Mitos sobre la despenalización y legalización del aborto | Diana Mori Tiznado

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”

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El día de ayer, 28 de septiembre, se conmemoró el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, también conocido como el Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto. Una fecha en la que celebramos y reivindicamos la lucha del derecho de miles de nosotras, las mujeres, de poder decidir de forma libre sobre nuestros cuerpos. Así también, este día representa la constante exhortación hacia los Estados, para que, a través de la sus legislaciones, brinden una efectiva garantía de nuestro derecho a acceder de forma segura y gratuita a los servicios de salud correspondientes.

Hoy, este tema relacionado a la interrupción del embarazo genera mucho debate en diferentes espacios y desde una variedad de perspectivas. Es así que se halla en espacios políticos, religiosos, médicos, sociales, entre otros. Desde lo personal, considero que la línea por donde se ha llevado el debate es bastante sesgada, ya que se discute si es que este debe ser penalizado o no, haciendo caso omiso a las cifras que son realmente alarmantes y que reflejan un estado crítico para toda mujer que lo practica. La realidad constata que, en nuestro país, se practican al rededor de 371,420 abortos clandestinos por año, es decir, más de 1,000 abortos al día [1]. Esto implica un número considerable de mujeres que se someten a estas prácticas, las cuales son realizadas por personas que carecen de la capacidad necesaria o que lo llevan a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o, en algunos casos, ambos [2]. Evidentemente, nos encontramos ante una necesidad de legislación de carácter urgente, la cual el Estado no puede seguir pasando por alto. Sin embargo, existen mitos que suelen ser usados como argumentos al momento de justificar la negativa a este cambio. El presente artículo tiene la finalidad de desarrollar estos mitos en torno a la despenalización del aborto. Algunos relacionados al perfil de las mujeres que deciden abortar, otros al impacto que causa la despenalización y otros relacionados a las consecuencias de salud de las mujeres que lo practican.

MITOS:

1.Primer mito: la penalización del aborto, logrará desaparecerlo

Para empezar, se tiene la típica y errada tesis que afirma que la penalización del aborto, logrará desaparecerlo, es decir, que el establecimiento de una norma prohibitiva generará que desaparezca esta práctica. Ahora, teniendo en cuenta las altas cifras mencionadas anteriormente, ¿suena lógico plantear dicha afirmación? Lo que se debe tener claro, antes de partir con el desarrollo de esta idea, es que la interrupción del embarazo sucede a nivel mundial, independiente si este es legal o no. En ese sentido, acogeré la idea de Ferrajoli, quien pone de manifiesto que “las prohibiciones no solo deben estar “dirigidas” a la protección de la tutela de los bienes jurídicos, sino que también deben ser “idóneas” [3]. Entonces, para seguir este análisis es importante rescatar dos principios, el de utilidad y el de separación entre derecho y moral. La prohibición, al no cumplir con su objetivo (el de disuadir la conducta indeseada, que en este caso vendría a hacer la práctica del aborto), no es efectiva desde un criterio de utilidad, ya que la finalidad es tutelar un bien jurídico determinado (la vida) [4]. Sin embargo, estos bienes, supuestamente protegidos, son los que terminan siendo ulteriormente atacados por la clandestinidad. Esto puede constatarse con la data brindada por Guttmacher Institute, en el que se demuestra que en los países de ingresos bajos, un 40% de los abortos clandestinos terminan con la muerte de la madre[5], así también, la data refleja que el aborto ocurre en todo el mundo independiente de si se trata de países con ingresos bajos, medios o altos; y si la práctica está penalizada o no.

Ahora, si tal finalidad no se da por sentada, nos preguntamos cuál es su razón de ser en ese caso. Entonces, caemos en la cuenta de que la razón apunta a una mera afirmación simbólica de valores morales, totalmente opuesta a la función protectora del derecho penal y de nuestro ordenamiento en general. En suma, la tesis que inicialmente se planteo, como parte de los mitos, sigue un criterio vinculado con la moral social, la cual responde a todo un pensamiento tradicional conservador que impone el aborto como “una decisión equivocada” por transgredir las normas de la religión o las normas sociales y esa, en parte, es una de las razones fundamentales por la que los anti-aborto o los pro-vida, como les suelen llamar, justifican su posición. Este lineamiento moral, por el contrario se desploma cuando se logra demostrar cuantitativamente que la tasa de abortos en los países que está prohíbo realizar esta práctica es casi la misma que en los países donde está despenalizado [6]. De nuevo, pensar que el resultado de la penalización será  desaparecer la práctica del aborto, no es nada más que pensar en un mito, el cual debe ser superador por nuestra sociedad y, sobre todo, por quienes tienen a cargo el poder de legislar  las políticas públicas.

Considero pertinente también, mirar a la par los beneficios que esta propuesta legislativa podría generar como resultado. En principio, se puede afirmar que desaparecerían las condiciones precarias en las que muchas mujeres practican el aborto y a las que se ven obligadas a aceptar pues no cuentan con una opción alterna. Estas serían suplantadas por los servicios de salud, a los cuales toda persona tiene derecho y que, hoy por hoy, se nos niega. Por tanto, la probabilidad de que una mujer, al adquirir una hemorragia producto de un aborto, pueda ser atendida a tiempo, sería mucho más alta. Siendo así que podríamos plantearnos una escenario en el que el número de muertes, por esta causa, sea muy bajo. Por consiguiente, que los gobiernos tomen medidas para eliminar las normativas que limitan el acceso al aborto es realmente un cambio fundamental que se debe iniciar dentro de nuestras políticas públicas.

2. Segundo mito: no puedes salir embarazada porque los anticonceptivos están al alcance de todos y todas

Siguiendo con el presente estudio, cabe desarrollar otro de los mitos que reside en la creencia de que los anticonceptivos actualmente son de fácil acceso para todos y todas, y que la información sobre educación sexual es compartida de manera general, sin dar la posibilidad de un mínimo de duda. Respecto a esta afirmación, se reconoce que, a nivel social, se suele atribuir la responsabilidad de un embarazo no deseado a la mujer (la madre), pues es ella la que, al parecer, tiene el control de sus decisiones y sobre su cuerpo. Un criterio que podría tornarse irónico y hasta burlesco, ya que, en la práctica, nosotras, como mujeres, nos encontramos situada en un escenario político sensible a las desigualdades de género, el cual se refleja al momento de evaluar el ejercicio de nuestro derecho a la libertad sexual y reproductiva, ambos derechos personalísimos. En ese sentido, no es posible hablar de estas libertades si es que el Estado no puede aún garantizar condiciones plenas de salud, ni políticas que apunten hacia ese mismo fin (me refiero a la promoción de la educación sexual).

Bajo mi percepción, esta discusión se desarrolla de forma muy aislada a la realidad contextual, ya que no puede hacerse caso omiso a la precariedad que existe sobre este tema. Primero, es pertinente hacer referencia a una encuesta realizada hace uno años por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y Guttmacher Institute [7], el cual revelaba que de 61 escuelas secundarias ubicadas en Lima, Ayacucho y Ucayali, solo el 9% de estudiantes (entre 15-17 años) recibieron enseñanza sobre todos los temas que conforman la educación sexual integral (ESI). Este mismo estudio mostraba que uno de los principales obstáculos para que los maestros pudiesen impartir la educación sexual era la falta de materiales de enseñanza y recursos. Es más, menos de la mitad de los maestros encuestados habían recibido capacitación sobre estos temas. Esta información es útil para reconocer que hace falta una iniciativa por parte del Estado, ya que si lo que se quiere es enfrentar los embarazos no deseados terminados en aborto, se debe partir por educar a esta población joven en los temas relacionados. Solo de esa forma, se podría hablar de un efectivo ejercicio de derechos a la libertad sexual, tanto en su aspecto formal como material. Además, no se debe perder de vista que 13 de cada 100 adolescentes peruanas entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas [8]. He ahí la gran urgencia del asunto.

Por otro lado, es importante señalar que si bien la Norma Técnica de Planificación Familiar del Ministerio de Salud (Minsa) expresa que, desde el 2016, las adolescentes mayores de 14 años pueden acudir a cualquier hospital público para solicitar tanto orientación y atención en salud sexual y reproductiva, como pedir métodos anticonceptivos de forma gratuita sin la obligación de asistir con sus padres; esto, como normalmente sucede, se encuentra muy alejado de lo que se realiza en la práctica, ya que, dentro de estas instituciones, se sigue manteniendo una lógica basada más en el orden moral (lo bueno-lo malo) y muchas veces se les impide el acceso a las mujeres la entrega de los métodos anticonceptivos. Un caso que se desarrolló el 2019, fue situado en el Hospital Loayza, en el que se le negó a una adolescente de 17 años, no solo la entrega del preservativo sino también el ingreso al área de triaje. Un seguimiento hecho por Wayka reveló que la encargada del área respondió su solicitud de la siguiente manera “¿Para qué quieres condones? Eso no damos aquí, anda compra en la farmacia o que tu pareja te los compre”[9]. Casos como estos se repiten a diario y generan un desincentivo en toda aquella persona que desea acceder a estos servicios, lo cual es sumamente grave, ya que la función estatal debería concentrarse en la promoción de decisiones informadas y para ello, es indispensable que el personal encargado también cuente con la capacitación correspondiente, en principio, que conozcan la norma técnica. Esta situación debe generar un llamado de alarma, aún más, si se toma en consideración que, en base a la data de Seguro Integral de Salud, al año se realizan mil partos de menores de 15 años y es mucho más problemática, cuando una gran cantidad de escolares no conocen este servicio, ni siquiera saben que pueden acceder gratuitamente. Por tanto, mucho más allá de abarcar la efectividad de los diferente métodos anticonceptivos, se debe tener claro que actualmente contamos con un precario servicio de salud sexual, el cual no genera las medidas eficientes para que en la práctica todas puedan acceder a este tipo de servicios.

CONSIDERACIONES FINALES

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se reconoce que la clandestinidad del aborto, seguida del riesgo de muerte, constituye un problema social con crueles manifestaciones de injusticia política y de injusticia social, que sufren las mujeres privadas de la libertad de decidir y de acceso a la salud pública [10]. Queda reiterar la necesidad urgente de diseñar una política de salud integral que nos permita ejercer nuestros derechos de forma plena, en el sentido de que tanto la libertad sexual como reproductiva queden a decisión independiente de cada una y no sea una imposición de la sociedad, como lo ha venido siendo a lo largo del tiempo, envuelta de meras razones morales. Así también, se destaca el papel del Estado en esta materia, pues su rol no se abstiene a simplemente despenalizar el aborto, sino que es su obligación generar todos los espacios y mecanismos para que estos derechos de ejerzan con total garantía.

Además, cabe señalar que esta obligación se encuentra expresa en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), pues en su artículo 12(1) propone que los Estados Parte de dicha convención “adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.” [11]. Siguiendo esa línea, todo lo desarrollado en el presente análisis no es más que parte de las obligaciones que nuestro Estado, por ser parte de la Convención, debe acatar.


BIBLIOGRAFÍA

[1]  FERRANDO, Delicia. El aborto clandestino en el Perú. Revisión. Centro Flora Tristán: Lima, 2006.

[2] Aborto Sin Riesgos, Organización Mundial de la Salud. Disponible en: apps.who.int/iris/bitstream/10665/77079/1/978924354 8432_spa.pdf?ua=1

[3] FERRAJOLI, Luigi Derecho y razón. Teoría del garantismo penal , trad. cast de P. Andres Ibañez, A. Ruiz Miguel, J.C. Bayón Mohino, J. Terradillos Basoco, Rocío Cantarero Bandrés, Trotta, Madrid, 1995, p. 473.

[4]  GARCÍA, Cristina. Questión about life and death. The ethical dilemmas of abortion. Universidad de Valencia.

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23430.pdf

[5] GUTTMACHER INSTITUTE. Embarazo no planeado y aborto a nivel mundial. Hoja informativa.

https://www.guttmacher.org/es/fact-sheet/aborto-inducido-nivel-mundial

[6]  FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. Aborto legal: regulaciones sanitarias comparadas. https://www.corteidh.or.cr/tablas/28135.pdf

[7] GUTTMACHER INSTITUTE – UNIVERSIDAD NACIONAL CAYETANO HEREDIA. En el Perú la educación sexual en las escuelas debe fortalecerse. https://www.guttmacher.org/es/news-release/2017/en-el-peru-la-educacion-sexual-en-las-escuelas-debe-fortalecerse

[8] ENDES. Prevención del Embarazo en Adolescentes de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza. 2017.

[9] WAYKA. Hospital Loayza niega entrega de condón a una adolescente. 12 de marzo de 2019. https://wayka.pe/hospital-loayza-niega-entrega-de-condon-a-una-adolescente/  

[10] LEVIN, Silvia. Salud sexual y salud reproductiva sin libertad?: El conflicto por el aborto en Argentina.

https://www.scielosp.org/article/scol/2018.v14n3/377-389/

[11] Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Disponible en: www.un.org/women watch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

 

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