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Introducción: 

Uruguay aparece como la única democracia consolidada del continente (Perspectiva, 2025) con
altos niveles de apoyo a su régimen, específicamente su democracia es de tipo representativa,
pero cuál es la diferencia ante la mayoritaria cantidad de países de Latinoamérica con ese tipo de
democracia( excepto Venezuela). Ante lo mencionado, se hace necesario establecer cuál es la
diferencia y tipificación exacta de las democracias latinoamericanas. Este estudio, más allá de
tipificar teóricamente la democracia, analiza los mecanismos normativos, electorales y políticos
de representatividad en Uruguay, y los contrasta con el caso peruano para comprender como estas
diferencias afectan la confianza ciudadana. La pregunta de investigación es: ¿Cómo influyen las
diferencias y similitudes en la institucionalidad representativa de Uruguay y Perú en los niveles
de confianza ciudadana entre 2015 y 2024? El tema es relevante porque estas diferencias
estructurales pueden explicar por qué Uruguay exhibe niveles comparativamente altos de
confianza, mientras Perú registra mínimos históricos. Desde una perspectiva personal, me
interesa estudiar el sistema representativo por su riqueza aplicativa y congruencia teórica. Escogí
estos países por el contraste único que hay en los dos, además, del aprendizaje que puedo hallar a
través del nivel de éxito o fracaso de aquellos sistemas representativos. Se compara Uruguay y
Perú, definiendo el gobierno representativo como el sistema donde el pueblo elige representantes
para ejercer el poder político en su nombre, y tanto el representante como el representado tienen
la capacidad y voluntad de mantener dicho gobierno (Simón, 2014) . Según Pitkin, la
representación es la satisfacción de las demandas ciudadanas con un enfoque sensible (1985) . La
institucionalidad hace referencia a las reglas de juego que se dan a través de las interacciones
políticas, económicas y sociales (Ministerio de Economía y Finanzas, s. f.) , y en ese sentido la
institucionalidad representativa son las reglas del juego que guían el accionar de una autoridad
elegida en un determinado contexto (Muñoz Lazo, 2015) . En concordancia con el sistema
representativo, se define la confianza ciudadana como “la percepción positiva, esperanza, fe o
expectativa, que los ciudadanos depositan en las instituciones, autoridades y representantes del
sector público” (Melo Zea, 2023, p. 11)

Desarrollo

Similitudes y diferencias en los mecanismos representativos

A pesar de sus diferencias, ambos países comparten rasgos formales básicos. Ambos son
repúblicas presidenciales con separación de poderes, cuentan con un presidente elegido por voto
popular y un legislativo nacional, así como sistemas judiciales independientes. En ambos países
existe sufragio universal (Pública, 2019) . Tanto Uruguay como Perú emplean sistema de doble
vuelta para la presidencia y representación proporcional en el Congreso. Las constituciones de

ambos Estados garantizan derechos políticos semejantes y ambas naciones participan de la
historia democrática latinoamericana moderna. Tras dictaduras militares del siglo XX, Uruguay
recuperó la democracia en 1985 y Perú en 2000. En suma, el marco institucional formal con sus
elecciones periódicas, multipartidismo, división de poderes y órganos electorales autónomos es
análogo en ambos países.

El nivel de representatividad se ha tornado negativo en el caso peruano, específicamente, como
las fuerzas del orden actúan ante las movilizaciones sociales. En el gobierno de Dina Boluarte,
son más de 60 personas fallecidas, y más de 1600 personas heridas entre civiles y
policías (Benites & Vaverde, 2023) . Es poco el control del gobierno de turno sobre la PNP o
existe un control parcial que ignora el problema intencionadamente. Según, Stuart Mill un
gobierno es representativo si hace efectivas las demandas tanto de las mayorías como de las
minorías, el hacer caso omiso a las demandas como a la violencia instaurada por el gobierno de
turno, es tener una democracia representativa legal mas no legitima. Por otro lado, Uruguay
presenta movilizaciones de carácter masivo como la Marcha del Silencio en memoria de los
desaparecidos de la última dictadura uruguaya (Infobae, 2025) , o de carácter minoritario como la
acontecida el 2023 por la reforma jubilatoria (Televisión Pública Noticias, 2023) o la
movilización de un sindicato pesquero en Montevideo por mejoras laborales que dejo algunos
heridos (Ámbito, s. f.) . En cualquiera de los casos ocurridos en Uruguay, el nivel de represión
policial o violencia entre las dos partes es mínima, no ha llegado a tal punto de ciudadanos
muertos o de ensordecimiento estatal.

En Uruguay hay un sistema de partidos históricamente estable, estos son los partidos Colorado,
Nacional y el Frente Amplio que han dominado la escena a lo largo de décadas. La
gobernabilidad uruguaya se basa en coaliciones amplias con acuerdos de largo aliento. Por
ejemplo, tras las internas partidarias abiertas (obligatorias para partidos) cada electo presidente
conforma un gabinete integrando sectores aliados, y los políticos uruguayos han demostrado
saber ceder sus lugares en favor de las mayorías para generar entendimientos nacionales.

Esto ha tendido a conformar dos grandes bloques políticos estables, uno liberal y otro de enfoque social.
En contraste, Perú es considerado una democracia sin partidos a partir del término del gobierno
de Fujimori, y los consecuentes partidos que tienen un nivel de representación ínfimo, aquello se
aprecia en las últimas elecciones del 2021, en ese entonces, el presidente Castillo paso la primera
vuelta con solo el 18.9% de votos (Kyoto University et al., 2024) .

Actualmente, encontraremos una gran cantidad de partidos con poca aceptación De hecho, encuestas regionales documentan
que solo el 15% de los peruanos simpatiza con algún partido, mientras en Uruguay el 44% de la
ciudadanía mantiene adhesión partidaria. Estos contrastes en la institucionalidad de los partidos
son cruciales, Uruguay enfatiza la democracia interna con elecciones abiertas y simultáneas
dentro de los partidos, y un continuo arraigo de sus organizaciones políticas, mientras que Perú
ha enfrentado crisis de representación y cambios frecuentes de liderazgo.

Por el lado de los mecanismos de representación subnacional, Uruguay posee Gobiernos
Departamentales y Gobiernos municipales con un sistema de listas cerradas, y cuenta con un
mecanismo de mayoría automática que le permite la asignación mayoritaria de escaños, 16 ediles
de 31, prácticamente tienen control total sobre el legislativo. Lo mencionado, genera un ambiente
bipartidista en muchos de los departamentos de Uruguay, además, de contar con un régimen
hiperpresidencialista respaldado por una base legislativa mayoritaria e independencia
económica (Cardarello, 2022) . En cambio, Perú cuenta con Gobiernos regionales y Gobiernos locales y un sistema de listas cerradas, pero sin mayoría automática en el legislativo. La ley de
Elecciones Regionales lo menciona en su artículo 8, inciso 3: “La cifra repartidora se aplica entre
todas las demás listas participantes para establecer el número de miembros que les corresponde ,
cuidando de no repetir la representación por provincia establecida por la lista que le precede en
votación” (JNE, 2024,p. 4) . A partir de ello se puede identificar una partidocracia en Uruguay
donde existen partidos que controlan el Ejecutivo y el Legislativo, y por otro lado existe una
relativa parlamentocracia en Perú debido a una asignación proporcional de escaños en los
partidos políticos y el poder del Legislativo sobre las acciones del poder Ejecutivo.

Anteriormente habíamos hablado del gobierno representativo y como este depende estrictamente
de la voluntad y la capacidad de los representantes y los representados de mantenerla a través de
la participación e inclusión de las minorías y mayorías. Pero qué hacer cuando son las propias
instituciones y funcionarios públicos los que obstruyen las acciones políticas de los
representantes.

Casos en el territorio peruano, como la vacancia por incapacidad moral aplicada a
Kuczynski y a Vizcarra, y el debilitamiento consecuente del mecanismo de la cuestión de
confianza, o el hecho más reciente su citado en el gobierno de Castillo con 3 mociones de
vacancia y la censura de sus ministros, además de dos cuestiones de confianza negadas y
archivadas (Durand, 2022) .

El opuesto político se sitúa en Uruguay, donde como se mencionó
anteriormente, se cuenta con un amplio número de representantes que respaldan el partido
político en el Legislativo, el actor del sector empresarial suele ser el que más afecta la
gobernabilidad.

Estos contrastes en la institucionalidad se reflejan en los indicadores de confianza. En ese sentido
se escogió el Latinobarómetro, centro de estudios de opinión pública, para estudiar la confianza
ciudadana enfocada en los roles representativos del Estado desde el año 2016 al 2024(en algunos
indicadores no se presentan datos). Solo se tomarán en cuenta los porcentajes de mucha confianza
y algo de confianza, al ser lo más cercano a una confianza relativamente buena. La confianza en
el congreso mantenía un ritmo constante de ascenso en el caso uruguayo; en cambio, Perú
mostraba un descenso constante hasta el año 2024, donde se subió el porcentaje en un 3%. La
confianza en el gobierno uruguayo tiene un pico de 56% el año 2020, además de tener números
estables no menores al 38 %; Perú presenta un declive del 11% en ese aspecto (2016-2024).
Uruguay y Perú muestran el pico de confianza en el presidente en la pandemia del coronavirus;
ya luego, Uruguay manifiesta un ritmo constante del 47%, mientras Perú manifiesta un descenso
abismal 23% desde aquel pico de confianza. La confianza en los partidos políticos mantiene
cifras menores al 10% a partir del 2017 en Perú; en cambio, Uruguay, mantiene porcentajes
mayores al 20% pero menores al 40% (Ver Anexos).

Respuesta a la pregunta de investigación

En conjunto, las diferencias institucionales sugieren un vínculo causal, la solidez formal del
sistema representativo uruguayo fomenta una mayor confianza ciudadana en los representantes y
en las reglas del juego (Draper, 2025) .

En cambio, la fragilidad institucional de Perú ha
erosionado la legitimidad política, llevando la confianza a mínimos regionales. Aunque este
análisis es de naturaleza comparativa y descriptiva, la evidencia apunta críticamente a que las
variaciones en la democracia formal influyen en las percepciones ciudadanas. Uruguay, pese a
problemas propios, exhibe mejores indicadores de confianza gracias a su institucionalidad
respaldada históricamente.

Este estudio tiene un enfoque institucionalista basado en las reglas y normas que tiene el sistema
político peruano y uruguayo, en este sentido, cabe aclarar que las dimensiones de este fenómeno
político no se reducen a esta perspectiva. Los mecanismos formales de la democracia
representativa son influenciados por las personas y el contexto internacional, son demasiadas
variables que quizás ameriten un estudio de enfoque sistémico.

El sistema representativo abarca aspectos más amplios que la relación entre los representantes y
los representados o los mecanismos formales de la democracia representativa. Existen otros
actores que debilitan el funcionamiento de la representación, aprovechan vacíos jurídicos,
electorales o técnicos para obtener el poder político. Por otro lado, el que un gobierno sea
representativo implica cercanía con la población, no tan solo escuchar sus demandas sino darles
la posibilidad de generar el cambio; esto se permite a través de mecanismos de democracia
participativa o directa, pero no los clásicos, es necesario utilizar modelos adaptativos y dinámicos
que conecten con la ciudadanía. Es cierto que la representación se dio por la necesidad de tener
un elegido que encapsule todas las demandas ciudadanas y que tenga la capacidad de
solucionarlas. Esta tarea no puede ser cumplida sin el acompañamiento de la población, una
ciudadanía que tenga el respaldo técnico para proponer, de forma horizontal y transparente, con
los representantes

Conclusiones

El estudio comparativo muestra que la institucionalidad de la democracia representativa es un
factor clave para explicar la confianza ciudadana en Uruguay y Perú. Uruguay, con su tradición
de acuerdos partidarios y órganos electorales fuertes, logran sostener niveles de respaldo
institucional que superan ampliamente los de Perú. En contraste, Perú exhibe desconfianza
ciudadana extrema asociada a un sistema partidario atomizado y crisis políticas frecuentes. Estas
divergencias ilustran que los mecanismos formales de la democracia tienen impacto directo en la
legitimidad política. La democracia uruguaya, más institucionalizada, genera mayor confianza; la
peruana, más volátil, dificulta la legitimidad de las instituciones. Este hallazgo sugiere que para
mejorar la confianza ciudadana no bastan reformas superficiales, es imprescindible fortalecer la
institucionalidad interna y fomentar la estabilidad constitucional. La innovadora contribución de
este estudio reside en vincular explícitamente elementos formales de la democracia con los
niveles de confianza medidos en el tiempo. A la postre, Uruguay y Perú confirman que la calidad
de las reglas de representación influye decisivamente en la percepción ciudadana de la política,
en ese sentido es prioritario garantizar instituciones representativas sólidas y participativas es
esencial para construir y recuperar la confianza ciudadana, más allá de la coyuntura inmediata.

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