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Alternativas para una salida ordenada del mercado | Anthony Lizárraga

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La crisis económica o financiera ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha generado que diversas empresas evalúen refinanciar o reestructurar sus deudas o una salida del mercado, esta última ya sea porque las actividades de su giro de negocio no están incluidas dentro de las actividades permitidas para la reactivación económica o se han visto obligadas a paralizar sus operaciones durante largos periodos de tiempo, entre otras razones más.

Pero ¿Qué implica salir del mercado para una empresa? Cerrar la oficina y las sedes de esta, dejar de operar, despedir trabajadores y no atender las llamadas de cobro de los acreedores, la respuesta, tal vez muy obvia es no, debido a que legalmente una sociedad mantiene su personalidad jurídica – y con ello es centro de imputación de obligaciones y derechos – hasta la inscripción de su extinción en los Registros Públicos.

Entonces, ¿qué alternativas legales existen para poder salir de manera ordenada del mercado y extinguir una empresa? Debemos mencionar que son varias: Liquidarse y extinguir la empresa por la vía concursal, extinguir sin liquidar la empresa por medio de una fusión, escisión o reorganización, liquidar y extinguir la empresa por la vía societaria, entre otras. Siendo la vía societaria la más usada en la actualidad y la que desarrollaremos a continuación.

La extinción por la vía societaria comienza con la disolución, la cual se verifica cuando se produce alguno de los supuestos establecidos en la Ley General de Sociedades (LGS), en el estatuto o en el pacto social, una vez disuelta la sociedad empieza la etapa de liquidación donde se busca concluir las relaciones jurídicas pendientes entre la sociedad y terceros, para finalmente proceder con la extinción, la cual se inscribe en los Registros Públicos para dar fin a la personalidad jurídica de la sociedad.

  1. Disolución

Son diversas las causales de disolución de una sociedad, las mismas que se recogen en el artículo 407 de la LGS, en el estatuto de la sociedad o en el pacto social, sin embargo, pasaremos a comentar las tres (3) más frecuentes:

  • Pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado, salvo que sean resarcidas o que el capital pagado sea aumentado o reducido en cuantía suficiente.

Como señala el texto de la norma, esta causal puede ser superada por la sociedad mediante un aumento o reducción de capital según corresponda, ello quiere decir que, aun encontrándose en este supuesto de disolución, los socios podrían reunirse en junta general para adoptar cualquiera de las opciones antes mencionadas y una vez superada esta causal seguir operando regularmente.

Cabe mencionar que, el artículo 220 de la LGS estable la obligación de reducir el capital social cuando las pérdidas hayan disminuido el capital en más del cincuenta por ciento (50%) y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado, salvo cuando se cuente con reservas legales o de libre disposición, se realicen nuevos aportes o los accionistas asuman la pérdida, en cuantía que compense el desmedro.

  • Falta de pluralidad de socios, si en el término de seis (6) meses dicha pluralidad no es reconstituida.

A diferencia de la causal anterior, esta es una causal de disolución de pleno derecho según lo establecido en el artículo 4 de la LGS, ello quiere decir que una vez transcurrido los seis (6) meses donde no se pudo reconstituir la pluralidad de socios, el único camino para esta sociedad es la subsiguiente liquidación y extinción.

No obstante, resulta pertinente mencionar que no es exigible la pluralidad de socios cuando el único socio es el Estado o en los otros casos señalados expresamente por ley.

  • Acuerdo de la junta general, sin mediar causa legal o estatutaria.

Aún cuando no exista una obligación legal establecida por la LGS, el estatuto o el pacto social, los accionistas son libres de reunirse en junta general y decidir la disolución de la sociedad, para ello será necesario la concurrencia de cuanto menos los dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto en primera convocatoria y en segunda convocatoria la concurrencia de al menos las tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.

Asimismo, para adoptar el acuerdo de disolver y liquidar la sociedad, se necesitará, cuando menos, el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.

Ahora bien, ¿qué sucede con la sociedad que sigue operando o continúa en actividad, no obstante, de haber incurrido en alguna causal de disolución prevista en la ley, el pacto social o el estatuto?

Dicha sociedad adquiere la condición de irregular, siendo uno de sus principales efectos que los administradores, representantes y en general, quienes se presenten ante terceros actuando a nombre de la sociedad irregular son personal, solidaria e ilimitadamente responsables por los actos jurídicos realizados desde que se produjo la irregularidad.

Asimismo, la LGS agrega en su artículo 424 que la responsabilidad de los representantes antes mencionados, comprenden el cumplimiento de la obligación y en su caso la indemnización por los daños y perjuicios causados por sus actos u omisiones que lesionen directamente los intereses de la sociedad de los socios o de terceros, pudiendo incluso los afectados simultáneamente tomar acciones civiles o penales según corresponda.

Por ello, resulta de suma importancia tomar acciones prontas si una sociedad se encuentra en una causal de disolución ya sea para resarcirla, o en su caso liquidarla y extinguirla.

  1. Liquidación

Disuelta la sociedad se inicia el proceso de liquidación. La sociedad disuelta conserva su personalidad jurídica mientras dura el proceso de liquidación hasta que se inscriba la extinción en Registros Públicos.

Durante esta etapa, la junta general o el juez designa al liquidador o a los liquidadores, y de ser el caso a sus suplentes, los cuales pueden ser personas naturales o jurídicas, de ser este último caso se debe nombrar a una persona natural que la representará, siendo las funciones principales del liquidador las siguientes:

  • Formular el inventario, estados financieros y demás cuentas al día en que se inicie la liquidación.
  • Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la sociedad en liquidación y entregarlos a la persona que habrá de conservarlos luego de la extinción de la sociedad.
  • Velar por la integridad del patrimonio de la sociedad.
  • Realizar las operaciones pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad.
  • Exigir el pago de los créditos y dividendos pasivos existentes al momento de iniciarse la liquidación.
  • Pagar a los acreedores y a los socios; entre otros.

Si el patrimonio de la sociedad es suficiente para pagar a los acreedores y existe un saldo a favor, se procederá con la distribución entre los socios del haber social remanente y posteriormente con la extinción de la sociedad, la cual se inscribe en Registros Públicos. La distribución del haber social se practica con arreglo a las normas establecidas en la LGS, en el estatuto, en el pacto social y en los convenios entre accionistas inscritos ante la sociedad, en defecto de estas, la distribución se realiza en proporción a la participación de cada socio en el capital social.

Si, por el contrario, durante la liquidación se extingue el patrimonio de la sociedad y quedan acreedores pendientes de ser pagados, los liquidadores deben convocar a la junta general para informar de tal situación y solicitar la declaración judicial de quiebra de la sociedad, con arreglo a la ley de la materia, esta es la Ley General del Sistema Concursal (LGSC).

Una vez consentida o ejecutoriada la resolución que declara la quiebra de la sociedad concluirá el proceso judicial y el juez ordenará su archivo, así como la inscripción de la extinción del patrimonio del deudor y emitirá los certificados de incobrabilidad para todos los acreedores impagos, de ser el caso. Asimismo, la declaración de la extinción del patrimonio del deudor contenida en dicho auto deberá ser inscrita por el liquidador en el Registro Público correspondiente.

  • Extinción

Como hemos mencionado en la sección precedente, si el patrimonio de la sociedad es suficiente para pagar a los acreedores, se distribuye el haber social (en caso hubiera) y una vez realizada esta, se inscribe la extinción de la sociedad en Registros Públicos a solicitud del liquidador. Al inscribir la extinción se debe indicar el nombre y domicilio de la persona encargada de la custodia de los libros y documentos de la sociedad.

Por otro lado, si el patrimonio de la sociedad es insuficiente para pagar a los acreedores, es el juez, en el proceso judicial de quiebra, quien ordena la inscripción de la extinción del patrimonio de la sociedad en Registros Públicos.

Ahora bien, en el caso de las sociedades colectivas, los acreedores que no hayan sido pagados pueden hacer valer sus créditos frente a los socios de esta. Asimismo, los acreedores de la sociedad anónima y los de la sociedad en comandita simple y en comandita por acciones, que no hayan sido pagados, no obstante, de la liquidación de dichas sociedades, podrán hacer valer sus créditos frente a los socios o accionistas, hasta por el monto de la suma recibida por estos como consecuencia de la liquidación.

Finalmente, los acreedores pueden hacer valer sus créditos frente a los liquidadores después de la extinción de la sociedad si la falta de pago se ha debido a culpa de estos. Las acciones contra los socios, accionistas o liquidadores caducan a los dos años de la inscripción de la extinción.


Imagen obtenida de https://bit.ly/3yOAtzj

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