Recordando El Baguazo y El Aymarazo en el Perú | Antonio Peña Jumpa

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Escrito por Antonio Peña Jumpa (*)

El 5 de junio de 2009 y el 26 de mayo de 2011 ocurrieron dos hechos que destacan por su fuerza social en la historia pluricultural del Perú. La primera fecha corresponde a El Baguazo, la protesta y resistencia de comunidades nativas (así denominados en el artículo 89º de la Constitución peruana) contra la decisión del gobierno central de liberar legislativamente la protección de los recursos naturales de sus territorios sin consultarles, mientras la segunda fecha corresponde a El Aymarazo, la protesta radical de comunidades campesinas (así también denominas en el mismo artículo 89º de la Constitución) contra el gobierno central por concesionar igualmente sus tierras a numerosas empresas mineras sin consultarles.

¿Qué hay de común en ambas experiencias de fuerzas sociales y cuán diferente es el presente para suponer que ya no volverán a ocurrir?

Ambos acontecimientos que muy bien pueden ser identificados como complejos conflictos sociales, muestran en común las siguientes características:

  • El origen del problema se encuentra en las decisiones del gobierno central. Ambos hechos corresponden al gobierno del presidente Alan García, quien prometiendo electoralmente no firmar los tratados de libre comercio, hizo todo lo contrario al asumir sus funciones. Su gobierno consiguió facultades legislativas del congreso para promulgar Decretos Legislativos que facilitarían los tratados de libre comercio, pero también promulgó decretos supremos que favorecían la concesión de beneficios a empresas extractivas en perjuicio de los derechos colectivos de las comunidades nativas y las comunidades campesinas.

  • Los actores sociales que destacan en ambas protestas son personas que corresponden a otra cultura y otro derecho: De un lado aparecen en El Baguazo las comunidades nativas de la Amazonía, particularmente las comunidades o el pueblo originario Aguaruna de la región de Amazonas, del oriente peruano; de otro lado, aparecen en El Aymarazo las comunidades campesinas, específicamente el pueblo originario Aymara de la región de Puno, en el sur andino peruano. Ambos son comunidades, pueblos o grupos étnicos importantes en la Amazonía y en los Andes respectivamente: las comunidades aguarunas corresponden a pueblos guerreros históricos, el segundo grupo étnico más importante en población de la Amazonía, después de los Ashánikas; las comunidades aymaras se identifican también con pueblos guerreros históricos, tan importante en los Andes como los quechuas, y quienes no pudieron ser conquistados por los españoles.

  • El objeto de la disputa o del conflicto consiste en el usufructo o explotación de los recursos naturales ubicados en los territorios de las comunidades nativas y campesinas. Se tratan de recursos naturales apetecibles en el mundo moderno: de un lado, se tiene recursos energéticos como el crudo de petróleo o el gas, o recursos madereros o de cultivos sustitutivos para el aceite o bicombustible de palma en la Amazonía, y de otro lado se tiene los recursos minerales diversos que existen en las montañas de los Andes peruanos. Ambos grupos de recursos naturales generan millones de toneladas de materia prima para la industria del mundo y para el consumo de la tecnología actual.

  • Las personas favorecidas tras las medidas legislativas del gobierno central son empresas trasnacionales de tipo corporaciones. Se favorecen por la concesión de los recursos naturales para su exploración, explotación y comercialización.  Son grandes empresas con inversiones millonarias en el mundo que ejercen control en forma directa o indirecta de los precios de las materias primas y los productos manufacturados derivados de estas materias primas. En el conflicto social, estas personas no aparecen o aparecen levemente para cautelar su capital, porque quien afronta los problemas del conflicto son las autoridades del Estado a través de la Fuerza Pública, frente a las comunidades afectadas que protestan.

Tras estas características principales de El Baguazo y El Aymarazo, aparecen otras características menos notorias como el manejo del derecho o la omisión de la consulta. El manejo del derecho corresponde al uso que hacen los gobernantes de turno en el Estado de las normas jurídicas para favorecer a una persona o grupo de interés en perjuicio de otra persona o grupo. Las leyes, los decretos legislativos o los decretos supremos son los instrumentos a través de los cuales el gobierno central ha operado ocasionando estos dos grandes conflictos.

En el mismo sentido, la omisión de la consulta a las personas afectadas, que supuestamente serían favorecidas por las actividades económicas y por las medidas legislativas, resulta un hecho de incomprensión que va más allá de la violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Se dan medidas gubernamentales que afectan a los pueblos originarios sin conocerlos o tomarlos en cuenta. Los gobernantes no han tratado a los pueblos originarios de El Baguazo y El Aymarazo en la misma forma que trata a los ciudadanos de una rica urbanización o a los empresarios favorecidos de las medidas. Esta discriminación es notaria al no consultarles sobre el contenido de las medidas legislativas o administrativas en el entendido que nosotros sabemos más que ellos.

¿Cuánto de los hechos mencionados ha sido superado hoy en el Perú?

Es muy difícil de asegurar que estamos en condiciones de evitar otro conflicto semejante a El Baguazo o El Aymarazo en el Perú. Sea con gobiernos de “izquierda”, de “centro” o de “derecha” hay mucha incomprensión sobre el problema.

Sin embargo, si creemos que es posible pensar a largo plazo en un proceso de integración o convivencia aceptando la diversidad cultural y sus consecuencias. Esta convivencia nos llevaría a compartir la riqueza de los Recursos Naturales, no en dinero, sino en nuevas condiciones de vida. Al menos los servicios públicos de calidad podríamos compartirlos sin discriminación.

Lima, 9 y 11 de junio de 2022.


(*) Sobre el autor: Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD in Laws.

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