Escrito por César Azabache (*)

Ernesto desapareció el 21 de octubre de 1990, después de ser detenido en Villa el Salvador en presencia de dos testigos. Apenas ocurridos los hechos la jueza Minaya Calle descubrió que el registro de detenidos de solo una de las comandancias cercanas al lugar, el de San Juan de Miraflores, había sido alterado.  El 3 de noviembre de 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado peruano debía ser considerado responsable por la desaparición de Ernesto. El 20 de marzo de 2006 el comandante de la policía Juan Carlos Mejía León fue condenado como responsable del hecho a mantenerse privado de libertad por 16 años. Los tres suboficiales a cargo del patrullaje de la zona,Manuel Arotuma Valdivia, Carlos de Paz Briones y Juan Aragón Guivovich fueron condenados también como responsables del hecho a mantenerse privados de libertad por 15 años.

La sentencia fue ratificada por completo por la Corte Suprema en tres votaciones parciales, adoptadas entre diciembre de 2007 y setiembre de 2008. Pero han pasado 30 años y el paradero final de los restos de Ernesto no ha sido establecido.

Lo que buscan Cronwel y el resto de su familia son sus restos. Las investigaciones documentadas sobre casos antiguos de desaparición forzada muestran alternativas distintas cuando la historia relata el secuestro de un niño o una niña, que pueden haber sido devorados por el mercado clandestino de adopciones ilegales y tráfico de menores^[1]. Pero la esperanza de encontrar con vida a un o una joven o un adulto desaparecido en condiciones de violencia como las que se vivía en 1990 se desvanece relativamente a prisa.

En el Perú la búsqueda de los restos de los mas de 20 mil desaparecidos con historias documentadas es aun un proceso en construcción^[2]. Es un proceso que se ha abierto a partir del reconocimiento que hizo el el Tribunal Constitucional en la Sentencia del 18 de marzo de 2004 en el caso Villegas Namuche del derecho a la verdad sobre el destino final de los desaparecidos como un derecho autónomo^[3]. El derecho a la verdad es en nuestro sistema una causa suficiente para impulsar los procedimientos oficiales de investigación del Ministerio Público, incluso cuando no hay en perspectiva una acusación penal propiamente dicha que pueda ser presentada. Sobre estas bases han comenzado las investigaciones oficiales sobre fosas comunes y cementerios clandestinos^[4].

En mayo de 2018 el portal de Ojo Público registró la entrega de 865 restos de desaparecidos en la época de la violencia a sus familiares^[5]. Menos del 5% del total, es cierto. Pero el proceso ha comenzado.

En Lima las investigaciones originales sobre el destino final de los desaparecidos por los sucesos de los penales de 1986 incluye evidencias que muestran la perpetración de entierros clandestinos en  cementerios preexistentes. Pero no se ha documentado evidencias que muestran el uso de ,fosas comunes o cementerios clandestinos creados para estos fines^[6].

En 1993 una investigación periodística dirigida por Ricardo Uceda, entonces director de la revista Sí puso al descubierto el entierro clandestino de los restos del un grupo entre los desaparecidos que había sido detenidos en la Universidad La Cantuta en julio de 1992^[7]. Pero los restos, hallados en dos grupos, en una quebrada en Cieneguilla y luego en Huachipa parecían haber sido implantados en el lugar para ser descubiertos. Jamás hubo evidencia que indicara que las zonas de los hallazgos eran zonas de enterramiento de uso frecuente.

En Lima, la única evidencia del destino final de los desaparecidos se forma alrededor de las investigaciones, aun incompletas, sobre el uso de los dos crematorios que fueron instalados en la sede principal del Servicio de Inteligencia del Ejército en San Borja^[8].

En “Muerte en el pentagonito”^[9] Ricardo Uceda registra el testimonio de Jesús Sosa Saavedra, que incluye una historia de 1988, el asesinato y desaparición del sargento primero de la Fuerza Aérea del Ecuador Enrique Duchicela, cuyo cadáver habría sido cremado allí. Los restos de Cieneguilla mostraban señales que indicaban que habían sido cremados antes de ser llevados al lugar en que fueron enterrados. Pero con ocasión a las investigaciones derivadas de la masacre de La Cantuta no se expandió en dirección a establecer el lugar original en que podrían haber estado los restos hallados en Cienguilla y Huachipa antes de ser enterrados allí^[10].

En la sentencia superior del 27 de setiembre de 2016 los jueces superiores Aldo Figueroa, Liliana Plascencia y Segismundo León declararon probado que en los sótanos del local principal del Servicio Nacional de Inteligencia, ubicados en San Borja, se instalaron dos hornos crematorios cuyas potencia mil grados centígrados, era suficiente para cremar restos humanos. Es preciso recordar que en este caso el Ejército intentó alegar al descubrirse la estructuras que los hornos habían sido construidos para incinerar papeles. Coartada fallida, y además grosera. Para incinerar papeles no se necesita hornos de mil grados centígrados.

Pero además de la potencia de los hornos, en el año 2002 una comisión investigadora del Congreso encontró en el lugar dos cuadernos de registro de detenidos identificados por códigos^[11] . En el año 2004 en una inspección se encontró en uno de los hornos restos óseos de un dedo humano. Hechos estos resultan a mi juicio suficientes para descarta cualquier interpretación distinta de los hechos^[12]. La existencia de los crematorios del SIE como único destino demostrado de personas desaparecidas en Lima está demostrada más allá de cualquier duda.

La sentencia declaró que el horno había sido empleado para eliminar los restos de dos estudiantes. Kenneth Anzualdo y Martín Javier Roca Casas y un profesor, Justiniano Najarro Rúa, desaparecidos en 1993^[13]. Pero como declaró el Equipo Peruano de Antropología Forense, los hornos no pueden haber sido construidos solo para tres personas^[14], menos cinco años antes que sean asesinadas.

En una investigacion publicada por la revista Ideele en octubre de 2013, Victor Manuel Quinteros, Jarris Mujica, Carlos Chávez y Melina Galdós registraron 49 casos de personas desaparecidas en la región Lima entre 1987 y 1995. Del total 20 casos corresponden a 1989 y 4 a 1990. Si el horno operó desde 1988, como contó Sosa a Uceda, es posible que existan aún en los archivos del Ejército, quizá en ingeniería del Ejército evidencias o testimonios vinculadas a su construcción; a las especificaciones técnicas con las que fue definido. Pero más importante que eso, los archivos de personal podrían aún almacenar información que permita encontrar a las personas que fueron asignadas a la limpieza y mantenimiento del local. El horno debe alimentarse con energía y eso implica elementos que deben haber sido consumidos, por los que debe haberse pagado. En casos de este tipo la acumulación de evidencias o testimonios circunstanciales puede ser más eficiente que el intento por abordar la evidencia directa, que es lo primero que intentan eliminar los autores del hecho.

El Equipo Peruano de Antropología Forense tiene, por cierto, razón. Un horno no se construye para eliminar los restos de 3 personas, menos si enfrentamos al menos 49 historias documentadas de personas desaparecidas en la región, entre ellas Ernesto, sin que exista evidencia de un destino final distinto.

Gloria Cano también tiene razón. Las investigaciones sobre el uso de los sótanos del SIE están aún incompletas^[15]. El tamaño de la evidencia encontrada y la absoluta imposibilidad de considerar razonable cualquier explicación alternativa obligan a volver a mirar esta historia. Hay 49 desaparecidos cuyos restos deben aún ser hallados. Treinta años después la única pista que tenemos confirmada es que en Lima no había un cementerio clandestino ni una fosa común. Pero había dos crematorios clandestinos escondidos en los sótanos del SIE.

Vladimiro Montesinos Torres y Hermoza Ríos han sido condenados por el hallazgo de los hornos del SIE a mantenerse privados de libertad por 22 años. Jorge Nadal Paiva ha sido condenado por los mismos hechos a mantenerse privado de libertad por 15 años. Enrique Oliveros Pérez está prófugo desde el año 2003. Si no ha fallecido, puede aún ser hallado. Y tal vez tenga una historia que contar.

¿No es acaso tiempo de lanzar un programa efectivo que permita obtener delaciones que pongan puntos finales a estas historias?

La investigación sobre el destino final de los restos de un desaparecido deja, imposible no reconocerlo, una serie de cabos sueltos. Quienes intervienen en los entierros clandestinos o en la incineración de los restos no son, pueden no ser quienes definieron el destino final de los desaparecidos, quienes los entregaron a sus últimos captores.

Pero 30 años después el destino final posible de sus restos es una pista que merece ser considerada^[16].

(*) Sobre el autor: Director de Azabache Caracciolo Abogado. Abogado especializado en litigios penales e investigador para la Comisión Andina de Juristas. Publica comentarios sobre casos legales de interés público en la plataforma “En Prensa” y en el Diario La República; conduce el programa de entrevistas sobre temas legales “En Coyuntura” para revista La Ley y es miembro del Consejo Consultivo de la Revista Gaceta Penal. Fue antiguo profesor de la Universidad Católica y de la Academia de la Magistratura

Imagen obtenida de: https://cutt.ly/2gbwNtt

Referencias bibliográficas:

^[1]https://www.amnesty.org/download/Documents/200000/amr130051990es.pdf.

^[2] https://www.icrc.org/es/peru-personas-desaparecidas-listado-base-renade

^[3] Tribunal Constitucional, Sentencia del caso Villegas Atoche, https://idehpucp.pucp.edu.pe/images/docs/tc_2488-2002-HC.pdf.

^[4]http://hrlibrary.umn.edu/research/Peru-Parra%20Chinchilla%20Cuerpos%20Recuperados.pdf.Ver además https://lum.cultura.pe/cdi/sites/default/files/rb/pdf/Los%20muertos%20de%20Ayacucho.%20COMISEDH.%20Setiembre%202012..compressed.pdf

^[5] https://www.icrc.org/es/peru-personas-desaparecidas-listado-base-renade

^[6]  http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/STC-02149-2012-HC.pdf. Además, “Infomre al Congreso sobre los sucesos de los penales” presentado por el senador Rolando Ames y los senadores Jorge del Prado y Javier Bedoya y los diputados Oscar Felipe V., Agustín Haya de la Torre y Aureo Zegarra. Ema, varios auspiciadores, 1988.

^[7]  https://amnistia.org.pe/noticia/cantuta-nos-faltan-cinco/. Ver además https://investigacion.pucp.edu.pe/mes-investigacion/investigacion/la-cantuta-un-caso-de-investigacion-periodistica/

^[8]https://redaccion.lamula.pe/2016/10/03/los-hornos-del-pentagonito-el-horror-que-la-mayoria-desconoce/victorliza/

^[9]  Uceda, Ricardo. “Muerte en el pentagonito. Los cementerios secretos del ejército peruano” Bogotá, Editorial Planeta 2004.

^[10]  Ver las sentencias dictadas en los dos casos principales seguidos sobre estos hechos: : https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_162_esp.pdf;http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/jurisprudencia/j_20080616_38.pdf, yhttps://lum.cultura.pe/cdi/video/sentencia-del-proceso-judicial-por-los-casos-de-barrios-altos-y-la-cantuta

^[11]http://www4.congreso.gob.pe/congresista/2001/lguerrero/fiscaliza/IF_Denuncia_Constitucional134_JUN03.pdf

^[12]  De esto trata la llamada “prueba por indicios”, de descartar o reducir al absurdo cualquier teoría alternativa destinada a provocar dudas sobre la versión de los hechos que propone la fiscalía.

^[13]  Sentencia de la Corte Interamericana del 22 de setiembre de 2009; Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,39/97, caso 11.233 del 19 de febrero de 1998 y 56/99, caso 11.175 del 13 de abril de 1999.

^[14]Comentario registrado por La Mula, https://redaccion.lamula.pe/2016/10/03/los-hornos-del-pentagonito-el-horror-que-la-mayoria-desconoce/victorliza/

^[15]  https://redaccion.lamula.pe/2016/09/27/caso-sotanos-sie-gloria-cano-advierte-que-aun-falta-encontrar-restos-de-anzualdo-y-casas/redaccionmulera/

^[16] Conocí a Cronwel Castillo, padre de Ernesto, en 1991, poco después que Augusto Zúñiga, su abogado, sufrió la amputación del brazo izquierdo por la explosión de un sobre bomba que le enviaron intentando asesinarlo cuando investigaba el caso de Ernesto. Lo conocimos juntos, Ronald Gamarra y yo.

               No puedo dejar de recordarlo.