Escrito por Gustavo Zambrano (*)
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), representa un compromiso global para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos y todas. Sin embargo, alcanzar estos objetivos está intrínsecamente ligado a la garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente en regiones tan diversas y culturalmente ricas como América Latina y el Caribe.
Los pueblos indígenas han sido históricamente marginados y sus derechos ignorados. Reconocer y respetar sus derechos colectivos es fundamental no solo por justicia histórica, sino porque su cosmovisión y conocimientos tradicionales ofrecen soluciones innovadoras y sostenibles a muchos de los desafíos que enfrentamos hoy. La tierra, el territorio y los recursos naturales son aspectos centrales de estos derechos, y garantizar su protección es esencial para avanzar en varios ODS, como el fin de la pobreza (ODS 1), hambre cero (ODS 2), vida de ecosistemas terrestres (ODS 15), y acción por el clima (ODS 13).
La participación activa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan a sus vidas y territorios es un principio fundamental de la autodeterminación y un prerrequisito para el desarrollo sostenible. Esta participación no debe ser meramente consultiva, sino que debe involucrar una colaboración significativa y equitativa en la planificación, implementación y monitoreo de proyectos de desarrollo. Tal inclusión garantiza que las soluciones sean culturalmente apropiadas y sostenibles a largo plazo.
Un ejemplo claro es la gestión de los recursos naturales. Los pueblos indígenas poseen conocimientos ancestrales sobre la gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas. Integrar este saber en las políticas de conservación y desarrollo agrícola puede mejorar la eficiencia y sostenibilidad de estas prácticas, ayudando a alcanzar ODS relacionados con la vida terrestre y la producción responsable (ODS 12 y 15).
Los gobiernos de América Latina y el Caribe tienen la responsabilidad de integrar de manera constante y coherente los derechos de los pueblos indígenas en sus políticas estatales. Esto no solo incluye el reconocimiento legal de sus tierras y recursos, sino también la protección de su cultura y la promoción de su bienestar socioeconómico. La implementación de políticas que respeten y fortalezcan los derechos indígenas es clave para avanzar en la Agenda 2030.
El caso de la Amazonía es ilustrativo. La protección de la Amazonía no solo es crucial para la biodiversidad global y la lucha contra el cambio climático, sino también para la supervivencia de los pueblos indígenas que la habitan. Políticas efectivas que combinen conservación ambiental y respeto a los derechos indígenas son vitales para cumplir con los ODS en esta región.
La relación entre alcanzar los ODS y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas es indisoluble. La participación activa de estos pueblos en las acciones de desarrollo es esencial para asegurar que las soluciones sean inclusivas y sostenibles. Los estados de América Latina y el Caribe deben adoptar políticas que no solo reconozcan, sino que protejan y promuevan activamente los derechos de los pueblos indígenas. Solo así se podrá avanzar hacia un desarrollo verdaderamente sostenible que no deje a nadie atrás y que respete la diversidad cultural y ecológica de nuestra región.
(*) Sobre el autor: Profesor TPA Auxiliar Ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP y especialista en derechos humanos y derecho ambiental, en particular en temas de pueblos indígenas vinculados a la gestión territorial, el manejo forestal, el cambio climático, la gestión de reservas para pueblos indígenas en situación de aislamiento, y consulta previa.
