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¿Es viable la promulgación del proyecto de unión civil no matrimonial?

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Los defensores y propulsores del Proyecto de Ley de la Unión Civil No Matrimonial (PUCNM) manifiestan que la finalidad que persigue el citado proyecto es la concretización del derecho a la igualdad y a no ser discriminado, así como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en tanto se aprecia el trato discriminatorio que nuestra sociedad -conjuntamente con la permisibilidad del Estado- ejerce sobre grupos minoritarios no heterosexuales.

Principalmente, se ha expuesto que el Estado tiene la obligación de asegurar que todos sus ciudadanos disfruten de condiciones de vida idénticas, atendiendo a su naturaleza de seres humanos, con igual dignidad y derechos por lo que, en consecuencia, la omisión de normas y políticas públicas a favor de grupos minoritarios no heterosexuales afecta su plan de vida.

Si bien la propuesta planteada por el PUCNM ha originado controversia y confrontación en cuanto a la viabilidad de su promulgación, estamos de acuerdo en que dicha discusión no puede sustentarse en razones derivadas de un plan de vida regido por una creencia religiosa individual, sino en su validez jurídica en concordancia con los preceptos constitucionales, que es precisamente los que pretendemos analizar a continuación.

  1. ¿Es posible el trato diferenciado sin discriminación?

El PUCNM sustenta su aprobación en la posible vulneración al derecho a la igualdad mediante una práctica discriminatoria. Al respecto, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha manifestado lo siguiente:

Desde luego, la referencia a ‘un varón y una mujer’ realizada por el artículo 5° de la Constitución, no puede ser interpretada en el sentido de que el legislador se encuentre constitucionalmente prohibido de extender la aplicación de esta institución a las parejas del mismo sexo. Significa tan solo que se encuentra constitucionalmente prohibido de desconocer la aplicación de esta institución a personas de distinto sexo. Un razonamiento distinto conllevaría asumir que la Constitución ha impedido al legislador adoptar medidas que permitan dotar de mayor eficacia al principio-derecho a la igualdad y no discriminación constitucionalmente reconocido, lo cual no es posible pues, como es sabido, el Tribunal Constitucional exige interpretar las reglas e instituciones constitucionales conforme a los principios en ella reconocidos, en particular, conforme a los derechos fundamentales.([1]) (Subrayado y resaltado agregados)

Conforme a lo expuesto, no sería posible que el matrimonio se circunscriba a la unión entre un varón y una mujer porque, caso contrario, sería discriminatorio y atentatorio contra el principio – derecho de igualdad que ostentamos todas las personas. Sobre este principio, el Tribunal Constitucional ha manifestado que:

[l]a igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable (Álvarez Conde, Enrique. Curso de derecho constitucional. Vol I. Madrid, Tecnos, 4° edición, 2003. pp. 324-325). La aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual, por ello no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.([2]) (Subrayado y resaltado agregados)

Esto significa que es posible que el Estado realice un trato diferenciado entre diversos grupos de personas siempre que la diferencia se establezca sobre bases objetivas y razonables. Por ejemplo, la ventanilla para personas con discapacidad advierte un trato diferenciado en favor de aquellas personas que, por su propia situación física, merecen un trato distinto al de aquellas que mantienen todas sus capacidades y sentidos. Ahora bien, ¿se configuraría una práctica discriminatoria si el Estado no aprueba el PUCNM por atender al favorecimiento del matrimonio como la unión de un varón y una mujer? Veamos.

  1. ¿Cómo actúa el Estado frente a la Sociedad?

El Estado no puede intervenir frente a la Sociedad de modo irrestricto e ilimitado pues, en  ese caso, se configuraría una situación de vulneración de los derechos fundamentales de las personas y, por consiguiente, a la dignidad humana. Precisamente, los derechos fundamentales nacen como contrapartida a la actuación del Estado, es decir, el Estado actúa evitando la vulneración de derechos fundamentales([3]) y, al mismo tiempo, adoptando políticas que permitan garantizarlos y protegerlos.

Por otro lado, el Estado no solo debe preservar los derechos fundamentales de cada persona en particular sino que debe velar por el desarrollo de la Sociedad en su conjunto a través de políticas que se sustenten en un interés público. Un ejemplo de esta interrelación derechos fundamentales – interés público, lo encontramos en la expropiación, en la cual el Estado se adjudica en propiedad un bien que pertenece a un particular, afectándose el derecho fundamental a la propiedad del ciudadano expropiado; sin embargo, el Estado justifica esta acción en un interés público o, en buena cuenta, en un beneficio a favor de la Sociedad en su conjunto. Solo si el Estado justifica su actuación en un interés público, la expropiación es viable([4]).

En ese sentido, el Estado actúa frente a la Sociedad, de la siguiente manera:

i. Promueve actuaciones y/o situaciones que benefician a la Sociedad. El Estado promueve el servicio militar porque dicha labor favorece la defensa de todos. Fin público

ii. Prohíbe actuaciones y/o situaciones que perjudican a la Sociedad. El Estado prohíbe el robo porque desestabiliza a y genera inseguridad ciudadana. Fin público.

iii. Permite actuaciones y/o situaciones individuales. El Estado permite el uso de armas de fuego para fines particulares siempre que se cumplan con los requisitos correspondientes. Fin privado.

  1. El Estado y la promoción del matrimonio.-

El artículo 4 de nuestra Constitución Política señala que: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.”. Resulta incontrovertido que el Estado promueve el matrimonio pero ¿por qué?

Existen quienes afirman que el matrimonio debe ser promovido en tanto ordena el parentesco, evita la promiscuidad, favorece la estabilidad, se muestra eficaz para la crianza de los niños, permite la preservación de la especie en tanto sus facultades procreativas, entre otros([5]). Si bien muchas personas podrán discrepar con estas razones, lo cierto es que el Estado promueve el matrimonio porque entiende que su realización le genera beneficios a la Sociedad, configurándose su existencia como un fin constitucional.

Por otro lado, aquellas instituciones que el Estado promueve no solo adquieren derechos sino también deberes y responsabilidades frente a la Sociedad. Nuestro Tribunal Constitucional ha determinado que en el caso del Matrimonio, por ejemplo, el adulterio no es una falta que se mantenga en la esfera privada de los cónyuges sino que se convierte en una infracción de orden público que deriva no solo en la separación y el divorcio sino en la posibilidad de una indemnización a favor del cónyuge afectado([6]).

En este orden de ideas, para que una unión afectiva distinta al Matrimonio pueda acceder a derechos semejantes a éste, el Estado debe determinar previamente: (i) cuáles son los beneficios que dicha unión le genera a la Sociedad en su conjunto y (ii) cuáles serán los deberes y responsabilidades atribuibles a estas uniones, entre ellos, y frente a la Sociedad. El PUCNM no contempla ninguno de estos supuestos por lo que se trata de una unión privada en la que el Estado cumple solo un rol permisivo (no promotor ni prohibitivo).

  1. Principales observaciones al PUCNM.-

A continuación enumeramos las principales observaciones al PUCNM:

i. Creación de un nuevo Estado Civil: Actualmente, el Estado Civil de las personas se encuentra estructurado de la siguiente manera: soltero, casado, viudo o divorciado. Nos preguntamos, ¿qué ocurrirá en el supuesto que culmine una relación entre compañeros civiles? ¿estas personas pasarán a ser viudas o divorciadas, o cuál sería su tratamiento?

ii. Derechos similares al matrimonio: Al igual que en el Matrimonio, se configura una sociedad de gananciales con posibilidad de pacto en contrario, además de derechos relativos a la salud de la pareja, a la visita íntima en centros penitenciarios, a los alimentos, a la habitación y a la protección contra la violencia familiar, así como derechos pensionarios y sucesorios.

iii. No se han regulado deberes ni responsabilidades: El PUCNM se presenta como una solución que permite que estos grupos minoritarios obtengan una serie de derechos y deberes patrimoniales y no patrimoniales que hagan posible su correcto y real desarrollo personal; sin embargo, dicho proyecto no hace mención de ningún deber y/o responsabilidad entre la pareja o frente a la Sociedad.

De acuerdo con las normas que regulan el Matrimonio, en dicha unión se aprecian deberes y responsabilidades tales como el de fidelidad y asistencia, el de hacer vida en común en el domicilio conyugal, el de participar y cooperar con el desenvolvimiento del hogar y del representar a la sociedad frente a la comunidad, entonces ¿en base a qué razones se justifica que en el PUCNM no se regulen supuestos de deber y responsabilidad entre sus miembros, y de éstos frente a la Sociedad?

Sin perjuicio de las observaciones advertidas, esta propuesta legislativa no responde al que, considero, el primer cuestionamiento: ¿por qué debe privilegiarse a los grupos minoritarios no heterosexuales respecto de otras uniones afectivas no matrimoniales que también pretendan acceder a un mayor reconocimiento de ciertos derechos? El  PUCNM ha omitido justificar las consideraciones objetivas y razonables en las que se ampara este trato diferente frente a las demás relaciones afectivas que existen en nuestra Sociedad.

  1. Una Propuesta Viable.-

Estamos de acuerdo en que se otorgue a los grupos minoritarios no heterosexuales ciertos derechos derivados de su unión; sin embargo, esta propuesta no debe equipararse al Matrimonio ni ser exclusiva de grupos minoritarios no heterosexuales sino que debe extenderse a todos aquellos grupos minoritarios heterosexuales y/o no heterosexuales que busquen obtener ciertos beneficios de su unión afectiva no matrimonial.

Al respecto, el doctor Mario Castillo Freyre indica que “solo bastaría con efectuar algunas modificaciones y adiciones al artículo 326 del Código Civil, que hoy regula las uniones de hecho([7]), a fin de: (i) extender su aplicación a uniones heterosexuales no matrimoniales y uniones no heterosexuales, y (ii) ampliar los derechos y beneficios de dichas uniones en materia de visitas a establecimientos penitenciarios, centros de salud, nacionalidad, seguridad social, toma de decisiones en tratamientos médicos o quirúrgicos, entre otros que puedan ser extendidos a estos grupos sin desnaturalizar las leyes que las sustentan.

En este contexto, la propuesta del doctor Mario Castillo Freyre se presenta como la más oportuna frente a la situación en la que nos encontramos pues, al extenderse y reconocerse los mismos efectos legales a todos estos grupos minoritarios, la Sociedad, en su conjunto, se vería favorecida.

([1])           Dirección de Derechos Humanos – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Informe No. – 2014-JUS/DGDH de fecha 24 de febrero de 2014. p. 20.

([2])           STC 02974-2010-AA/TC – Sindicato de Trabajadores de Alicorp S.A. Fundamento 7.

([3])           En doctrina, se diferencia los derechos fundamentales de los derechos constitucionales o los derechos humanos. Sin embargo, para los efectos de este documento, se entenderán estos tres conceptos como derechos fundamentales.

([4])           Naturalmente, esta actuación no exime al Estado de efectuar la reparación correspondiente al ciudadano expropiado a través de una indemnización denominada justiprecio

([5])           BASSET, Úrsula. Parejas de Personas del mismo sexo, derechos humanos y derecho civil. En: Publicación de la Facultad De Derecho – Pontificia Universidad Católica Argentina. Abril: 2010. p. 37.

([6])           Ver Sentencia del Tribunal Constitucional 9332-2006-AA en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/09332-2006-AA.html

([7])           Castillo Freyre, Mario. El 326, por Mario Castillo Freyre: Una propuesta para enriquecer el artículo 326 del Código Civil, a propósito de la unión civil. Ver en: http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/326-mario-castillo-freyre-noticia-1720913

 

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