Características actuales del Acuerdo del Valor en Aduana de la OMC

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  • El Artículo VII del GATT de 1947

Con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT por su sigla en inglés[1]), firmado en 1947 en Ginebra, veintitrés países optaron soberanamente en formar un “club” cerrado entre ellos, para fomentar su intercambio comercial, entendiendo según a la teoría de las ventajas comparativas[2], que lograrían un mayor bienestar para sus respectivas comunidades. Este acuerdo inconscientemente fue el origen de lo que hoy conocemos como la “globalización de la economía”. Los resultados de este “club” resultaron tan exitosos, que rápidamente otros países decidieron integrarse unilateralmente al mismo[3].

Obviamente, pactaron disposiciones mutuas para facilitar sus importaciones de mercancías, reducir aranceles y medidas para-arancelarias, intentar soluciones a sus controversias comerciales y otorgar mayores certidumbres a los operadores privados, quienes producen y distribuyen los bienes en un sistema capitalista.

Para favorecer estas certidumbres, fue necesario sentar las bases de una adecuada determinación de la tributación aduanera al momento de las importaciones, especialmente cuando resulten aplicables derechos “ad valorem[4]”.

El Artículo VII de este Acuerdo estableció lo muy poco que a dicha fecha se podía consensuar, tan solo unas orientaciones muy genéricas de cómo establecer la “base imponible” sobre la cual, luego se liquidarían las tasas o alícuotas arancelarias.

Con la perspectiva del tiempo este artículo resultó trascendente, ya que inspiró la valoración aduanera hasta nuestros días.

  • La Definición del Valor de Bruselas

A partir de estas orientaciones generales del Artículo VII, delegados aduaneros de algunos países europeos firmantes y fundadores del GATT comienzan a reunirse en Bruselas[5] en el año 1953, con el cometido de elaborar un sistema integral de valoración aduanera, resultando lo que más tarde se conoció como la Definición del Valor de Bruselas (DVB).

Si bien este sistema se adoptó más tarde por muchos países, no logró la adhesión de algunos países de importante peso comercial, por lo que finalmente terminó sucumbiendo.

Este sistema se basaba en que el valor en aduana se determinaba por lo que “debería valer” las mercancías al momento de ser importadas y no por lo que realmente le costaba al importador. Si dos importadores adquirían un producto X a 100 unidades monetarias, y a la vez aparecía un tercer importador que para las mismas cantidades de X lo adquiría a 80 unidades monetarias (no importando las razones de esta diferencia de precio), el valor en aduana para este tercer operador era de 100, ya que a ese valor lo “debería haber comprado”, y no a 80 que fue lo que realmente le costó. Lo determinante era el “precio usual de competencia” o su “valor normal”, que en general resultaba de las condiciones vigentes del mercado internacional, y no de su precio real de compra. Contaba también con otros criterios que en su aplicación práctica resultaban fiscalistas intentando resguardar la renta aduanera.

  • Acuerdo de Valor en Aduana de la OMC

En la década de los setenta y liderados por los países que no adoptaron esta Definición, a partir también de las mismas orientaciones generales del original Artículo VII del GATT de 1947, se presenta un nuevo sistema de valoración, el que luego se transformaría en el “Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT”, conocido también hoy día como el Acuerdo de Valor en Aduana de la OMC.

Tras la Ronda Uruguay del GATT y su Acta Final de Marrakech, el Acuerdo de Valor en Aduana de la OMC resultó ser de aplicación preceptiva para todos sus miembros a partir de 1995, y con ello se puede afirmar que pasó a ser el sistema de valoración aduanera de aplicación universal.

En principio, por este sistema si se cumplen determinadas circunstancias en una compraventa internacional, surgiendo un precio de la oposición de intereses de las partes sin ninguna influencia externa, el valor en aduana se establece por su “Valor de Transacción”, su método principal.

Por este método, la base imponible para los aranceles se determina por lo que “realmente valió” la mercancía y no por lo que “debió haber valido” siguiendo los precios vigentes para los otros operadores del mercado. En el mismo ejemplo antes citado, si varios importadores adquieren un producto X a 100 unidades monetarias, y aparece otro importador que en el mismo momento y para las mismas cantidades adquiere el mismo producto X en 80 unidades monetarias (quizás por ser más hábil comerciante), su valor en aduana es de 80, ya que resulta ser su “precio realmente pagado o por pagar”, y no el que “normalmente” debería haber pagado.

El Acuerdo busca dar certezas a los operadores aplicando en la mayor medida posible este método del Valor de Transacción. Para ello establece claramente qué requisitos se deben cumplir y cuáles son los únicos ajustes posibles, los que expresamente se establecen en su artículo 8º. Por razones de espacio dejaremos para otro trabajo el análisis de estas circunstancias y ajustes de este método principal, así como el de sus siguientes métodos.

Tras sus primeros 35 años de aplicación como sistema de valoración aduanera para algunos países y más de 20 años para todos los miembros de la OMC, repasemos hasta la fecha cuáles han sido sus principales características:

  1. Permanencia

Este Acuerdo llegó para quedarse, y resulta de aplicación obligatoria a todos los miembros de la OMC. Recuérdese que la OMC resuelve sus decisiones por consenso y todo hace suponer que este marco regulatorio no podrá ser fácilmente modificado ni actualizado a nivel multilateral en el corto plazo. Por ejemplo, en el año 2014 se logró alinear una infeliz redacción de las versiones originales en español e inglés,  suprimiendo una “y” y agregando una coma en su artículo 8.1.b) iv), con la que se modificaba su alcance de la versión francesa. Lo que resultó ser un ajuste menor para lograr una aplicación uniforme en sus tres idiomas originales, insumió más de cuatro años de intercambios de opiniones y discusiones en las sesiones del Comité Técnico de la OMA y del Comité de la OMC[6]. Por otra parte, el Acuerdo cuenta en la actualidad con el total apoyo de la mayoría de los países y del sector privado, representado a través de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

  1. Equitativo y neutro

El Acuerdo persigue una justa determinación de la base imponible de los aranceles para el importador, no para las aduanas. No busca recaudar más, ni menos, de lo que corresponde a toda importación. Si un precio declarado ante la aduana es real, cumple con los requisitos y ajustes establecidos en los artículos 1 y 8 respectivamente, aunque resulte inferior o superior a los precios corrientes del mercado, deberá ser reconocido y aceptado. Distinta deberán ser las actuaciones de las aduanas en los casos en los que los importadores no presentan los precios verdaderos de la compra, o no declaran los requisitos o sus ajustes de aplicación provocando luego pérdidas fiscales.

El Acuerdo no reconoce ni convalida prácticas de sub o sobrevaloración, ni declaraciones incompletas de importadores que pretendan desvirtuar el valor imponible de los aranceles. Las aduanas deben profesional y técnicamente identificar unos y otros casos, y en estos últimos actuar con todo el peso de la ley. No es fácil esta tarea, pero es uno de los cometidos esenciales y tradicionales de las aduanas.

Por otra parte hoy día, gran parte del comercio internacional se realiza entre empresas multinacionales, con lo cual la visión fiscalizadora de los precios de importación debe complementarse entre las aduanas y las autoridades fiscales, las que luego recaudan los impuestos a las ganancias.

  1. No debe utilizarse para combatir el dumping.

Ya en su introducción el Acuerdo expresa claramente que mediante la valoración aduanera no se debe combatir las prácticas comerciales de dumping, tanto sobre productos finales como en sus factores productivos. Para ello existen instrumentos específicos en el marco de la OMC. Por otra parte la valoración aduanera no resulta un instrumento eficaz para combatir estas prácticas, ya que solo termina contrarrestando una proporción de la brecha del dumping.

  1. No debe utilizarse para proteger sectores comerciales nacionales.

La protección arancelaria que un país define para sus distintos sectores económicos se debe centrar en las alícuotas arancelarias fijadas y en sus tipos de integración adoptados con otros países. Dicho de otra forma, si soberanamente se aplican tasas arancelarias nulas, por ejemplo por decidir formar parte de una unión aduanera, por más que las aduanas procedan a ajustar los valores aduaneros declarados, los aranceles efectivos serán nulos.

El IVA pagado en la importación se deducirá posteriormente no impactando en el costo económico para el importador, sino que mínimamente como costo financiero. La protección gubernamental a los sectores productivos nacionales se define con el nivel de arancel efectivo fijado, y no con la determinación y control del valor en aduana de las mercancías importadas.

  • Control posterior

Una característica de los países en vías de desarrollo es una importante participación de sectores informales en la economía, con fuertes arraigos de incumplimiento tributario. Si bien para estos sectores habrá que buscar mecanismos de control del valor en aduana declarado específicos, las mejores prácticas internacionales recomiendan el control del valor en aduana en una etapa posterior al levante de las mercancías, favoreciendo a su vez la facilitación del comercio en sus pasajes por las fronteras.

Ha quedado demostrado que tanto las prácticas culposas o dolosas de ajustes al precio declarado, como los ajustes técnicos por la aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo no pueden detectarse ni comprobarse en la etapa del ingreso de los productos en las fronteras. La utilización sistemática del procedimiento de la “duda razonable” no alienta la cultura del cumplimiento voluntario de los operadores, más bien todo lo contrario.

  • Falta de comprensión y difusión.

Hay que tener presente que el GATT de 1947, su original Artículo VII, el Código de Valoración de su Ronda Tokio y su imposición final a nivel multilateral con el Acta de Marrakech han sido aprobados o adoptados por nuestros países con la finalidad principal de facilitar el comercio internacional, y en particular nuestras importaciones; aunque aún a la fecha, ciertos actores no lo interpreten o comprendan de esta forma.

Lamentablemente se suelen encontrar en la actualidad y en nuestros países muchos aduaneros, agentes de aduanas, profesionales, importadores y magistrados judiciales que todavía no han sido debidamente formados y capacitados en las disposiciones del Acuerdo.


FUENTE DE IMAGEN: http://ibercondor.com

[1] General Agreement on Tariffs and Trade

[2] La “Teoría de las Ventajas Comparativas” fue desarrollada por David Ricardo a principios del siglo XIX, demostrando que los países deben especializarse en producir aquellos bienes que fabrican con un coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo, intercambiando luego los mismos.

[3] Por ejemplo Perú lo hizo en el año 1951 y Uruguay en 1953, y hoy ya cuenta con 162 miembros.

[4] Los derechos aduaneros “ad valorem” o «en proporción al valor» consisten en un porcentaje sobre el valor de la mercancía y resultan más equitativos y neutros ante las variaciones productivas y comerciales que los derechos aduaneros “específicos” o “en función de la cantidad, peso u otra unidad de medida”.

[5] La sesión inaugural de estas reuniones fue el 26 de enero de 1953, teniendo también por cometido lograr un sistema común de clasificación de mercancías, lo que más tarde resultó en el actual Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.  Esta fecha luego fue considerada como la fundacional del  Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas (hoy Organización Mundial de Aduanas) y por ello cada 26 de enero se celebra el día internacional de las aduanas.

[6] Véase el documento de la OMC WT/Let/986 de fecha 27 de agosto de 2014 en la página WEB de la OMC.

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Contador Público, funcionario de la aduana de Uruguay. Delegado de su país ante el Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Aduanas, siendo su Presidente entre 2008 y 2012. Experto acreditado en valoración aduanera de la Organización Mundial de Aduanas y consultor del FMI, USAID y BID.

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