de prevención, consiste en evitar que el conflicto termine en un desastre político: con muertes, heridos, daños a la propiedad pública y privada y con el consecuente descrédito de las autoridades oficiales intervinientes. ¿Cómo realizar este trabajo de prevención frente a los conflictos socio-culturales en el Perú?

A continuación presentamos siete recomendaciones de prevención o gestión de conflictos socio-culturales en el Perú que parten del conocimiento de los conflictos más conocidos en los últimos años: Bagua (2009), Loreto (2010), Puno (2011), Espinar (2012), Conga-Cajamarca (2012).

1.       Abrir o reabrir el diálogo con la población local que es parte del conflicto. Esto es evidente antes del conflicto, pero una vez iniciado el conflicto, a pesar de haberse alcanzado un acuerdo previo, el diálogo sigue siendo fundamental. Ello significa conversar con los líderes legítimos de esa población, pero también con la misma población. Cuando hay intereses políticos partidarios en los líderes, es importante transmitir el contenido del diálogo directamente a la población. Si fuera posible, en tal caso, el diálogo puede ser abierto al público o ante representantes de las distintas organizaciones que componen la población local.

2.       Estudiar y comprender la racionalidad cultural de la población local. Esto es esencial para iniciar o reiniciar el diálogo y llenarlo de contenido para alcanzar una propuesta que satisfaga a la población local. ¿Cuál es la posición de esta población local o, mejor aún, cuáles son sus intereses en el conflicto? Aquí es importante analizar causas presentes o actuales (daño ambiental y económico, o posible daño ambiental y económico, por ejemplo), así como las causas estructurales y sistémicas (la falta de servicios básicos o la exclusión de beneficios en la población local, por ejemplo) relacionados con el conflicto. Pero sobretodo importa resaltar la comprensión específica de las costumbres, rituales, deidades, fiestas patronales, organización social, actividades económicas principales, entre otras, de la población local.

3.       Las autoridades del Estado deben actuar en forma imparcial, alejados también de sus posiciones ointereses.  Si no se deja a un lado el solo interés por recaudar impuestos o ejecutar un proyecto de inversión por considerarlos de “interés nacional”, el conflicto se agudizará. Si fuera posible, en determinados casos, es necesario retroceder en las iniciativas o autorizaciones administrativas ya otorgadas. Esto significa priorizar un derecho flexible en momentos que se puede producir un desastre político.

4.       Articular los intereses de las empresas extractivas con los intereses de la población local, normalmente identificada con comunidades andinas y amazónicas. No basta valorar las ganancias de la inversión privada con pequeñas cuotas de responsabilidad social empresarial, sino alcanzar efectivas ganancias para todas las partes del conflicto. Esto sin que signifique la desintegración (por la migración forzada, por ejemplo) de las mencionadas comunidades andinas y amazónicas.

5.       Incluir la participación de la población local organizada en la cautela de sus derechos y obligaciones. Esto significa valorar la organización local destacando la práctica de criterios rotativos en el ejercicio de los cargos públicos de dicha población (práctica común de las comunidades andinas, por ejemplo) y la capacidad de autocontrol y defensa de sus derechos. La promoción de la Justicia Comunal en la población local aparece en tal sentido como una gran alternativa.

6.       Reparar o subsanar los errores, daños u omisiones. Si el conflicto tiene tras de sí la falta de una consulta previa (conforme se encuentra garantizado en la Constitución Política y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) por anormalidad en la normatividad local o sectorial ministerial, hay que repararlo o subsanarlo y, de ser posible, cumplir con la consulta previa a pesar de encontrarse operativa la actividad extractiva. Esta reparación o subsanación es la mejor propuesta social para evitar mayores pérdidas o restricciones de ganancias de la empresa extractiva. Incluso es la mejor acción política para evitar otros conflictos similares en el país.

7.       Atender las causas estructurales o sistemáticas de los conflictos socio-culturales, al mismo tiempo que se atienden las causas presentes y específicas. Esto significa articular las demandas inmediatas con los evidentes problemas históricos o recurrentes de la población local: la ausencia o deficiencia de los servicios básicos de salud, educación y justicia o la indiferencia para incluir a la población local en el proceso de cambio o mejoras que viene experimentando  la sociedad urbana (capitalina) sin que signifique la pérdida de la cultura que los identifica.

En suma, si reparamos en el conjunto de sugerencias planteadas, la clave de la prevención o gestión de los conflictos sociales o socio-culturales en el Perú se encuentra en la comprensión, atención y perspectiva de la población local. En esta parte colectiva y humana es donde se encuentra la capacidad auto-compositiva pero también la capacidad resolutiva para poner fin a los indicados conflictos.

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