Escrito por Paul Villegas Vega (*)

Aplicación de la tarifa. Coherencia y recuperación de costes [1]

La demora de más de dos horas en un terminal de transporte terrestre, aéreo o fluvial pone nervioso, de mal humor o impaciente a cualquier sujeto que destaque por su tranquilidad. Y ello puede suceder con toda razón porque quizás no llegue a una reunión de trabajo, perderá su inicio de vacaciones o, aún peor, no podrá disfrutar de un día libre en familia.

¿Qué sucedería si esa demora se presentara en el abastecimiento de agua? ¿Cuáles serían los efectos de una suspensión del servicio durante el mismo periodo de tiempo?

La preocupación por una prestación conforme a los estándares de calidad se presenta como una constante en los diferentes ordenamientos jurídicos [2]. Y es que la esencialidad del abastecimiento de aguas no está en discusión, aún más en tiempo en los que la sequía ha obligado a los operadores a incrementar sus niveles de eficiencia e innovar en la diversificación de métodos para aumentar la disponibilidad de recursos hídricos.

No cabe duda que en la actualidad el usuario que aprovecha el servicio de abastecimiento de agua potable espera una prestación de calidad, es decir disponibilidad de agua adecuada a los estándares de salud. Esta exigencia, hoy en día no se discute, por el contrario, se podrá conocer de alianzas, organismos, acuerdos, bancos y hasta fondos de inversión preocupados por su materialización.

El desarrollo de las distintas actividades por parte del operador debe contar con un correlato económico que le permita brindar sus servicios no durante tres o cinco años, menos aún durante el periodo de un gobierno (a nivel nacional o local). Esto supone que se actúe conforme al principio de recuperación de costes [3], situación que tiene como principal elemento que la regulación impuesta brinde al operador la capacidad económica para el desarrollo de inversiones, la operación y el mantenimiento.

La situación en Londres

Las anotaciones previas resaltan la relevancia de la regulación para que los operadores brinden una prestación adecuada a los usuarios. Esto permite observar la relevancia de las actuaciones de los diferentes actores del sector.

En el caso inglés [4] se ha cuestionado la actuación del operador Thames Water entre junio y julio del presente año debido a las pérdidas de agua y los errores en la operación del servicio de saneamiento, así como por las multas que se le han impuestos y las deudas que mantiene (16 billones de dólares americanos, aproximadamente).

El escenario previo ha tenido como reacción la consideración de una nacionalización de la empresa y, directamente, de parte de los accionistas un aumento de capital de 980 millones de dólares americanos, aproximadamente [5]. De esta manera, los actores del sector, aunque no todos, entienden que se presentará un mejor escenario para la prestación del servicio.

En Londres, se espera que se tengan los proyectos necesarios para la mejora de la prestación, lo cual supone que la regulación y tarifa sea coherente con la exigencia de un adecuado servicio. Si es que se adoptan decisiones intermedias que no consideren el largo plazo, los principales afectados serán los usuarios, reduciéndose así el bienestar de la sociedad.

Oportunidad de reflexión

Las menciones al abastecimiento de agua no resultan menores ni son omitidas por quienes detentan alguna posición ejecutiva en el ámbito público, pues nadie pretenderá que una población vea limitado su disponibilidad hídrica en las actividades diarias y, menos aún, se encontrará persona que se muestre en contra de opciones de mejora en la prestación del abastecimiento de agua potable.

A manera de contraste, resulta oportuno darle una mirada a la actividad y situación de los operadores en Perú. En el caso de las empresas prestadores de servicios de agua potable y saneamiento, según OTASS [6], se encuentran en Régimen de Apoyo Transitorio debido a una necesidad de mejorar su capacidad económica para, a su vez, incrementar la calidad de sus prestaciones.

Por lo tanto, se espera que los más de 600 millones de soles transferidos [6], impacten de manera positiva en los servicios prestados por los operadores tanto en el corto como largo plazo, para así afirmar, sin duda alguna, la sostenibilidad de sus actividades.

Paul Villegas Vega

Berlín, 17 de julio de 2023.

(*) Sobre el autor: Profesor Ordinario de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP e Investigador en el Grupo de Investigación en Derecho Administrativo GIDA de la misma casa de estudios. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo APDA y de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación ASIER. 

Referencias

[1] La presente comunicación ha sido realizada en el marco del proyecto de investigación: ¿Cómo lograr el Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo establecido en el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026? La Articulación de actores y la valoración de los servicios como herramientas clave para lograr el acceso universal al agua potable en el Perú, financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP.

[2] Ver el libro Cairampoma, A. (2023) Los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Perú (2023) o la literatura de Estanislao Arana en el caso de España.

[3] Ver Villegas, P. (2018). Impacto de la estructura tarifaria en los servicios de agua potable y saneamiento. Revista de Direito Público da Economía. (pp. 117 – 146).

[4] Ver página web de Bloomberg sobre la crisis de Thames Water.

[5] Ver página web de la BBC sobre las inversiones en Thames Water.

[6] Ver OTASS (2023). Hitos de Gestión: 2013-2023.