*Escrito por Antonio Peña Jumpa[1]
Tras la superación del conflicto con el arzobispado de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) tiene aún grandes retos por superar. El año 2018 dos de estos grandes retos se hicieron presente en forma de crisis: la develación de casos de acoso sexual y la denuncia por cobros indebidos en el pago de moras de las pensiones de estudiantes. Ambos han sido como dos terremotos que sacudieron la universidad y se han presentado como una oportunidad para mejorar el trato interno y la gestión administrativa de nuestra comunidad universitaria.
Las denuncias de acoso sexual y de cobros indebidos fueron obras principales de los estudiantes, respaldados por las redes sociales. Primero, los casos de acoso sexual fueron hechos públicos a partir de un cúmulo de casos. La campaña se inició a inicios del año, pero fue en julio y agosto del año 2018 que los casos fueron denunciados en masivas asambleas realizadas en las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales. En estas asambleas se hizo público el actuar indebido de un grupo de tres profesores sobre quienes se tomaron acciones institucionales (más que legales) inmediatas. Para ello, previamente, desde el año 2016, la PUCP había hecho vigente un reglamento especial y creó la Comisión Especial para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual.
Lo grave de los casos de acoso sexual es que muchos de ellos corresponden a hechos de varios años atrás. Estos casos no fueron denunciados o no tuvieron la recepción de parte de las autoridades o las instituciones de la PUCP para ser denunciados e investigados. ¿Por qué no se denunciaron e investigaron previamente estos casos de acoso sexual? ¿Era necesario un reglamento y/o comisión especial para ello? ¿Cómo enfrentar el problema en el mediano y largo plazo?
El segundo fenómeno, sobre el cobro indebido de moras en las pensiones de estudiantes, se hizo público con la movilización de estudiantes, dentro y fuera del campus, a fines de noviembre de 2018. La administración de la PUCP exigía el pago de una mora en base a créditos, lo que devino en ilegal a partir de la ley Nro. 29947, del año 2012. Este cobro ilegal generó una acumulación de dinero que superaría la suma de 30 millones de soles. Al mismo tiempo se denunció el pago mensual de una bonificación especial a un grupo de 50 a 70 docentes sin que lo supieran sus colegas.
Estos hechos produjeron que docentes y autoridades de las distintas unidades de la PUCP se sumen a las denuncias y reclamos, lo que produjo que el rector y dos vicerrectores renuncien. En este contexto, la asamblea universitaria (máxima instancia organizativa de la PUCP) designó un rector temporal y creo dos comisiones especiales: una que investigará los casos de cobros indebidos, y otra para restablecer la confianza de la comunidad universitaria. ¿Es suficiente la conformación de estas dos comisiones? ¿No hubo alguna alternativa económica, como la suspensión de construcción de edificios, para evitar el cobro ilegal de moras? ¿Por qué se pagaba bonificaciones especiales a un grupo de docentes sin hacerlo público? ¿Es necesaria una nueva política del cobro de pensiones? ¿Es necesaria una nueva política salarial en la PUCP?
Estos dos fenómenos han sido trágicos para la PUCP. Al esfuerzo conquistado de ser un modelo ético y moral, se ha devenido en blanco de ataques y difamaciones. Sin embargo, la PUCP ha demostrado, como comunidad universitaria, ser más grande que sus problemas. De un lado se tomó acciones rápidas desde sus propias instituciones para enfrentar los casos de acoso sexual, y, de otro lado, se materializó la renuncia de las más altas autoridades de la PUCP para dar lugar a una investigación que busque superar los problemas derivados de los cobros indebidos.
Hay mucho por hacer aún en la misma PUCP. El acoso sexual debe ser extraído del ambiente universitario y de la sociedad a través de acciones preventivas, y los casos existentes deben investigarse y sancionarse con la fuerza de la ley, pero sin dejar de considerar el derecho y la justicia. En el mismo sentido, los cobros indebidos deben prevenirse y frente a los casos ya denunciados cabe el trabajo de las comisiones especiales, así como de una auditoría imparcial que muestre objetivamente los aciertos y errores de la administración de la PUCP.
Cada unidad académica y administrativa de la PUCP tiene mucho más por hacer. Para ello, docentes, estudiantes y personal administrativo estamos convocados y comprometidos. Solo así el trato interno y la gestión administrativa de nuestra universidad serán mejores el 2019.
Lima, 28 y 31 de diciembre de 2018.
Imagen obtenida de: https://bit.ly/2CjBEKO
[1] Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, magister en Ciencias Sociales y PhD. in Laws.
