Principales modificaciones a la Ley General de Aduanas – DL 1235

4047
0
Compartir

Las facultades delegadas otorgadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo a través de la Ley Nº 30335 el pasado 2015, establecieron parámetros claros con el fin que se desarrollara, entre otros aspectos, una legislación que  facilitase el comercio y estableciese medidas para garantizar la seguridad de la cadena logística internacional, siendo importante indicar que específicamente en lo concerniente a materia aduanera, las mejores prácticas a nivel mundial han desarrollado esquemas que buscan armonizar ambos objetivos; es decir, por un lado generar mayor simplicidad en los trámites de comercio exterior y por otro, realizar un control efectivo de las mercancías que entran y salen de nuestro territorio.

Las leyes de aduanas aprobadas con anterioridad, tuvieron una orientación que en líneas generales pudo definirse como principalmente facilitadora, permitiendo la simplificación de procesos y el uso del despacho anticipado de mercancías que aún sigue manteniéndose como una directriz constante respecto a una finalidad que busca disminuir costos y tiempos en el trámite aduanero de ingreso de bienes al país; no obstante el contexto de riesgo, delincuencia, mafias organizadas que evidenciamos actualmente, así como las buenas prácticas internacionales vinculadas a la seguridad de las mercancías, trajeron consigo que el Decreto Legislativo Nº 1285, deba regular en un solo instrumento legal,  dos caras de la misma moneda como son la facilitación del comercio exterior y la seguridad de la cadena logística internacional.

Entre los temas fundamentales que se han desarrollado en esta normativa se encuentra la mutación de muchas infracciones cuya sanción resultaba ser la suspensión del operador de comercio exterior que incurría en ellas (una medida que en muchos casos puede generar durísimas consecuencias económicas tanto para el operador afectado como para terceros) por una multa de carácter pecuniario, considerándose que se ha trasladado únicamente al plano económico una sanción que anteriormente podía incidir de modo adicional, en aspectos laborales, empresariales o de imagen de la empresa.

Otro cambio trascendente contenido en el Decreto Legislativo 1235 es la primera inclusión en la normativa aduanera sobre el concepto de “hechos y circunstancias” a fin de aplicar proporcionalmente una sanción. Este concepto extraído del Convenio de Facilitación Aduanera suscrito por nuestro país permitirá evaluar aspectos subjetivos a fin de graduar determinadas sanciones de suspensión e inhabilitación que permanecerán vigentes en la ley de aduanas, abriendo una primera puerta respecto al  principio de  aplicación objetiva de la infracción, lo que nos va a posibilitar la evaluación de aspectos tales como el  perjuicio económico causado al interés fiscal, la reincidencia, las circunstancias que rodean la comisión de la infracción los mismos que deberán ser establecidos por la administración aduanera, mediante la correspondiente resolución.

Por otro lado el sistema de despacho anticipado regulado en la Ley de Aduanas, también se ha visto repotenciado con esta modificación, habiéndose ampliado los regímenes aduaneros susceptibles de acogerse al mismo y el periodo respecto al cual se puede solicitar dicha modalidad de despacho, de esta forma al entrar en vigencia el Decreto Legislativo Nº 1235, se contarán con treinta días anteriores a la fecha de llegada del medio de transporte para tramitar el referido despacho anticipado, aumentando considerablemente los quince días con los que se cuenta actualmente. Otro tema que permite relevar el dinamismo que se le pretende otorgar a esta modalidad de despacho es la posibilidad de realizar rectificaciones a lo declarado sin el pago de multa,  sin perjuicio del canal de selección al que haya sido seleccionada la mercancía y siempre que se haga dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente del término de descarga del vehículo transportador y siempre que no exista una medida preventiva.

Respecto a otros puntos contenidos en la modificación de la Ley de Aduanas, cabe indicar de manera general que las mercancías que caen en abandono legal, es decir aquellas que no han sido destinadas a un régimen aduanero en un plazo de treinta días, contados a partir del término de su respectivo embarque al país o aquellas que no han culminado su trámite de destinación en un plazo de treinta días de iniciado este, podrán ser sometidas a cualquiera de los regímenes temporales, de perfeccionamiento o especiales contemplados en nuestra normatividad, lo que cambia considerablemente el panorama actual, en tanto que, de acuerdo a la ley vigente, las mercancías que hubiesen caído en abandono legal solo podrían ser sometidas al régimen de importación para consumo, cancelando de ser el caso la totalidad de tributos que les resulten aplicables.

Mención especial respecto a esta alternativa es la destinación al régimen de reembarque cuya imposibilidad se encontraba expresa en nuestra legislación, así en aquellos casos en los que el dueño de la mercancía por algún motivo evidenciaba la imposibilidad de ingresar la mercancía al país y hubiesen transcurrido más de treinta días contados a partir de la llegada de esta, no era legalmente viable la alternativa de reembarcar esta mercancía y trasladarla a otro destino.

Las disposiciones facilitadoras que acabamos de reseñar, entre otras, se han visto también acompañadas de una serie de modificaciones que buscan preservar el tema de la seguridad en del ingreso y salida de las mercancías del país, habiéndose aprobado artículos destinados a que los diversos operadores de comercio internacional implementen y mantengan diversas medidas de seguridad que coadyuven a controlar y a aminorar riesgos que se evidencian en la cadena logística de comercio internacional.

Otro tema importante a relevar es que por primera vez los administradores y concesionarios de puertos, aeropuertos y terminales terrestres, si bien no son calificados en estricto como operadores de comercio internacional, sí han sido sujetos de obligaciones aduaneras que del mismo modo se encuentran orientadas a hacer seguimiento y preservar los controles que deben realizarse respecto a la mercancía que ingresa y sale de nuestro país.

Finalmente es pertinente señalar la disposición que precisa que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones garantizará que las empresas dedicadas al servicio de transporte terrestre nacional que trasladen mercancías relacionadas al comercio exterior entre lugares considerados o habilitados como zona primaria deban contar con sistemas de control y monitoreo inalámbrico de la carga que trasladan. A través de esta medida, se busca garantizar la integridad de la mercancía bajo control aduanero mediante el monitoreo “en línea” (online) de los vehículos de las empresas de transporte terrestre; facilitando, con ello, el registro en tiempo real de todos los eventos donde se destaquen, entre otros, aquellos que incluyen incidentes de desvío de ruta, entrada y salida a depósitos o zonas no autorizadas, así como las demoras injustificadas que se produzcan entre tramos de un viaje y teniendo su correlato en la disposición contenida en el artículo 2º del Decreto Supremo N° 011-2013-MTC que dispuso que quienes empleen vehículos para prestar servicio de transporte terrestre de mercancías deben contar con un sistema de control y monitoreo inalámbrico, que trasmita la información en forma permanente del vehículo a la autoridad competente.

Es importante tomar en cuenta que muchas de estas normas requieren de disposiciones reglamentarias para ser implementadas, en ese sentido la modificación del Reglamento de la Ley General de Aduanas, que actualmente se está trabajando, constituirá un reto para hacer conversar de manera armónica y conjunta nuestros objetivos de facilitación en el comercio internacional y  seguridad de la cadena logística.


FUENTE DE IMAGEN: http://www.apam-peru.com/

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here