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Dogmática en retroceso: el ocaso del funcionalismo teleológico moderado y la relativización del Derecho penal hacía finalidades sociales | Henry Briant Álvarez Quinto

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Escrito por Henry Briant Álvarez Quinto (*) 

1. Introducción 

La adopción del Derecho penal de orientarse político criminalmente a finalidades sociales que tuvo lugar a finales del siglo pasado, trajo en el primer vicenio del siglo XXI una normativización de principios, categorías e instituciones jurídico-penales. En efecto, esta colosal e innovadora pretensión dogmática, sin embargo, ha quedado relativizada por su orientación a finalidades sociales, haciendo del pensamiento jurídico-penal y su intervención, una evidente e imposible protección de la persona[1].

De hecho, percibir a este problema de la legitimación del Derecho penal, deviene de hace más de un vicenio atrás y permite resaltar la obra del profesor Silva (1992): “Aproximación al Derecho penal contemporáneo”; en la que ha puesto de relieve, la denominada –crisis del Derecho penal contemporáneo– que emerge a inicios de los años sesenta como un fenómeno ecléctico de revoluciones científicas en el sistema jurídico-penal, volviéndose, de esa manera, en una tendencia los procesos de incriminación de nuevas instituciones sustanciales y adjetivas de la ley.

En efecto, Silva (1992, pág 17), denota en el sistema jurídico-penal y su maquinaria penal del Estado, una tendencia incriminatoria, y, muy cabalmente constata, la superposición de tres crisis en el Derecho penal moderno: (i) la legitimidad del Derecho penal, (ii) su dogmática; y la más reciente, (iii) una legislación penal expansiva en un sistema penal en retroceso.

Por esa razón, teniendo en cuenta esta ulterior crisis, esto es: –la de existir una legislación penal expansiva en un sistema penal en retroceso–, el presente trabajo apuntará por desarrollar los aportes sustanciales del funcionalismo político criminal, para dar pie precisamente al problema socio-político que ha generado este conocimiento, de manera que formule la verdadera dimensión a toda pretensión que se le debe hacer al sistema penal, me refiero: a los derechos humanos.

2. Breves apuntes al funcionalismo fundado en la política criminal

Actualmente vivimos en una época en donde lo moral y socialmente intempestivo es ley por su capacidad mediática de resolver los problemas de la ciudadanía. Esto usualmente ocurre en modelos estatales influenciados por el sistema euro-continental, donde el concepto lex is rex[2] rige como fuente principal de crear al Derecho.

En el terreno del Derecho penal, las actuales teorías normativistas de las cuales han emergido como conocimientos «post dogmáticos» derivados por el pensamiento orientado a los fines sociales –propugnado por el profesor alemán Claus Roxin–; un funcionalismo abierto a la política criminal, se ha mostrado como una herramienta útil para el operador jurídico en su afán de interpretar de manera racional al sistema jurídico-penal, y, a su vez, servir de guía ante una sociedad cambiante; la denominada «sociedad de riesgos».

Para empezar, se dice funcionalismo, en opinión de Demetrio (2010), a las “orientaciones de la dogmática jurídico-penal que intentan construir las categorías del sistema a partir de los fines del Derecho penal” (pág. 14).

Es por eso que, este funcionalismo pretende establecer la finalidad del Derecho penal propio –según Roxin– de un modelo que nos proteja del Leviatán del Estado y representen a un legislador sobre fines político-criminales con valoraciones vinculadas al Derecho positivo, constitucional y legal (Silva, 2019).

Por ese motivo, Roxin quiere establecer una vinculación unitaria y sistemática entre Derecho penal y política criminal, alejándose de ese modo, del método dogmático positivista de Franz von Liszt, como un sistema abierto, característico de un conocimiento flexible y depurativo de otras que, por ser incipientes, no deben ser valoradas ni juzgadas, tal como expone Schünemann (1991) refiriendo que esta opción implica:

Por un lado, que el conocimiento existente se dispone en un orden removible en cualquier momento; y, por otro lado, que los casos y problemas todavía no advertidos no se juzgarán sin reparos por el mismo rasero, sino que siempre habrá ocasión para modificar el sistema dado. (pág. 37)

De esa manera, Roxin dinamiza el tratamiento del sistema jurídico-penal para buscar la solución de problemas que ineludiblemente la realidad empírica exige, esto es, parte por considerar que el Derecho penal se legitima a la medida que efectivice la resolución de problemas de la realidad social, pues como advierte el propio Roxin (2002):

El camino acertado solo puede consistir en dejar penetrar las decisiones valorativas político-criminales en el sistema del Derecho penal, en que su fundamentación legal, de claridad y legitimación, su combinación libre de contradicciones y sus efectos no estén por debajo de las aportaciones del sistema positivista formal proveniente de Liszt. (pág. 49)

Y no solo ello, también esta dogmática roxiniana ha sido capaz de poder afrontar mediante una normativización de las categorías dogmáticas de la teoría jurídica del delito, el relativismo valorativo del pensamiento dogmático de Hans Welzel, superando aquella concepción lógica-objetiva que ubicaba en planos distintos e incomunicados a la dogmática penal y a la política criminal[3]–, pues, hasta ese entonces, eran conceptos puramente ontológicos que fraccionaban –al margen de la realidad empírica– su estudio y tratamiento.

En efecto, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, deben –a su noción– estar orientadas bajo el prisma de la política criminal de valoraciones sociales que la realidad presenta, tal como efectivamente Roxin (2002) nos precisa:

Un tal intento, que quiero exponer aquí en algunas líneas fundamentales, tiene que partir de que las concretas categorías del delito (tipicidad, antijuricidad y culpabilidad) deben sistematizarse, desarrollarse y contemplarse desde un principio bajo el prisma de su función político-criminal. (pág. 58)

Esto explica con mayor razón, que el profesor Roxin clasifique y otorgue diferente valor normativo al esquema tripartito de la teoría jurídica del delito, pues determina y engloba dentro del tipo, la función taxativa de aquellos comportamientos que la sociedad determina como insoportables y establece en esa medida, en primer lugar, que la autoría y participación es solamente determinable en función «del domino del hecho» (independientemente de aquellos injustos de «infracción del deber») y en segundo lugar, que la inclusión del dolo en el tipo se deriva por la función de determinación que el legislador sobrepone al desvalor de la acción que realiza el agente.

Por su parte, la antijuridicidad entendida como soluciones sociales en conflicto, son expresión pura de un número limitado de principios reguladores de ordenación político-criminal que el legislador determina en función de situaciones problemáticas concretas (Schünemann, 1991), tales como (i) la legítima defensa, (ii) el estado de necesidad justificante, (iii) el obrar en el cumplimiento legítimo de un derecho o (iv) en el ejercicio de un deber, o (v) el propio consentimiento de la víctima.

Finalmente, sobre la culpabilidad, Roxin concibe una orientación sobre la necesidad de establecer una pena, por su especial trascendencia preventiva, de cara ante la libertad y el libre albedrío del agente; por ello, su incidencia valorativa no debe recaer en reprochar al agente en la medida de que no actuó de otro modo, sino, y como precisamente enfatiza su discípulo Schünemann (1991): “A la ausencia de una necesidad preventivo-general o preventivo-especial de pena” (p. 64).

En efecto, Roxin al determinar que el Estado concibe a todas las personas libres e iguales, el criterio de culpabilidad y la libertad de acción –a su concepción–, se convierten en aserciones normativas y es por ello que actualmente refuerza su concepto de culpabilidad para contraponer las recurrentes críticas de investigaciones neurocientíficas sobre la culpabilidad; al afirmar que la libertad y el libre albedrío no son empíricamente existentes desde el enfoque neurocientífico, pero que, en su defecto, como Roxin sostiene, son relevantes para el ordenamiento jurídico (2017).

Así pues, incluye a su concepción sobre la culpabilidad, un criterio normativo denominado: «asequibilidad», que implica afirmar la existencia de culpabilidad en el agente, en la medida de que al momento de realizar el injusto, cuente con la edad, la capacidad y los conocimientos de una persona estándar para el Derecho penal. Tal como el mismo Roxin (2017) nos lo indica: “hay que afirmar la culpabilidad del sujeto cuando el mismo estaba disponible en el momento del hecho para la llamada de la norma según su estado mental y anímico”. (p. 10).

De esta manera, se coincide plenamente con Schünemann en relación a estas concepciones de la teoría jurídica delito, cuando refiere que el profesor Roxin (1991):

Asocia al tipo, como motivo central, la determinabilidad de la ley penal conforme al principio del nullum crimen; a la antijuridicidad, el ámbito de las soluciones sociales y de los conflictos; y a la culpabilidad, la necesidad de pena resultante de consideraciones preventivas. (pág. 64)

Asimismo, este funcionalismo moderado, ha clarificado el panorama sobre el enfoque preventivo que el Estado debe tener, pues su aplicación apela al fundamento de la «necesidad preventiva de punición» y claro, como resulta válido, Roxin considera que el Derecho penal se efectiviza por su justificación de proveer soluciones a la realidad social, es por ello que la función del Derecho penal apunta a reducir la criminalidad, garantizando las coexistencia de las relaciones humanas como fenómeno social e inminentemente político (Roxin, 2002).

En consecuencia, el fin de la pena debe prevenir la comisión del delito, apartándose de finalidades retributivas, pues no podría explicarse como castigo divino o real, sino, como instrumento de control social enmarcado en el modelo del Estado social y democrático de Derecho (Zúñiga, 2018).

Como se desprende de lo anteriormente visto, este funcionalismo moderado fundado en la política criminal ha sido considerada como una herramienta innovadora ante la caída del finalismo de Welzel, porque su apogeo, si bien se encuentra aún en vigencia en el sistema penal peruano, lamentablemente está empezando a sucumbir por su orientación hacía la «realidad social», pues, no encuentra en su conocimiento, la piedra angular que solidifique esa orientación político-criminal, a pesar de que haya contribuido con una construcción racional de la teoría jurídica del delito bajo los cánones de la política-criminal y su orientación preventiva de aplicar la pena bajo un concepto de asequibilidad normativa de la persona.

Prácticamente –como pasaré a explicar–, esta teoría se encuentra relativizada y sumergida en el denominado «círculo del conocimiento», carente del rigor necesario para una respuesta cierta, propia de un conocimiento que se pretende científico (Zúñiga, 2018).

3. Un problema estructural de base funcionalista: el relativismo del Derecho penal

El funcionalismo político criminal característico por un dualismo entre dogmática penal y política criminal, se ha mostrado propiamente como un instrumento metodológico del sistema penal, pues como destaca Langer (citado en Robles, 2013) esta dogmática penal, “en su labor de explicación de conceptos, opera en primer lugar identificando los fenómenos de la realidad (análisis) con contenido de sentido propio, para posteriormente someterlos a un proceso de abstracción conceptual – marcando lo valorativo y lo teleológico” (p. 134)-, de manera que, en términos de configurar un proceso de conocimientos y conceptos, se establezcan acepciones valorativas teleológicas y depuren aquellos conceptos irrelevantes para obtener una definición exacta de aquello empíricamente valorado.

Sin embargo, si priorizamos a la política criminal para flexibilizar a la dogmática y reducir su contenido intrínseco de valoraciones racionales –como se ha puesto de relieve–, estaríamos limitando a que, esta dogmática, solo le quede identificar los fenómenos que la realidad empírica presenta, algo que pujantemente en Roxin se ha logrado apreciar.

Y, por otro lado, si hacemos de una dogmática penal con proyecciones político criminales, como explica Zúñiga (2018), estaríamos cayendo en la denominada falacia naturalista: lo que «es», «debe ser», pues tal como nos indica:

La dogmática no puede aceptar acríticamente las proposiciones que le plantea la política criminal porque caería en la falacia naturalista, «el ser», sería considerado «deber ser». Así, por ejemplo, no podría darse una criminalización ni un aumento de penas porque lo piden las encuestas, porque le faltaría ser tamizada por el componente normativo de los principios y categorías penales (p. 81).

Es por ello que, si apuntamos por una dogmática con un sesgo político-criminal, –como nos pone de relieve Roxin–, implicaría que ésta deba ceder y complacer a la política criminal en las reformas del sistema penal[4]. Sin embargo, si en algo no cabe duda, es que, ni la política es Derecho, ni el Derecho es política– (Zúñiga, 2018), y por tanto, es claro que si adoptamos una interpolación de ambas con la finalidad de favorecer a ésta última (me refiero a la política), estaríamos arribando a errores de «ser» y de «deber ser» en estos conocimientos,  pues relativizarían y afectarían las instituciones sustantivas y principios que, de forma imprescindible el Derecho penal tiene para condicionar a la política criminal en su intento de incoar reformas al sistema penal. Por ello, como precisamente nos advierte el recordado profesor Mir (1982):

El ejercicio del ius puniendi en un Estado democrático no puede arrumbar las garantías propias del Estado de Derecho. Pero, al mismo tiempo, debe añadir nuevos cometidos que vayan más allá del ámbito de las garantías puramente formales y aseguren un servicio real a todos los ciudadanos (p. 29).

En ese orden de ideas, es también válido aceptar que la realidad empírica demuestra que el pensamiento dogmático del profesor Roxin, ha tenido una capacidad altísima de atraer normativamente innumerables y sustanciales reformas en los códigos penales de casi toda américa latina, la misma que se ve reflejada en el Código Penal peruano, precisamente en su exposición de motivos, es decir, que en el sentido y fundamento de su vigencia sostenga que: “El Código Penal persigue concretar los postulados de la moderna política criminal, sentando la premisa de que el Derecho Penal es la garantía para la viabilidad posible en un ordenamiento social y democrático de derecho[5]”.

Consolidando, de esa manera, que el objeto, –esto es: la ley– sea producto del método funcionalista orientado a finalidades político criminales de valoraciones sociales, estableciendo a su vez, una transformación absoluta de la parte general del pensamiento penal. De hecho, es el mismo Roxin (2002) quien nos ratifica esta posición, al afirmar concluyentemente que:

Las transformaciones de la política criminal y de nuestro conocimiento de las cuestiones metodológicas, que se han consumado en los últimos años, deben transformar al mismo tiempo el sistema de nuestra parte general, si quiere conservar su capacidad de funcionamiento (pp. 106-107).

Sin embargo, este funcionalismo, característico por su interés en la política –como se percibe actualmente–, se ha mostrado incapaz de contener el poder punitivo del Estado pues, ha generado precisamente esa relativización de las principales instituciones dogmáticas, procesales y teorías de la imputación, y, de hecho, como precisa Zúñiga (2018):

Se ha llegado al punto en que cualquier planteamiento de carácter político criminal puede justificar las normas legales porque cumplen determinadas finalidades sociales, una especie de tautología: la tolerancia cero, el garantismo, las políticas de emergencia, las políticas de excepción, la orientación hacía prevención general positiva, la orientación hacía prevención general negativa, la fundamentación de la resocialización, la utilización de la mediación, etcétera, etcétera (p. 49).

Por consiguiente, es evidente que la relativización del funcionalismo resulta contraproducente por su propia orientación, pues como nuevamente apunta Zúñiga (2018), “es el propio método dogmático, orientado al fin social, a las valoraciones político-criminales, a la política criminal, el que posee en su ADN el germen de esta relativización” (pág. 50). Es por ello que esto ha determinado cierto poder –a cualquier medio de comunicación, prensa o difusión radial que determinan lo que «debe ser» punitivizado–, alterado, y, por tanto, relativizando en perjuicio del Derecho penal y su dogmática penal.

No cabe duda, por ello, que esa relativización de las diferentes categorías, principios e instituciones jurídico-penales tengan una sola explicación, como acertadamente indica Zúñiga (2018):

Creo que debemos ser conscientes de que ni el poco rendimiento de la teoría del bien jurídico, ni la teoría de la prevención general positiva, ni la normativización de las categorías son por sí solos elementos suficientes y necesarios que expliquen la relativización de las categorías y los principios que observamos. (p. 50)

Por ese motivo, es que resulta relevante afirmar que la política criminal sea, al fin y al cabo, política, y, por tanto, expresión de un pensamiento político consolidado por legisladores –con determinadas orientaciones y proyectos ideológicos– quienes, en ocasiones, apartados de sus deberes y límites establecidos en la Constitución Política y normas supranacionales, confieren soluciones apartadas de la realidad práctica (Zúñiga, 2018). Porque la solución al problema criminal no es la política criminal derivada en exigencia social o comúnmente denominado: «populismo o clamor social». Debido a que, como acertadamente Tyler, Boeckmann, Chiricos & Smith (citados en Kury & Brandenstein, 2006) afirman que esto ha generado notablemente:

Una preocupación generalizada en la población por la alta cota alcanzada por los “desórdenes sociales” y los denominados “pánicos sociales”. La sensación de que la política ya no puede superar los problemas pendientes conduce a notables grados de intranquilidad, y sobre todo a una desazón política que se manifiesta por ejemplo en menos participación electoral (pp. 391-392).

Peor aún, instituciones que se caracterizan por su poder coactivo de restringir derechos fundamentales –como la libertad personal–, ya sea por la inocuización del peligro procesal –en instituciones procesales como la prisión preventiva–, han sufrido cambios de manera abrupta. Así, recientemente un claro ejemplo de esta relativización, es la dación de la Ley N.º 31012, debido a su fundamentación vinculada –como se pone de relieve– a un funcionalismo abierto a la política criminal. Vemos –con mucha sorpresa que–, en el segundo párrafo de la exposición de motivos de esta norma, el legislador tuvo como argumento lo siguiente:

En los últimos años el sentimiento de inseguridad ciudadana, se ha incrementada en forma alarmante, de otra parte se ha experimentado una pérdida de valoración y respeto al principio de autoridad, esta deterioro de valores, se manifiesta de muchas formas, entre ellas, cuando ciudadanos ofenden o atacan a los miembros del orden, no obstante encontrarse penalizados estas conductas, no son objeto de una sanción penal efectiva, y por el contrario existe una interpretación benévola o flexible de la ley con una tendencia de descriminalizar estas conductas cuando son en agravio de efectivos de la Policía Nacional[6].

De la cual, principalmente se puede advertir que existe una inclinación a la satisfacción de la ciudadanía a través de la aplicación de la ley más rígida. Y, de si algo no cabe duda, es que se apela a exigencias sociales e incluso a la falacia “ad populum” que deriva de una única y exclusiva razón: las finalidades sociales de la política criminal.

Sin embargo, no pretendo –y ni podría agotar en el presente trabajo–, las diversas objeciones por parte de la doctrina peruana a la referida ley, puesto que, producciones legislativas de este tipo conllevan a reflexionar sobre un Derecho penal a la carta, complaciente para resolver todos los problemas de la ciudadanía.

En efecto, como nuevamente acierta Zúñiga (2018): “En este relativismo cabe la tentación, para el legislador, de legitimar «a toda costa» la ley; para el juez, la sentencia; y para la academia, la posición doctrinaria” (pág. 50). Por eso, resulta relevante destacar el pensamiento del filósofo alemán Carl Ludwig von Bar, (citado en Silva, 2001) quien nos advierte:

Allí donde llueven leyes penales continuamente, donde entre el público a la menor ocasión se eleva un clamor general de que las cosas se remedien con nuevas leyes penales o agravando las existentes, ahí no se viven los mejores tiempos para la libertad –pues toda ley penal es una sensible intromisión en la libertad, cuyas consecuencias serán perceptibles también para los que la han exigido de modo más ruidoso–, allí puede pensarse en la frase de Tácito: Pessima respublica, plurimae leges (pág. 17).

En consecuencia, visto el panorama actual del pensamiento penal y del problema estructural del sistema penal, cabe la reflexión: ¿este relativismo es propio de un problema que se advierte en el pensamiento funcionalista de base político criminal, o simplemente es parte de una disfunción del pensamiento penal de cara ante la denominada crisis del Derecho penal, que el profesor Silva Sánchez nos pone de relieve?, pues hasta ahora, la verdadera orientación del Derecho penal en la denominada era «post dogmática» percibida por el método funcionalista de base político criminal, no muestra una expresa configuración de un conocimiento vanguardista que se muestre al servicio de la sociedad y los derechos humanos.

4. Hacía una barrera infranqueable: los derechos humanos

Visto lo expuesto, resulta necesario poder ubicar la verdadera dimensión del Derecho penal y su dogmática. Es por ello que, como concluyentemente nos pone de relieve el profesor Demetrio (2010):

Solo desde el respeto a los derechos humanos se puede configurar el vínculo entre el ser y el deber ser del Derecho penal. Los derechos humanos han de ser, en último término, la barrera infranqueable a toda pretensión político-criminal, filosófico-política, filosófico-jurídica, sociológica o dogmática (p. 24).

Sin embargo, para que sea posible la efectiva existencia de esa barrera infranqueable al Derecho penal y su maquinaria estatal, es necesaria la existencia de una capacidad crítica, es decir, la posibilidad de validar o no las soluciones penales con criterios lo más objetivos y racionales posibles, de manera que sean idóneos para contrastar la ley, los principios constitucionales, la doctrina y la jurisprudencia (Zúñiga, 2018).

Es por ello que se apuesta por los derechos humanos, porque constituyen pilares y elementos valorativos válidamente aceptados, pues, no solo legitiman la pretensión gnoseológica de toda construcción dogmática, filosófica o política en el sistema penal, sino también, –dada su universalidad, por su trascendencia histórica de construir la realidad y de garantizar la coexistencia plena en sociedad–, los derechos humanos constituyen una fuerza pujante para evitar que se absorba a la persona dada su capacidad de autolimitar el poder de toda aquella pretensión que se muestre de hacerlo.

Así pues, los derechos humanos, como advierte Zúñiga (2018), “constituyen la síntesis histórica de los ideales del iusnaturalismo que han sido trasladados a las Constituciones nacionales, convirtiéndolos en derecho positivo y, por consiguiente, se trata de principios auto limitadores de los gobernantes y de cualquier autoridad” (p. 64).

De ahí que, toda orientación del Derecho penal, ha de partir por una pretensión vanguardista de corte antropocéntrica, con sólidas orientaciones al servicio del ciudadano, conocimiento sus límites y seleccionando intereses, confusiones o pretensiones divergentes a ella.

De modo que, la exigencia en la construcción de mecanismos auto limitadores surja de ahí, de los derechos humanos, y exijan una necesidad de poder reformular esta configuración de la dogmática penal a criterios, enunciados y valoraciones que no sean estrictamente políticos o sociológicos relacionados a fines sociales, pues, se requieren valores universales que posean el mayor consenso posible y oponible a los poderes que intentan socavar los cimientos de nuestra civilización (Zúñiga, 2018).

5. Conclusiones

1. Se puede estimar que la relativización del Derecho penal se explica en una degradación progresiva en los últimos años de casi todos los principios e instituciones jurídico-penales que dan vida al sistema penal, pues, la política-criminal al caer en la falacia naturalista, deja abierta, colosales posibilidades de valoraciones político-criminales sin contenido metodológico que brinda la dogmática penal.
2. El funcionalismo político-criminal no ha sido el mecanismo idóneo, para que, en términos dogmáticos, la ciencia del Derecho penal tenga un mínimo de certeza en sus proposiciones, y que, a su vez, fije en las reformas penales, la noción básica de que toda forma de actuación estatal tiene como límite los derechos humanos.
3. Finalmente, la normativización del pensamiento penal hacía finalidades sociales, propio del funcionalismo político-criminal, se ha convertido en uno de los principales problemas actuales del Derecho penal y su dogmática, pues, más allá de quedar rezagada la verdadera orientación vanguardista hacía los derechos humanos, el Derecho penal se ha servido a solucionar conflictos que dimanan de la propia valoración social y su exigencia populista, porque, consideraciones meramente enfocadas en la aplicación unitaria de la política criminal, escapan de las valoraciones dogmáticas y la propia concepción utilitarista de los derechos humanos.

[1] Considerando que la protección de la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

[2] La ley es rey.

[3] En ese sentido, para Zúñiga Rodríguez (2018, p. 57), se la denomina como: «la teoría de las estrategias para prevenir la criminalidad».

[4] Esto es, principios e instituciones jurídico-penales de corte garantista –como el de mínima intervención, fragmentariedad o proporcionalidad–, que dan vida al Derecho penal, no serían aplicados o no tendrían injerencia en las reformas que el legislador adopta por decisiones políticas.

[5] Conforme al segundo párrafo del contenido en la exposición de motivos del vigente Código Penal, promulgada el ocho de abril de 1991 mediante el Decreto Legislativo N.º 635.

[6] Congreso de la República del Perú. “Proyecto de ley que protege el accionar de la Policía Nacional del Perú, en el ejercicio regular de su función constitucional, contra la delincuencia, crimen organizado y en defensa de la seguridad ciudadana”; 17 de mayo de 2019. Disponible en Archivo Digital de la Legislación del Perú [En línea]: https://bit.ly/3zCYfzh [consultado el 02 de enero de 2022].

6. Bibliografía

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Kury, H., & Brandenstein, M. (2006). Sobre la cuestión de una «nueva punitividad» – actitudes sancionadores y política sancionadora. En F. Bueno Arús, H. Kury, L. Rodriguez Ramos, & E. Raúl Zaffaroni, Derecho Penal y Criminología como fundamento de la Política Criminal. Estudios en Homenaje al Profesor Alfonso Serrano Gómez (págs. 369-402). Madrid: Dykinson S.L.

Mir Puig, S. (1982). Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y democrático de Derecho. Barcelona: Bosch Casa Editorial.

Robles Planas, R. (2010). La identidad de la dogmática jurídico-penal. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik(2), 134-142. http://www.zis-online.com/dat/ausgabe/2010_2_ger.pdf

Roxin, C. (2002). Política criminal y sistema del Derecho penal. Buenos Aires: Editorial Hamurabi.

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Silva Sánchez, J.-M. (1992). Aproximación al Derecho penal contemporáneo. Barcelona: J.M. Bosch Editor.

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Zúñiga Rodríguez, L. (2018). Dogmática funcionalista y política criminal: una propuesta fundada en los derechos humanos. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú(81), 47-92. https://doi.org/10.18800/derechopucp.201802.002


(*) Sobre el autor:  Estudiante del décimo ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, sede Huancayo. Ex Miembro del Taller de Especialización en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ex Voluntario del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín.

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