Sobre el Comercio electrónico, Cloud computing y el servicio de Streaming: ¿Qué dice la legislación peruana? | Brenda Murrugarra

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Autor: Brenda Isabel Murrugarra Retamozo(*)

En primer término, en cuanto al e-commerce o comercio electrónico, cloud computing y servicio de streaming que efectúan empresas de tecnología de la talla de Amazon, JD.com, entre otras, es pertinente manifestar que dichos servicios que brindan dichas compañías  entran el ámbito de la validez y eficacia sobre la celebración de contratos de compraventa de bienes, productos o servicios por medio del internet.

Es pertinente empezar definiendo algunos conceptos:

Según Guisado (como se citó en Varas, 2015, p.7)[1], el e-commerce permite que las transacciones de productos y servicios se desenvuelvan por medio de instrumentos electrónicos, y en ello se incluye las actividades previas y subsiguientes que resultasen por tales transacciones por medios digitales, un ejemplo de ello es el intercambio de información comercial vía correo electrónico.

En el comercio electrónico las transacciones se suelen dar de las siguientes formas:

  • Negocio a Negocio: Business to Business (B2B).
  • Negocio a Consumidor: Business to Consumer (B2C).
  • Negocio a Estado: Business to Government (B2G).
  • Consumidor a Estado: Consumer to Government (B2G).

El Cloud Computing comprende a los servicios que se ofertan por medio de la red, ejemplo de ello son  las cuentas electrónicas de correo, asimismo, la nube también permite almacenar documentos, contar con aplicaciones y demás. A todo ello se puede acceder a través de un navegador web (Hernandez y Florez, 2014, p.47)[2]. En el Cloud Computing, no hay límites en los servidores para procesar la data almacenada.

Con respecto al streaming, (Intriago, 2016, p.17)[3] señala que este puede ser definido como la remisión de datos, que suele ser frecuentemente audio y video, a fin de que se posibilite comenzar su procesamiento de forma previa a  su recepción..

Entonces, puede decirse que, es un servicio de reproducción de archivos multimedia a través de una plataforma, aplicación o página web. Para utilizar esta herramienta digital no es necesario poseer el archivo, ni si siquiera necesita ser descargo en su integridad de forma anterior.

En estos tiempos el streaming se presenta como una herramienta muy útil, puesto que permite a un precio cómodo el acceso a una variedad de contenidos audiovisuales en cualquier lugar bastando con una conexión a internet. Tampoco se necesita de invertir en almacenamiento, sea en formatos físicos o virtuales.

I. Materia civil

La legislación civil del Perú por intermedio de los artículos 141º, 141º-A y 1374º señala que la manifestación de voluntad de los contratantes puede efectuarse por medios virtuales.

Más aun, en materia civil se consigna que los contratantes pueden optar por adoptar la formalidad de celebrar sus contratos, ello de acuerdo a sus propias necesidades. En ese sentido, la adquisición bienes a través de medios digitales o electrónicos se presenta como una modalidad totalmente válida y eficaz de celebrar contratos.

Respecto a ello, es preciso colocar el ejemplo de compañías como Amazon y JD.com, por ejemplo, o incluso propias compañías que tienen su centro de operaciones en Perú, las que tienen toda la libertad de ofertar sus bienes y servicios  a sus clientes por sus páginas web. Es así conocida la adquisición de los servicios de streaming que brinda Amazon. Tal servicio posibilita la reproducción de archivos multimedia a través de una plataforma, aplicación o página web; sin requerir del mencionado archivo o su descarga.

Por otro lado, es pertinente también mencionar el caso de las empresas que por medio de las plataformas de las compañías tecnológicas mencionadas ofrecen sus productos. Esas empresas vendrían a ser unas terceras,  sobre ellas puede entenderse que de forma previa suscribieron un acuerdo con las referida compañías de tecnología. Es así que, en dicho acuerdo se dejará constancia que los productos ofertados por la tercera podrán adquirirse entrando a la web de las compañías de tecnologías (“las principales”).

Es de aclarar que, en Perú existe un abanico de normas en relación a los servicios digitales. Por ello, es factible encontrar disposiciones aplicables debido a la naturaleza de los mismos servicios ofertados.

II. Materia de Protección de datos personales

Como ejemplo de lo mencionado en el párrafo anterior, se empezará por Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 29733 (en adelante, LPDP)[4]. Si una persona desea tener acceso a los servicios de e-commerce, cloud computing o streaming que ofrecen estas compañías, se debe poseer un ID de usuario y contraseña, requiriéndose únicamente la suscripción en línea en las plataformas virtuales. Para el registro será necesaria la información relativa a nombres, direcciones, correos electrónicos, números de tarjeta de crédito, números de contacto. La LPDP señala que los datos personales son aquellos que permiten identificar o hacer identificable a la persona natural (artículo 2°, numeral 4 LPDP).

Ahora, el Reglamento de la LPDP (Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS)[5] también es de aplicación, más cuando en el artículo 5° del Reglamento se señala la posibilidad de que el encargado del tratamiento de los datos personales puede estar establecido fuera del territorio peruano, como en general sucede en este caso con las compañías que brindan estos servicios.

III. Ley de SPAM

Pueden presentarse determinadas situaciones que generen incomodidad a cualquier “potencial cliente”, que dicho sea de paso, puede ser cualquier persona que por ejemplo aún no ha adquirido estos servicios. Por ello, cabe la siguiente pregunta: ¿Qué sucede en el caso que algunas de personas que reciben publicidad o correos no solicitados por parte de estas compañías ofreciéndoles sus productos? La respuesta ante aquella pregunta está en la Ley N° 28493, que regula el uso de correo electrónico comercial no solicitado (SPAM) (en adelante, “Ley de SPAM”)[6].

En el país tal ley busca regular el envío a través de sistemas electrónicos (correo electrónico) de publicidad comercial o promociones no requeridas por los usuarios de internet. Por ello, claramente el artículo 4° de la Ley de SPAM señala las obligaciones de los proveedores de servicio de correo electrónico que tienen su domicilio en Perú. Tales obligaciones son: contar con sistemas que faculten bloquear y filtrar el recibo o transferencia de correos no solicitados que fueran efectuados a través de su servidor.

Las compañías suelen tener en su base de datos los correos electrónicos de los usuarios debido a que, en los formularios de registro en línea se suelen incorporar una sección en la que se pide la autorización a los usuarios para remitir correos electrónicos de contenido publicitario.

A este respecto, será válido que las compañías que ofrecen sus productos en la red envíen publicidad sobre sus bienes o servicios a los usuarios, pero siempre y cuando se verifique que estos hayan brindado su “consentimiento”. Esto último también se aplica cuando las compañías de servicios digitales coloquen en su plataforma los bienes y servicios de las empresas terceras.

Si no se cuenta con la autorización para el envío de publicidad al correo de los usuarios, se debe cumplir con mencionar en el campo del Asunto del mensaje la palabra “publicidad”, colocando los datos completos y la dirección electrónica de la empresa, así como un link para que el usuario pueda decidir si desea seguir recibiendo mensajes de esa naturaleza (art.5 de la Ley de SPAM).

IV. Materia de protección al consumidor

De otro lado, sobre los aspectos de protección al consumidor, se tiene a la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor[7]. Si las empresas que ofrecen servicios digitales ofertan sus propios productos tendrán que cumplir dos obligaciones; a) que la información que le brinde a sus consumidores sea la relevante para tomar una decisión de consumo (art. 2), b) entregar un bien o servicio idóneo (correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe; teniendo en cuenta lo que se le ofreció) (art. 18).

En caso que la empresa de servicios digitales brinde de forma directa sus productos o servicios, esta tendrá responsabilidad por la idoneidad y calidad de los mismos, por lo que debe asegurarse de no brindar información falsa o que induzca a error al consumidor.

Asimismo, existen eximentes por las cuales el proveedor no será responsable, ejemplo de ello es que acredite la ruptura del nexo causal que puede ser por caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de un tercero o imprudencia del propio consumidor afectado.

Otro aspecto resaltante, en derecho del consumidor, es que al realizar dichas compañías de manera directa la venta y entrega directa de sus bienes, deben cumplir con sus prestaciones respetando el plazo y modo previsto para la entrega. Siguiendo esa misma línea, en el caso que el consumidor haya aceptado la oferta y la empresa haya emitido la orden de compra. No existe la posibilidad de desconocer dicha operación, debido a que ello defraudaría al consumidor quien ya generó una expectativa, teniendo en cuenta que la confirmación de la compra se produjo en su plataforma (Resolución Final Nº 1971-2016/CC2)[8].

Lo que se recomendaría en el supuesto descrito líneas arriba, es que tales plataformas digitales instauren mecanismos que garanticen que el consumidor obtenga lo que realmente se le ofreció (en características y precios).

La responsabilidad ante el consumidor en caso de que empresas terceras ofrezcan sus productos o servicios vía la empresa principal, la tendrá la tercera.  Ello si tales transacciones se dan entre el comprador y la empresa tercera. En tal supuesto, se entendería que la empresa principal solo se desenvuelve como intermediaria sin responsabilidad, sin perjuicio que luego de las investigaciones se determine si efectivamente tuvo o no alguna responsabilidad, y para que ello no ocurra, es recomendable implementar mecanismo que ayuden a actuar de forma inmediata ante el conocimiento de las actividades irregulares de la empresa tercera (Resolución Final Nº 2410­-2015/CC2)[9].

En ciertos casos por más que las empresas de servicios digitales actúen como intermediarios, es necesario que se genere el cumplimiento de determinadas normas sectoriales por las terceras respecto de la actividad económica que desarrollan, por lo que la empresa principal tendrá responsabilidad cuando no haya corroborado si las empresas terceras cumplían con dichas disposiciones normativas (Resolución Final Nº 2419-2015/CC2)[10].

Adicionalmente, por más que las empresas de servicios digitales son proveedoras de servicios netamente digitales y en varios casos no cuentan con un establecimiento físico abierto al público, aun así tendrían que tener en cuenta aspectos como la implementación de un libro de Reclamaciones Virtual. Esto se debe a que el Decreto Supremo Nº 011-2011-PCM[11] considera a los medios virtuales, como podría serlo una plataforma a través de internet.

V. Materia de represión de competencia desleal

En relación a la Ley de Represión de Competencia Desleal (Decreto Legislativo N° 1044)[12], es necesario observar las normas que regulan la publicidad en beneficio de los consumidores, ya que las empresas pueden ser pasibles de cometer determinadas infracciones que desencadenan en multas. Por tanto, en materia de publicidad los proveedores, como las empresas mencionadas, deben de informar de forma clara, destacada y de manera advertible, las condiciones y/o restricciones de acceso a las promociones de productos o servicios.

Así también, deben de cumplir lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor referido a la publicidad de promociones. Es por ello que se recalca que, las empresas deben de informar de manera clara y destacada sobre las condiciones y restricciones aplicables a las promociones comerciales de los productos y servicios que ofrecen a los consumidores, las cuales no deben contradecir el mensaje publicitario.

(*)Sobre la autora: Licenciada en Derecho.

Imagen obtenida de: http://bit.ly/3t1O83p


[1]  González, A. (2015). El comercio electrónico: Diseño e implantación de una tienda online. [Trabajo de Fin de Grado, Universidades Da Coruña] https://core.ac.uk/download/pdf/61918102.pdf

[2] Hernandez, N., y Florez, A. (Diciembre, 2014). Computación en la nube. Revista Mundo FESC, (8), 46-51.

[3] Intriago, E. (2016). Análisis de tecnologías de streaming: evaluación de protocolos y diseño de un caso de estudio. [Trabajo de Fin de Máster, Universidad Politécnica de Madrid] http://www.dit.upm.es/~posgrado/doc/TFM/TFMs2015-2016/TFM_Erika_del_Rocio_Intriago_Acuna_2016.pdf

[4] Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. (3 de julio de 2011).http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp

[5] Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales. (22 de marzo de 2013). http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp

[6] Ley N° 28493, Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM). (12 de abril de 2015). http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp

[7] Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. (02 de setiembre de 2010). http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp

[8] Resolución Final Nº 1971-2016/CC2. (Lima). (07 de diciembre de 2016).Comisión de Protección al Consumidor Nº 2 – Sede Central. https://historial.pe/pdf/LINIO_PEDIDO_CANCELADO.pdf

[9] Resolución Final Nº 2410­-2015/CC2. (Lima). (30 de diciembre de 2015).Comisión de Protección al Consumidor Nº 2 – Sede Central. https://historial.pe/pdf/MERCADO_LIBRE_FRAUDE.pdf

[10] Resolución Final Nº 2419-2015/CC2. (Lima). (30 de diciembre de 2015). Comisión de Protección al Consumidor Nº 2 – Sede Central. https://historial.pe/pdf/GLOBOS_PERU.pdf

[11] Decreto Supremo Nº 011-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor. (19 de febrero de 2011). http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp

[12] Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de Competencia Desleal (26 de junio de 2008). http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp

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