Las noticias referidas a temas constitucionales y en particular sobre la situación actual del Ministerio Público no paran de llegar. Luego de que se presentara un proyecto de ley de declaración de emergencia del Ministerio Público y, que el Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) suspendiera por cuatro meses la colegiatura del, entonces titular del Ministerio Público, Pedro Chavarry; hoy, aproximadamente a las 10 de la mañana, éste presentó su renuncia ante la mesa de partes de la Junta de Fiscales Supremos. Estos últimos ya habían comenzado a sesionar para determinar quién ocuparía el cargo de Fiscal de la Nación de forma interina.

Siguiendo con la misma línea, en la discusión de la junta, se recordó que la elección del cargo tiene que darse en función a la antigüedad en la Junta de Fiscales Supremos. Ello, en principio, indicaba que Pablo Sánchez, ex Fiscal de la Nación del periodo 2015-2018, debería asumir. No obstante, inesperadamente, Sánchez declaró que no aceptaría el puesto, por lo que, siguiendo el mismo principio antes mencionado, el cargo le correspondería a Zoraida Ávalos; quien no lo rechazó.

Ante ello, en medio de todos los discursos y comentarios políticos de los gobernantes y congresistas sobre la renuncia de Pedro Chávarry, Zoraida Ávalos, quien ya había asumido de forma interina, tomó como primera decisión el declarar en estado de emergencia al Ministerio Público, situación que quizá gran parte de la población no venía venir tan pronto, en tanto que la propuesta legislativa ya había sido presentada por Martín Vizcarra ante el Congreso.

Dado todos los acontecimientos que han venido ocurriendo de manera frenética en estos días, quedan algunos temas sobre los cuales es importante hacer algunas aclaraciones.

¿Cuál es la situación actual de Pedro Chavarry?

Independientemente de que Chavarry haya renunciado al cargo de Fiscal de la Nación, ello no quiere decir que han cesado todas sus funciones como fiscal, toda vez que se sigue manteniendo como Fiscal Supremo con derecho a voto y, por lo tanto, seguirá actuando dentro del Ministerio Público.

Ahora bien, en vista de que se busca una reestructuración a nivel orgánico de la institución estatal, resulta peligroso que un fiscal sobre el cual aún recaen muchos cuestionamientos e investigaciones siga actuando de plena libertad, pues al margen de Chávarry todavía quedan varios fiscales investigados y que podrían obstaculizar los esfuerzos por reestructurar la organización.

En ese sentido, el ex fiscal supremo adjunto Víctor Cubas mencionó que se tiene que tomar la situación actual con cautela dado que el Consejo Nacional de la Magistratura se encuentra desactivado. Asimismo, se recordó que hay otros fiscales supremos como Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez que han sido vinculados en el caso investigado de Los Cuellos Blancos del Puerto, por lo cual afirmó que “sería nefasto que los fiscales cuestionados, con casos graves de crimen organizado, elijan al fiscal de la Nación titular”[1]. Por ello es que también hay quienes creen que Chávarry debería renunciar, además, como fiscal supremo.

¿Qué va a pasar con el proyecto de declaración de emergencia del Ministerio Público?

La situación ya se confirmó por Zoraida Ávalos, quien dijo “declarar en emergencia el Ministerio Público con la finalidad de recuperar la confianza en la institución”[2]. Ya desde el inicio podemos apreciar que la declaración de Ávalos no solo se manifiesta en los esfuerzos por continuar la lucha contra la corrupción en el marco de la ley, sino que también se extiende a un ámbito de la legitimidad, ya que busca que la población vuelva a confiar en las instituciones que considera que la han decepcionado.

Sin embargo, el hecho de que la actual Fiscal de la Nación interina haya declarado en emergencia al Ministerio Público, no implica que también esté de acuerdo con que se haya tratado desde el proyecto que presentó el presidente ante el Congreso, pues considera que el empleo de tal vía vulneraría la institución que ahora representa.

“Este proyecto entiendo que se presentó dada la emergencia que estábamos viviendo. Tiene que ser sometido al debate, pero creo que ha quedado claro que violaba la estructura constitucional del Ministerio Público”, señaló Ávalos.

Esta declaración puede referirse a las principales acusaciones a las que ha sido sometido el proyecto del ley, entre las cuales se encuentra la inconstitucionalidad por vulneración al principio de separación de poderes, en tanto que viola la autonomía de la institución y, por otro lado, que nuestro ordenamiento no contempla en principio la declaratoria de emergencia para organismos constitucionalmente autónomos.

Estos argumentos ya han sido debatidos y comentados anteriormente. El segundo punto ha sido refutado con el análisis de la inaplicación del Artículo 137 de la Constitución Política, dado que los motivos por los cuales se declara una emergencia constitucional no tendrían que ser iguales a los del Ministerio Público.

Ello nos lleva al último punto referido a que, supuestamente, se vulneraría la autonomía del Ministerio Público, ya que habría mecanismos para que se tomen acuerdos del tipo que pretende el proyecto de ley. De la misma forma, se tendría que considerar que la Constitución no considera el cese de las funciones de los Fiscales Supremos por las consideraciones de “emergencia” alegadas, sino que solo se podría cesar a tales funcionarios si es que sobre dicho fiscal recaen acusaciones constitucionales.

Para responder tales argumentos, conviene leer bien la exposición de motivos del mismo proyecto de ley, presentado mediante el Oficio Nº 001-2019-PR, pues en su punto 2 alude que las funciones y el ejercicio del cargo en realidad se siguen manteniendo, siendo estas trasladadas a la figura del Fiscal de la Nación Transitorio y la Junta Transitoria de Fiscales Supremos. En adición, el Tribunal Constitucional manifestó en la Sentencia 0012-1996-AI que [l]La autonomía es capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que está representada no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste”[3].

Por último, si bien el referido proyecto ha originado bastantes controversias, debe rescatarse que éste ha permitido el inicio del debate respecto a cómo solucionar la situación de emergencia que atraviesa el Ministerio Público.

No podemos dejar de estar atentos ante el contexto en que se encuentra nuestro país, e, independientemente de la postura que uno tenga, se tienen que realizar todos los esfuerzos necesarios para que el pueblo recupere la confianza de sus instituciones y se luche contra la corrupción, todo dentro del marco de la ley.

Imagen obtenida de: https://bit.ly/2CWzeTY 

[1] https://elcomercio.pe/politica/interrogantes-anuncio-pedro-chavarry-noticia-595189

[2] https://gestion.pe/peru/politica/zoraida-avalos-declara-emergencia-ministerio-publico-nndc-255099

[3] STC 0012-1996-AI