Eclipse de una victoria en las urnas: inhabilitación y juicio político | Renzo Díaz Giunta

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Escrito por Renzo Díaz Giunta*

En el Perú, uno de los pilares de la democracia constitucional es el derecho al voto y su ejercicio por parte de los ciudadanos. Cada 5 años, con libertad de conciencia los peruanos acuden a sufragar para depositar su confianza en candidatos que, de ser electos sus próximas autoridades, tendrán el deber de representarlos y servir a la patria de forma honesta y transparente.

Y, el 11 de abril del 2021 no fue la excepción, ya que a pesar de los riesgos y dificultades inherentes a la pandemia, muchos peruanos acudieron a las urnas a votar. Los resultados de la elección presidencial decepcionaron a diversos sectores del país y acrecentó la polarización entre el electorado. Con respecto al Congreso del periodo 2021-2026,  el exmandatario Martín Vizcarra consiguió suficiente respaldo para resultar electo como congresista por Lima, a pesar de su controversial vacunación irregular, inmoral y secreta realizada en el 2020, a espaldas del pueblo peruano.

Con cuentas pendientes por rendirle a la justicia peruana en mérito de las diversas investigaciones lideradas por la Fiscalía, desde el anuncio de su candidatura, la postulación del ex Presidente de la República fue percibida por muchos como una estrategia dilatoria del proceso penal en su contra. La respuesta del Congreso de la República no se hizo esperar; iniciaron el procedimiento de acusación constitucional con respecto al caso “Vacunagate”; escándalo de vacunación clandestina que terminó de sepultar la credibilidad del exmandatario.

Naturalmente, siendo el ámbito penal más complejo de descifrar por los legisladores debido a las implicancias negativas en caso cometieran un error en la tipificación del delito atribuido a la conducta de Vizcarra, optaron por escindir el antejuicio y el juicio político en dos expedientes. Para así, priorizar y concentrarse en el juicio político; procedimiento parlamentario bajo el cual, en el marco de un debido proceso, el Congreso posee la potestad de sancionar a un funcionario por infracción a la Constitución. Cabe destacar que, las sanciones políticas que pueden establecer son las siguientes: suspensión del ejercicio del cargo, destitución del cargo e inhabilitación para ejercer la función pública hasta por 10 años.

Por lo tanto, conforme lo consagrado en el artículo 100 de la Constitución, el Congreso de la República inhabilitó para ejercer la función pública por 10 años a Martín Vizcarra, imposibilitándole el poder juramentar y asumir como congresista el 28 de julio de 2021. Ante afirmaciones de algunos juristas de que esta medida vulnera derechos políticos; como el derecho a ser elegido del exmandatario y el derecho al voto de sus electores, es importante ratificar la constitucionalidad de la inhabilitación, puesto que el Congreso procedió conforme sus atribuciones constitucionales.

Además, según el Tribunal Constitucional: “Los derechos no son absolutos sino limitados. Se deben a la exigencia de armonizar su ejercicio con otros derechos de la misma naturaleza o con otros bienes y principios igualmente reconocidos o establecidos por la Ley Fundamental” [1]. Por ende, a pesar de la victoria que Martín Vizcarra obtuvo en las elecciones, el juicio político tenía que continuar y el Congreso de la República debía tomar una decisión, ante el pleno, sobre inhabilitarlo o no conforme establecido en la Constitución.

Según el inciso 3 del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público [2]. Entonces, es posible afirmar que la decisión de inhabilitar al expresidente y virtual congresista no contradice el mandato popular, puesto que esos 83 congresistas, que respaldaron con sus votos la inhabilitación de Martín Vizcarra, también son producto de la voluntad del pueblo en las urnas. La diferencia yace en que aquellos legisladores actualmente se encuentran en el ejercicio del cargo, mientras que el exmandatario aún no tenía la condición legal de congresista, al no haber recibido las credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones ni juramentado.

Asimismo, en un estado constitucional de derecho, nadie está exento del control constitucional, por lo que si bien la decisión del Congreso es definitiva, efectiva e inimpugnable, uno de los caminos que la defensa del expresidente tomará es acudir al sistema de justicia constitucional a través del proceso de amparo. Por ejemplo, alegando que la Resolución Legislativa del Congreso N.° 020-2020-2021-CR, que lo inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública, al haber infringido los artículos 2 (inciso 2), 7, 9, 38, 39 y 118 (inciso 1) de la Constitución [3], vulnera su derecho a ser elegido o que el procedimiento parlamentario no cumplió con las garantías de un debido proceso.

También, tomando como referencia el caso de Gustavo Petro, alcalde de la ciudad de Bogotá (Colombia), quien fue destituido e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría General de la Nación colombiana, otro camino posible que tomará Vizcarra para intentar revertir su inhabilitación es la interposición de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Con respecto al caso Petro, la CIDH concedió la medida cautelar al considerar que el caso reunía los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Por consiguiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno de Colombia suspender los efectos de la decisión de la Procuraduría General de la Nación, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de Gustavo Petro y pueda cumplir con el periodo para el cual fue elegido alcalde de la ciudad de Bogotá [4].

De verse el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también es posible que el análisis ahonde en lo respectivo a las infracciones constitucionales, y su falta de tipificación en el Perú. Más allá de la práctica parlamentaria, el Perú carece de una norma que las consagre. Según el constitucionalista César Landa, “La posibilidad de que determinados funcionarios puedan ser encausados por infracción de la Constitución, aun cuando sabemos que la misma no tiene desarrollo constitucional, legal ni reglamentario, afecta el principio de legalidad” [5].

El momento, para fortalecer el accionar del Congreso de la República con respecto al procedimiento de acusación constitucional, ha llegado. Es fundamental que el Congreso de la República (el actual o el siguiente) elabore una ley que consagre y tipifique las infracciones constitucionales y sus causales. De esta forma, se reduce el amplio rango de discrecionalidad con el que los legisladores han obrado a lo largo de los años, Así, la población puede obtener la certeza y garantía de que esta potestad congresal se usará prudente y proporcionalmente; sin abusos, revanchismos, venganzas o persecuciones políticas.

No cabe duda de que el juicio político representa una figura constitucional muy valiosa para el Perú del Bicentenario en su lucha contra la corrupción y la impunidad. Por ello, mientras avanzan las diversas investigaciones penales a altos funcionarios, el siguiente Congreso puede tener un rol prominente en esta lucha si usa sabiamente el juicio político para sancionar con inhabilitación a sombrías figuras de la política peruana caracterizados por servirse en vez de servir. De cara al Bicentenario, poner al Perú primero es preservar a la administración pública lejos del alcance de los “hermanitos, lagartos y otorongos”, desterrar al blindaje de la práctica parlamentaria y garantizar el orden constitucional en este nuevo quinquenio.

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*Sobre el autor: practicante pre-profesional en el Tribunal Constitucional, estudiante de décimo ciclo de Derecho en la Universidad de Lima, Director General del Círculo de Estudios de Derecho Constitucional de la Universidad de Lima, Director Distrital de San Borja en la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo (ODM) y asociado en la Association of Young International Criminal Lawyers (YICL).

[1] Tribunal Constitucional del Perú. (2014). EXP. N° 05312-2011-PA/TC.

[2] Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] Congreso de la República. (2021). Resolución Legislativa N° 020-2020-2021-CR.

[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2014). Medida Cautelar N° 374-13.

[5] Landa, César. (2005). Antejuicio Político.

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