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Garantías diplomáticas y Constitución: El derecho fundamental a la vida en los procesos de extradición

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Los procesos de colaboración judicial internacional han sido concebidos bajo la premisa de la lucha contra la impunidad. En ese contexto, el autor afirma que se han desarrollado una serie de herramientas a fin de facilitar la cooperación interestatal a fin de poder combatir de manera efectiva contra el delito. Así, las garantías diplomáticas pretenden asegurar que, en el marco de un proceso de extradición, se van a tutelar los derechos fundamentales del extraditurus. Ahora bien, aunque la lucha contra la criminalidad organizada es una finalidad ciertamente legítima, el autor advierte que los Estados deben prestar particular observancia cuando se pueda vulnerar el derecho a la vida por una aplicación arbitraria de la pena de muerte. En el caso peruano, plantea que los jueces locales deben recurrir a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política de 1993 a fin de determinar las obligaciones estatales que permitan tutelar el derecho a la vida del extraditurus.

1.  Introducción

La lucha contra la delincuencia organizada trasnacional se ha efectuado de diversas maneras. En un inicio, cada Estado intentaba tutelar, en el marco de su soberanía, los derechos de todas las personas sometidas a su jurisdicción. Sin embargo, cuando se advirtió la inviabilidad de este método, se optó por afianzar los lazos existentes en la comunidad internacional a fin de edificar una estrategia conjunta.

Es en este contexto que surge la cooperación judicial internacional, cuya institución más representativa es la extradición. En efecto, a través de esta figura procesal se pretende perseguir el delito cometido en un lugar ajeno a la jurisdicción del Estado interesado en ejercer el ius puniendi. De esta manera, la lucha contra el crimen se torna más efectiva y se garantiza, consecuentemente, una adecuada tutela de los bienes jurídicos que suelen ser afectados con la comisión de estos delitos.

No obstante ello, la persecución del delito no puede ser efectuada de manera indiscriminada. En particular, deben observarse todas las garantías del debido proceso durante su tramitación a fin de efectuar la sanción penal dentro de los límites trazados por el Estado Constitucional de Derecho. Ello supone que también deban tutelarse los derechos fundamentales del extraditurus durante el desarrollo del proceso. Si bien nuestro texto constitucional de 1993 no ha consagrado, al menos de manera explícita, qué derechos deberían tutelarse en los procesos de extradición, lo cierto es que una visión panorámica de este instituto nos puede brindar una mayor aproximación de los derechos que merecen ser tutelados.

Es así que el derecho a la vida, que ha sido considerado usualmente como el prerrequisito para el goce y ejercicio de los demás derechos, debe ser particularmente tutelado en el contexto de los procedimientos de colaboración judicial internacional. De esta forma, se pretende garantizar un haz de libertades y facultades que no pueden desconocerse por el único motivo de encontrarse procesado o sentenciado por un delito. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una preeminencia excesiva del derecho a la vida terminaría por bloquear todo procedimiento de colaboración en el cual exista el riesgo de aplicarse la pena de muerte. De ahí que se desprenda la idea que no puede realizarse una prevalencia incondicionada del derecho a la vida en los procesos de extradición, y es en ese sentido que la noción de las garantías o seguridades diplomáticas, entendidas como memorandos de entendimiento en las cuales el Estado interesado en ejercer el ius puniendi se compromete a no afectar los derechos fundamentales del extraditurus, cobra especial relevancia.

2. Extradición y Constitución

No existe ni en la doctrina ni en la jurisprudencia duda alguna en torno al concepto del instituto de la extradición. Así, en la doctrina nacional, se ha indicado que la extradición “es el acto o procedimiento de la entrega de una persona, acusada o condenada por un delito, a aquel que es competente para juzgarlo o ejecutar la pena que le haya sido impuesta como reo presente”[1]. En esta misma línea, tal y como tiene dicho la Corte Constitucional de Colombia, es posible afirmar que “una de las causas que ha dado origen al nacimiento de esta figura de cooperación internacional, ha sido el interés de los Estados en lograr que los delitos cometidos en su territorio ya sea total o parcialmente, no queden en la impunidad. De ahí, que esta figura haya sido objeto de tratados o convenciones internacionales de naturaleza bilateral o multilateral”[2].

La extradición, así concebida, ha sido regulada en el artículo 37º de la Constitución[3]. En virtud de esta disposición constitucional, se establece que puede concederse la extradición si se considera que la misma ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza. Del  mismo modo, excluye su procedencia frente a la persecución de delitos políticos o aquellos que sean conexos.

Sin embargo, esta disposición constitucional no puede ser interpretada de manera aislada. Así, en virtud del principio de interpretación sistemática de la Constitución, deben tenerse en cuenta otras disposiciones que sean relevantes a efectos de dotar de contenido a las cláusulas constitucionales. En ese sentido, tanto la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, así como el artículo Quinto del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional coinciden en indicar que el contenido de los derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional debe tener en cuenta lo dispuesto en los tratados internacionales y en la jurisprudencia de los tribunales internacionales que se encuentren facultados para interpretarlos.

En ese contexto, el artículo 13 in fine de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST), instrumento ratificado por el Estado peruano[4], puede dar diversas luces respecto de los límites que tiene nuestro Estado para efectuar la extradición. En efecto, este tratado dispone que “[n]o se concederá la extradición ni se procederá a la devolución de la persona requerida cuando haya presunción fundada de que corre peligro su vida, de que será sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o de que será juzgada por tribunales de excepción o ad hoc en el Estado requirente”.

De este dispositivo podemos colegir que los Estados que han ratificado este instrumento internacional se encuentran prohibidos de extraditar a una persona en el supuesto que exista el peligro de la aplicación de la pena de muerte. Al respecto, la interpretación[5] de este artículo, en cuanto a la expresión “corre peligro su vida”, debe ser lo más amplia posible, toda vez que no se hace mención alguna a la forma en que se privará de la vida a la persona involucrada. En todo caso, esta tendencia es marcadamente distinta en relación a la regulación que efectúa la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, la cual indica, en su artículo 3, que “ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”. Así, mientras este tratado internacional establece como límite de la entrega únicamente el supuesto de la ocurrencia de un posible acto de tortura, la Convención del sistema interamericano extiende la protección a los casos en los cuales pueda peligrar, en general, la vida del extraditurus. Y uno de estos supuestos es la posible aplicación de la pena de muerte.

3. El derecho a la vida en los procesos de extradición

Resulta evidente que la eventual entrega que pudiera efectuar el Estado peruano, frente al riesgo latente de la aplicación de la pena de muerte, puede suponer una vulneración del derecho fundamental a la vida. En este supuesto, el derecho a la vida surge como un derecho de protección a cargo del Estado[6], lo cual implica que el mismo debe ser tutelado frente a intervención de terceros, que serían, en este caso, los funcionarios del Estado requirente. Desde este punto de vista, la vida aparece como un derecho subjetivo constitucional frente al Estado para que el mismo realice acciones, ya sea fácticas o jurídicas, a fin de tutelar su goce y ejercicio.

Ahora bien, no ha sido ajena a los tribunales de justicia locales la problemática relacionada con el derecho a la vida en los procesos de extradición. Así, el Tribunal Federal Suizo estimó, en el casoDharmarajh, que la solicitud de extradición del gobierno de Sri Lanka no podía estimarse como procedente, toda vez que la sanción a aplicarse era precisamente la pena de muerte, por lo que debía entenderse que se había modificado el Estatuto de Extradición de 1892 con la ratificación por parte de Suiza del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Conviene precisar que la declaratoria de esta sanción penal se efectuó en ausencia del inculpado, por lo que habría que considerar este fallo con las reservas del caso, ya que envuelve, además del derecho a la vida, una manifiesta vulneración del derecho al debido proceso[7].  Del mismo modo, la Hoge Raad de los Países Bajos tuvo la oportunidad de examinar una posible extradición de un sargento estadounidense, en cuyo país podía ser sancionado con la pena de muerte. En efecto, en el denominado caso Short, la Hoge Raad manifestó que debía primar el derecho a la vida del sargento frente a la facultad de la jurisdicción estadounidense de sancionarlo, lo cual se fundamentaba en la directa aplicación del artículo 8 de la Ley de Extradición de ese país y en lo dispuesto por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos[8].

Por su parte, el Tribunal Constitucional Federal Alemán también ha tenido la oportunidad de pronunciarse en relación a una posible extradición en la que sea posible la aplicación de la pena de muerte[9]. Así, en la sentencia de la Primera Sala de 30 de junio de 1964 afirmó que, si bien la Ley Fundamental de Bonn ha abolido la pena de muerte, ello no supone que el poder público alemán se encuentre prohibido de prestar asistencia jurídica a otro Estado en otro proceso penal. En ese sentido, nada indica, a criterio del referido tribunal, que la disposición que abole la pena de muerte deba tener un efecto más allá del poder sancionador o de la jurisdicción del Estado alemán.

Como es posible de advertir, si bien la tendencia ha sido la de otorgar una prevalencia, incluso abstracta, del derecho a la vida del extraditurus, en el siguiente acápite se hará referencia a las garantías diplomáticas y su relevancia para la adecuada tutela de los derechos fundamentales de las personas involucradas.

4. Las Garantías Diplomáticas y su compatibilidad con las obligaciones estatales

Como se pudo indicar, la extradición ha tenido un rol gravitante en la lucha contra la impunidad. De hecho, la cooperación internacional en materia penal constituye la piedra angular en la lucha actual contra el crimen organizado. Sin embargo, el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado ha significado, en determinadas ocasiones, un menoscabo de los derechos fundamentales del extraditurusen aras de efectivizar la persecución penal.

Frente a estos casos, como se advirtió, los Estados suelen ofrecer garantías diplomáticas a fin de acreditar que se respetarán los derechos fundamentales del involucrado en el contexto de la devolución. Así, el ofrecimiento de garantías por el Estado requirente, en las que se manifiesta que no se efectuará alguna conducta que pudiera generar, a posteriori, la responsabilidad internacional del Estado requerido, constituye una herramienta dispensada por el derecho internacional a fin de acreditar el cumplimiento de los deberes internacionales de los Estados. En este sentido, uno de los mecanismos que podría resultar idóneo para eliminar la existencia de este riesgo es el ofrecimiento de garantías diplomáticas por parte del Estado requirente, las cuales permiten inducir al Estado requerido que la ejecución de la sanción capital no se llevará a cabo.

Sin embargo, un cierto sector doctrinal se muestra en contra de la dependencia de la procedencia de la extradición al previo otorgamiento de las garantías diplomáticas con el propósito de efectivizar la lucha contra el crimen. Así, como asevera Matthias Hartwig, “[i]nternational cooperation in legal affairs would come to an end if controversies regularly led to the exclusive reliance on the guarantees by one’s own legal order and if there were no trust in the assurances of the other State”[10]. Se aprecia, pues,  que este sector de la doctrina estima que las garantías diplomáticas, más que instrumentos de salvaguarda de derechos fundamentales, resultarían herramientas dilatorias que no facilitarían los actos de colaboración estatal. Sin embargo, este no sería el único cuestionamiento. Este sector doctrinal también estima que las relaciones internacionales pueden verse afectadas debido a que no existiría confianza entre las autoridades estatales en lo que respecta a la entrega del extraditurus y, en consecuencia, cualquier requerimiento de garantías supondría una “muestra de desconfianza” del Estado requerido respecto del requirente. En efecto, bajo esta concepción subyace la idea que los procedimientos de extradición facilitan las relaciones internacionales entre los Estados[11]. Sin embargo, lejos de promover la desconfianza en las relaciones internacionales, las garantías culminan por afianzarlas al promover el respeto del orden público internacional entre los Estados involucrados. Conviene detenerse en este punto a fin de precisar la definición y los problemas que han podido advertirse respecto al empleo de las garantías diplomáticas en el desarrollo de las relaciones internacionales. Incluso el Estado peruano, en el caso del ciudadano chino Wong Ho Wing, tuvo que apreciar las garantías diplomáticas brindadas por la República Popular de China, lo cual evidencia que nuestro Estado no es ajeno a esta problemática[12].

a) Las garantías diplomáticas: Usos y alcances en las relaciones internacionales

No existe un concepto unívoco en torno a qué deba entenderse por “garantías diplomáticas”. De hecho, depende en gran medida de los procedimientos diplomáticos que eventualmente existan en diversos Estados. Ello suele originar ciertas discrepancias en torno a las formalidades en torno a la presentación de documentos con los que se quiera acreditar la no existencia de un riesgo en relación a los derechos fundamentales del extraditado. Sin embargo, pese a estas discordancias, se tiene entendido que las garantías diplomáticas, también denominadas seguridades diplomáticas o memorandos de entendimiento, “se refieren a los arreglos a los que llegan los gobiernos de dos Estados para que se respeten los derechos de una persona, en particular cuando sea devuelta de un Estado a otro. Suelen plantearse en el contexto de la devolución y expulsión de un persona de un país a otro”[13].

En todo caso, dentro de las relaciones internacionales, es posible advertir que, cada vez con mayor frecuencia, se recurre a estas garantías para facilitar la cooperación internacional. Sin embargo, debe advertirse que, en determinadas ocasiones, el ofrecimiento de garantías obedece a la existencia de un riesgo respecto de la situación particular del extraditado. No obstante ello, está sola condición no debería fundamentar, al menos en los casos de pena de muerte, la denegación de la extradición por la existencia de un riesgo, más aun cuando en estos procesos es posible contar con un sistema más eficiente de monitoreo al tratarse de un proceso penal.

En relación con el uso o empleo de las garantías diplomáticas, habría que precisar que las mismas no se restringen únicamente a los casos de extradición, y particularmente los de pena de muerte[14]. Es por ello que los problemas que se presentan por su utilización deben ser correctamente enfocados a fin de determinar si se presentan en todos los casos de devolución de personas.

b) Problemas que presenta el uso de garantías diplomáticas en los procesos de extradición

Las garantías diplomáticas son otorgadas usualmente de manera individual y jurídicamente no son vinculantes. Conviene destacar, del mismo modo, que una inexorable paradoja se presenta en estos casos: el Estado puede ofrecer las garantías precisamente porque estima que es necesario en virtud de las circunstancias de su concreta situación, la cual no debe ser la más óptima desde la óptica de los derechos fundamentales[15].

Asimismo, se cuestiona si es que acaso un Estado que no atiende las garantías diplomáticas presentadas estaría vulnerando el principio de buena fe, el cual debe regir en virtud del derecho internacional público. Así, no puede negarse que los derechos fundamentales del extraditurus o de la persona que es deportada requieren urgente tutela, pero no menos cierto sería agregar que las relaciones entre Estados deben gozar de un mínimo de confianza a fin de respetar un acto ajeno. Finalmente, un último -y quizás más grave- problema sea el referido a las consecuencias en caso estas garantías sean incumplidas por el Estado requirente.

Un estudio que ha puesto en evidencia estos puntos, al menos en los casos de tortura, ha sido elaborado por Sánchez Legido, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien, en su artículo sobre garantías diplomáticas y prohibición de la tortura, afirmó que se debería desterrar su uso fundamentalmente porque (i) manifestaban el reconocimiento de un problema de posible violación de algún derecho fundamental; (ii) porque son ineficaces para preservar de maltratos al individuo involucrado; y porque (iii) suponen promesas de carácter individual, lo cual supone dejar de lado la obligación general en torno a la prohibición general de la tortura[16].

Sin embargo, si bien compartimos las diversas preocupaciones vertidas por el señalado autor, creemos que deben efectuarse una serie de consideraciones a fin de legitimar el uso de las garantías diplomáticas en los procesos de extradición. En este sentido, cabe afirmar que el otorgamiento de garantías puede, en efecto, reconocer la existencia de alguna posible violación de algún derecho fundamental (i). Sin embargo, este reconocimiento resulta más positivo frente al hecho de mantener en la clandestinidad una situación de peligro latente sobre el extraditurus. Es más, resulta beneficioso en la medida en que genera, respecto del Estado requerido, el conocimiento de una situación de riesgo que se debe evaluar al momento de determinar si procede o no a la entrega del extraditurus. No debe olvidarse que este hecho, aparentemente inocuo, podría generar la responsabilidad internacional del Estado requerido, y precisamente por ello lo invita a actuar con un mayor grado de diligencia al momento de evaluar si las garantías brindadas permiten eliminar el riesgo sobre algún derecho fundamental.

En cuanto a la supuesta ineficacia de las garantías (ii), debe tenerse en cuenta que su otorgamiento no puede, evidentemente, eliminar por completo la potencial vulneración de algún derecho fundamental[17]. Así, la ineficacia no debería ser equiparable a la certeza por parte del Estado requerido en cuanto a los actos que realice el Estado requirente. En la medida en que las autoridades de este Estado actúen de mala fe y, a través de engaños, induzcan al error a los jueces del Estado requerido, la responsabilidad por los actos en contra del extraditurus recaerá en las entidades competentes del Estado interesado en iniciar el proceso penal o, de ser el caso, hacer cumplir la sanción correspondiente.

En lo que respecta a que el otorgamiento de garantías a favor de una persona determinada suponga la denegación de la obligación general de prohibición de la tortura (iii), debe enfatizarse que ello no supone el desconocimiento de los deberes internacionales de un Estado, toda vez que, las más de las veces, este ofrecimiento tiene por principal propósito reconocer una posible situación de vulnerabilidad de la persona involucrada. Es más, lejos de evadir una obligación general, esta situación la refuerza al especificarla respecto de un caso concreto.  Por ello, y al menos en principio, no debería descartarse el uso de las garantías diplomáticas como instrumento que permita evitar riesgos sobre posibles vulneraciones a derechos fundamentales. En todo caso, no existe una tendencia que haya sido mantenida de manera persistente, y prueba de ello es que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha indicado que no necesariamente la negativa del Estado requerido de solicitar al requirente que se brinden las garantías respecto de la no ejecución, constituya alguna vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[18].

Un cuestionamiento adicional que ha sido planteado frente a la posibilidad del otorgamiento de garantías hace referencia a la posible impunidad que pudiera generarse como consecuencia de la exigencia de garantías en los procesos de extradición. No está demás recordar, con Schabas[19], que “States sometimes argue before international human rights bodies that, if such assurances become asine qua non for extradition, this may create situations of impunity, where an ofender cannot be brought to trial”[20].

Dicho esto, y en relación con la afirmación que el requerimiento de garantías no permitiría afianzar la lucha contra la impunidad, debemos mencionar que la comisión de delitos graves -más aun cuando de los mismos se puedan desprender graves violaciones a los derechos humanos o incluso crímenes de lesa humanidad- supone, en similar sentido, la negación del goce o ejercicio de diversos derechos reconocidos en instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Es por ello que, lejos de facilitar la impunidad, el otorgamiento de garantías solo pretende encauzar la legítima facultad estatal de ejercer el ius puniendi, más aun frente a la comisión de graves ilícitos. Es más, el proceso de extradición se encuentra directamente direccionado a erradicarla, sin que sirva de refugio a las personas que intenten evadir las responsabilidades preestablecidas en la ley penal. En esta misma línea, el derecho internacional de los derechos humanos tampoco admite la idea de la colaboración con los responsables de diversos crímenes a través de la denegación de la extradición bajo cualquier supuesto. Como tiene bien dicho el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “[l]a extradición es un instrumento importante de cooperación en la administración de justicia, que requiere que no se otorgue asilo a quienes tratan de evadir un juicio con las debidas garantías por los delitos cometidos o a quienes escapan después de que se ha llevado a cabo dicho juicio[21]”.

Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana, reafirmando el propósito de combatir la impunidad, ha indicado que el Estado tiene “la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”[22]. Así, los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, lejos de promover la impunidad a través del requerimiento de garantías en los procesos de extradición, pretenden combatirla a fin de evitar que los delitos que las originaron se repitan. La lucha contra el crimen debe ser, así, el correlato de una actividad estatal que se manifieste como garante del pleno respeto y garantía de los derechos fundamentales de toda persona sometida a la jurisdicción de un Estado. Es por ello que tampoco debe considerarse que el otorgamiento de garantías incentive la impunidad frente al crimen. Al respecto, no debería entenderse que el respeto de los derechos fundamentales del extraditurus resulta un entorpecimiento de la acción de la justicia y de las relaciones bilaterales entre los Estados. Por el contrario, debería ser su guía[23].

En efecto, debe tomarse en cuenta que el derecho internacional no sólo se encuentra compuesto por tratados bilaterales en materia de extradición, y que contienen determinadas obligaciones para los Estados. Así, estos tratados deben ser complementados desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, esto con la finalidad que los procesos de extradición no tengan que alcanzar la justicia a cualquier precio y en desmedro de cualquier derecho. La persecución penal atentatoria de derechos fundamentales simplemente se deslegitima si no observa estos principios, los cuales no son sino la base misma del Estado Constitucional de Derecho. Como observa el profesor Nanda, “[t]he process, usually embodied in bilateral treaties, plays a crucial role in international law enforcement […]. There is, however, an equally important complementary and competing common interest in guaranteeing the protection of basic human rights of defendants”[24].

De esta manera, se ha podido evidenciar que es posible que, en determinadas circunstancias, no surja la responsabilidad de un Estado con ocasión de la devolución de una persona hacia algún lugar donde exista el riesgo de la aplicación de la pena de muerte, siempre y cuando se hubieran brindado garantías diplomáticas que permitan concluir que la persona afectada no será sometida a la pena de muerte. Este enfoque, sin embargo, no siempre ha sido totalmente aceptado. Así, en el denominado caso Prieto Venezia [25], la Corte Constitucional de Italia tuvo la oportunidad de examinar, en el marco de un control incidental de constitucionalidad de las leyes[26], la constitucionalidad del artículo 698, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales y de la ley que implementaba el Tratado de Extradición celebrado entre la República de Italia y los Estados Unidos de América. Se discutía en esa controversia si era viable jurídicamente la extradición de  Pietro Venezia por la comisión del delito de homicidio en primer grado, el cual era sancionado con la sanción capital. En la sentencia, la Corte Constitucional estimó que, en virtud del artículo 2 de la Constitución -en virtud del cual se abole la pena de muerte- representa una garantía constitucional de carácter absoluto que afecta el ejercicio de las facultades del gobierno republicano.

Este pronunciamiento deja atrás lo sostenido por ese mismo Tribunal en la sentencia 54/1979, referida a la posible extradición del ciudadano francés Cuillier Guy Georges por la comisión de un delito que era sancionado con la pena de muerte. En el referido fallo, la Corte entendió que, en virtud de los tratados bilaterales y multilaterales suscritos, el Estado requirente debía ofrecer las “garantías suficientes” de que el extraditurus no sería sancionado con la pena capital[27]. En ese sentido, no debía admitirse la entrega si es que la autoridad competente no ofrecía las referidas garantías. Se aprecia, pues, que en este caso la Corte Constitucional sí admitió como constitucionalmente posible la entrega con la condición del ofrecimiento de las referidas garantías[28]. Podemos advertir, en consecuencia, que estamos frente a una materia que aun se encuentra abierta al debate.

5. Conclusión

Nuestro texto constitucional, al regular la extradición, no contiene todos los límites que se han reconocido en el derecho internacional frente a su utilización. Uno de estos límites se advierte en virtud de lo dispuesto en la CIPST y que se relaciona con la imposibilidad de extraditar a una persona hacia algún lugar en que pueda peligrar su vida. No obstante, no sería compatible con el deber estatal de luchar contra el crimen una noción según la cual deba prevalecer, de manera abstracta, la tutela del derecho a la vida del extraditurus, toda vez que ello generaría una paralización de la cooperación judicial de carácter internacional. De esta manera, a fin de promover que ambos bienes de relevancia constitucional sean eficazmente tutelados, los Estados han recurrido constantemente a las garantías diplomáticas a fin de acreditar que no se efectuará ningún acto que afecte los derechos fundamentales de la persona involucrada. Si bien se trata de una tendencia que no ha sido aceptada por unanimidad, lo cierto es que se trata de una postura que intenta conciliar, por un lado, la legítima facultad estatal de ejercer el ius puniendi, por un lado, frente a la correcta tutela del derecho a la vida del extraditurus, por el otro.


[1]Villavicencio Terreros, Felipe. Derecho Penal. Parte General. Editora Jurídica Griljey. Lima, Año 2006, pág. 197.

[2]Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1106 de 2000.

[3]Art. 37. “La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad.

No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza.

Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por hechos conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio ni el magnicidio ni el terrorismo”.

[4]Aprobada por Resolución Legislativa N° 25286, de 4 de diciembre de 1990. Instrumento de Ratificación de 27 de diciembre de 1990 y depositado el 28 de marzo de 1991. Entrada en vigencia el 28 de marzo de 1991.

[5]Más aun cuando la interpretación constitucional en general, y la de derechos humanos o fundamentales en particular, ostenta determinadas diferencias.

[6]Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Impreso en Madrid, España. Año 2007, pág. 398.

[7]Ver: Dharmarajah v. Ministere Public Federal, arrets du Tribunal Federal Suisse [atf] 107 tb 68 (1981). Caso tomado de NANDA, Ved. Bases for Refusing International Extradition Requests – Capital Punishment and Torture. Fordham International Law Journal. Volume 23, number 5, 1999, page 1392.

[8]Corte Suprema de los Países Bajos. Sentencia de 20 de marzo de 1990.

[9]Tribunal Constitucional Federal Alemán. Sentencia de la Primera Sala de 30 de junio de 1964. Tomado de: Schwabe, Jurgen. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Konrad Adenauer Stiftung. Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Impreso en México. Año 2009.

[10]“La cooperación internacional en cuestiones legales encontraría su fin si es que las controversias dependieran exclusivamente de las garantías brindadas por parte de un ordenamiento determinado y si no hubiera confianza en las garantías brindadas por otro Estado” (traducción libre). Hartwig, Matthias.The German Federal Constitutional Court and the Extradition of Alledged Terrorists to the United States. German Law Journal. Volume 5, Number 3, 2004, page 192.

[11]En el Derecho Penal Internacional, rama muy relevante para examinar a la extradición como mecanismo de cooperación internacional, se realiza una precisión fundamental. De esta manera, mientras el proceso de extradición hace referencia a la entrega de un procesado o condenado a otro Estado, el concepto de “entrega” debe ser entendido como el sometimiento de un individuo a favor de un Tribunal Penal Internacional.

[12]Ver la sentencia recaída en el expediente 02278-2010-PHC, resuelto por el Tribunal Constitucional del Perú.

[13]Joseph, Sarah; Mitchell Katie y Gyorki, Linda. Cómo hacer valer los derechos de las víctimas de la tortura: Un manual sobre procedimientos de presentación de denuncias individuales ante los órganos de tratados de Naciones Unidas. Serie de Manuales de la Organización Mundial contra la Tortura. Volumen 4. Ginebra, Suiza (2006) pág 240. En sentido similar, la ACNUR ha sostenido que “El término “garantías diplomáticas”, que se utiliza en el contexto del traslado de una persona de un Estado a otro, se refiere al compromiso del país receptor de que la persona en cuestión sea tratada de acuerdo con las condiciones establecidas por el país remitente o, en términos más generales, de conformidad con sus obligaciones de derechos humanos según el derecho internacional”.

[14]En efecto, tal y como precisa la ACNUR, “cada vez es más frecuente que se recurra a las garantías de que la persona que va a ser expulsada no sea víctima de tortura o cualquier otra forma de maltrato en el contexto de los procedimientos de traslado, tales como la expulsión o la deportación, y también cuando los individuos son trasladados a otros países mediante disposiciones informales que no ofrecen ningún procedimiento de salvaguarda”. Nota del ACNUR sobre las garantías diplomáticas y la protección internacional de los refugiados. ACNUR. Sección de Operaciones de Protección y Asesoría Legal. Ginebra, Suiza (2006), párr. 3.

[15]Así, tal y como afirma lúcidamente el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, el problema que “plantean las garantías diplomáticas fue señalado claramente por el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, que afirmó que el defecto de la práctica de recurrir a las garantías diplomáticas reside en el hecho de que cuando dichas garantías son necesarias es precisamente cuando existe un riesgo claro de que se produzcan torturas y malos tratos. Debido al carácter absoluto de la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, las garantías formales no pueden ser suficientes cuando subsiste un riesgo”.

[16]Sánchez Legido, Angel. Garantías diplomáticas, no devolución y prohibición de la tortura. Trabajo que se enmarcó dentro de los Proyectos de Investigación “Cooperación y confrontación en el diseño de un nuevo sistema de seguridad colectiva: detección y análisis de las nuevas pautas de regulación y de institucionalización” (Proyecto SEJ 2006-03867) e “Inmigración, cooperación judicial internacional y derechos humanos: hacia un modelo social europeo de referencia mundial” (SEJ2006-04769), págs. 30 y 31.

[17]No obstante, la Corte Constitucional de Italia mantiene una postura rígida en esta materia. En efecto, el referido Tribunal declaró en una sentencia que la fórmula de “las garantías suficientes” debía ser declarada como inconstitucional, toda vez que las referidas garantías no eran directamente vinculantes para el Poder Judicial. Del mismo modo, estimó que la prohibición general de la pena de muerte vincula a todos los poderes públicos y es de carácter absoluta. Al respecto, ver: Corte Constitucional de Italia. Sentencia 223/1996. Decisión de 25 de junio de 1996.

[18]“[…] el Comité observa que la decisión de extraditar al Sr. Cox a los Estados Unidos se adoptó tras un procedimiento ante los tribunales canadienses en el que el abogado del Sr. Cox pudo presentar su defensa. También pudo hacerlo en la fase ministerial del procedimiento, que incluso podía ser objeto de recurso. En estas circunstancias, el Comité concluye que las obligaciones dimanantes del párrafo 1 del artículo 6 no exigen que el Canadá niegue la extradición del autor si no recibe seguridades de que no se le impondrá la pena de muerte” (resaltado no es del original). Ver: Comité de Derechos Humanos. Caso Keith Cox v. Canadá. Comunicación No. 539/1993, párr. 10.3.

[19]“Los Estados suelen alegar ante los tribunales internacionales que, si las garantías brindadas fueran un requisito sine qua non para la extradición, se crearía una situación propicia para la impunidad en los casos en que diversas personas sean sometidas a los tribunales” (Traducción libre). Schabas, William. Indirect Abolition: Capital Punishment’s Role in Extradition Law and Practice. Loyola Los Angeles Law Review. Volume 25, Number 2, 2003, page 602.

[20]“Algunas veces los Estados argumentan bajo el derecho internacional de los derechos humanos que, si el otorgamiento de garantías fuera una conditio sine qua non para la extradición, esto podría crear situaciones de impunidad, donde un procesado no pueda ser traído ante un Tribunal” (traducción libre).

[21]CDH. Caso Keith Cox v. Canadá. Comunicación No. 539/1993, párr. 10.3.

[22]Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 211.

[23]Como tiene dicho la Corte Suprema de la Nación Argentina, refiriéndose a un caso de una posible violación del derecho a la defensa: “Que la solución adoptada [optar por un nuevo juicio], lejos de atentar contra el principio de colaboración entre los estados (sic) que es el criterio rector en los trámites de extradición, lo reafirma ya que la realización de los altos fines de la justicia penal instituida en todos los países civilizados para garantía de sus habitantes se vería frustrada si el Tribunal acudiera a razones extralegales como son las atinentes a la conveniencia  universal del enjuiciamiento y castigo de todos los delitos, para apartarse de su inveterada jurisprudencia consagrada en salvaguarda del derecho humano a la defensa en juicio”. Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Caso Nardelli, Pietro Antonio s/extradición – Fallos 319:2557, fundamento 18. Tomado de: Assenza, Conrado. La Extradición: “El delicado equilibrio entre la Cooperación Internacional y el respeto de las garantías del requerido”. Artículo realizado en el marco del proyecto de investigación “El Derecho Internacional Público en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Directora: Dra. Zlata Drnas de Clément. Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de Córdova.

[24]“El proceso, usualmente incorporado en tratados bilaterales, juega un rol importante en el respeto al derecho internacional […]. Sin embargo, un similar interés de importancia existe en la protección de los derechos humanos de los procesados (traducción libre”). Al respecto, ver: Nanda, Ved. Bases for Refusing International Extradition Requests – Capital Punishment and Torture. Fordham International Law Journal. Volume 23, number 5, 1999, page 1369.

[25]Corte Constitucional de Italia. Sentencia 223/1996. Decisión de 25 de junio de 1996.

[26]Como explica el profesor Zagrebelsky, la cuestión de constitucionalidad de una ley se efectúa en relación sobre una disposición en la que existan dudas de su conformidad con la Constitución, la cual es advertida por el juez dentro de cualquier procedimiento judicial. En estos casos, se remite la causa a la Corte Constitucional cuando el juicio ordinario o administrativo no pueda ser resuelto con independencia de la resolución previa de la misma cuestión de constitucionalidad (la denominada “cuestión relevante”. Al respecto, ver: Zagrebelsky, Gustavo. Realismo y concreción del control de constitucionalidad de las leyes en Italia. Traducción de César Astudillo y Miguel Carbonell. Revista Estudios Constitucionales del Centro de Estudios Constitucionales, Año/Vol 6, Número 1, 2008. Del mismo modo: Pizzorusso, Alessandro. La Justicia Constitucional en Italia. Revista Teoría y Realidad Constitucional. Número 4, 2do Semestre, Año 1999; y Romboli, Roberto. El control de constitucionalidad de las leyes en Italia. Revista Teoría y Realidad Constitucional. Número 4, 2do Semestre, Año 1999.

[27]En la presente investigación, como es posible advertir, se ha recurrido con relativa frecuencia al derecho comparado a fin de determinar la perspectiva de los tribunales de diversos ordenamientos jurídicos en esta clase de casos. En primer lugar, resulta evidente que la jurisprudencia emanada de los tribunales locales constituye objeto de estudio del derecho comparado por el desarrollo que suele dar a preceptos de “textura abierta” o que dejan un amplio margen de interpretación. Este cambio de tendencia de la Corte Constitucional de Italia resulta esencial en nuestra investigación debido a que, si bien no compartamos la conclusión de ese tribunal, permite evidenciar la práctica de la Europa Occidental, la cual, principalmente entre Italia y Alemania, ha desarrollado con profundidad lo relativo a los deberes estatales en casos de pena de muerte. Como bien refieren Lucio Pegoraro y Angelo Rinella, “la comparación no puede limitarse a comparar solo las leyes o solo las decisiones jurisprudenciales sin el conocimiento de los datos ofrecidos por el contexto; como por ejemplo, las tendencias de la jurisprudencia; las diversas concepciones a las que la jurisprudencia está sujeta, o las orientaciones dominantes en la doctrina. Ver: Pegoraro, Lucio; Rinella, Angelo. Introducción al Derecho Público Comparado. Editorial Palestra. Impreso en Lima. Año 2006, pág. 54.

[28]Corte Constitucional de Italia. Sentencia 54/1979. Decisión de 15 de junio de 1979.


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