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El referéndum sobre el proyecto Conga

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En los últimos días ha corrido el rumor, más que el rumor la opinión, de que una salida apropiada al conflicto de Conga en Cajamarca es la vía del referéndum. Al respecto, no han tardado en  pronunciarse quienes se oponen a esta posibilidad por razones tanto políticas como jurídicas. Me ocuparé en este post por el momento sólo de las razones jurídicas de estas importantes opiniones.

La primera y más valedera razón que plantean  quienes se oponen a la posibilidad de celebrar un referéndum para el caso Conga es que la Constitución, expresamente, no lo contempla. Como decía ayer el director del Diario El Comercio, Aurelio Miroquesada, la Constitución no permite la consulta para temas como este, que no poseen alcance nacional y que no buscan modificar una norma legal ni reformar -total o parcialmente- la Constitución. ¿Pero es cierta esa interpretación? Tengo mis dudas.

Primero, la Constitución no permite expresamente que se celebre un referéndum para un caso como el del proyecto Conga, es cierto, pero tampoco lo prohíbe  y ahí hay un detalle a tomar en cuenta. Luego, qué más da si lo permite o no si la Constitución a lo que se refiere es a un tipo de referéndum. Puntualmente, a aquel tendiente a reformar la Constitución o aprobar un proyecto de ley. El referéndum que se está planteando para el caso del proyecto Conga es de un cariz distinto. Trata acerca de la posibilidad de conocer, de primera mano, qué piensa la población sobre la viabilidad de ese proyecto, tomando en cuenta que sus beneficios y perjuicios la afectarán directamente.  Evidentemente, no se trata de un referéndum con carácter vinculante pero que sí puede aportar luces acerca de cómo arribar a una salida política en este difícil tema.

El segundo argumento fuerte que he escuchado en contra del referéndum ha sido el expuesto por el respetadísimo constitucionalista Víctor García Toma. El Doctor Toma considera que si el gobierno llevara a cabo un referéndum sobre el proyecto Conga se pondría en riesgo la estabilidad y la gobernabilidad del país, pues se sentaría un precedente nefasto para la inversión y la buena salud de nuestra economía. Humildemente me permito discrepar de esa posición. Las razones que aduce el Dr. García Toma son prudenciales, y hasta valederas, sin duda, desde un punto de vista político, pero no desde uno jurídico. Decir que algo es conveniente para la economía no equivale a decir que es válido para el derecho. Hay un mar de diferencia entre lo que es positivo para la economía y lo que es positivo para el derecho (felizmente).

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