Consideraciones en torno al procedimiento de duda razonable desde la perspectiva del administrado

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I. INTRODUCCIÓN

La doctrina[1] y la jurisprudencia[2] han considerado que, con relación a la Duda Razonable, se entabla un procedimiento administrativo destinado a comprobar el valor en aduanas declarado.  En ese sentido, como todo procedimiento administrativo, está regido por principios previstos en nuestro ordenamiento jurídico, los mismos que deben servir de guía para la aplicación e interpretación de las disposiciones legales que rigen la notificación de una Duda Razonable así como la evaluación de los medios de prueba presentados por los administrados en su respuesta, entre otros aspectos.

De igual modo, como es lógico, dicho procedimiento se encuentra también dotado de garantías y derechos que gozan los usuarios aduaneros durante su tramitación.  En ese sentido, la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional también ha delimitado algunos de ellos previstos en la Constitución.

En ese orden de ideas, el derecho a ofrecer y producir pruebas, y el derecho a una decisión motivada y fundada en derecho en el marco de ese procedimiento, resultan relevantes, tal como recientes Resoluciones del Tribunal Fiscal y del Poder Judicial, lo han resaltado. En el presente trabajo, analizaremos la importancia de estos pronunciamientos con el propósito de procurar una mejor aplicación de las disposiciones relativas a la Duda Razonable.

II. LOS PRINCIPIOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE DUDA RAZONABLE

Los principios aplicables según la Constitución a los procedimientos y que consideramos pueden tener alguna relevancia al momento de aplicar una Duda Razonable son[3] [4]: el principio de legalidad, el principio del debido proceso, el principio de razonabilidad e irretroactividad, el principio de cosa decidida, entre otros, destinados a delimitar la potestad tributaria.

Al respecto, conviene destacar que los principios constitucionales son instituciones con proyección normativa de los cuales se extraen reglas jurídicas y que han de deducirse de las reglas constitucionales[5]. En ese sentido, los principios constitucionales, en cuanto instituciones jurídicas con proyección normativa, cumplen una función informadora de todo el ordenamiento jurídico. Dicha función se concreta en que:

  • Tienen eficacia directa.
  • Permiten extraer reglas aplicables al caso concreto.
  • Su función positiva consiste en informar el ordenamiento.
  • La función negativa comporta que tengan fuerza derogatoria.
  • Su interpretación debe realizarse en forma complementaria e indisociable.
  • Facilitan, a partir de su trasmutación[6] en reglas, la posibilidad operativa de una pluralidad de opciones cuya elección concreta corresponde a criterios de política legislativa.[7]

En esta ocasión, examinaremos uno de ellos, el principio del debido proceso dentro de la Administración Pública, que según estableció el Tribunal Constitucional, es un debido proceso administrativo, en el que no debe desconocerse las categorías que también están inmersas en el órgano jurisdiccional[8].

En ese sentido, si bien se podría considerar que para corroborar que un procedimiento de Duda Razonable cumple con las reglas del debido procedimiento, resultaría suficiente que se cumpla con que se permita al administrado exponer sus argumentos, ofrecer pruebas y tenga como resultado la emisión de una resolución motivada[9], lo cierto es, que la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido señalado otros derechos que se desprenden de dicho principio y que deben tomarse en consideración.

III.  LOS DERECHOS DEL ADMINISTRADO ANTE LA NOTIFICACIÓN DE UNA DUDA RAZONABLE SEGÚN EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO.

En correlato a lo antes mencionado, ante la notificación de una Duda Razonable, los derechos del administrado según el principio del debido procedimiento administrativo  son[10]: el derecho a la notificación, el derecho al acceso al expediente, el derecho a ofrecer y producir pruebas, el derecho a una decisión motivada y fundada en derecho, el derecho al plazo razonable, el derecho a impugnar las decisiones motivadas, entre otros.

En esta oportunidad, analizaremos dos de ellos, a la luz de recientes pronunciamientos del Tribunal Fiscal y del Poder Judicial, y debido a su importancia al momento de dar respuesta a una duda razonable o en la valoración de los medios de prueba o argumentos presentados por los usuarios aduaneros.

III.1. EL DERECHO A OFRECER Y PRODUCIR PRUEBAS.

Se pueden ofrecer y producir pruebas respecto al precio pagado o pagar en el marco del primer método de valoración. De este modo, en el caso de precios por pagar, se puede utilizar registros contables o los comprobantes de pago, cuando existan, como medios de prueba del valor declarado. Una reciente resolución del Tribunal Fiscal, nos da luces acerca de la oportunidad de ofrecer pruebas vinculadas a estas compraventas por pagar.

En ese sentido, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 000803-A-2017 del 27 de enero de 2017, precisa que cuando el pago es realizado con posterioridad al plazo otorgado por el artículo 11° del Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo de Valor de la OM, Decreto Supremo N° 186-99-EF, debe considerarse que los usuarios aduaneros tienen un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la transferencia bancaria (acreditada mediante Swift bancario) para presentar ante la Administración Aduanera la documentación que acredita el pago, por cuanto a la fecha en que se notificó la Duda Razonable la factura aún no había sido cancelada y por consiguiente no era posible contar con dicha documentación. [11]

En esa misma línea, puede suceder que el pago es efectuado después de notificada la Duda Razonable pero dentro de los 10 días hábiles anteriores a la fecha notificación de la determinación tributaria. En estos casos, el plazo de 10 días hábiles para su presentación a la autoridad aduanera contados a partir del día siguiente de la existencia física del documento que prueba el pago, se ve interrumpido por la determinación de la deuda tributaria, resultando de aplicación la regla prevista en el artículo 141° del T.U.O. del Código Tributario, deviniendo en admisible dicho medio probatorio cuando se presente con el recurso de reclamo. [12]

Ciertamente, el criterio jurisprudencial antedicho respecto al plazo para presentar los documentos de pago extemporáneo, puede ser objeto de cierta controversia en la medida que establece un término no previsto en la legislación vigente.

En efecto, el artículo 141° del T.U.O. del Código Tributario no prevé dicho límite temporal para una presentación oportuna, sino que habilita la presentación de medios de prueba en etapa de reclamo.  En ese sentido, tal vez convenga analizar, en mayor medida, los alcances de la causal prevista en dicho articulado para la admisión de un medio de prueba cuando el deudor tributario acredite que la omisión en su presentación al ser requerido, no se generó por su causa.

III.2. EL DERECHO A UNA DECISIÓN MOTIVADA Y FUNDADA EN DERECHO.

El derecho a una decisión motivada y fundada en derecho, se sustenta en el principio de motivación de resoluciones que es un principio constitucional implícito en la organización del Estado democrático que se define en los artículos 3 y 43 de la Constitución[13].  Exige al funcionario y/o servidor que exprese las razones suficientes sobre la justificación de la decisión emitida mediante acto administrativo, otorgando al administrado, herramientas para el ejercicio de su derecho de defensa[14].

En el caso de la Duda Razonable, toma particular relevancia cuando se emite el informe de confirmación de Duda Razonable, descartando la aplicación del primer método de valoración, específicamente, cuando se expresan las razones por lo que los medios de prueba presentados no sustentan el valor declarado.  Igual relevancia toma cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, que es acompañada del informe de determinación del valor. Y que duda cabe, corresponde una debida motivación, cuando el acto administrativo resolutivo de que se trate, confirma el reclamo o la apelación presentada.

Al respecto, en la Resolución N° 24 del 11 de agosto de 2017 – Expediente N° 7002-2016 de la Sétima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas Tributarios y Aduaneros[15], se precisa que una falta de fundamentación razonable del ajuste de valor de la Administración Aduanera, se constituye en una razón suficiente para dejar sin efecto la acotación que surgió tras la generación de una Duda Razonable.

Esto porque, como resulta lógico, los fundamentos de la resolución que pone fin al procedimiento de Duda Razonable (y lo mismo resulta de aplicación a la resolución emitida en respuesta a un recurso) debe reunir los recaudos propios de todo acto administrativo, aplicando al caso debatido las normas que rigen la materia[16].

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN.

Finalmente, cabe señalar que la Jurisprudencia está cumpliendo un papel relevante para el debido entendimiento del procedimiento de Duda Razonable conforme al ordenamiento jurídico vigente.  Hacemos votos para que esa labor siga siendo fructífera.


FUENTE DE IMAGEN:

http://blog.elinsignia.com/wp-content/uploads/2017/06/carrera-de-despachante-de-aduana-2.jpg

[1] En ese sentido, ZOLEZZI, Daniel. VALOR EN ADUANA (Código Universal de la OMC) 2ª edición actualizada y ampliada. Buenos Aires, La Ley, 2008 Pp. 267.  Con la reserva que no son las normas OMC las que le dan la categoría de procedimiento pero si la normatividad reglamentaria, COSIO JARA. Fernando.  El procedimiento de Duda Razonable y las reglas del debido proceso En el libro Ensayos de Valoración Aduanera. Aportes de la realidad peruana al estudio de los derechos de los usuarios aduaneros. Publicación de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero.  Lima, Palestra Editores S.A.C., 2014.  Pp. 388, entre otros.

[2] Ver Ejecutoria Suprema S/N del 18 de mayo de 2011 recaída en el Expediente N° 02341-2010-0-5001-SU-CI-01 de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema citada por COSIO JARA. Ob. cit. Pp. 395. Nota 38.

[3] Para la ver la relación completa de los principios constitucionales revisar MORÓN URBINA, Juan Carlos. El procedimiento administrativo: criterios de interpretación y aplicación del TC y la Corte Suprema. 1 Ed.  Lima, Gaceta Jurídica, 2017.  Pp. 21 y siguientes.

[4] Otros principios constitucionales que limitan la potestad tributaria son desarrollados por VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 5ª edición, ampliada y actualizada. Reimpresión. Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1995. Pp. 187 y siguientes.

[5] FREIXES SAN JUAN, Teresa y REMOTTI CARBONELL, José Carlos. Los valores y principios en la interpretación constitucional, en: Revista Española de Derecho Constitucional, Año 12. N.° 35. Mayo-Agosto 1992. pp. 102 y 103 citados por RUBIO CORREA, Marcial. El sistema jurídico. Introducción al Derecho. Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009. Pp.280. a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de abril de 2006 – Expediente N° 047-2004-AI-TC.

[6] Acción de mudar o convertir algo en otra cosa. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Ver http://dle.rae.es/?w=diccionario (Consultado el 04 de octubre de 2017)

[7] Ibídem.

[8] MORÓN URBINA, Juan Carlos. Obra citada, pp. 27 y 28 en la que se analiza la STC N° 8495-2006-AA. f.j. 13.  En igual sentido, STC 4829-2004-AA7TC citado por COSIO JARA. Ob. cit. Pp. 391.

[9] COSIO JARA. Ob. cit. Pp. 392.

[10] MORÓN URBINA, Juan Carlos. Obra citada, pp. 37 y siguientes. En dicho texto encontramos la lista completa de los derechos aplicables a los procedimientos administrativos.

[11] Se toma en cuenta para fijar este término, el plazo de 5 días, prorrogables por  5 días adicionales establecido en el artículo 11° del Decreto Supremo N° 186-99-EF (página 3 de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 000803-A-2017). Ver la resolución en: http://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/Tribunal_Fiscal/PDFS/2017/A/2017_A_00803.pdf (Consultada el 28 de setiembre de 2017).

[12] Resolución del Tribunal Fiscal N° 000803-A-2017.

[13] STC N° 2192-2004-PA, f.j.8 citado por MORÓN URBINA, Juan Carlos. Obra citada, pp. 27.  Ver Nota 8.

[14] Ibídem.

[15] Ver resolución: https://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/resultado.xhtml

(Consultada el 28 de setiembre de 2017)  En igual sentido, Resolución N° 23 del 17 de julio de 2017 – Expediente N° 6998-2016 de la misma Sala (Consultada el 12 de octubre de 2017).  En dichos pronunciamientos se alude a la necesidad de contar con un debido sustento para calificar como similar a una mercancía en aplicación del método del Último Recurso, al momento de emitir la resolución que pone fin al procedimiento de Duda Razonable.

[16] ZOLEZZI, Daniel. Ob. Cit. Pp. 271.

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