A propósito del Décimo Pleno Casatorio y los medios probatorios en los procesos vinculados a los derechos reales | Patricia Santillán

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Escrito por Patricia Santillán (*)

El caso materia de análisis. –

En el año 2013, JRV interpuso demanda de reivindicación contra LFCQ respecto del predio de 2,500 m2 ubicado en la Mz. DE, lotes 11, 12, 27 y 28 del Sector Valle Quebrada Canto Grande (Sector 2), Quebrada Media Luna y Canto Grande (ex Jicamarca), Distrito de San Juan de Lurigancho (en adelante, el “Inmueble”).

JRV afirma ser la propietaria del Inmueble al haberlo adquirido mediante Escritura Pública de fecha 18 de mayo del 2006 e inscribir su titularidad que representa, según indica, el 0.08962% de acciones y derechos del predio de mayor extensión registrado en la partida Nº 11439305. Además, refiere que el Inmueble antes se denominaba Mz. CO Lote 6, Sector el Valle del anexo 22 de la Comunidad Campesina de Jicamarca (en adelante, “Mz. CO”).

LFCQ al contestar la demanda sostiene que posee el predio de 2,500 m2 ubicado en la Mz. CO, y no el Inmueble que refiere la demandante. Manifiesta además que no existe medio probatorio alguno que acredite que ambas ubicaciones pertenezcan al mismo predio.

Al fijarse los puntos controvertidos, el Juzgado transcribió la pretensión y no advirtió la controversia respecto a la identificación del predio materia de reivindicación.

La sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda debido a que JRV no acreditó que el predio que ocupa el demandado sea el que adquirió por compraventa, pues los documentos municipales ofrecidos como medios probatorios no daban cuenta de la dualidad de nomenclatura a la que hizo referencia JRV. Por su parte, la sentencia de segunda instancia revocó la de primera instancia y, reformándola, declaró improcedente la demanda, debido a que no se acreditó que el predio de la demandante tenga dos direcciones; además, precisó que, JRV carecía de interés para obrar, pues previamente al inicio del proceso, debió identificar correctamente el inmueble a través de una pericia y documentos registrales.

JRV interpuso recurso de casación alegando diversas infracciones normativas. Sin embargo, para efectos del presente análisis nos centraremos en la infracción normativa del artículo 194º del Código Procesal Civil (en adelante, “CPC”), referida a la prueba de oficio, que es precisamente el tema que motivó que se convoque al Décimo Pleno Casatorio Civil (en adelante, el “Pleno”). Sustenta dicha infracción alegando que, si los jueces consideraron que la denominación del predio no les generaba certeza respecto a la identificación del mismo, debieron invocar su facultad discrecional y disponer que se realice una inspección judicial y un peritaje, a fin de establecer la verdad jurídica.

En el año 2020, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación y, en consecuencia, nula la sentencia de segunda instancia. Entre otros, el sustento de esta decisión fue que se había vulnerado el derecho al debido proceso, la tutela judicial efectiva y la motivación porque los jueces resolvieron la controversia, “sin hacer uso del poder probatorio establecido en el artículo 194º del Código Procesal Civil, que le hubiera permitido incorporar nuevos elementos de prueba de forma complementaria a la actividad probatoria de las partes y resolver el caso con mayor solvencia y objetividad”[1].

Sobre las reglas dispuestas en el Pleno. –

Expuesto el caso que propició que se lleve a cabo el Pleno y habiéndose resuelto el mismo, comentaré algunas reglas para el ejercicio de la prueba de oficio que han sido fijadas con carácter vinculante. Además, haciendo mención al caso materia de análisis, expondré las razones por las cuales considero que algunas de las reglas fijadas – a pesar de parecer obvias – eran de obligatoria mención. Finamente, expondré los motivos por los cuales no me encuentro de acuerdo con algunas de las reglas fijadas en el Pleno.

  1. A pesar de que la primera regla para el ejercicio de la prueba de oficio dispone que el artículo 194º del CPC, “confiere al juez un poder probatorio excepcional y no una obligación”, los magistrados resuelven declarar nula la sentencia de vista discutida en el Pleno porque los jueces de segunda instancia no invocaron la prueba de oficio para identificar el predio objeto de controversia. Vale decir que, a raíz de lo resuelto en el Pleno, en los hechos, el artículo 194º del CPC contiene una obligación y no una facultad pues la sentencia puede ser declarada nula invocando la inaplicación de este artículo, teniendo como antecedente el Pleno.

Demás está decir que este antecedente produce efectos negativos pues será utilizado por los litigantes como un nuevo argumento para cuestionar una sentencia desfavorable a sus intereses; e irónicamente, dicho escenario es el que se trató de evitar con la mención de la primera regla dispuesta. Lo resuelto por el Pleno desnaturaliza el concepto de prueba de oficio regulado en nuestra normativa procesal, que otorga al juez una facultad excepcional de ordenar una prueba de oficio; y no una obligación de suplir las deficiencias probatorias de una parte en el proceso.

  1. Ahora bien, resulta importante destacar la segunda regla que señala que “El juez fijará los puntos controvertidos con precisión y exhaustividad. Los cuales no deben ser una mera descripción de las pretensiones procesales postuladas en el proceso”. En la práctica procesal es sabido que, en la mayoría de los casos, los jueces se han limitado a transcribir las pretensiones, y no a hacer un análisis de la controversia.

En el caso materia de análisis, si el juez hubiese advertido en la resolución que fijó los puntos controvertidos que había una discrepancia en la identificación del predio – lo que era fácilmente deducible pues la contestación de la demanda lo señaló expresamente – no habrían tenido que transcurrir siete años y, un pleno casatorio para que los jueces analicen la posibilidad de ordenar una prueba de oficio[2].

Esta regla podría parecer innecesaria; sin embargo, a la luz de lo que ocurre en la práctica procesal se torna indispensable para resolver un conflicto de intereses de manera oportuna.

  1. La oportunidad para que se actúe un medio probatorio de oficio ha sido precisada en la quinta regla del Pleno, indicando que en los procesos escritos se realiza “al terminar la práctica de las pruebas admitidas, excepcionalmente antes de la sentencia”. Es cierto que el análisis de la prueba de oficio se realiza luego de la valoración y actuación de los medios probatorios aportados por las partes. Sin embargo, existen casos en los que es evidente que las pruebas ofrecidas no resultan suficientes para resolver la controversia. Al advertir este escenario, y siempre que la fuente de la prueba haya sido citada por las partes, considero que extraordinariamente y en atención a la economía procesal, el juez podría ordenar la actuación de una prueba de oficio en el auto que admite los medios probatorios y/o antes de culminar la etapa probatoria.

Por ejemplo, si ambas partes han presentado como prueba un informe pericial para determinar la ubicación del inmueble y ambos informes concluyen que se encuentran en espacios físicos diferentes. Esta divergencia será un punto controvertido dentro del proceso; y es necesario, que se determine la ubicación del predio. De este modo, atendiendo a la actividad probatoria de las partes, el juez podría ordenar de oficio una nueva pericia. En este contexto considero que no es necesario terminar la etapa probatoria para que el juez ordene la prueba de oficio. Esperar a la culminación de dicha etapa perjudica a ambas partes del proceso y al sistema de justicia, que se sabe lento, no solo por la carga procesal que tiene sino también por la cantidad de procesos innecesarios que siguen tramitándose por defectos procesales o porque no se tienen las reglas claras, tal como ocurrió en el caso materia del Pleno.

Considero que, al ser el propósito del Pleno definir las reglas y la oportunidad para actuar un medio probatorio a fin de buscar la verdad material – siempre que se cumpla con los requisitos expuestos en el artículo 194º del CPC – se debe flexibilizar la oportunidad para que el juez lo haga cuando considere oportuno y, atendiendo, a la naturaleza y características de cada proceso, siempre que se garantice el derecho de defensa de las partes.

  1. La décima regla parece una recomendación o una guía más que una disposición, pues establece que en los procesos relacionados con derechos reales “el juez puede utilizar especialmente como prueba de oficio” (i) la inspección judicial, (ii) prueba pericial para identificar el inmueble, (iii) partida registral y/o título archivado, (iv) certificado catastral y, (v) cualquier información registral, notarial o de alguna entidad pública que resulte relevante para el caso.

Esta pauta respecto a los medios de prueba de oficio que coadyuven a resolver un conflicto vinculado a los derechos reales resulta relevante, pues me atrevería a afirmar que, no es usual que se solicite de oficio un certificado de búsqueda catastral para resolver una controversia cuando la misma se refiera a la superposición registral de predios. Claramente, la referida superposición únicamente será verificada si Registros Públicos lo determina, en función al catastro. No obstante, en el trámite de un proceso, dichas pruebas no son solicitadas de oficio.

Ocurre también en los procesos de desalojo donde el demandado indica que el predio que ocupa no es de propiedad del demandante pues su titularidad no abarca el predio que posee. Nuevamente el conflicto y/o la defensa del poseedor es la identificación del predio. En este caso, es necesario que se verifique que existe una superposición física entre el predio que ocupa el demandado y el inmueble sobre el cual alega titularidad el demandante, a través de un certificado de búsqueda catastral (independientemente de la nomenclatura municipal que éste tenga). No obstante, los operadores de justicia no suelen utilizar de oficio esto medios de prueba para resolver la controversia; sucede en la mayoría de veces que rechazan una demanda con estas características alegando que no se ha probado que sea el mismo predio el que se encuentre en discusión, como en efecto, se resolvió en el caso materia del Pleno.

De este modo, considero que – a pesar de que la mención de esta regla podría parecer inoficiosa – es necesaria para que sean utilizados dichos medios probatorios al invocar las pruebas de oficio.

Propuesta para los procesos vinculados a los derechos reales. –

El Pleno hizo mención a que, en los procesos vinculados a los derechos reales, los diversos órganos de justicia del país actúan de manera deficiente al calificar las demandas, al recopilar y valorar los elementos probatorios, siendo evidente que lo anterior “no permite resolver los conflictos de intereses de forma justa”. Por dicho motivo, estimo que el Pleno contempló la décima regla comentada en el acápite precedente.

Pues bien, en la línea de lo afirmado y a manera de propuesta, considero que, en temas relacionados a los derechos reales, la normativa procesal debería incorporar ciertos requisitos específicos para este tipo de controversias, tal como lo ha hecho al regular los procesos de prescripción adquisitiva de dominio y de rectificación o delimitación de áreas y linderos. Me explico: para dichas pretensiones se exige que se acompañe como requisito ineludible un plano visado del predio litigioso expedido por entidad municipal del distrito donde se ubica el mismo[3]. La razón que encierra esta exigencia es precisamente que el bien inmueble – antes del proceso – se encuentre determinado físicamente y constatado técnicamente por una autoridad. Lo anterior evita que se presenten demandas que posteriormente se rechacen por la falta de identificación del predio y, además, facilita la prueba técnica en el proceso pues se prescinde de la verificación que el juez tendría que hacer al trabajo de campo del ingeniero que elaboro el plano.

De este modo, en la medida que las pretensiones vinculadas a los inmuebles requieren – en muchos casos – un análisis técnico previo del predio para determinar el espacio físico del inmueble del demandante o del que posee la contraparte, un informe del catastro de Registros Públicos que identifique el titular registral del predio controvertido y/o alguna superposición registral o física del inmueble, considero que es necesario que se cuente con dicha información antes del inicio del proceso y como requisito para el mismo.

Por ejemplo, en todos los procesos donde se discuten derechos reales relacionados a predios inscritos, se debería exigir que se adjunte a la demanda la partida completa y actualizada del inmueble. Parece obvio, pero no lo es, tanto es así que en el caso discutido en el Pleno no se adjuntó a la demanda, y tampoco se solicitó en todo el trámite del proceso.

En los procesos de reivindicación o desalojo, a fin de identificar de manera correcta el predio inscrito que alega el demandante es de su propiedad y el que ocupa el demandado, en los casos en que se sepa las direcciones no sean la misma – que es el caso materia del Pleno – se debería exigir un certificado de búsqueda catastral que determine si el inmueble ocupado coincide con el inscrito a nombre del demandante, o un documento municipal que acredite el cambio de nomenclatura. Téngase en cuenta que la divergencia en las denominaciones de un predio no son casos aislados. Y al exigir la normativa procesal estos requisitos, la controversia en sede judicial se centraría en temas legales y no técnicos, ahorrando tiempo y dinero a las partes y al aparato jurisdiccional.

En los casos donde se alegue una superposición registral, física y/o duplicidad de partidas, se debería ser acreditar previamente, tal superposición con un plano elaborado por un ingeniero y certificado de búsqueda catastral. Asimismo, para las controversias sobre inmuebles no inscritos, se debería exigir documentos municipales que coadyuven a identificar el predio controvertido, así como la ubicación exacta del mismo.

Si bien es cierto los documentos e informes que he mencionado deberían ser aparejados a la demanda y reconvención para que la misma se encuentre debidamente sustentada, sin necesidad que se regule como requisito de la demanda en el CPC, en la práctica no sucede así. En este contexto, lo resuelto por el Pleno obliga a que el juez evalúe qué medios probatorios son necesarios para resolver la controversia y ordene que se actúen de oficio. Lo anterior no guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 200º del CPC, esto es, “si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda, la misma será declarada infundada” y, tampoco con lo dispuesto en el artículo 196º del CPC, “la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión”. Al contrario, lo resuelto en el Pleno se aparta de lo dispuesto en la normativa procesal.

De este modo, a fin de no trasladar la falta de medios de probatorios al momento de expedir la sentencia o que – erróneamente – sea un tema que deba resolverse con una actividad probatoria de oficio, considero que, para las pretensiones vinculadas a los derechos reales, la normativa procesal debe regular la exigencia de ciertos documentos e informes antes del inicio del proceso para que el debate en el juicio se centre en temas legales y no técnicos. Definitivamente, esta regulación coadyuvaría a evitar demandas infundadas e improcedentes, favoreciendo al sistema de justicia y a las partes del proceso.


Imagen obtenida de https://bit.ly/3vbyfIB

(*)  Patricia Santillán García. Miembro del equipo de Derecho Procesal en el Estudio Avendaño.

[1] Afirmación extraída del considerando séptimo de la parte considerativa del Pleno.

[2] En realidad, esta regla no sólo coadyuva para efectos de la invocación de la prueba de oficio, sino que obliga a centrar la controversia desde un inicio y, que la discusión probatoria y/o legal al interior del proceso se enriquezca.

[3] Esta exigencia la recoge el artículo 505º del CPC. Mas allá de que las municipalidades no sean las entidades mas idóneas para cumplir con dicha función pues – en muchos casos – expiden resoluciones que suspenden este trámite de manera indefinida y/o se niegan a visar los planos “analizando” el derecho de propiedad del solicitante, extralimitandose de sus facultades. Sin embargo, el problema no es normativa sino el actuar de algunas entidades que la llevan a cabo el encargo.

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