(* ) Escrito por Antonio Alfonso Peña Jumpa
Lo ocurrido el pasado 5 de junio de 2009 en el Perú, conocido como El Baguazo, significó las protestas de grupos culturales diferentes (Pueblos indígenas u originarios) de la región de Amazonas principalmente, contra el gobierno central por su política de medidas legislativas que perjudicaban la propiedad y los derechos colectivos de dichos grupos culturales. En diciembre de 2022 y enero a marzo de 2023, hemos vivido un hecho similar a través de las protestas sociales que siguieron a la vacancia presidencial y la designación de un nuevo gobierno el 7 de diciembre de 2022, ocurrido principalmente en las regiones del Sur Andino, contra el nuevo gobierno central y el Congreso de la República del Perú. ¿Qué resalta en esta comparación de hechos de protestas y qué hacer para evitar que se siga repitiendo?
Si bien El Baguazo fue un conjunto de actos de protesta que tuvo su antecedente el año 2008 antes de alcanzar su mayor expresión el año 2009, y estuvo focalizado en la Amazonía del Perú, diferente a las protestas sociales de diciembre 2022 y enero-marzo 2023 (en adelante, protestas sociales recientes) que se sucedieron preponderantemente durante los meses de diciembre 2022 y enero 2023, y estuvo focalizado en los Andes, el contenido de ambos es muy similar: en ambos casos se trata de protestas iniciadas por comunidades o pueblos originarios, quienes tienen una identidad cultural diferente al grupo o los grupos sociales dominantes en Lima, capital del Perú, y que fueron dirigidas contra el gobierno central por sus medidas centralistas en perjuicio de aquellas comunidades o pueblos originarios.
En el caso de El Baguazo, los hechos de protestas involucran principalmente a las comunidades nativas Aguarunas y Wampis, y otras comunidades amazónicas que se concentraron en la provincia de Bagua, en la región de Amazonas, parte oriente-norte del Perú, para protestar contra el gobierno central de aquel entonces. Estas comunidades comparten otra cultura, con diferencias muy marcadas en relación con el derecho a la tierra, la familia, la economía y la vida social que conocemos en la capital, Lima, desde donde se gobierna el país. Las protestas se iniciaron el año 2008, pero fueron suspendidas esperando la rectificación del gobierno central. Ante la continuidad del gobierno central con su política centralista y de perjuicio de las comunidades nativas, éstas retomaron sus protestas en marzo de 2009 a través del cierre de una carretera central en la provincia de Bagua, que luego sería desalojada violentamente el 5 de junio de 2009, produciendo al menos 33 muertos, cientos de heridos y un incierto número de desaparecidos.
En el caso de las protestas sociales recientes, los hechos ocurrieron principalmente en las regiones andinas de Apurimac, Ayacucho, Cusco y Puno, concentrados en lo que se conoce como el Sur Andino peruano, y que involucró también a personas de cultura diferente. La mayoría de los habitantes de las regiones citadas tienen en su historia la presencia de comunidades quechuas y aymaras, que tienen también un diferente concepto de derecho a la tierra, de familia, economía y vida social respecto a lo que conocemos y practicamos en Lima. Los hechos se iniciaron el 7 de diciembre de 2022, al declarar el Congreso de la República la vacancia presidencial y designar como nueva presidenta a la vicepresidenta del gobierno, quien pasó a gobernar con el respaldo directo de las Fuerzas del Orden, reprimiendo toda protesta contra el régimen. Estas protestas se suspendieron antes de las fechas navideñas y fueron retomadas en el mes de enero de 2023, deviniendo en más violentas, y produciendo, al final, al menos 66 muertos y miles de heridos.
En ambos casos hay antecedentes de uso de la fuerza del Estado buscando cumplir o hacer cumplir las medidas centralistas del gobierno central, las que a su vez favorecen a un grupo social o de grupos sociales dominantes concentrados en Lima o en las grandes ciudades del país. En ambos casos, también el efecto ha sido trágico, con decenas de muertos y heridos, pero también con la división de la población del país: unos a favor de las medidas del gobierno central y sus autoridades, y otros en contra de las mismas medidas y sus autoridades.
Sin embargo, el resultado más contradictorio, que develan ambos casos es el de la debilidad del Estado y de sus instituciones, y en particular del propio gobierno central. Tras los hechos, normalmente identificados como contrarios a los derechos humanos o derechos de las personas, el gobierno central deviene en ilegítimo por dos razones principales: 1) A nivel social, dado que en los hechos tiene el rechazo de la mayoría de la población (la mayoría se manifiesta o se ubica en contra de la gestión); 2) a nivel jurídico, dado que la Constitución Política del Perú en su artículo 44º y 45º obliga a las autoridades del Estado a respetar los derechos de las personas y brindar seguridad a éstas, reconociendo con prioridad el poder del pueblo, normas que justamente resultan transgredidas tras los hechos ocurridos.
¿Qué podemos interpretar y qué podemos hacer?
Tras El Baguazo y las recientes protestas sociales, el gobierno central pudo y puede continuar a pesar de su ilegitimidad, amparado en la formalidad: su designación en el cargo de la presidencia del país tuvo y tiene un período de años adicionales a cumplir.
Sin embargo, la continuidad del gobierno central en esta situación de ilegitimidad produce un mayor daño al mismo Estado, ahondando su debilidad. Tras El Baguazo el gobierno de aquel entonces no pudo resurgir, y devino en más débil frente a nuevas protestas y el desarrollo de la corrupción. Tras las recientes protestas sociales, la situación del gobierno central actual es semejante: no hay respaldo en la población, aparecen denuncias de corrupción y la amenaza de nuevas protestas es inevitable.
En estos contextos, donde todo el gobierno aparece involucrado tras casos como El Baguazo o las recientes protestas sociales, lo recomendable es dar paso a un nuevo gobierno (no basta la sucesión presidencial). Si el Congreso de la República también aparece involucrado en los sucesos, lo lógico o sensato es que también se dé paso a un nuevo Congreso.
Surge como alternativa un gobierno de transición constitucional. Para ello es posible modificar la Constitución extraordinariamente, y dejar el cargo a personas que fueron elegidas recientemente en los gobiernos regionales y locales, quienes provisionalmente asumirán la gestión del Estado hasta convocar a nuevas elecciones generales.
No comprender estos cambios gubernamentales, superando el egoísmo por el poder (político o económico), es repetir las desgracias que acabamos de vivir.
(*) Sobre el autor: Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado, Magíster en Ciencias Sociales y PhD in Laws.
