Escrito por Antonio Peña Jumpa (*)

Han transcurrido 15 años del terremoto de Pisco, de aquel 15 de agosto de 2007, pero su proceso de reconstrucción no termina. Aún se aprecian viviendas o edificaciones a medio construir, suelos desocupados o “abandonados” de lo que fueron alguna vez viviendas, construcciones pendientes de demoler, viviendas de madera o prefabricadas encubiertas por una fachada de concreto, y muchos terrenos en conflictos. ¿Por qué no se concluye al menos con la reconstrucción de las viviendas preexistentes al terremoto?

La respuesta a la pregunta formulada tiene relación con el rol de las autoridades a cargo de la reconstrucción y el mal uso de los fondos del Estado o de la sociedad previsto para ello. Lo central de esta respuesta es que las autoridades del gobierno central, como las del gobierno regional y local, no estuvieron preparadas para comprender y afrontar los efectos del desastre, no supieron cómo realizar la reconstrucción, terminando involucrados en actos de corrupción que a la fecha siguen sin juzgamiento y sanción.

El gobierno central constituyó una entidad para que gestione la reconstrucción tras el terremoto: el Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por el sismo del 15 de agosto de 2007 (FORSUR). Pero, esta entidad no resultó eficiente en la reconstrucción por dos razones principales: la demora en la entrega de fondos de parte del gobierno central, y la lenta burocracia con la que funcionaba porque estaba sometida al mismo gobierno central para aprobar los proyectos para la reconstrucción (experiencia en Pisco, 2007-2009).

Esta ineficiente gestión del FORSUR, que era contraria a la necesidad urgente de la población damnificada, justificó la intervención directa de las autoridades tanto del gobierno central, como de los gobiernos regionales y locales. Las autoridades se vieron favorecidas por la declaración del estado de emergencia para ejecutar proyectos en forma discrecional utilizando los fondos públicos.

Al final, ambas intervenciones resultaron un fracaso para los damnificados: ni FORSUR ni las autoridades del Estado cumplieron su rol de gestionar la reconstrucción apoyando a los damnificados. La falta de coordinación entre autoridades y el FORSUR, y entre las mismas autoridades en su nivel central, regional y local, así como la falta de información y transparencia, trajo desesperación, frustración y resignación en los damnificados.

Se gastaron más de 1,000 millones de dólares del erario nacional y no se cumplió con la reconstrucción de Pisco y otras provincias afectadas como Chincha, Ica, Cañete, Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna. En Pisco, ni siquiera se alcanzó un nivel intermedio de satisfacción de los damnificados favorecidos supuestamente con alguno de los proyectos.

El peor resultado es que, de un lado, muchas de las obras o proyectos terminaron en corrupción, y, de otro lado, esta corrupción aún sigue impune, sin Justicia. Así, de una parte, el resultado de la corrupción se pudo notar en la percepción de la población y en testimonios de muchos ciudadanos preocupados cuando sostenían que “todos los proyectos terminaban en corrupción” (Pisco, 2008-2011). La autoridad podía cobrar de 10 a 35% de comisiones (ilegales) por proyectos u obras, dependiendo del grado de intervención y el valor (o sobre valor) del proyecto u obra: cuánto más discrecional era la decisión de la autoridad y mayor era el valor de la obra, el cobro de comisiones (ilegales) se acrecentaban.

Podemos graficar la acción de la autoridad corrupta bajo el siguiente procedimiento: una obra valorizada en 100 unidades, podía tener un primer descuento de 30 unidades por la comisión ilegal de las autoridades (delitos de colusión o cohecho en forma agravada), a lo que se sumaba un segundo descuento de 30 unidades por la ganancia de la entidad privada que consiguió la adjudicación o buena pro (una ganancia que seguía el sentido de la corrupción de la autoridad) y luego tenía que sumarse al menos 10 unidades o un 10% de gastos administrativos. El total de descuentos llegaría a 70 unidades o el 70% del valor de la obra. Al final, la obra valorizada en 100 unidades solo tenía 30 unidades o un 30% de su presupuesto para ejecutarse, quedando defectuosa, inconclusa o suspendida por incumplimiento.

De otra parte, el resultado judicial de sanción sobre estas distintas formas de corrupción aún
no existe: han quedado sin sanción o impunes a la fecha, esperando Justicia. A pesar de los numerosos casos y hechos conocidos o denunciados, no existe una investigación fiscal, administrativa ni legislativa que haya terminado en un proceso judicial que sancione dichos actos de corrupción. La población damnificada lo sabía y lo decía públicamente, pero no tenía formas de canalizar su sentir contra la corrupción. La Contraloría General de la República, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial cumplieron su rol. Menos aún el Congreso de la República que no aprobó en sus comisiones los informes que podían conducir a denunciar las acciones de las altas autoridades del Estado.

El final es lo que vivimos hoy: la reconstrucción inconclusa, exautoridades o políticos enriquecidos ilegalmente, y una población damnificada resignada, acostumbrada al fracaso de sus gobernantes y sin Justicia.

¿Qué hacer?

Si las autoridades del Poder Jurisdiccional (el Poder Judicial y el Ministerio Público) por los años transcurridos ya no pueden intervenir y cumplir su función, corresponde ingresar a una
propuesta social: una comisión de la verdad. La población damnificada y quienes vivieron la
inconclusa reconstrucción pueden aún decir su verdad.

Sin embargo, está aún en manos de ese poder jurisdiccional del Estado peruano intentar hacer justicia. Aún no han prescrito los diferentes delitos de corrupción aplicables, y la población damnificada, la población actual y quienes de una u otra manera estuvimos involucrados voluntariamente en la reconstrucción aspiramos a que se materialice la justicia. No hacerla, conduciría a otro desastre: de irresponsabilidad funcional y legal por denegar la Justicia.

Lima, 12, 16 y 17 de setiembre de 2022

(*) Sobre el autor: Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD in Laws.