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Sin estabilidad no hay inversión ni crecimiento

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Es muy positivo que se haya lanzado un conjunto de medidas para enfrentar la desaceleración del crecimiento. Sin embargo, es preocupante que como parte de este paquete el Gobierno pretenda endurecer las condiciones de los contratos de estabilidad tributaria para la minería (CET), en lugar de enfocarse en perfeccionar el marco normativo que los regula para mejorar la competitividad del país y elevar los niveles de inversión en el sector.

Existe una percepción relativamente extendida de que este tipo de convenios genera pérdidas de recaudación, cuando en el fondo lo único que hacen es otorgar a las mineras la seguridad que las “reglas de juego” no cambiarán por un tiempo, para darles la predictibilidad que requieren para invertir en proyectos de gran escala, sin implicar de modo alguno inafectaciones o exoneraciones. Por el contrario, para gozar de la estabilidad se obligan a pagar dos puntos porcentuales por encima de la tasa de Impuesto a la Renta. Es decir, terminan pagando más, no menos. Desde luego, dicen sus críticos que complican el sistema y generan mayores costos de administración pero esas no parecen ser justificaciones suficientes para ponerles trabas.

Como es sabido de sobra por todos los peruanos, nuestro enmarañado sistema tributario es objeto de constantes modificaciones. Por eso, los CET siguen siendo indispensables como mecanismo para atraer inversiones en proyectos que por su naturaleza son de larga maduración e intensivos en capital. Basta notar que bajo el actual Gobierno, sólo en los últimos tres años, se han promulgado nada menos que 64 dispositivos tributarios, entre leyes, decretos legislativos y decretos supremos. Dada esta proliferación de normas, prácticamente todas las grandes empresas mineras buscan la protección de un CET. A la fecha, se han suscrito 24 facilitando el ingreso de más de US$ 17 mil millones en inversiones.

Lo primero que salta a la vista de la propuesta del Ejecutivo que ahora está en cancha del Congreso es que eleva los importes mínimos de inversión requeridos para celebrarlos e incorpora un nuevo tipo de CET. Pero la mayor incongruencia del proyecto es que, al mismo tiempo, establece que el efecto de la garantía contractual se extenderá a las inversiones adicionales que se realicen posteriormente dentro de la misma concesión, siempre que estas sean no menores a US$ 250 millones y sean aprobadas previamente por el MINEM.

Esta regla ha sido planteada como si se tratara de un incentivo novedoso, cuando, en realidad, representa un escollo para las empresas que deseen ampliar sus inversiones luego de la puesta en marcha de la operación minera, pues introduce condiciones y exigencias que antes no existían y que en la práctica muy pocas podrán cumplir. Si lo que se quiere es impulsar las inversiones, lo que se necesita no son nuevas barreras, ni forzar interpretaciones con el afán de restringir los alcances de la estabilidad. Lo que se necesita son reglas claras y previsibles. Una reforma verdaderamente comprometida con la inversión y el crecimiento debiera priorizar la seguridad jurídica. Lo que está en juego no es poca cosa.


* Artículo publicado en el boletín de Junio de 2014 de EY Perú.

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