Lo vivido en los recientes días de diciembre de 2018 en la Pontificia Universidad Católica del Perú ha sido como un terremoto. Ocurrió el fenómeno de legítimas denuncias y protestas por graves e ilegales cobros en las moras del pago de pensiones de estudiantes y su efecto fue una situación de crisis o desastre: hubo contradicciones en la atención, tratamiento o resolución de dichas denuncias y protestas, se reprodujeron las denuncias a nivel de los malos tratos vividos por estudiantes y docentes y apareció una lista de 50 docentes que cobrarían una bonificación especial sin conocimiento de los demás docentes. Ello produjo la renuncia de nuestro rector y dos vicerrectores, y, es probable, la renuncia de otras autoridades.
¿Qué hacer frente a esta situación? Como comunidad académica universitaria, lo primero que nos corresponde realizar es no suspender nuestro trabajo de docentes, estudiantes o personal administrativo. Nuestra participación en la PUCP ha estado guiada por la honestidad y el bien común y es lo primero que debemos mantener. Sin embargo, como parte de esa comunidad académica también es importante tomar acciones para contribuir en la reconstrucción de la situación antes descrita.
A los acuerdos de la asamblea universitaria tomados el viernes 14 de diciembre, en los que se ha decidido la continuidad del gobierno universitario a través de un rector temporal y la creación de dos comisiones especiales (una “de investigación y reparación que esclarezca lo ocurrido con relación a los recargos indebidos y determine responsabilidad y proponga medidas reparadoras”, y otra para restablecer la confianza en la comunidad universitaria), creemos que pueden sumarse sugerencias que los miembros de la comunidad universitaria podemos aportar. Entre estas sugerencias, compartimos las siguientes
- La contratación y ejecución urgente de una auditoría externa, imparcial, sobre las finanzas, ingresos y egresos de la PUCP, del año 2018 y de los años que comprendan las denuncias y quejas presentadas.
- Repotenciar la defensoría universitaria de la PUCP o conformar una nueva comisión extraordinaria que reciba y atienda las denuncias, quejas, comentarios y sugerencias de los estudiantes, docentes y personal administrativo sobre los malos tratos, actos de discriminación, abusos o pagos indebidos a docentes y autoridades, que complemente el trabajo de las comisiones creadas en la asamblea universitaria del 14 de diciembre.
- Convocar a través de las autoridades de cada unidad académica o, en caso la autoridad no lo pueda hacer, por conflicto de intereses, a través de un grupo de colegas de la unidad, para tomar medidas urgentes sobre la situación y, en especial, el pago indebido de bonificaciones a un grupo de docentes. Es una obligación ética o moral que, al menos, cada uno de estos docentes favorecidos por las bonificaciones extraordinarias renuncie a su cobro y se someta a la investigación de la comisión competente que brindará una respuesta jurídica y administrativa sobre dichas bonificaciones.
- Consolidar nuestra comunidad académica universitaria a través de la participación organizada de estudiantes, docentes y personal administrativo en el proceso de reconstrucción de la PUCP. En el caso de docentes, la experiencia nos conduce a retomar la necesidad de conformar una asociación o un sindicato que pueda complementar el trabajo de las comisiones conformadas o haga llegar la opinión docente en las acciones que se tomen.
Nuestros alumnos y egresados con seguridad tienen aportes y sugerencias adicionales para que, a partir de esta situación de crisis, la PUCP se fortalezca. Para ello es importante mostrar, no solo decir, que somos una comunidad universitaria y NO UNA EMPRESA PRIVADA. Ser una comunidad universitaria nos conduce a confirmar que tenemos un potencial humano y académico superior a nuestros problemas, lo que nos puede conducir a una reconstrucción participativa bajo nuestros principios de honestidad y bien común.
*El presente artículo fue redactado el 17 de diciembre de 2018. Fue consultado a colegas del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y tuvo en cuenta, posteriormente, el debate en la asamblea de docentes del Departamento de Derecho del 20 de diciembre de 2018 y los comunicados e información de la asamblea universitaria y rectorados de la PUCP.
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