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El derecho a cambiar de religión y la apostasía en la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú

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El reconocimiento del derecho de libertad religiosa, en los documentos internacionales como en el derecho interno de los estados, ha sido objeto de variables, relativas a los alcances de los términos comprendidos en el  contenido del derecho, los  que a su vez han suscitado controversias ventiladas en las cortes o tribunales constitucionales, quienes con sus sentencias han causado un gran impacto en la vida política y social de la nación además de los efectos jurídicos contemplados en el ordenamiento jurídico estatal.

En este sentido, abordaremos algunos términos que se mencionan en la STC Exp. Nº 00928-2011,  que  forman parte del derecho eclesiástico (derecho del Estado peruano relativo a los principios y normas concernientes al ámbito de la libertad religiosa y a la situación jurídica de las iglesias)  como también del derecho canónico (derecho de la Iglesia Católica que no es sólo el Código de Derecho Canónico), habida cuenta de que según el último censo nacional realizado hasta la fecha, un 81,3% de la población dice pertenecer a la Iglesia Católica (INEI: 2008, p. 138).
El derecho a cambiar o abandonar la religión 
El verbo “cambiar” de religión, no ha sido recogido en todos los documentos internacionales sobre la materia que nos ocupa, pues, no está contemplado en el art. 18,1 ni 18,2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), a diferencia de lo contenido en el art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, 1 de  la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos documentos que se mencionan en el fundamento 7 de la Sentencia, pero sin la diferencia que acabamos de mencionar.
Y esto, por la presión de los países musulmanes encabezados por Arabia Saudita (Corral: 2003, p. 149), pues a ningún musulmán se le permite cambiar o abandonar su religión. Cuestión que no es baladí en la comunidad política internacional, sobre todo en los países en los que la religión cristiana y católica son minoría y difícilmente dejaran de serlo, poniéndose en tela de juicio el ejercicio pleno de la libertad religiosa tal y como se concibe en la mayoría de los países de cultura occidental.
Ahora bien, no cabe la menor duda que en nuestro ordenamiento jurídico si forma parte del contenido del derecho de libertad religiosa, en virtud de la Cuarta Disposición Transitoria de la Constitución y el art. 3 de la Ley 29635 de Libertad Religiosa.
La diferencia entre apostasía y excomunión
En el derecho canónico, se tiene en cuenta la diferencia entre estos tres términos: pecado, delito y sanción o pena, que pueden concurrir o no en el mismo sujeto, bautizado  o recibido en la Iglesia Católica. La apostasía es un pecado, pero no siempre es un delito, si además lo fuera, entonces es penada con la sanción más grave como es la excomunión.
El término apostasía, junto a la herejía y al cisma, son pecados, y es ese el sentido teológico-moral del canon 751 del Código de Derecho Canónico de 1983 (CIC) : Se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma; apostasía es el rechazo total de la fe cristiana; cisma, el rechazo de la sujeción al Sumo Pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos.
Cuestión diferente es el delito de apostasía, que  se configura cuando el rechazo de la fe cristiana es externo, y necesariamente percibido por alguien (cfr. CIC can. 1330). Delito  al que según el CIC, can. 1364, se le aplica la pena de excomunión, es decir sólo si es delito al  apóstata se le “excomulga”. Ahora bien, quién puede ser sujeto de delito?, entre otros requisitos señalados en el can. 1323, el bautizado en la Iglesia Católica o el recibo en ella, que ha cumplido dieciséis años. Y éste no parece ser el caso del hijo de los padres demandantes de la sentencia objeto de nuestro comentario.
La  excomunión es la sanción más grave dentro del ordenamiento canónico, que se constituye por ley, es una pena positiva, según lo prescrito por el derecho canónico, CIC can. 1331; es la exclusión de la comunión de los fieles (privación de los bienes espirituales o anejos a los espirituales de los que dispone la Iglesia, v.gr la celebración o recepción de los sacramentos, y la privación de algunos derechos que tiene la persona como bautizado); es consecuencia del delito y no del pecado. No es, ni tiene el efecto, de la negación del bautismo (acto teológico y acto jurídico dentro del ordenamiento eclesial, sacramento  fundamental que, entre otros efectos no menos importantes, incorpora a la persona como miembro de la Iglesia Católica, y por el cual se adquiere la personalidad canónica).
Entonces, con la excomunión no se deja de ser bautizado católico, sino que los efectos de la excomunión se dirigen a las consecuencias de ser bautizado. Otra cuestión será el abandono de la Iglesia Católica.
El abandono de la Iglesia Católica
Dentro del ordenamiento canónico, se prevé  el abandono notorio material de la Iglesia Católica (Cfr. CIC can. 171, § 1, 4º; 194, § 1, 2º; 316, § 1; 694, § 1, 1º; 1071, § 1, 4º y § 2) es decir, aquella situación en que es evidente, cierto, que el bautizado se ha alejado de la fe católica y que suele coincidir con la designación “bautizados no practicantes o no creyentes”. Y el acto formal de abandono de la Iglesia Católica (Cf. CIC can. 1086, § 1, 1117 y 1124)
Sobre  “el acto formal de abandono o defección”  de la Iglesia,  debemos mencionar que ha sido objeto de dos documentos con carácter jurídico para los católicos: La Carta Circular del Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos, con fecha del 13 de marzo de 2006 (Communicationes XXXVIII :2006, 170-184) y el Motu Propio “Omnium in mentem”  de S. S. Benedicto XVI, con fecha 15 de diciembre de 2009.
Para el caso que nos ocupa, tomaremos en cuenta la Carta Circular, en la que se señala como se configura el acto formal, los requisitos y proceder:
  • El acto formal de abandono  comprende: el acto jurídico-administrativo (salir de la Iglesia en el sentido relativo a su registro con las correspondientes consecuencias civiles) y   un acto de apostasía, de herejía o de cisma, realizados externamente y manifestados del modo debido a la autoridad eclesiástica.
  • El acto formal se  concreta en: a) la decisión interna de salir de la Iglesia católica; b) la actuación y manifestación externa de esta decisión, de modo personal, consciente, libre (Cf. can. 124-126) y por escrito; c) la recepción por parte de la autoridad eclesiástica competente: Ordinario o párroco propio, quién es  el único a quien compete juzgar sobre la existencia o no en el acto de voluntad  de la ruptura de los  vínculos de comunión –fe, sacramentos, gobierno pastoral–.
  • Consecuencias: La aplicación de la pena de excomunión. La misma autoridad eclesiástica competente proveerá para que en el libro de bautizados (cfr. can. 535, § 2) se haga la anotación con la expresión explícita de que ha tenido lugar la “defectio ab Ecclesia catholica actu formali”.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, si consideramos que el pecado es personal, el delito es personal, y la sanción es personal y que luego el trámite o acto formal de abandono no sólo contempla un acto jurídico–administrativo sino también el delito de apostasía, entonces difícilmente procederá la anotación del acto formal de abandono,  que no deja de ser discrecional, como indica la misma Iglesia Católica, pues deja a discreción de la  autoridad eclesiástica el juzgar si procede o no de acuerdo a sus requisitos, aunque esto no impida que se le pueden plantear recursos administrativos respecto a su decisión.
El principio de laicidad y el principio de libertad religiosa como principios informadores del derecho eclesiástico peruano en relación al contenido de libertad religiosa: cambiar o abandonar
Ciertamente, como se desprende del art. 50 de la Constitución del Perú, y de las interpretaciones que de él ha hecho largamente el Tribunal Constitucional Peruano en varias sentencias (entre otras: Exp.05680-2009-PA/TC y  06111-2009-PA/TC), el Estado Peruano tiene un sistema de relaciones Iglesia-Estado, que se denomina sistema de laicidad o neutralidad y que básicamente suele expresarse como el principio de separación entre el Estado y las iglesias o el de no tener una religión oficial, y esto se comprende sin  dejar de regular el fenómeno religioso en lo que concierne a su especificidad como dato de la realidad social,  pues no deja de ser Estado y como tal tiene que garantizar el derecho de libertad religiosa de sus ciudadanos sean éstos o no creyentes, de manera individual o colectiva.
Ahora bien, en el caso del principio de laicidad debemos mencionar que en la doctrina, este principio está subordinado al principio de libertad religiosa (Viladrich 2004: pp.97-98),  y éste principio como informador de la actuación del Estado se diferencia a su vez del derecho de libertad religiosa del ciudadano en su doble dimensión como libertad negativa  y positiva.
Por el principio de libertad religiosa, no puede concurrir junto a los ciudadanos en calidad de sujeto de actos o actitudes ante la fe y la religión, configurando el contenido del acto religioso, sino en cambio respetando ese ámbito de autonomía individual y colectiva, del derecho de libertad religiosa, esto sin dejar de lado que como todo derecho fundamental tiene límites ya mencionados por la Constitución como también los impuestos por ley, según  lo prescriben  los documentos internacionales de derechos humanos.
Así pues, comprendemos  la diferencia entre el abandono material  y formal de la Iglesia Católica, que es compatible con la diferencia  que hace el Tribunal en la presente sentencia, entre el abandono material que conformaría el contenido de la libertad religiosa, derecho fundamental del ciudadano frente a terceros y al propio Estado, y el abandono formal que responde al contenido de la libertad colectiva del derecho fundamental, y que es sustrato de la autonomía de la que goza toda confesión religiosa en su organización, y que el Estado por el principio de libertad religiosa, debe respetar no concurriendo como un sujeto de la fe de una determinada iglesia o confesión, interviniendo en su organización.


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