Aunque parezca un trabalenguas, más confusión causó en mí poder palpar el sentido aparente (y sobre todo el real sentido) del curioso proyecto de Ley presentado en el año 2011 para el «saneamiento legal de vehículos automotores inmatriculados a través de resoluciones judiciales». Es decir, ¿no se puede ser un poco más caleta en esconder lo que está detrás de esta propuesta?

La situación real que fundamenta la norma es muy simple: por la frontera de Puno con Bolivia, ingresan una serie de vehículos con origen -por decirlo menos- dudoso. Lo que pretende el legislador (que también es de Puno, y no por casualidad), es que esos vehículos, que luego son comercializados y adquiridos por «terceros de buena fe», merezcan inscripción registral para legalizarlos.

Hay dos modalidades de adquisición: la bamba y la más bamba. La bamba consiste en que el comprador solicite una prescripción adquisitiva y, por vía de la posesión, logra inscribir el vehículo como suyo mendiante un mandato judicial en Registros Públicos. La más bamba sí que es frontalmente delictiva (y con roche); consiste en una simulación de deuda con documentos falsos ante un Juez que -finalmente – ordena registrar el vehículo en Registros Públicos a favor del supuesto acreedor. Valga decir que, a la fecha, ya hay un Juez preso por este tipo de «legalizaciones».

Existen varias preguntas al medio ¿sabrá el Congresista de estas dos modalidades?, ¿el hecho de que exista un mandato judicial «limpia» automáticamente el origen del vehículo?, ¿cómo pasan los vehículos por las fronteras sin que nadie se dé cuenta?, ¿los vehículos son robados ? Y si no lo son, ¿por qué no entran regularmente? Nadie puede obviar un hecho que es incontrastable: los vehículos tienen origen cuestionable, ¿cómo hacemos con esto?

En el camino de ingreso y legalización de estos vehículos, están instituciones que, por casualidad, figuran en casi todos los casos de cuestionamiento sobre irregularidades; me refiero a la autoridades de control aduanero, la policía de fronteras y el Poder Judicial.

Hablemos claro. Se pretende usar la precaria institucionalidad del país para avalar conductas delictivas manifiestas. Eso tiene un nombre: sacada de vuelta a la Ley o, en términos más técnicos, fraude a la Ley. En el colmo de lo insólito, han dado respuesta favorable: la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y el Ministerio de Justicia. En suma, el proyecto de Ley casi tiene luz verde.

Fuente de la imagen: www.diariolaprimeraperu.com