Desde 1985 (PROEM), se viene responsabilizando a los derechos (costos) laborales de la informalidad en el mercado de trabajo. A consecuencia de ello, las normas laborales han sufrido un recorte radical hasta la fecha. Sin embargo, cada vez que se agitan las aguas de nuestra economía (pequeña, débil y abierta), vuelven las voces empresariales a pedir más flexibilización laboral.
De los mil datos que muestran la falacia de la ecuación “a más flexibilidad laboral-más empleo formal”, veamos lo sucedido con el régimen laboral de la micro y pequeña empresa, donde está la mayor bolsa de informalidad. Partamos de tener a la vista que en los ámbitos de la micro y pequeña empresa hay 2’748,163 y 1’568,109 asalariados, respectivamente.
Desde hace más de una década existe un régimen laboral especial para estos trabajadores, que ha pasado de temporal a permanente y de considerar un número mínimo de trabajadores (hasta 10 y de 11 a 100), a tener en cuenta únicamente el volumen de facturación: S/. 570,000 (150 UIT) para el primer caso, y S/. 6’460,000 (1700 UIT). Como se ve en el cuadro adjunto, este régimen laboral ha pulverizado los derechos a gratificaciones, vacaciones y CTS, de los trabajadores de las microempresas, reduciendo a 5% el costo de estos derechos en el régimen general y a 29.1% en el régimen de pequeña empresa, frente al 54% en el régimen general.
COSTOS LABORALES “NO SALARIALES” SEGÚN RÉGIMEN LABORAL
Con datos al 2013, sólo el 8.7% de las micro empresas y el 7% de las pequeñas empresas, se han acogido a este régimen, con lo que sólo el 5.1% de los trabajadores en las primeras y el 3.9% de los trabajadores de las segundas, se han formalizado. No cabe duda que los resultados son realmente magros e irrelevantes, por lo que insistir en la reducción de derechos como vía de formalización no es una postura interesante sino interesada.
De otro lado, pasemos a ver la situación de la estabilidad laboral, que aparece como principal blanco al que apuntan ahora los actuales dardos. Comencemos señalando que nuestra constitución plantea un derecho al trabajo y una consecuente protección contra el despido arbitrario. En ese marco, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral es realmente prolífica en el establecimiento de faltas de conducta de los trabajadores que dan lugar a un despido justificado: son más de 40 supuestos. Completemos el marco general señalando que al 2013, de los 3 130 592 trabajadores registrados en planilla en el sector privado, el 37% estaba contratado a plazo indefinido y el 63% a plazo fijo (que pueden laborar hasta 5 años en esta condición).
Con tales datos, la situación de la estabilidad laboral es la siguiente: 1) si la informalidad está en 58% en el sector privado, casi 6 de 10 trabajadores no tienen protección alguna frente a cualquier despido; 2) en el régimen de micro de los restantes, 2 de cada 3 están contratados a plazo fijo, y, por tanto, el mecanismo de extinción no es el despido sino simplemente la finalización del contrato. No me cabe duda alguna que en tales términos la estabilidad laboral tampoco es un problema real en nuestro mercado de trabajo. Como tampoco hay dudas respecto a que estamos ante un fenómeno multidimensional, cuyas causas giran mucho más que en los derechos de los trabajadores, en la tributación, los costos financieros, la bajísima productividad de nuestros trabajadores y la tramitología.
Finalmente, lo que sí es un problema real es que la distribución del ingreso en el País se está volviendo cada vez más injusta. El gráfico que sigue nos muestra cómo los ingresos de los trabajadores han disminuido de 30.1 a 21.7 en tanto que los de las empresas han crecido de 52.7 a 63.2.
Este trasvase de recursos (resultado en gran medida de la flexibilidad laboral), que agudiza la ya profunda desigual distribución de ingresos en el Perú, no ha resuelto el problema de la informalidad sino que la está convirtiendo en estructural, en la medida que no basa la competencia en el incremento de la productividad real de cada trabajador sino que la sustenta en un incondicionado ajuste de cinturones a los trabajadores. Y por ese camino no transita con certeza el desarrollo de país.
