IUS 360: ¿Qué aspectos podrían valorarse positivamente del discurso presidencial por 28 de julio de Ollanta Humala?
Partiendo del enfoque que nos brinda el encontrarnos en un Estado Constitucional, hay muchos de los temas tratados a través de los discursos presidenciales que necesariamente se relacionan con los derechos fundamentales de las personas. Esto porque, dado que el Estado Constitucional se centra en la persona humana y su dignidad, toda la actividad y política del Estado debería evaluarse o enjuiciarse desde esta perspectiva.
Entonces, toda medida, decisión y política de gobierno debería partir de la consideración de que la actuación del Estado está basada en una obligación de garantizar los derechos de las personas y que estas son sujetos de derechos que pueden exigir prestaciones estatales que atiendan la satisfacción de sus necesidades.
En esta línea, las referencias realizadas por el presidente Ollanta Humala en su mensaje presidencial, que han enfatizado los temas de educación y salud, son positivas y se vinculan precisamente con la obligación del Estado de atender los derechos económicos y sociales de las personas. Así, debemos destacar el incremento del presupuesto que se ha anunciado para educación, para la revalorización de la carrera docente, calidad en el aprendizaje, infraestructura y modernización; así como la ampliación de la cobertura en los servicios de salud. También debe destacarse el énfasis que se ha puesto en la política social y la atención de la pobreza como un prroblema.
El enfoque de derechos debe prevenir que tales medidas se queden en un plano asistencialista sin que se articulen con oportunidades de desarrollo sostenible.
Esta orientación,es un aspecto positivo de destacar en el discurso presidencial.
IUS 360: ¿Considera que ha habido omisiones en el discurso presidencial que deberían criticarse?
A pesar de lo señalado en la respuesta anterior, es preciso señalar que ha habido graves omisiones en el discurso. Podemos mencionar, por ejemplo, que se reitera una omisión a los temas que no fueron incorporados en el recientemente aprobado Plan Nacional de Derechos Humanos, lo que fue materia de críticas y pronunciamientos por importantes sectores de la comunidad de derechos humanos.
Así, por ejemplo, si bien el presidente señaló la transferencia de partidas para continuar con el Pago Integral de Reparaciones para las víctimas de la violencia política, ha sido una referencia puntual y desvinculada de otras medidas que complementan un tratamiento integral de este tema. Entre ellas se encuentran la reapertura del registro único de víctimas con carácter permanente y actualizable[1], entre otras. Lo mismo ocurre con el tema ausente en el Plan Nacional de Derechos Humanos de la consideración de las personas LGTBI como sector vulnerable, a pesar de que en la versión anterior del mismo sí se les contemplaba. El Ejecutivo ha recibido recomendaciones de diferentes entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil respecto de las carencias que posee este plan y hubiera sido valioso que el presidente las abordara en su discurso.
Otro de los temas históricos pendientes respecto a las víctimas de la violencia política es el hecho de que el Ministerio de Defensa no provee información para los procesos penales en los que se está determinando la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos. El Ministerio de Defensa es parte del Ejecutivo y era una responsabilidad a nivel del mensaje presidencial abordar este tema.
IUS 360: Otro tema que abordó el presidente en su discurso fue el referido a las medidas de promoción de la inversión económica. ¿Qué consideraciones le traen estas normas recientemente emitidas?
La política económica del gobierno está optando por preponderar la inversión económica, especialmente en lo que es el sector de actividades de exploración y explotación de recursos naturales. Aunque el énfasis en el fomento de la inversión económica es favorable, también hay que señalar que a través de las medidas legislativas recientemente aprobadas -las mismas que fueron previamente originadas por proyectos de ley presentados por el Ejecutivo- se han debilitado competencias ambientales del Ministerio de Ambiente y se ha relativizado la función sancionadora de laOEFA.
Si bien estas medidas están buscando reactivar la economía en un contexto en el que ha habido una desaceleración y esto es importante, hay que precisar que se están descuidando deberes de protección respecto de comunidades y poblaciones que viven en los entornos donde se ejecutan los proyectos de inversión. Consideramos que el discurso insiste en esta orientación político-económica y, por lo tanto, debe haber una especial atención por parte de las organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia para evitar que se produzcan daños ambientales y se desprotejan a las poblaciones que sufren esos daños.
IUS 360: El tema de la lucha anticorrupción siempre ha sido de gran relevancia en nuestro país y sobre todo ha estado presente en la discusión pública a raíz de los últimos sucesos ocurridos en gobiernos regionales. ¿Considera usted que este fue abordado en el mensaje presidencial de forma satisfactoria?
El mensaje presidencial atendió el tema de la corrupción planteando medidas aisladas y poco institucionales: anunció que había enviado un proyecto de ley para reforzar el tema y que se declarara la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Sin embargo, debemos ser críticos con este punto, puesto que nos parece inviable plantear la imprescriptibilidad de estos delitos, ya que esto significaría una persecución punitiva del Estado de forma indefinida, afectando desproporcionalmente derechos fundamentales de las personas así como la seguridad jurídica Consideramos que estas propuestas son aisladas y que no van a atacar verdaderamente el problema de fondo.
Ahora bien, sí nos parece valioso conectar la lucha contra la corrupción con una buena Administración Pública y con la carrera pública. En ese sentido, nos parece importante la Ley del Servicio Civil, que busca organizar, racionalizar y cualificar la carrera pública en el Estado. Claro que compartimos algunas observaciones que se le han planteado a la ley, tal como la referida a la imposibilidad de actual de que los trabajadores lleven a cabo negociaciones colectivas en materia de remuneraciones. Sin embargo, en general, la ley sí se encuentra conectada con medidas que pueden contribuir a la lucha contra la corrupción.
También respecto del mismo tema, consideramos que ha habido una omisión en el mensaje presidencial respecto al papel que podría tener la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Esta comisión integra un conjunto de instituciones y organismos del Estado, poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos y podría servir para promover políticas articuladas contra la corrupción. Sin embargo, el presidente no ha hecho ninguna referencia de apoyarse en ella o fortalecerla para hacer frente a la alarmante situación de corrupción presente en nuestro país, especialmente la vinculada a los gobiernos regionales e incluso locales.
Una cuestión positiva en ese punto es que sí se ha mencionado que el gobierno va a buscar que los gobiernos regionales puedan rendir cuentas a la Contraloría General de la República y al Congreso. Esta medida podría ser muy útil teniendo en cuenta que hay una debilidad del mecanismo de rendición de cuentas y, si este se potencia, podría resultar eficaz en prevención y control de los gobiernos regionales. De esta forma, precisamente los gobiernos regionales darían cuenta de su gestión y podrían evitarse situaciones de corrupción.
En ese sentido, nos parece que esta medida debería ser promovida a través de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción considerando que tiene entre sus miembros Esto teniendo en cuenta que esta involucra al Congreso, a la Contraloría y a la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales.
[1] Un ejemplo de estas restricciones es el hecho de que las personas que han perdido más de un familiar producto de la violencia política solo sean reparadas por uno de ellos.
