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La ley de la consulta previa y la oportunidad de la inclusión

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La finalidad de la ley de la consulta previa no consiste, como señalan sus críticos, en fomentar la inversión privada a través de la solución de los conflictos sociales sino, y como se planteará a continuación, en fomentar la participación de las minorías y los grupos desaventajados en la deliberación pública. En efecto, esta ley permitirá que las comunidades y pueblos indígenas puedan expresar con total libertad sus demandas e intereses en el marco de los proyectos de inversión presentados en cabeza del Estado o de  terceros. A través de esta norma estas comunidades tendrán la oportunidad de canalizar sus legítimos intereses y hacer partícipe al Estado de la protección de los mismos, a través del diálogo y la participación que esta ley acentúa.

En el pasado muchos conflictos sociales se hubieran podido evitar si hubiera existido una norma como ésta. Primero, porque el cuerpo central de estas demandas era el impacto de la inversión privada en los territorios de las comunidades y pueblos indígenas y, luego, porque lo que estas comunidades reclamaban era, precisamente, que las escuchen y que sus reclamos, de una forma u otra, sean incorporados en las políticas públicas avanzadas por el gobierno. Con todo, la experiencia incipiente de la aplicación del Convenio 169 de la OIT prueba que si esta ley se hubiera aprobado con anterioridad no se hubieran producido los hechos que ya todos conocemos en regiones como Bagua o Cajamarca; debido a que lo que este tratado precisaba era, justamente, lo que en  esos escenarios locales se presenta como problemático: los límites de la protesta y su legitimidad en un contexto en el que el dialogo y la participación brillan por su ausencia.

El Perú no es el único país en la región que ha aprobado una ley de la consulta previa, además, lo han hecho países como Colombia, Chile y Uruguay, los mismos que, según el último informe del PNUD, poseen los mayores índices de respeto a la democracia y al Estado de Derecho de Latinoamérica. Esta medida no se presenta, entonces, de manera baladí; habla a las claras de una tendencia  que es armónica con aquellas políticas que optimizan los derechos de todos los ciudadanos en una verdadera democracia.

La ley de la consulta previa es una propuesta, en suma, que no se agota sólo en lo económico, sino que incide también en los valores de la democracia constitucional y la deliberación pública. Por ese motivo debe ser vista como una oportunidad y no como un escollo para perfeccionar nuestra democracia, tan venida a menos en los últimos años por la inacción y la indolencia de nuestros gobernantes, pero también por la indiferencia de nosotros, los ciudadanos, tan embebidos con lo que pasa en Lima o en las ciudades principales, pero a la vez tan ajenos con lo que pasa en el corazón del país, ahí donde la ausencia de la democracia se siente más que en ningún otro rincón de nuestra patria.

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