¿Qué discusiones conllevará la propuesta del retorno a la bicameralidad del presidente Vizcarra?

El 28 de julio, durante el Mensaje a la Nación, el Presidente de la República, Martín Vizcarra anunció la entrega al Congreso de proyectos de ley cuyo propósito es modificar la Constitución en distintos aspectos. Uno de los más relevantes es la reforma política de la organización y estructura del Congreso, pues se planteó el regreso de la bicameralidad.

Es pertinente recordar que la presentación de esta propuesta  tiene precedentes cercanos que denotan que el clima político busca una discusión respecto de nuestro sistema político y electoral, pues en febrero y marzo de este año los congresistas Kenji Fujimori y Alberto de Belaunde, respectivamente, formularon y presentaron propuestas de reforma constitucional planteando el retorno de la bicameralidad.

¿Qué es la bicameralidad?

La bicameralidad, al igual que la unicameralidad, es una forma de composición del Poder Legislativo. Evidentemente, la principal diferencia entre ambos sistemas es el número de cámaras; el bicameral requiere de una cámara de senadores y otra de diputados, mientras que la unicameral, solo de una. Asimismo, en el sistema bicameral, la dinámica entre ambas cámaras es principalmente de revisión, pues las iniciativas legislativas aprobadas en la cámara de diputados requieren volver a serlo por la de senadores para convertirse en leyes.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del bicameralismo?

La elección de un sistema u otro responde a los intereses que existen respecto del funcionamiento del parlamento. El parlamento unicameral es un poder legislativo más fuerte que el bicameral en la medida que es capaz de elaborar normas con mayor celeridad; de hecho, uno de los argumentos en virtud de los cuales el expresidente Alberto Fujimori cerró el Congreso consistió en que éste obstruía la salida de leyes urgentes en tiempos de necesidad; así, la Constitución de 1993 supuestamente resolvería el problema decantándose por el sistema unicameral.

No obstante, esta fortaleza, la celeridad en la producción de leyes, también es, en gran medida, su debilidad, pues la ausencia de filtros por lo general implica una calidad legislativa sustancialmente menor, así como inseguridad jurídica. En efecto, es suficiente hacer memoria de las muchas, constantes e inconsistentes modificaciones al Código Penal para dimensionar cualitativamente cómo es que el sistema unicameral produce normas. Asimismo, la seguridad jurídica se ve comprometida cada cambio de gobierno, pues el ingreso de nuevos congresistas con posibles distintas perspectivas políticas e ideológicas, aunado a un sistema que propicia la producción veloz de normas, hace sumamente vulnerable la estabilidad del ordenamiento jurídico, comprometiendo a su vez la inversión en nuestro país.

Por otro lado, un sistema unicameral puede tener mayor sentido en un país cuya población sea reducida, dado que una sola cámara lograría agrupar suficientes parlamentarios que representen adecuadamente a esa reducida población. Por ejemplo, Costa Rica, cuya población no supera los 5 millones de personas. No obstante, aquella  lógica no es aplicable a nuestra realidad en tanto, según según el último censo realizado en nuestro país, la población del Perú bordea los 32 millones.

Finalmente, un sistema bicameral tiende a ser más costoso que el unicameral. La razón es simple, en un sistema donde hay más congresistas se tiene que gastar más en sueldos y equipamiento para la realización de su labor. Sin embargo, el costo de esta estructura se relativiza si se considera que la producción legislativa, menor cuantitativamente, pero de mayor calidad, también implica una afectación positiva a la riqueza que produce el Perú y que el Estado finalmente percibe.

¿Qué particularidades tiene la propuesta del presidente Vizcarra?

El proyecto de reforma presentado por Martín Vizcarra plantea mantener el número de parlamentarios en el sistema bicameral. De esa forma, responde a las críticas populares que expresan que, si con solo 130 congresistas la situación es muy mala, no parece ser que agregando más ésta mejore, sino todo lo contrario.

A pesar de ello, esta decisión del presidente sigue siendo criticable en la medida que la crisis política que padece el Perú no solo tiene como fuente la unicameralidad, como estructura, sino también la poca representatividad de los parlamentarios respecto de los ciudadanos que los eligieron. En efecto, 130 congresistas para 32 millones de peruanos; es decir, un congresista por cada 246,153 habitantes, aproximadamente, no garantiza ninguna representatividad; siendo ello necesario para la fiscalización de los congresistas desde sus bases sociales.

Por otro lado, el proyecto del presidente Vizcarra busca promover la equidad de género en el congreso al establecer que las listas de candidatos deben incluir, de manera alternada, un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Esta medida, si bien no asegura una distribución igual en el congreso, puede ser, y seguramente será, cuestionada por quienes piensan que el principal requisito para ser parlamentario es su capacidad independientemente de su sexo. En ese sentido, este punto probablemente será uno de los más discutidos por el Congreso.

En adición, otro punto interesante es que el proyecto de reforma elimina el voto preferencial para la elección de senadores y la mantiene en la de diputados, pues la primera lista deberá ser cerrada y bloqueada, mientras que la segunda solo es cerrada. Sin embargo, nuevamente, es pertinente decir que existe un sector de la población que considera que debe eliminarse el voto preferencial totalmente en el sistema electoral.

Finalmente, la propuesta establece continuidad en la elección paralela y simultanea entre congresistas y presidente; no obstante, esto puede implicar, tal como sucedió en este gobierno, sacrificar la gobernabilidad por representatividad, quizás irrazonablemente, pues si las elecciones del legislativo son posteriores, es más probable que el presidente obtenga mayoría parlamentaria; caso contrario, se favorecería la constitución de una oposición que obstruya el desarrollo del plan de gobierno del presidente simultáneamente elegido. Del mismo modo, este punto deberá ser discutido seriamente en el congreso.

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