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A cinco años de Bagua: algunas consideraciones jurídicas

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El pasado 5 de junio se cumplieron cinco años del trágico suceso ocurrido en Bagua en el que murieron 33 peruanos (10 civiles y 23 agentes policiales) involucrados en un conflicto que puede ser catalogado como un “choque de civilizaciones”. En el presente editorial, analizamos dicho conflicto desde una perspectiva jurídica: explicaremosel marco legal, enfocándonos en el derecho a la consulta previa, y haremos una reflexión con relación a la situación del procesojudicial actualmente en curso. Ello, teniendo presente esta reflexión: “Si bien el conflicto de Bagua pudo ser y sigue siendo un conflicto socio cultural y no de derecho, es a través del Derecho como debió y debe resolverse. El Derecho es el medio y el fin para resolver conflictos”.[1]

Examinando los antecedentes, puede señalarse que el conflicto se inicia con la promulgación de una serie de decretos legislativos por parte del Poder Ejecutivo en el año 2008, dentro de la potestad que le concedió a este el Poder Legislativo para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Las comunidades amazónicas tuvieron fuertes críticas con relación a dichos decretos legislativos, tanto por aspectos de fondo, como por el hecho de que no se les hubiera consultado de forma previa asu promulgación, pese a que varias disposiciones los afectaban a ellos mismos y a su territorio.

Comenzaron, entonces, una serie de protestas por parte de estas comunidades, mediante las que exigían la derogatoria de los decretos legislativos mencionados. También, durante estas manifestaciones, hubo ciertos períodos “de tregua”, por ejemplo cuando el Congreso derogó los Decretos Legislativos No. 1015 y No.1073 por considerarlos inconstitucionales.[2]Dichosdecretos legislativos estaban referidos a la modificación de los procedimientos de ventas de tierras de las comunidades andinas y amazónicas y habían sido promulgados sin consulta a las comunidades a las que hacían referencia.

Cabe señalar que la inconstitucionalidad de algunos de los decretos promulgados y/o su incompatibilidad con el Convenio No. 169 de la OIT fue alegadapor ciertosactores, como la Defensoría del Pueblo[3] la Comisión de Constitución del Congreso[4] y la Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas del Congreso de la República.[5]

Durante dicho período “de tregua”, los dirigentes amazónicos continuaron protestando y enviando comunicaciones al Poder Ejecutivo y al Congreso exhortando la derogaciónde los demás decretos legislativos que consideraban que afectaban sus tierras. Por su parte, el Gobierno formó una “mesa de diálogo”, compuesta por representantes de los ministerios y delegados de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Sin embargo, las conversaciones no resultaron fructíferas, manteniendo por un lado los pueblos la percepción de que no se les tomaba en cuentay, por otro, considerando el Gobierno la oposición de las comunidades como una falta de visión de desarrollo.

Es así como, el 5 de junio del año 2009, la policía se movilizó para desalojar a los manifestantes indígenas que bloqueaban la carretera Fernando Belaúnde Terry en la provincia de Utcubamba, cerca de Bagua. Fue en este proceso que se desató la violencia y resultaron varias personas muertas y heridas, tanto policías como manifestantes. El enfrentamiento tuvo lugar en la zona denominada “Curva del Diablo”, pero luego también se conoció de policías que murieroncerca de la Estación 6 del Oleoducto de Petroperú. El resultado final fueron 33 muertos (10 civiles y 23 policías), un oficial de la policía desaparecido,200 personas heridas (82por armas de fuego) y cuantiosos daños materiales.[6]

Al día siguiente de ocurrido este suceso en Bagua, el Congreso promulgó la Ley No. 29376, que suspendió indefinidamente los Decretos Legislativos No.1090 (que aprobaba la Ley forestal y de fauna silvestre) y No.1064 (que establecía un régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario) y, posteriormente, los derogó, por haber sido promulgados sin haber consultado previamente a las comunidades.

Es importante reflexionar en torno alderecho a la consulta previa, que es el que se habría visto vulnerado con la promulgación de varios de los Decretos Legislativos mencionados anteriormente. Este derecho se encuentra reconocido en el Convenio169 de la OIT y constituye el derecho colectivo de los pueblos indígenas y originarios a ser consultados por el Estado cuando se estén discutiendo medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. Abarca, también, una implementación efectiva del mismo mediante mecanismos de diálogo intercultural para lograr acuerdos entre las diferentes visiones o culturas. Precisamente, el derecho a la consulta previa y su implementación legal reconocen que los pueblos indígenas y originarios tienen derecho sobre sus tierras.

El Convenio 169 de la OIT establecióel derecho a la consulta previa partiendo del reconocimiento de una realidad social de los pueblos indígenas y tribales en América Latina: estos  presentaban los peores indicadores socioeconómicos y laborales.[7]

El Perú suscribió dichoconvenio en el año 1994, pero no lo implementó hasta el año 2011con lo cual puede afirmarse que

la tragedia ocurrida en Bagua fue una manifestación, también, del incumplimiento del Perú en su obligación de implementar el Convenio 169 de la OIT, que había sido ratificado varios años atrás. Así, por no haber adecuado nuestra legislación ni desarrollado las acciones pertinentes establecidas por aquella herramienta jurídica internacional, tuvimos como resultado el estallido del conflicto social de mayor magnitud ocurrido durante los últimos años.

Actualmente, ya existe en el Perú una ley y un reglamento que han implementado el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios,[8] los mismos que han supuesto una búsqueda por hacer efectivo dicho derecho en nuestro país. Es en el ejercicio de este derecho, por ejemplo, que las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón han establecido como una precondición para el proceso de licitación de la concesión del Lote 1-AB en Loreto la remediación ambiental de las áreas contaminadas.

Es cierto que todavía nos encontramos en las fases incipientes que pueden hacer efectivo el derecho a la consulta previa. Por un lado, el Estado señala que no cuenta con la capacidad para implementar este derecho efectivamente en términos metodológicos, logísticos y presupuestarios. Por otro lado, varias comunidades han criticado el texto final de la Ley de la Consulta Previa por considerar que este contenía modificaciones significativas respecto del texto original en cuya elaboración participaron. Sin embargo, lo importante será continuar optimizando su implementación, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que el ejercicio de este derecho tiene en un país como el nuestro, en el que coexisten diferentes culturas y visiones.

Por otro lado, lo ocurrido en Bagua nos plantea una reflexión jurídica adicional, que gira en torno al proceso judicial que se sigue contra los implicados en el conflicto. Este ha comenzado el pasado 4 de junio y ha sido considerado como el juicio más complejo del siglo en nuestro país, debido al número de personas procesadas, las distancias geográficas que se tienen que recorrer y el hecho de que tendrá que llevarse a cabo con traductores de dos lenguas nativas (Wampiy Ayajún).

Actualmente, ha comenzado uno de los juicios que busca establecer responsabilidades por lo sucedido únicamente en la Curva del Diablo. Están siendo procesadas 53 personas, de las cuales 23 son indígenasa quienes se acusa de siete delitos: homicidio calificado, lesiones graves, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, motín, disturbios, tenencia ilegal de armas y arrebato de armamento de uso oficial.

Este es el primer juicio contra indígenas que cuenta con un intérprete oficial en idioma aborigen. Sin embargo, no es algo de lo cual debamos estar orgullosos, puesto que, según la Constitución, debería ser así en todos los procesos de este tipo, ya que el inciso 19 del artículo 2° de dicha norma señala que “todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete”.

Es más, el juicio estaba programado para comenzar el 14 de mayo, pero tuvo que ser suspendido porque no se contaba con intérpretes oficiales para los indígenas procesados. Fue el Viceministerio de Interculturalidad el que aportó a los dos traductores que ahora participan del proceso, los mismos que forman parte de una lista recién creada de intérpretes indígenas especializados en procesos de diálogo que se realizan con anterioridad a actividades mineras o petroleras con comunidades.

Sin embargo, en el presente caso se ha cuestionado el hecho de que estos intérpretes no hayan tenido capacitación previa y que no se encuentren familiarizados con temas legales ni jurídicos. Al respecto, motiva una reflexión incluso mayor lo señalado por uno de los traductores: “¿Cómo traducir términos legales que no existen en el idioma originario de manera que los acusados entiendan la magnitud de los delitos que la fiscalía les imputa? Lo más difícil es interpretar los delitos de los que se les acusa a los procesados, homicidio calificado, rebelión, motín y agravio del Estado, porque no tienen un equivalente en nuestro idioma[10]«.

Este caso nos debe llevar a reflexionar sobre los problemas que tiene nuestro sistema de justicia. No en vano el derecho al debido proceso es uno consagrado en nuestra Constitución y que, sin embargo, se ve vulnerado diariamente en las diferentes partes de nuestro país.

A partir de lo expuesto, creemos que lo ocurrido en Bagua nos plantea no solo interrogantes socio-políticas, sino jurídicas, tal y como hemos examinado en el presente editorial. Nos hace notar que, al convivir en un país multicultural, el derecho también tiene retos que enfrentar a fin degarantizarel orden constitucional. De igual forma, notamos la importancia de las herramientas legales y compromisos normativos, tales como los que se han originado con la implementación del derecho a la consulta previa. Así, vale la pena, y se hace necesario, reflexionar jurídicamente sobre lo que ocurre en nuestra realidad.


[1] PEÑA JUMPA, Antonio.

2009.     “La prolongación de un desastre político. El conflicto socio-cultural-político-económico y jurídico de Bagua: tres años después”. Ius 360. Link: https://ius360.com/blawgs/antonio-pena-jumpa/la-prolongacion-de-un-desastre-politico-el-conflicto-socio-cultural-politi (Consulta: 05 de junio de 2014).

[2] La Ley N° 29261 derogó ambos Decretos Legislativos.

[3] Fue esta institución la que interpuso acción de inconstitucionalidad contra los Decreto Legislativo N° 1015 y N° 1064.

[4] La Comisión de Constitución del Congreso declaró inconstitucionales los Decreto Legislativos N° 994 y N° 1090 el 19 de mayo de 2009.

[5] Esta comisión emitió su informe sobre los decretos legislativos recomendando la derogatoria de los Decretos Legislativos N° 994, 995, 1060, 1064, 1020, 1080, 1081, 1083, 1089 y 1090 por considerarlos contrarios al orden constitucional en lo que respecta a las Comunidades Campesinas y nativas. EN: Informe sobre los Decretos Legislativos Vinculados a los Pueblos Indígenas Promulgados por el Poder Ejecutivo en Mérito a la Ley N° 29517. Recomendaciones 1.1 y 2.5

[6] DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

2010. “Informe especial de la Defensoría del Pueblo sobre los sucesos ocurridos en Bagua” Link: http://www.servindi.org/pdf/Defensoria_Inf_Bagua_19.01.2010.pdf (Fecha de consulta: 05 de junio de 2014).

[7]Presentación Introductoria del Convenio N° 169 de la OIT.

[8]Ley N° 29875 y Decreto Supremo N° 001-2012-MC.

[10] LUNA, Nelly.

2014.     “El Baguazo: la complejidad de un juicio en el que los cargos no tienen traducción”. Link: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/06/140605_peru_baguazo_interprete_en.shtml Fecha de consulta: 6 de junio de 2014.

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