Los graves hechos de corrupción dados a conocer recientemente en los llamados “kenjivideos” han resultado en una grave crisis política. Estos vídeos evidencian la supuesta compra de votos de congresistas con el fin de que se opongan al segundo pedido de vacancia presidencial (a llevarse a cabo este jueves). Evidentemente, este escándalo ha desprestigiado aún más al ya debilitado Ejecutivo, quien de un momento a otro se vió entre el pedido de renuncia y la vacancia.
Por otro lado, este hecho lleva a mayores cuestionamientos respecto al desenlace del primer pedido de vacancia contra PPK. Lo anterior, debido a que, como se recuerda, la bancada fujimorista a favor de Kenji Fujimori Higuchi fue decisiva al salvar al presidente de la remoción a fines del año pasado, pues fue una votación con posturas muy polarizadas. Al contrario, en esta oportunidad, la difusión de las evidencias mencionadas ha esclarecido el panorama político respecto al futuro del Ejecutivo. En este punto, tras la presentación de los denominados “kenjivideos”, lo que quedaba claro era la inminencia de la remoción de Kuczynski del cargo de Presidente de la República.
Ante el rechazo general, alrededor de la 1:00 pm del miércoles 21 de marzo, finalmente, se concretó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a su cargo, la cual espera su aprobación por parte del Congreso el día de mañana, jueves 22 de marzo. Ante ese hecho, se recurre a lo expresado en el Art. 115 de nuestra Carta Magna:
«Artículo 115°.- Por impedimento temporal o permanente del Presidente de la
República, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de
éste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de ambos, el Presidente
del Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congreso
convoca de inmediato a elecciones.»
Esta evidente crisis política no solo perjudica y debilita el orden democrático, sino que también mella la confianza de la población y genera efectos económicos desfavorables al provocar incertidumbre en los empresarios interesados en invertir en nuestro país. Cabe recordar que nuestro sistema de gobierno, al ser presidencialista, coloca un gran énfasis en la figura del Presidente de la República: quien, además de asumir los roles de jefe de gobierno y jefe de estado, es el representante de nuestra nación.
En el aspecto económico, la desventaja es clara. Puesto que, al no existir una figura presidencial que sirva como referencia a los empresarios, estos últimos no cuentan con una figura clara de cuáles serán las garantías y/o beneficios que el jefe de estado brindará a sus inversiones. De esta manera, empresarios interesados en invertir en nuestro país se ven en la obligación de esperar la configuración de una coyuntura política menos agitada y que no signifique un desmedro de sus inversiones. Esta espera puede no llegar a concretarse, ya que estos últimos pueden verse tentados por otras ofertas de otros países. La situación descrita no solo afectaría la economía de las grandes empresas, sino que privaría a muchos peruanos de potenciales oportunidades de trabajo.
Por otro lado, en el aspecto social se evidencia el justificado y creciente recelo de la población hacia las instituciones democráticas, que pierden legitimidad a causa de sucesos que atañen a sus principales representantes. Esto se puede observar claramente en el creciente número de movilizaciones sociales y en el descenso de aceptación de muchos de los líderes políticos, entre ellos, el Presidente de la República.
La situación descrita puede ser considerada como la peor crisis política de los últimos 15 años. La incertidumbre generada solo puede llevarnos a concluir que el que más pierde es el Perú.
